CRÉDITOS LABORALES PREFERENTES. NO LOS CONSTITUYEN LAS CANTIDADES GENERADAS POR LAS PENAS CONVENCIONALES ESTABLECIDAS EN UN CONVENIO EXTRAJUDICIAL DE TERMINACIÓN DE LA RELACIÓN LABORAL, AL NO SER UNA INDEMNIZACIÓN EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 123, APARTADO A, FRACCIÓN XXIII, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y 113 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO.
CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS 109/2022. ENTRE LOS SUSTENTADOS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS TERCERO EN MATERIAS CIVIL Y DE TRABAJO DEL QUINTO CIRCUITO, Y PRIMERO EN MATERIAS CIVIL Y DE TRABAJO DEL OCTAVO CIRCUITO. 30 DE NOVIEMBRE DE 2022. CINCO VOTOS DE LOS MINISTROS ALBERTO PÉREZ DAYÁN, LUIS MARÍA AGUILAR MORALES, LORETTA ORTIZ AHLF, JAVIER LAYNEZ POTISEK Y YASMÍN ESQUIVEL MOSSA. PONENTE: LORETTA ORTIZ AHLF. SECRETARIA: LIZBETH BERENICE MONTEALEGRE RAMÍREZ.
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Ciudad de México. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al treinta de noviembre de dos mil veintidós, emite la siguiente:
SENTENCIA
Mediante la cual se resuelve la contradicción de criterios, suscitada entre el Tercer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Quinto Circuito y el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Octavo Circuito.
El problema jurídico a resolver por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación consiste en determinar si los créditos originados por la pena convencional pactada en un convenio de terminación de la relación laboral celebrado fuera de juicio y ratificado ante la autoridad laboral constituye una indemnización laboral, en términos de los artículos 123, apartado A, fracción XXIII, de la Constitución Federal y 113 de la Ley Federal del Trabajo, lo cual implica que su pago es preferente sobre cualquier otro crédito del empleador.
ANTECEDENTES DEL ASUNTO
1. Denuncia de la contradicción. Mediante oficio 23/2022-III, de cinco de abril de dos mil veintidós, remitido vía buzón judicial el veintiuno de abril siguiente, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, los Magistrados integrantes del Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Octavo Circuito, con residencia en Torreón, Coahuila, denunciaron la posible contradicción de criterios entre:
• Lo sostenido por dicho órgano jurisdiccional, al resolver el amparo directo laboral 509/2021; y,
• El criterio emitido por el Tercer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Quinto Circuito, con sede en Hermosillo, Sonora, al resolver el amparo directo laboral 712/2016, del cual derivó el criterio aislado V.3o.C.T.9 L (10a.), de rubro:
"CRÉDITOS PREFERENTES EN MATERIA LABORAL. NO LO SON AQUELLOS CUYO ORIGEN RESIDA EN LA FALTA OPORTUNA DEL PAGO DE DETERMINADA CANTIDAD DE DINERO, PACTADA EN UN CONVENIO DE TERMINACIÓN DE LA RELACIÓN DE TRABAJO CELEBRADO FUERA DE JUICIO Y RATIFICADO ANTE LA AUTORIDAD LABORAL."(1)
2. Trámite de la denuncia. El Ministro presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación admitió a trámite la denuncia de contradicción de criterios y la registró con el expediente 109/2022.(2)
3. Asimismo, ordenó el envío del asunto a esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a fin de que proveyera respecto a la conclusión del trámite e integración del asunto y su turno a la ponencia de la Ministra Loretta Ortiz Ahlf, para su estudio.
4. Además, solicitó a la presidencia del Tercer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Quinto Circuito que remitiera la versión digitalizada del original o, en su caso, de las copias certificadas de la demanda que le dio origen y la ejecutoria relativa al juicio de amparo directo 712/2016 de su índice, así como del proveído en el que informen si el criterio que sustentó está vigente.
5. De igual forma, ordenó dar vista a los Plenos del Quinto y Octavo Circuitos, para su conocimiento, respecto de la admisión de la presente contradicción de criterios.
6. Avocamiento. La Ministra presidenta de esta Segunda Sala determinó que ésta se avocaba al conocimiento del asunto para la formulación del proyecto de resolución(3) y concluidos los trámites relativos ordenó el envío del expediente a esta ponencia para la elaboración del proyecto de resolución respectivo.(4)
I. Competencia
7. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de criterios, atendiendo a lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;(5) 226, fracción II, de la Ley de Amparo(6) y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación(7) vigente hasta el siete de junio de dos mil veintiuno, en relación con los puntos primero y tercero del Acuerdo General Plenario Número 5/2013,(8) en virtud de que se trata de una posible contradicción entre Tribunales Colegiados de diversos circuitos, y el tema de fondo corresponde a la materia de trabajo, competencia de esta Segunda Sala.
II. Legitimación
8. La presente denuncia de contradicción de criterios proviene de parte legítima, pues fue formulada por los Magistrados integrantes de uno de los Tribunales Colegiados contendientes. Por tanto, formalmente se actualiza el supuesto de legitimación prescrito en los artículos 107, fracción XIII, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 227, fracción II,(9) de la Ley de Amparo, vigente a partir del tres de abril de dos mil trece.
III. Criterios denunciados
9. Criterio del Tercer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Quinto Circuito, en sesión de veintidós de junio de dos mil diecisiete, al resolver el juicio de amparo directo 712/2016.
Antecedentes.
10. El treinta de septiembre de dos mil nueve, Banco del Bajío, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, celebró con Jesús Martínez Preciado, un contrato de apertura de crédito simple con interés y garantía hipotecaria, el cual incumplió y se generó una deuda.
11. Derivado de la falta de pago, la institución bancaria promovió juicio especial hipotecario en su contra, el cual se radicó bajo el expediente 948/2012 del índice del Juzgado Primero de lo Civil de la ciudad de Hermosillo, Sonora.
12. El veinte de mayo de dos mil catorce, Jesús Martínez Preciado y cuatro de sus trabajadores celebraron diversos convenios extrajudiciales, los cuales fueron ratificados ante la inspección local del Trabajo del Estado de Sonora. En los convenios se pactó el monto o indemnización que debía entregar el primero en favor de los segundos con motivo de la terminación de su relación laboral, así como la fijación de una pena convencional (que las partes denominaron "salarios caídos") en caso de que la parte patronal incumpliera.
13. Ante su incumplimiento, los trabajadores solicitaron ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sonora que despachara auto de ejecución en contra de Jesús Martínez Preciado, lo cual fue concedido mediante proveídos de cuatro de julio de dos mil catorce, dictados en los expedientes abiertos con motivo de las solicitudes realizadas.
14. Tiempo después los promoventes solicitaron el embargo del inmueble que fungió como garantía hipotecaria en el contrato de apertura de crédito previamente descrito, lo cual fue autorizado mediante acuerdos de catorce de agosto de dos mil catorce, por lo que se ordenó girar oficios al Registro Público de la Propiedad y de Comercio de Hermosillo, Sonora. Asimismo, previa petición de los trabajadores, también se ordenó girar oficio al Juzgado Primero de lo Civil de la misma entidad federativa, para hacer de su conocimiento la existencia de los créditos laborales de naturaleza preferente.
15. Posteriormente, mediante proveído de nueve de enero de dos mil quince, la autoridad laboral ordenó acumular todos los expedientes formados con motivo de las solicitudes de los trabajadores, razón por la cual los expedientes 2009/2014 y 2010/2014 se acumularon al diverso 2008/2014.
16. Mediante escrito presentado el diecisiete de marzo de dos mil quince, Banco del Bajío, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, promovió tercería excluyente de preferencia en contra de los cuatro trabajadores previamente referidos, la cual se admitió.
17. Una vez agotado el procedimiento incidental, el veintiséis de mayo de dos mil quince, la Junta dictó una primera resolución en la que resolvió tener por no acreditada la tercería excluyente de preferencia.
18. En contra de dicha resolución, el banco promovente promovió amparo directo, del cual conoció el Tercer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Quinto Circuito, radicándolo bajo el expediente 305/2015 y en sesión de dos de junio de dos mil dieciséis, se determinó conceder el amparo para efectos.(10)
19. En cumplimiento a lo anterior, el dos de agosto de dos mil dieciséis, la Junta resolvió la tercería excluyente de preferencia, la cual se declaró improcedente. Contra dicha resolución, el banco volvió a promover amparo directo, resuelto por el mismo Tribunal Colegiado en sesión de veintidós de junio de dos mil diecisiete, en la cual se concedió el amparo para efectos, bajo los siguientes razonamientos:
• Se consideraron fundados los conceptos de violación. A fin de fortalecer lo anterior, expresó que esta Segunda Sala, al resolver la contradicción de tesis 70/98, se pronunció sobre qué debe entenderse por "salarios devengados" y qué por "indemnizaciones laborales" para efectos de la preferencia o prelación reconocida en los artículos 123 de la Constitución Federal y 113 de la Ley Federal del Trabajo.
• En tal sentido, se estimó que los salarios vencidos son los que hubiera recibido el trabajador como pago de su trabajo, si la relación se hubiera desarrollado normalmente y que se computan desde la fecha en que fue injustamente despedido hasta aquella en que se cumpla la resolución.
• Aunado a ello, en cuanto a las indemnizaciones, se estableció que la fracción XXII, apartado A del artículo 123 constitucional, establece tres de ellas, a saber: I) indemnización por despido injustificado, cuando el trabajador opta por la rescisión laboral; II) indemnización por negarse el patrón a reinstalar al trabajador en cumplimiento del contrato; y III) indemnización por rescisión que demanda el trabajador con motivo de responsabilidad del patrón.
• A pesar de lo anterior, se destacó que no son las únicas que la Constitución establece, pues las fracciones XIV y XXI instituyen la obligación patronal de indemnizar a los trabajadores por los riesgos del trabajo, así como por la insumisión al arbitraje o inaceptación del laudo, respectivamente.
• Asimismo, precisó que la Ley Federal del Trabajo agrega otras indemnizaciones como lo son: 1) indemnización por violación de derechos escalafonarios (artículo 157); 2) indemnización por terminación de la relación laboral por causas distintas al riesgo de trabajo (artículo 54); 3) indemnización a domésticos (artículo 343); 4) indemnización por suspensión colectiva de las labores (artículo 430); y 5) indemnización por terminación colectiva de la relación laboral (artículo 436).
• Así pues, además de las indemnizaciones establecidas en la Constitución Federal y en la Ley Federal del Trabajo, los contratos colectivos e individuales pueden válidamente estatuir otras e incrementar las legales; esto, porque el artículo 123 sólo instituye las bases o principios fundamentales en beneficio de los trabajadores que al legislador corresponde pormenorizar y ampliar, sin perjuicio de que las partes convengan mayores y mejores beneficios para la clase trabajadora.
• Por tanto, concluyó que el término "indemnizaciones" que establece la fracción XXIII, apartado A, del artículo 123 constitucional, comprende todas aquellas que con tal denominación establece la Carta Magna, la Ley Federal del Trabajo y los contratos colectivos e individuales del trabajo en beneficio del trabajador y a cargo del patrón.
• En mérito de lo anterior, razonó que el derecho preferencial establecido no incluye cualquier crédito a favor de los trabajadores, sino únicamente a los sueldos y salarios devengados durante el último año y a las indemnizaciones especificadas con antelación.
• En consecuencia, de existir créditos provenientes de otras fuentes, los trabajadores tendrán derecho a su cobro, pero no a hacer valer la prelación de esos créditos frente a terceros.
• En ese orden de ideas, analizó los convenios celebrados con los trabajadores y concluyó que el crédito obtenido de la pena convencional establecida en la cláusula cuarta no encuadraba en los conceptos de "salarios devengados" ni en el de "indemnizaciones" que para efectos de la preferencia establece la Constitución Federal y la Ley Federal del Trabajo.
• A fin de demostrar lo anterior, argumentó que la cláusula punitiva relativa a que el patrón debía cubrir a los trabajadores cierta cantidad de dinero por cada día de retraso se originó en la convención de sancionar la mora de Jesús Martínez Preciado, por lo que el pago de dichas cantidades no debía equipararse a los "salarios devengados", pues éstos son las prestaciones pagadas a los trabajadores como retribución de las labores desempeñadas.
• Indicó que no debe confundirse con el pago de salarios caídos, pues éstos no derivan de lo pactado por las partes, sino de la responsabilidad del patrón con motivo de la terminación injustificada de la relación laboral, y tiene como objeto restaurar las cosas a como se encontraban antes del despido (cuando se demande reinstalación), o en su caso, reparar el daño ocasionado al trabajador (cuando se promueva la acción de indemnización constitucional).
• Sin que pasara por alto que en la cláusula analizada se haya establecido "... se le pagarán los salarios caídos a razón de ... diarios contados a partir de la fecha en el incumplimiento de cada uno de los pagos ...", pues la naturaleza de las prestaciones no puede depender de los términos en que aparezca redactado el acuerdo, sino que debe atenderse al derecho u obligación de la cual se origina la exigibilidad de aquéllas.
• Por otra parte, también concluyó que el crédito originado con la pena convencional no se trata de una "indemnización", porque del convenio laboral no se desprende que a las cantidades acumuladas con motivo de la mora se les atribuya dicha calidad.
• Además, se estableció que para poder encuadrar a los créditos laborales dentro del concepto de "indemnización", necesariamente deben tener como objeto resarcir a los trabajadores por el daño ocasionado con motivo de: I) un despido injustificado; II) la negativa del patrón a reinstalar al trabajador; III) la rescisión que demanda el trabajador con motivo de responsabilidad del patrón; IV) riesgos de trabajo; V) insumisión al arbitraje o inaceptación de la resolución; VI) violación a los derechos escalafonarios; VII) terminación de la relación laboral por causas distintas al riesgo de trabajo; VIII) lo dispuesto en el artículo 343 de la Ley Federal del Trabajo, respecto de los empleados domésticos; IX) la suspensión colectiva de labores; X) la terminación colectiva de la relación laboral; o bien XI) las indemnizaciones pactadas o incrementadas en los contratos colectivos e individuales.
• En tal sentido, resolvió que el crédito originado en la pena convencional pactada no constituye una "indemnización" para los efectos señalados, pues se trata de una sanción por la entrega tardía del dinero de acuerdo con lo pactado en el convenio.
• Sin que se inobservara que la Junta responsable estableciera que la pena convencional constituía una indemnización convencional que se ubica en el supuesto señalado como número XI en el párrafo precedente, pues si bien en la jurisprudencia 2a./J. 76/99,(11) se hizo extensivo el concepto de "indemnización" a aquellas pactadas o incrementadas en los contratos colectivos e individuales, no toda prestación acordada por las partes debe considerarse como una indemnización.
• Ello, pues la razón que tuvo esta Suprema Corte para hacer extensivo el derecho preferencial a las indemnizaciones pactadas en los contratos colectivos e individuales obedece a que la ley sólo establece las bases mínimas conforme a las cuales deben regirse las relaciones laborales, pudiendo la patronal, si lo considera pertinente, ampliar las prerrogativas establecidas en favor del trabajador.
• En tal sentido, las indemnizaciones pactadas susceptibles de constituirse como créditos preferentes necesariamente deben guardar relación directa con la prestación de servicios subordinados, de tal modo que tengan como objeto garantizar el goce pleno de derechos esencialmente laborales.
• En tal sentido, resolvió que los créditos cuyo origen resida en la falta oportuna del pago de determinada cantidad de dinero pactada en el convenio de terminación de la relación laboral no pueden ser objeto de protección en términos de las precitadas normas constitucional y legal, pues tienen como origen una sanción por la entrega tardía del dinero de acuerdo con lo pactado, que se puede equiparar a una gratificación.
• Determinar lo contrario, desnaturalizaría la finalidad concebida por el legislador y rebasaría la interpretación de este Alto Tribunal, al otorgar preferencia a los créditos que no garanticen el goce de derechos laborales, lo cual generaría que se tutelaran indemnizaciones ajenas al derecho laboral, en perjuicio de terceros acreedores.
• Por último, precisó que no era aplicable la tesis aislada XI.1o.A.T.17 L (10a.),(12) pues la misma hace referencia a cuando se celebra un convenio para concluir un conflicto; sin embargo, en la especie el acuerdo en el que se pactó la pena convencional se celebró fuera de juicio ante la inspección local del trabajo, además de que el mismo no era de observancia obligatoria para dicho tribunal.
20. Criterio del Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Octavo Circuito, en sesión virtual de veintisiete de enero de dos mil veintidós, al resolver el juicio de amparo directo 509/2021.
Antecedentes.
21. La Administración Desconcentrada Jurídica de Coahuila de Zaragoza "2" del Servicio de Administración Tributaria, por conducto de su administrador, promovió tercería de preferencia dentro del procedimiento laboral 4018/2020-SAI, el cual fue iniciado con motivo de un convenio celebrado fuera de juicio por el trabajador Diego Díaz Ceballos y su patrón Luis Antonio Fernández Elósegui.
22. Ante el incumplimiento del convenio, la autoridad laboral ordenó despachar la ejecución por un monto determinado en contra de los bienes del patrón, motivo por el cual realizó el embargo de una cuenta bancaria a nombre de Luis Antonio Fernández Elósegui.
23. La Junta Local de Conciliación y Arbitraje con sede en Torreón, Coahuila, admitió a trámite la tercería excluyente de preferencia y señaló fecha para que tuviera verificativo la audiencia incidental, en la que las partes asistieron y alegaron lo que a su derecho convino.
24. Una vez agotado el procedimiento respectivo, el diecisiete de mayo de dos mil veintiuno, la Junta emitió una resolución en la que determinó improcedente la petición de la autoridad de declarar su derecho preferente para obtener el pago del crédito fiscal determinado.
25. En contra de esa resolución, la autoridad fiscal promovió amparo directo, el cual correspondió conocer al Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Octavo Circuito, lo registró con el expediente 509/2021 y, en sesión de veintisiete de enero de dos mil veintidós, dictó sentencia en la cual se negó la protección constitucional, al tenor de las siguientes consideraciones:
• Al analizar los conceptos de violación formulados los declaró infundados. De manera inicial, precisó que la tercería de preferencia se encuentra prevista en el artículo 976 de la Ley Federal del Trabajo, la cual se considera como una cualidad del crédito que otorga a su titular la facultad de exigir el pago preferente con el importe del bien afectado.
• También se destacó que, de acuerdo con lo dispuesto en la fracción XXIII del artículo 123 constitucional, en relación con el numeral 113 de la Ley Federal del Trabajo, se advierte que tienen preferencia en favor de los trabajadores sobre cualquier otro, incluidos los que disfrutan de garantía real, los fiscales y los de seguridad social, sobre los bienes del patrón, en caso de concurso o quiebra de la empresa, existen dos tipos de créditos preferentes: a) los provenientes de los salarios devengados en el último año y b) los correspondientes a las indemnizaciones. • Refirió que esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 70/98 sostuvo que la expresión "salarios devengados en el último año" comprende no sólo a aquellos que deben ser pagados al trabajador como retribución de las labores desempeñadas, sino también los que tenga derecho a percibir por otros títulos, como es el caso de los salarios caídos correspondientes al último año, sin que la limitación de plazo implique que no se deban pagar al trabajador salarios devengados por un lapso mayor, sino que sólo tiene derecho preferente por los que le correspondan al último año.
• También destacó que el término "indemnizaciones" comprende todas aquellas que se contienen en el artículo 123, apartado A, de la Constitución Federal, así como las que prevé la Ley Federal del Trabajo: por despido injustificado (artículo 48); la de rescisión por causas imputables al patrón y las contempladas por la negativa del empleador a reinstalar al trabajador (artículo 50), entre otras, así como las que se pactaron en los contratos colectivos e individuales de trabajo en beneficio del trabajador y a cargo del patrón, con motivo de la relación laboral, en lo aplicable.
• De forma adicional, señaló que la Conferencia de la Organización Internacional del Trabajo, al celebrar el Convenio 173 sobre la Protección de los Créditos Laborales en Caso de Insolvencia del Empleador, se estableció dicha preferencia en sus artículos 5, 6 y 8.(13)
• De igual manera, refiere que en la Recomendación 180 sobre la Protección de los Créditos Laborales en Caso de Insolvencia del Empleador, se establecieron directrices más detalladas sobre su aplicación, mencionando los conceptos que debían constituir créditos protegidos a favor de los trabajadores, de los cuales se advierte que el privilegio deberá cubrir al menos los créditos laborales correspondientes a salarios, vacaciones e indemnización por fin de servicios adeudados con motivo de la conclusión de la relación de empleo, entre otros supuestos. Protección que se amplió en la referida recomendación, pues se incluyó a las indemnizaciones con motivo de la terminación de su relación de trabajo.
• Asimismo, detalló que esta Segunda Sala, al resolver la contradicción de tesis 328/2019, sostuvo que deben considerarse como créditos preferentes los pagos correspondientes a vacaciones y prima de antigüedad porque constituyen prestaciones otorgadas con motivo de las labores desempeñadas, por lo que se agregó que éstas se encuentran dentro de la expresión "salarios devengados".
• En ese orden de ideas, precisó que los convenios celebrados ante la autoridad laboral y ratificados por las partes se equiparan a un laudo, por lo que se elevan a dicha categoría, obligando a las partes a cumplir con lo pactado, ya que tienen efectos definitivos y son considerados como un laudo ejecutoriado, por lo tanto, gozan de validez y fuerza vinculante respecto de las prestaciones laborales que se pactan.
• En mérito de lo anterior, consideró acertado lo resuelto por la Junta al calificar como improcedente la tercería de preferencia, puesto que de las disposiciones señaladas se aprecia que existe una importancia superior de proteger los créditos laborales ante la insolvencia del empleador en forma privilegiada a los trabajadores frente a otros acreedores, en especial a los del Estado y a los de los organismos de seguridad social.
• Ello porque existe una protección del bloque constitucional de cubrir los créditos laborales relativos a salarios, vacaciones, primas de fin de año, toda clase de indemnizaciones e incluso aquellas que derivan de servicios y conceptos adeudados con motivo de la conclusión de la relación de trabajo.
• De lo que se sigue que, si en un convenio fuera de juicio se pactan este tipo de prestaciones, la preferencia o privilegio de que sean cubiertas en forma preferente a otros acreedores, se encuentra tutelada en los artículos 123 constitucional, 113 de la Ley Federal del Trabajo y 5, 6 y 8 del Convenio Número 173 sobre la Protección de los Créditos Laborales en Caso de Insolvencia del Empleador, así como en la Recomendación 180 de dicho pacto internacional.
• Por tanto, concluyó que la resolución combatida estaba ajustada a derecho, ya que si bien se pactó por el empleador y su trabajador el pago de la suma de dinero con motivo de la terminación laboral, por conceptos que corresponden a indemnización, veinte días por cada año de labores, prima de antigüedad, proporcionales a vacaciones y aguinaldo, es indudable que se tratan de rubros que se encuentran protegidos de manera preferente a los créditos fiscales que la actora incidental pretende sean cubiertos de manera privilegiada.
• En ese mismo orden de ideas, estableció que debe considerarse que la cláusula penal por incumplimiento del convenio también tiene un carácter indemnizatorio que goza de protección preferente, pues dicha sanción es análoga a la del incumplimiento del laudo y goza del privilegio de la protección a que se refieren los instrumentos internacionales, al tratarse de una sanción que no se encuentra desvinculada del carácter indemnizatorio al surgir de la terminación del nexo laboral.
• Además, precisó que el convenio celebrado ante la Junta laboral tiene la categoría de laudo ejecutoriado, en términos del artículo 987 de la Ley Federal del Trabajo, por lo tanto, al contener prestaciones laborales incumplidas, la consecuencia natural es que también sea considerada como una indemnización derivada de la conclusión de la relación de trabajo pactada en ese instrumento.
• En mérito de lo anterior, expresó que no compartía la tesis aislada V.3o.C.T.9 L (10a.),(14) pues en dicho precedente no se tomó en cuenta la normativa internacional antes citada, además de que no era de observancia obligatoria para dicho Tribunal Colegiado.
• Ante tal circunstancia, estimó necesario realizar la denuncia correspondiente ante esta Suprema Corte de Justicia de la Nación.
• Asimismo, precisó que la autoridad responsable no interpretó de manera inexacta el artículo 113 de la Ley Federal del Trabajo ni tampoco inobservó el artículo 149 del Código Fiscal de la Federación, porque el primero de ellos establece que el trabajador goza de un derecho preferente sobre cualquier otro crédito, incluidos los que disfruten de garantía real, los fiscales y los que son a favor del IMSS, lo cual es compatible con el segundo de los preceptos que establece que la autoridad fiscal tiene preferencia para recibir el pago de créditos, con excepción de los que corresponden a los trabajadores por salarios o sueldos devengados en el último año o indemnizaciones de acuerdo con la legislación laboral.
• Sin pasar por alto que en el aludido artículo 149 se establece que la excepción la cual se refiere el primer párrafo (derechos laborales, alimentos, adeudos garantizados con prenda o hipoteca), sea requisito que con anterioridad a la fecha en que surta efectos la notificación del crédito fiscal, las garantías se hayan inscrito en el registro público correspondiente; debido a que se trata de hipótesis distintas a la que se actualiza, dado que para el crédito del trabajador sea preferente no es necesario que se haya inscrito en el registro público, como lo pretende la quejosa, en virtud de que ese requisito se refiere a adeudos garantizados con hipoteca.
• En consecuencia, concluyó que la interpretación realizada por la Junta responsable fue apegada al marco legal mexicano e internacional, por lo que fue correcto el análisis e intelección que llevó a cabo.
IV. Existencia de la contradicción
26. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que, para que se actualice la contradicción de criterios, basta que exista oposición respecto de idéntico punto de derecho, aunque no provengan de cuestiones fácticas exactamente iguales.(15)
27. La existencia de la contradicción no depende de que las cuestiones fácticas sean exactamente iguales, pues es suficiente que los criterios jurídicos se opongan, aunque debe ponderarse que esa variación o diferencia no debe incidir o ser determinante para el problema jurídico resuelto, esto es, debe tratarse de aspectos meramente secundarios o accidentales que, al final, en nada modifican la situación examinada por los órganos judiciales relativos, sino que tan sólo forman parte de la historia procesal del asunto de origen.
28. En este orden de ideas, si las cuestiones fácticas siendo parecidas influyen en las decisiones de los órganos de amparo, ya sea porque se construyó el criterio jurídico partiendo de dichos elementos particulares o la legislación aplicable da una solución distinta a cada uno de ellos, es inconcuso que la contradicción de criterios no puede configurarse, en tanto no podría arribarse a un criterio único ni tampoco sería posible sustentar jurisprudencia por cada problema jurídico resuelto, pues conllevaría una revisión de los juicios o recursos fallados por los Tribunales Colegiados de Circuito, ya que si bien las particularidades pueden dilucidarse al resolver la contradicción de criterios, ello es viable cuando el criterio que prevalezca sea único y aplicable a los razonamientos contradictorios de los órganos participantes.
29. Establecido lo anterior, corresponde ahora señalar los requisitos para la existencia de una contradicción de criterios,(16) a saber:
a. Que los tribunales contendientes hayan resuelto alguna cuestión litigiosa en la que se vieron en la necesidad de aplicar el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo mediante la adopción de algún canon o método, cualquiera que fuese;
b. Que entre los ejercicios interpretativos
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/31261-ba424c3c/creditos-laborales-preferentes-no-los-constituyen-las-cantidades · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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