REVISION FISCAL. LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO ESTA FACULTADA PARA INTERPONER EL RECURSO DE REVISION EN LOS DIVERSOS SUPUESTOS QUE ESTABLECEN LOS PARRAFOS PRIMERO Y CUARTO DEL ARTICULO 248 DEL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION. CONTRADICCION DE TESIS. EXISTE CUANDO SE DAN CRITERIOS OPUESTOS Y SOLO UNO SE SUSTENTA EN RAZONES EXPRESAS.
CONTRADICCION DE TESIS 38/93. SUSTENTADA ENTRE EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL CUARTO CIRCUITO Y EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL MISMO CIRCUITO.
CONSIDERANDO:
SEGUNDO. El Segundo Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, al resolver por mayoría de votos de los señores Magistrados Arturo Barocio Villalobos y Enrique Arizpe Narro la revisión fiscal número 47/93 interpuesta por el Administrador Local Jurídico de Ingresos de la Administración Regional Jurídico del Noreste de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, expresó las siguientes consideraciones:
"UNICO. Los agravios planteados por el Administrador Local Jurídico de Ingresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, no serán objeto de estudio en tanto, que en opinión de este Tribunal, debe desecharse el recurso de revisión interpuesto, pues no se surten los extremos del artículo 248 del Código Fiscal de la Federación.
"En efecto, en la sentencia recurrida se considera que, como lo adujo el representante legal de la empresa demandante, la autoridad administrativa no cumplió con lo previsto por el artículo 137 del Código Fiscal de la Federación, porque al practicar la notificación del ocho de agosto de mil novecientos noventa y uno, no citó precisamente al representante legal de la empresa denominada Distribuidora de Baños y Recubrimientos, Sociedad Anónima de Capital Variable, sino que el citatorio fue dirigido a esta última, por lo que no es legal la notificación practicada; que en relación a las actas de embargo, la autoridad administrativa también infringió lo dispuesto por el artículo 155 del código tributario, y el artículo 16 constitucional, en tanto que de las actas no se desprende el requisito de la designación de testigos de la persona con quien se entendió la diligencia, ni se circunstanció el hecho de la negativa o aceptación por parte de los testigos, e inclusive, no se advierte si la designación que aparece en las actas fue o no realizada por la persona con quien se entendió la diligencia; que en lo referente a la identificación del ejecutor, la autoridad administrativa infringió los artículos 14 y 16 constitucionales, puesto que el encargado de la diligencia de requerimiento y embargo no se identificó con quien entendió la misma, lo que era necesario para cerciorarse de que quien llevó a cabo el procedimiento económico coactivo es la misma que aparece en el documento identificatorio, así que concluye la Sala Fiscal, aunque las actas de embargo son documentos públicos que hacen prueba plena en los términos del artículo 234, fracción I, del código tributario, no puede considerarse que el embargo se haya efectuado conforme a derecho, y la nulidad de la resolución impugnada es la inevitable consecuencia.
"Por su parte, la autoridad recurrente sostiene la procedencia de la revisión, argumentando lo siguiente: `Acorde con el artículo 248 primero y cuarto párrafos del código tributario, el presente recurso debe admitirse con base en lo siguiente: a). CUANTIA. La cual asciende a N$390,716.80 (Trescientos noventa mil setecientos dieciséis punto ochenta nuevos pesos), esto es, excede de tres mil quinientas veces el salario mínimo general diario del área geográfica correspondiente al Distrito Federal. b). INDEBIDA INTERPRETACION de lo preceptuado por el artículo 137 del Código Fiscal de la Federación, y por ende se efectúa también una ilegal aplicación del mismo dentro de la sentencia recurrida, toda vez que la Sala responsable determina que mi representado no cumplió con ciertas obligaciones que además de que no se prevén en ley alguna, sí se cumplieron. c). INDEBIDA INTERPRETACION del contenido del artículo 155 del mismo código, toda vez que la a quo pretende sujetar a la autoridad fiscal a cumplir con requisitos no plasmados en ley. d). INOBSERVANCIA de lo dispuesto por el artículo 156 del mismo ordenamiento fiscal, en relación con el diverso 155, ya que la Sala Regional, deja de aplicar el primero en perjuicio del fisco federal, ya que el mismo, prevé las excepciones a los derechos que otorga el citado artículo 155. e). VIOLACION PROCESAL, toda vez que la juzgadora resuelve con una falta de fundamentación, ya que omitió señalar precepto legal alguno en que apoya sus consideraciones respecto a la identificación del ejecutor y pretende sujetar a mi representada a obligaciones inexistentes que las desprenden de una indebida interpretación de artículos constitucionales. f). INDEBIDA INTERPRETACION del artículo 81 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria en la materia y 234 del Código Fiscal de la Federación, ya que pretenden obligar a esta representación, a demostrar cuestiones que en todo caso, la promovente del juicio de nulidad origen de la presente controversia, es la obligada conforme a dichos preceptos. g). INDEBIDA INTERPRETACION de lo dispuesto en los artículos 238 fracción IV y 239 fracción III, del código tributario, y por ello, hace una indebida aplicación de los mismos, en el fundamento de la sentencia que nos ocupa'.
"Ahora bien, en primer lugar, debe decirse que la regla general que, para la procedencia del recurso de revisión fiscal, se encuentra contenida en el párrafo primero del artículo 248 del Código Fiscal de la Federación, en lo relativo a la cuantía del asunto, no es aplicable respecto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, porque en relación con ella, rige la regla especial contenida en el párrafo cuarto del mencionado precepto, conforme a la cual dicha Secretaría sólo podría interponer el recurso cuando la resolución o sentencia afecte el interés fiscal de la Federación y, a su juicio, el asunto tenga importancia, independientemente de su monto. De esta manera cabe considerar que la procedencia de tal medio de impugnación está sujeta únicamente a que se actualice el requisito de `importancia' limitado exclusivamente a tres supuestos, que son: 1) Que en la resolución o sentencia se haya interpretado una ley o un reglamento; 2) Que se hayan infringido las formalidades esenciales del procedimiento, y; 3) Que en la resolución o sentencia se fije el alcance de los elementos constitutivos de una contribución. Por tanto, si el representante de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sostiene que la cuantía del asunto es superior a tres mil quinientas veces el salario mínimo diario en el área geográfica correspondiente al Distrito Federal, invocando el párrafo primero del citado artículo 248, deviene inconcuso que el recurso de revisión que interpone es improcedente.
"`En términos similares se ha pronunciado este Tribunal Colegiado al resolver las revisiones fiscales 46/92, 10/93, 21/93 y 27/93, en sesiones plenarias del veinte de enero, diecisiete de marzo, veintitrés de abril y doce de mayo del año en curso.
"`En otro lado, la particularidad de que la Sala haya determinado la nulidad de la resolución impugnada con base en la infracción, por parte de la autoridad administrativa, de los artículos 81, 137, 155 y 234 del Código Fiscal de la Federación, tampoco da lugar a estimar la procedencia del recurso, porque no es cierto que se haya efectuado una interpretación de los mencionados preceptos, pues no se fijó el sentido o alcance jurídico de las mismas, sino que se estimó que la autoridad administrativa no dio cumplimiento al contenido de las mismas, y ello pone de manifiesto que no se trata de una cuestión de interpretación de leyes, sino de su aplicación, tanto que el mismo recurrente manifiesta que no debió aplicarse el artículo 155, sino el 156 del Código Fiscal de la Federación.
"`Por último, sólo resta dejar puntualizado que, conforme a la apreciación de este órgano colegiado, en el juicio fiscal no se advierte la existencia de alguna infracción a las leyes del procedimiento, y si en opinión del recurrente, la Sala omite señalar los preceptos legales en que apoya sus consideraciones respecto a la identificación del ejecutor; debe decirse que tal situación, aunque fuera cierta, no constituye una violación a las formalidades esenciales del procedimiento, pues ninguna vinculación tendría con la tramitación o desenvolvimiento del proceso fiscal, sino que en todo caso, se trataría de una violación cometida en la propia sentencia fiscal, así como tampoco por ese motivo se da la procedencia del recurso de mérito, y lo que procede es desecharlo'".
TERCERO. El Tercer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, al resolver la revisión fiscal número 19/92 interpuesta por el Subprocurador Fiscal Regional del Noreste, expresó en lo conducente las siguientes consideraciones:
"...TERCERO. Previo al examen de los agravios formulados, se considera que el recurso interpuesto es procedente únicamente por razón de la cuantía del asunto del que deriva (artículo 248, párrafo primero, del Código Fiscal de la Federación), que según el crédito fincado a la parte actora en el juicio original es de $361'874,292.81 (TRESCIENTOS SESENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 81/100 M.N.) y excede de $46'655,000.00 (CUARENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL PESOS 00/100 M.N.), suma esta equivalente a 3,500 veces el salario mínimo general vigente en el Distrito Federal en la fecha de emisión de la sentencia recurrida, ya que respecto a los diversos motivos de procedencia, es de estimarse que no se actualiza porque en el fallo a revisión no se interpretaron los artículos 238, fracción IV y 239, fracción II del código en consulta, sino solamente se aplicaron y tampoco la falta de valoración de pruebas crean una violación a las formalidades del procedimiento porque en todo caso constituye una infracción cometida en la propia resolución.
"CUARTO. Son fundados los agravios transcritos.
"En efecto, asiste razón a la autoridad inconforme al alegar que la autoridad resolutora aplicó inexactamente los artículos 238, fracción IV y 239, fracción II, del Código Fiscal de la Federación para declarar la nulidad lisa y llana de la resolución impugnada, habida cuenta que si para arribar a esa conclusión consideró que la nulidad del acto materia del juicio se sustentaba en que provenían de un procedimiento viciado como lo fue el de auditoría que se practicó al contribuyente opositor y en el cual se omitieron requisitos formales relativos a la identificación de los auditores, es inconcuso que no había razón jurídica para declarar la nulidad lisa y llana, con fundamento en los preceptos antes citados que establecen una hipótesis distinta a la que contempla la fracción II del citado artículo 238 en consulta, esto es, en ningún momento se estimó en la sentencia que la nulidad del acto impugnado fue en razón de que los hechos que los motivaron se realizaron; fueron distintos; se apreciaron en forma equivocada o bien se hubiera dictado en contravención de las disposiciones que como fundamento del mismo aplicó la autoridad exactora o bien dejó de aplicar las debidas, sino que se señaló que la falta de identificación de los auditores constituye una omisión de los requisitos formales exigidos por las leyes con la consecuente afectación del particular contribuyente y con trascendencia en el sentido de la resolución impugnada en el juicio de origen. Luego entonces es de concluirse que, como correctamente lo asevera la autoridad inconforme, se aplicaron inexactamente como fundamento de la sentencia reclamada, los numerales 238, fracción IV y 239, fracción II del código tributario federal, ya que desde luego el fundamento correcto para dar la nulidad era la fracción II, del artículo 238 del ordenamiento en consulta.
"En consecuencia, y dado lo expuesto lo que procede es revocar el fallo para el efecto de que la Sala Fiscal deje insubsistente la sentencia reclamada y dicte una nueva siguiendo los lineamientos de esta ejecutoria".
CUARTO. El Procurador General de la República, por conducto del agente del Ministerio Público Federal adscrito opinó lo siguiente:
"El suscrito considera que el criterio que debe prevaler, es el que sustenta el Segundo Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito.
"En efecto, del análisis exegético del artículo 248 del Código Fiscal de la Federación, se aprecia que para la procedencia del recurso de revisión, este precepto establece en su primer párrafo, tres hipótesis generales, a saber:
"a). Por violaciones procesales cometidas durante el juicio, siempre que afecten las defensas del recurrente y trasciendan al sentido del fallo;
"b). Por violaciones cometidas en las propias resoluciones o sentencias; y
"c). Cuando la cuantía del asunto exceda de tres mil quinientas veces el salario mínimo general diario que corresponda al Distrito Federal, vigente en el momento de su emisión.
"Respecto de esta última hipótesis, materia de la contradicción, debe señalarse que se aplica a toda aquella autoridad demandada en un juicio de nulidad fiscal, la que podrá interponer el recurso de revisión simplemente cuando el monto o cuantía del asunto, exceda de las tres mil quinientas veces el salario mínimo general, único requisito exigido para la procedencia del recurso en dicha hipótesis.
"Ahora bien, y como una excepción a esta tercera hipótesis de procedencia, se establece en el tercer párrafo del propio artículo que, `cuando la cuantía sea inferior a la que corresponda conforme al primer párrafo o sea indeterminada, el recurso procederá cuando el negocio sea de importancia y trascendencia, debiendo el recurrente razonar esa circunstancia para efectos de la admisión del recurso'.
"De lo anteriormente expuesto, se considera que, aun cuando el monto o cuantía del asunto sea inferior a lo estipulado en el primer párrafo, la autoridad inconforme podrá recurrir la decisión de la Sala, debiendo exponer el razonamiento por el que considera que el asunto reviste importancia y trascendencia, siendo éste el requisito de procedibilidad para los casos de excepción. Por último, como una regla especial, el invocado precepto establece en su cuarto párrafo, que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público podrá interponer el recurso cuando la resolución o sentencia de que se trate, afecte el interés fiscal de la Federación, y a su juicio, el asunto tenga importancia.
"Respecto de esta regla especial, aplicable únicamente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, cabe considerar que, con independencia de la cuantía del asunto, su actuación, en caso de inconformidad, está sujeta al cumplimiento de dos requisitos sine qua non:
"1). Que se afecte el interés fiscal de la Federación.
"2). Que a su juicio el asunto tenga relevancia, quedando limitado tal criterio, a la actualización de cualquiera de los tres supuestos siguientes:
"a). Que en la resolución o sentencia recurrida se haya interpretado una ley o un reglamento;
"b). Que durante la tramitación del juicio, se hayan infringido las formalidades esenciales del procedimiento; o
"c). Que en la resolución o sentencia se fije el alcance de los elementos constitutivos de una contribución.
"En consecuencia, debe concluirse que la actuación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, queda regida por la regla especial contenida en el cuarto párrafo del multicitado artículo 248 del Código Fiscal de la Federación, habida cuenta que, en primer término, los supuestos contemplados para la procedencia del recurso, en tratándose de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, son diversos a la excepción contenida en el párrafo tercero del propio artículo, sin que sea dable estimarse que, al no actualizarse ninguna de las hipótesis previstas como regla general, pudiera estarse entonces a la regla especial, siendo que ésta contempla los casos e hipótesis en que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público podrá recurrir una sentencia de la Sala.
"Por último, debe atenderse a las razones que se tomaron en consideración para definir el texto de la fracción I-B del artículo 104 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esto es, que cuando en un juicio contencioso-administrativo el fallo fuera adverso para la autoridad, ésta al estar imposibilitada para acudir a la vía del amparo, pudiera impugnar tal decisión, estableciéndose así los recursos de revisión ante los Tribunales Colegiados, como una vía legal para proteger los intereses nacionales, pero fijando una serie de requisitos de procedencia para limitar el número de negocios que pudieran someterse a la jurisdicción de los órganos colegiados.
"Así el anterior artículo 240 del Código Fiscal de la Federación, estipulaba como únicos requisitos, que el asunto fuera de importancia y trascendencia, esto a juicio del titular de la Secretaria o del Departamento de Estado a que el asunto correspondiera, o bien, de los directores o jefes de los organismos descentralizados; esto es, que la importancia y trascendencia del negocio, para que fuera dable recurrirlo, quedaba enteramente a criterio de la autoridad inconforme.
"Actualmente, dada la diversificación y cantidad de asuntos en los que interviene la administración jurídica, resulta ineludible el que las normas que establecen la procedencia del recurso de revisión, deban atender a circunstancias específicas de procedencia. Esto en la especie, la actuación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, debe ceñirse a la regla especial que para ella se enmarcó en el pluricitado párrafo cuarto del artículo 248 del Código Fiscal de la Federación, atendiendo a la especialidad y casuística marcada en dicha legislación.
"Por las consideraciones anteriores, el suscrito emite atenta opinión, acogiendo el criterio sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito".
QUINTO. Como cuestión previa a cualquiera otra debe establecerse si efectivamente existe la contradicción de tesis denunciada.
Con relación a lo anterior es de señalar que el análisis cuidadoso de las transcripciones hechas en los considerandos segundo y tercero de esta ejecutoria, permite advertir que entre ellos realmente existe un criterio que pudiera ser contradictorio, concerniente a si le es aplicable o no el primer párrafo del artículo 248 del Código Fiscal de la Federación a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público o si para esta autoridad rige el párrafo cuarto de ese precepto.
Sobre el particular el Segundo Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito sostiene que la regla establecida en el párrafo primero del artículo 248 del Código Fiscal de la Federación, en lo relativo a la cuantía del asunto, no le es aplicable a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público porque en relación con esa autoridad rige la regla contenida en el párrafo cuarto de ese precepto, conforme al cual la Secretaría mencionada podrá interponer el recurso cuando la resolución o sentencia afecte el interés fiscal de la Federación y, a su juicio, el asunto tenga importancia independientemente de su monto.
Por su parte, el Tercer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito si bien no expuso consideraciones expresas en cuanto a la aplicación del párrafo primero del mencionado artículo 248, al aceptar que el recurso de revisión interpuesto por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público es procedente con la sola invocación de parte de la recurrente de la cuantía del asunto, tácitamente sostiene que sí le es aplicable a esa autoridad el primer párrafo del aludido precepto.
Como se ve se trata de un mismo problema. El Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito considera que no le es aplicable a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público el párrafo primero del artículo 248 del Código Fiscal de la Federación y el Tercer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito estima que sí lo es. Por tanto cabe concluir que sobre ese particular sí existe contradicción entre los criterios que sostienen cada uno de los citados órganos jurisdiccionales.
No pasa inadvertido para esta Sala, que los criterios a que se ha hecho referencia no fueron expuestos formalmente como tesis. Sin embargo, ello no obsta para que esta Segunda Sala se ocupe de la citada contradicción.
El Pleno de este alto Tribunal en relación a este punto ha establecido textualmente lo siguiente:
"Los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Federal, 197 y 197-A de la Ley de Amparo, establecen el procedimiento para dirimir las contradicciones de tesis que sustenten los Tribunales Colegiados de Circuito o las Salas de la Suprema Corte. El vocablo `tesis' que se emplea en dichos dispositivos debe entenderse en un sentido amplio, o sea, como la expresión de un criterio u opinión que se formula en relación con un tema determinado, por los órganos jurisdiccionales en su quehacer legal de resolver los asuntos que se someten a su consideración, sin que sea necesario que esté expuesta de manera formal, mediante una redacción especial, en la que se distinga un rubro, un texto, datos de identificación del asunto en donde se sostuvo, etcétera y menos aún, que constituya una tesis de jurisprudencia obligatoria, en los términos que establecen los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, porque ni la Ley Fundamental ni la ordinaria en alguno de sus preceptos establecen esos requisitos, de modo que para sujetar a un criterio al procedimiento de contradicción de tesis, basta con que el mismo se haya sustentado por un órgano jurisdiccional idóneo (Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o Tribunal Colegiado de Circuito), que se contenga en una ejecutoria dictada en los asuntos de la competencia de esos órganos, y por supuesto, que haya otro criterio del mismo origen, que lo contradiga.
"En efecto, los indicados artículos 107, fracción XIII de la Constitución Federal y 197 y 197-A de la Ley de Amparo establecen el procedimiento denominado de contradicción de tesis; pero en su texto no se menciona que se trate de tesis en sentido formal, mediante la redacción especial que incluye rubro, texto y pie informativo o que se trate de jurisprudencia obligatoria en términos de lo establecido en los numerales 192 y 193 de la Ley de Amparo, motivo por el cual y hasta por razones prácticas, pues hipotéticamente pudiera ocurrir que algún órgano jurisprudencial facultado para establecer jurisprudencia, nunca revistiera de formalidad a sus criterios o, haciéndolo, por ejemplo, no los contabilice, para evitar que lleguen a constituir jurisprudencia obligatoria, y de ese modo, evitar que su opinión fuera susceptible de ser enfrentada a cualquiera otra en sentido contrario, lo que por un lado, traería como consecuencia la inobservancia de la ley por los órganos a quienes se ha encargado ser vigilantes de que ello no ocurra y por otra, que los criterios de tal órgano tuvieran carácter obligatorio, a pesar de que otro órgano de la misma calidad o jerarquía tenga una opinión contraria, con lo cual se patentizaría la inseguridad que la ley quiere evitar.
"Por esas razones, la voz `tesis' que se emplea en la ley debe entenderse en su acepción común, como dice el Diccionario de la Real Academia Española: `1. Conclusión, proposición que se mantiene con razonamientos. 2. Opinión de alguien sobre algo', que aplicada al medio judicial se entiende, simplemente, como los criterios u opiniones que se exponen con relación a un determinado tema, por los órganos jurisdiccionales al llevar a cabo su función de resolver los asuntos que se someten a su consideración.
"Lo expuesto permite arribar a la conclusión de que para que un criterio judicial, pueda ser sometido al procedimiento de contradicción de tesis, basta con que el mismo se haya sustentado por una Sala de la Suprema Corte o por un Tribunal Colegiado de Circuito, que se contenga en la resolución de un asunto de su competencia, y que esté contradicho por otro criterio del mismo origen, pero de diferente órgano".
El criterio anterior, que tiene aplicación al caso, fue sostenido por el Tribunal Pleno al resolver la contradicción de tesis 9/95, el día primero de junio de mil novecientos noventa y cinco, por unanimidad de once votos, en el que fue ponente el señor Ministro Mariano Azuela Güitrón.
SEXTO.- A fin de establecer cuáles son los criterios que con el carácter de jurisprudencia deben prevalecer, en términos de lo que dispone el artículo 197-A de la Ley de Amparo, es conveniente transcribir el artículo 248 del Código Fiscal de la Federación.
"Artículo 248.- Las resoluciones de las Salas Regionales que decreten o nieguen sobreseimientos y las sentencias definitivas, podrán ser impugnadas por la autoridad, a través de la unidad administrativa encargada de su defensa jurídica, interponiendo el recurso de revisión ante el Tribunal Colegiado de Circuito competente en la sede de la Sala Regional respectiva, mediante escrito que presente ante esta última dentro del término de quince días siguientes al día en que surta efectos su notificación, por violaciones procesales cometidas durante el juicio, siempre que afecten las defensas del recurrente y trasciendan al sentido del fallo, o por violaciones cometidas en las propias resoluciones o sentencias; cuando la cuantía del asunto exceda de tres mil quinientas veces el salario mínimo general diario del área geográfica correspondiente al Distrito Federal, vigente en el momento de su emisión.
"En el caso de contribuciones que deban determinarse o cubrirse por períodos inferiores a doce meses, para determinar la cuantía del asunto se considerará el monto que resulta de dividir el importe de la contribución entre el número de meses comprendidos en el período que corresponda y multiplicar el cociente por doce.
"Cuando la cuantía sea inferior a la que corresponda conforme al primer párrafo o sea indeterminada, el recurso procederá cuando el negocio sea de importancia y trascendencia, debiendo el recurrente razonar esa circunstancia para efectos de la admisión del recurso. En materia de aportaciones de seguridad social, se presume que tienen importancia y trascendencia los asuntos que versen sobre la determinación de sujetos obligados, de conceptos que integran la base de cotización y del grado de riesgo de las empresas para los efectos del seguro de riesgos del trabajo.
"La Secretaría de Hacienda y Crédito Público podrá interponer el recurso, cuando la resolución o sentencia afecte el interés fiscal de la Federación y, a su juicio, el asunto tenga importancia, independientemente de su monto, por tratarse de la interpretación de leyes o reglamentos, de las formalidades esenciales del procedimiento, o por fijar el alcance de los elementos constitutivos de una contribución.
"El recurso de revisión también será procedente contra las resoluciones o sentencias que dicte la Sala Superior del Tribunal, en los casos a que se refiere el artículo 239-Bis. En los juicios que versen sobre resoluciones de las autoridades fiscales de las entidades federativas coordinadas e ingresos federales, el recurso sólo podrá ser interpuesto por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público".
De como está redactado el precepto se advierte que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público está legitimada para interponer el recurso de revisión tanto en el supuesto previsto en el cuarto párrafo del artículo 248 del Código Fiscal de la Federación, como en el caso establecido en el primer párrafo del mismo precepto.
Lo anterior es así, porque en el primer párrafo se establece, por un lado, el objeto de impugnación del recurso de revisión, la materia o naturaleza de las violaciones que pueden impugnarse al reclamarse la resolución o sentencia materia del recurso, la cuantía que debe tener el asunto para ser recurrible, y como sujeto titular o legitimado para interponer el recurso en contra de esas resoluciones o sentencias, se señala en forma genérica que "podrán ser impugnadas por la autoridad".
El término o vocablo "autoridad", empleado como está en dicho precepto tiene una concesión amplia, no restringida a una determinada autoridad, de modo tal que el sujeto titular del derecho que puede ocurrir al recurso de revisión puede serlo cualquier autoridad que haya sido parte en el juicio, atento lo dispuesto en el artículo 198 del ordenamiento en consulta, que dice:
"Artículo 198.- Son partes en el juicio contencioso administrativo:
"I.- El demandante.
"II.- Los demandados. Tendrán ese carácter:
"a) La autoridad que dictó la resolución impugnada.
"b) El particular a quien favorezca la resolución cuya modificación o nulidad pida la autoridad administrativa.
"III.- El titular de la dependencia o entidad de la Administración Pública Federal, Procuraduría General de la República o Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, de la que dependa la autoridad mencionada en la fracción anterior. En todo caso, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público será parte en los juicios en que se controviertan actos de autoridades federativas coordinadas, emitidos con fundamento en convenios o acuerdos en materia de coordinación en ingresos federales.
"Dentro del mismo plazo que corresponda a la autoridad demandada, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público podrá apersonarse como parte en los otros juicios en que se controvierta el interés fiscal de la Federación.
"IV.- El tercero que tenga un derecho incompatible con la pretensión del demandante...".
En este orden de ideas, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público como parte en el juicio contencioso administrativo, debe considerarse incluida en el término "autoridad" a que alude el precepto en comento, y por ende, legitimada para interponer el recurso de revisión cuando el asunto exceda de la cuantía antes precisada.
Por otro lado, el párrafo cuarto del artículo 248 en análisis establece, para la procedencia del recurso, los siguientes requisitos: a) que la resolución o sentencia emitida por la Sala Regional afecte el interés fiscal de la Federación; y b) que a juicio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el asunto tenga importancia, por tratarse de la interpretación de leyes o reglamentos, de las formalidades esenciales del procedimiento, o por fijar el alcance de los elementos constitutivos de una contribución. Como es de verse, e
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/3141-247f4958/revision-fiscal-la-secretaria-de-hacienda-y-credito · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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