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Modo: Corpus Pro

MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN ADSCRITO A UN JUZGADO DE DISTRITO. TIENE LEGITIMACIÓN PARA INTERPONER EL RECURSO DE REVISIÓN CONTRA LA SENTENCIA QUE CONCEDE EL AMPARO POR VIOLACIÓN A LA HERRAMIENTA DE ORALIDAD EN EL SISTEMA PENAL ACUSATORIO, AL AFECTAR EL INTERÉS PÚBLICO QUE LE CORRESPONDE DEFENDER.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS) 56/2023. · Registro digital (IUS): 31795
Órgano: Plenos Regionales · Publicación: 2023-09-29
Promovente: ENTRE LOS SUSTENTADOS POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO SÉPTIMO CIRCUITO Y EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA DÉCIMA REGIÓN, CON RESIDENCIA EN SALTILLO, COAH
Localización: Undécima Época. Plenos Regionales. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 29, Septiembre de 2023, Tomo IV, Pág.3817.

CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS 56/2023. ENTRE LOS SUSTENTADOS POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO SÉPTIMO CIRCUITO Y EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA DÉCIMA REGIÓN, CON RESIDENCIA EN SALTILLO, COAHUILA DE ZARAGOZA, EN AUXILIO DEL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y DE TRABAJO DEL DÉCIMO NOVENO CIRCUITO. 10 DE AGOSTO DE 2023. TRES VOTOS DE LA MAGISTRADA EMMA MEZA FONSECA Y DE LOS MAGISTRADOS SAMUEL MERAZ LARES (PRESIDENTE) Y HÉCTOR LARA GONZÁLEZ. PONENTE: MAGISTRADA EMMA MEZA FONSECA. SECRETARIOS: DENIS REYES HUERTA Y MARTÍN MUÑOZ ORTIZ.

Ciudad de México. Acuerdo del Pleno Regional en Materia Penal de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, correspondiente a la sesión ordinaria virtual de diez de agosto de dos mil veintitrés.

SENTENCIA

1. Contradicción de criterios 56/2023 denunciada por los Magistrados integrantes del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, con residencia en Ciudad Juárez, Chihuahua respecto de los criterios sustentados por ese órgano jurisdiccional, al resolver el amparo en revisión 314/2022 y el Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Décima Región, al resolver el cuaderno auxiliar 82/2022 (relativo al amparo en revisión 283/2021 del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Noveno Circuito).

2. La problemática jurídica que debe resolver este Pleno Regional en Materia Penal de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, consiste en determinar si en el presente asunto existe la contradicción de criterios denunciada por un Tribunal Colegiado y de ser el caso, determinar si el Ministerio Público de la Federación adscrito al Juzgado de Distrito tiene legitimación para interponer recurso de revisión contra una sentencia concesoria de amparo por violación a la oralidad en el Sistema Penal Acusatorio.

ANTECEDENTES DEL ASUNTO

3. Mediante oficio 15/2023 remitido vía electrónica y recibido en este Pleno Regional el veintidós de junio de dos mil veintitrés, los Magistrados integrantes del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, con residencia en Ciudad Juárez, Chihuahua, denunciaron la posible contradicción de criterios entre lo resuelto en el amparo en revisión 314/2022 de su registro, y los razonamientos establecidos por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Décima Región, al resolver el cuaderno auxiliar 82/2022 (relativo al amparo en revisión 283/2021 del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Noveno Circuito), en las resoluciones emitidas en los diversos amparos en revisión.

4. Por acuerdo de veintiséis de junio del año en curso, el presidente de este Pleno Regional admitió a trámite la denuncia de contradicción, se ordenó formar y registrarla con el número 56/2023. Asimismo, se requirió al Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito contendiente informara si a la fecha continuaba vigente el criterio sustentado, adjuntara copia digital de la ejecutoria respectiva, y en caso de que se hubieran apartado, también remita la diversa en la que se sustente el nuevo criterio, además, a ambos órganos colegiados para que vincularan los expedientes electrónicos correspondientes. Así, mediante misivas ********** y **********, el Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Décima Región y el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, señalaron, respectivamente, que dichos criterios seguían vigentes; además, se solicitó a la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que informara si existe contradicción de criterios radicada en ese Alto Tribunal, quien informó mediante oficio **********, que no se encontraba radicada en ese Alto Tribunal alguna en la que el tema tenga relación con el establecido preliminarmente en el presente asunto.

5. En la misma data se turnó el asunto electrónicamente a la ponencia de la Magistrada Emma Meza Fonseca, dando acceso al expediente electrónico a todas las ponencias.

6. Por auto de catorce de julio siguiente, se tuvo por integrado el asunto y se confirmó el turno electrónico realizado a la Magistrada ponente, para la elaboración del proyecto correspondiente.

AMICUS CURIAE

7. Conforme a lo establecido en el artículo 45 del Acuerdo General 67/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, cualquier persona o institución podrá ofrecer voluntariamente su opinión respecto de alguna contradicción de criterios sujeta al conocimiento de algún Pleno Regional. Dicha opinión podrá presentarse hasta antes de la fecha para la sesión en que se programe la resolución del asunto.

8. Antes de la fecha en que fue publicada la lista de los asuntos para sesión ordinaria, ninguna persona o institución presentó opinión sobre el tema de esta contradicción de criterios.

9. Tampoco se presentó alguna opinión entre la publicación de la lista y antes de la fecha para la sesión programada para resolverla.

COMPETENCIA

10. Este Pleno Regional en Materia Penal es competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de criterios entre Tribunales Colegiados pertenecientes a la Región Centro-Norte.

11. Lo anterior, de conformidad con los artículos 94, párrafo primero, 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 226, fracción III, de la Ley de Amparo, así como 42, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y 14, fracción I, 43 a 46 del Acuerdo General 67/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la competencia, integración, organización y funcionamiento de los Plenos Regionales.

LEGITIMACIÓN

12. La presente denuncia de contradicción de criterios proviene de parte legítima, toda vez que fue formulada por uno de los órganos colegiados contendientes. Lo anterior, de conformidad con los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución,(1) así como el artículo 227, fracción III, de la Ley de Amparo.(2)

CRITERIOS DENUNCIADOS

13. Para verificar la existencia de la contradicción entre los criterios que sustentaron los aludidos órganos de control constitucional, es necesario hacer una breve relatoría de los antecedentes de los asuntos que cada uno de ellos resolvió, así como de las cuestiones jurídicas relevantes que motivaron sus respectivas posturas.

a) Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, con residencia en Ciudad Juárez, Chihuahua, al resolver el amparo en revisión 314/2022 determinó lo siguiente:

14. El uno de julio de dos mil veintidós, ********** y ********** promovieron demanda de amparo indirecto contra las autoridades y actos siguientes:

• AUTORIDAD RESPONSABLE:

- Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Chihuahua, en funciones de Juez de Control.

• ACTOS RECLAMADOS:

- Omisión de exigir que la fiscalía cumpliera con el principio de oralidad en la etapa de control de detención y formulación de imputación.

- Calificación de detención en audiencia de diez de junio de dos mil veintidós en la causa penal 290/2022.

- Omisión de verificar que ********** se comunicara con la embajada o consulado de su país de origen.

15. Asunto del que conoció el Juez Cuarto de Distrito de Amparo en Chihuahua, quien mediante acuerdo de cinco de julio siguiente la radicó con el número ********** y una vez llevado el trámite respectivo, celebró la audiencia constitucional el quince de agosto de dos mil veintidós, y mediante sentencia terminada de engrosar el cinco de septiembre posterior concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión para los siguientes efectos:

"PRIMERO.—Se sobresee en el presente juicio de amparo, respecto los actos reclamados por el quejoso **********, por las razones expuestas en el considerando cuarto de esta sentencia.

"SEGUNDO.—La Justicia de la Unión Ampara y Protege a **********, contra los actos reclamados del Juez de Distrito adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez, en funciones de Juez de Control, para los efectos precisados en el último considerando de la presente sentencia."

16. Los efectos de la concesión fueron:

"... el Juez de Distrito adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez, en funciones de Juez de Control, realice lo siguiente:

"1. Deje insubsistente la audiencia inicial celebrada el diez de junio de dos mil veintidós, en la causa penal **********, de su índice, a partir del momento en que la fiscalía invocó los datos de prueba por medio de los cuales formuló imputación, y posteriormente, apoyó la solicitud de vinculación a proceso, únicamente por lo que hace al quejoso **********; y,

"2. En su lugar, reponga el procedimiento, a fin de que el órgano acusador no violente el principio de oralidad en esa audiencia ni en las subsecuentes, y resuelva con plenitud de jurisdicción la situación jurídica del imputado de referencia, sobre la base de los argumentos expuestos oralmente por las partes."

17. Contra esta determinación el Ministerio Público de la Federación adscrito al referido Juzgado de Distrito interpuso recurso de revisión, del cual conoció el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, con residencia en Ciudad Juárez, Chihuahua, quien lo radicó con el número ********** y mediante sesión de siete de junio de dos mil veintitrés determinó desechar el recurso por falta de legitimación de la parte recurrente, lo cual hizo valer en las siguientes razones:

• La Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de diversas jurisprudencias y determinaciones, ha establecido los supuestos de cuando el Ministerio Público cuenta con legitimidad para interponer el recurso de revisión, ya que si bien, el agente del Ministerio Público es parte en el juicio de amparo, el mismo únicamente cuenta con legitimidad para interponer el recurso de revisión cuando la determinación de primer grado afecte o interfiera con alguna de sus funciones o atribuciones, constitucionales o legales.

• En el caso, el Juez de Distrito concedió el amparo para que el órgano acusador respete la oralidad en el proceso penal, acción que resulta de interés público, ya que el cabal cumplimiento a este requisito es obligación de cualquier autoridad, conforme a lo establecido en los artículos 14, párrafo segundo, 16, párrafo primero y 20, párrafo primero, de la Constitución General.

• Por lo cual la oposición del Ministerio Público de la Federación adscrito al Juzgado de Distrito a la sentencia concesoria de amparo por vicios de procedimiento (como es la inobservancia de un principio del sistema consagrado en el artículo 20 constitucional) resulta contraria a su propia encomienda constitucional, relativa a proteger los intereses sociales, por lo cual al no afectarlo de forma alguna, el mismo carece de legitimación para interponer el recurso de revisión, porque ello iría en contra del interés social.

• Ya que si la sociedad está interesada en que se observen las formalidades legales en los procesos penales y la sentencia recurrida se dictó por haberse trastocado una de ellas –el principio de oralidad– entonces el recurrente carece de legitimación para interponer el recurso de revisión en su contra, por no vulnerarse su encomienda constitucional y, en consecuencia, desechó el recurso de revisión respectivo.

• Destacando que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia de rubro: "MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL. TIENE LEGITIMACIÓN PARA INTERPONER EL RECURSO DE REVISIÓN CONTRA LA SENTENCIA QUE CONCEDE EL AMPARO CONTRA UNA ORDEN DE APREHENSIÓN O UN AUTO DE FORMAL PRISIÓN POR FALTA DE FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN.", estableció los supuestos que deben ser considerados para determinar cuándo el representante social cuenta con legitimidad para recurrir una sentencia de amparo, siendo éstos cuando la determinación judicial viola el interés social.

• Y en el caso, consideró que si la sociedad está interesada en que se observen las formalidades legales en los procesos penales y la sentencia recurrida se dictó por haberse trastocado una de ellas –el principio de oralidad– entonces el Ministerio Público de la Federación adscrito al Juzgado de Distrito carece de legitimación para interponer el recurso de revisión en su contra, por no vulnerarse su encomienda constitucional.

b) Ahora, de la sentencia emitida en el recurso de revisión 283/2021 del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Noveno Circuito, resuelto en el cuaderno auxiliar 82/2022 por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Décima Región, con residencia en Saltillo, Coahuila de Zaragoza, se advierte que:

18. El dos de marzo de dos mil veintiuno, ********** presentó demanda de amparo contra la autoridad y acto siguientes:

• AUTORIDAD RESPONSABLE:

- Juez de Control de la Primera Región del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con domicilio en avenida José Sulaimán Changón (sic) con Prolongación República de Chile S/N de la Col. Guadalupe Victoria, edificio del Centro Integral de Justicia del plano oficial de esta ciudad.

• ACTO RECLAMADO:

- Auto de vinculación a proceso dictado en fecha 09 de febrero del año en curso, dictado en audiencia dentro de la carpeta procesal CP **********.

19. Asunto del que conoció el Juez Décimo Primero de Distrito de Amparo en Tamaulipas, quien admitió a trámite el juicio de amparo, registrándolo como ********** y seguido el trámite del mismo, efectuó la audiencia constitucional el veintitrés de junio de dos mil veintiuno, que culminó con la sentencia terminada de engrosar el veintidós de julio siguiente, en la cual concedió el amparo y protección de la Justicia Federal al quejoso por considerar violado el principio de oralidad en la audiencia inicial, toda vez que el agente del Ministerio Público acusador, dio lectura íntegra a la imputación, los datos de prueba y solicitud de vinculación a proceso del imputado.

20. Determinación contra la que el agente del Ministerio Público adscrito al Juzgado de Distrito presentó el recurso de revisión, del cual conoció el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Noveno Circuito, con sede en Ciudad Victoria, Tamaulipas, quien lo registró como 283/2021, y mediante acuerdo de uno de marzo de dos mil veintidós se remitieron los autos al Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Décima Región para la emisión de la sentencia respectiva.

21. El aludido tribunal, por acuerdo de ocho de marzo de dos mil veintidós, recibió los autos y los registró con el número de revisión **********, para pronunciar la sentencia correspondiente; lo anterior, en cumplimiento al oficio SECNO/STCCNO/204/2022 del secretario Técnico de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, y mediante sesión de dieciocho de mayo de dos mil veintidós determinó que el agente ministerial contaba con legitimación para interponer el referido recurso, lo cual hizo valer en las siguientes razones:

• La Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió la jurisprudencia de rubro: "MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL. TIENE LEGITIMACIÓN PARA INTERPONER EL RECURSO DE REVISIÓN CONTRA LA SENTENCIA QUE CONCEDE EL AMPARO CONTRA UNA ORDEN DE APREHENSIÓN O UN AUTO DE FORMAL PRISIÓN POR FALTA DE FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN." en la cual estableció que si bien el agente del Ministerio Público es parte en el juicio de amparo, el mismo únicamente cuenta con legitimidad para interponer el recurso de revisión cuando la determinación de primer grado afecte o interfiera con alguna de sus funciones o atribuciones, constitucionales o legales.

• Entre sus facultades están las relacionadas con la defensa del interés general que le es encomendado por mandato constitucional, relativa a que se sancionen las conductas delictivas, tanto del fuero federal como del local, a fin de que sea preservado el orden constitucional.

• Aunado a que el interés público indudablemente se ve menoscabado cuando se concede el amparo aun en el caso de que la protección constitucional derive de un vicio de legalidad en la orden de aprehensión o del auto de formal prisión –según sea el caso–; lo que constituye, precisamente, el agravio real que depara la sentencia al Ministerio Público Federal, como parte en el juicio de amparo y le confiere la facultad de recurrirla, a fin de que subsista el acto reclamado en aras de salvaguardar el interés público que constitucionalmente tiene encomendado.

• Por lo cual, la concesión del amparo por la existencia de un vicio formal –al igual que la concesión por ausencia de fundamentación y motivación– si bien redunda en que el acto reclamado quedará sin efectos y se emitirá otro en el que se subsanará la irregularidad, el mismo implica una afectación al interés público, que puede ser combatida mediante el recurso de revisión, pues en éste se podrá cuestionar si ese vicio es inexistente o intrascendente al resultado del fallo.

EXISTENCIA DE LA CONTRADICCIÓN

22. Corresponde ahora verificar si la contradicción denunciada resulta procedente, ya que la seguridad jurídica obliga a lograr uniformidad en la solución de iguales problemas jurídicos sometidos a tribunales diversos del Poder Judicial de la Federación, esto es, que bajo el mismo criterio valedero se resuelvan los asuntos de idéntica o similar naturaleza y contenido.

23. Para verificar la existencia de la presente contradicción de criterios, este Pleno Regional se apoya en el criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la contradicción de tesis 36/2007-PL, al considerarse que la existencia de la contradicción debe estar condicionada a que se sostengan tesis contradictorias, entendiéndose por tesis el criterio adoptado a través de argumentaciones lógico-jurídicas para justificar su decisión en una controversia; lo que determina que la contradicción se actualiza cuando dos o más órganos jurisdiccionales terminales adopten criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, aunque no provenga de cuestiones fácticas iguales.

24. Así, la finalidad de dicha determinación es definir puntos jurídicos que den seguridad legal a los gobernados, pues para ello fue creada la figura de la contradicción de criterios en la Constitución y su regulación en la Ley de Amparo.

25. Bajo tales premisas, entre los ejercicios realizados por los Tribunales Colegiados de Circuito sí se ha dado un punto de toque a manera de diferente interpretación que gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico.

26. Entonces, para que exista una contradicción de criterios, debe verificarse:

A. Que los tribunales contendientes hayan resuelto alguna cuestión litigiosa en la que se vieron en la necesidad de ejercer el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo mediante la adopción de algún canon o método, cualquiera que fuera.

B. Entre los ejercicios interpretativos respectivos, exista al menos un tramo de razonamiento en el que la interpretación ejercida gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico; ya sea el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general.

27. En ese orden de ideas, existe la contradicción de criterios que se denunció, porque del análisis de los procesos interpretativos involucrados, se advierte que los órganos judiciales contendientes examinaron un mismo punto jurídico y adoptaron posiciones discrepantes; cuestiones que se reflejaron en los argumentos que soportaron sus respectivas decisiones.

28. En efecto, en los criterios denunciados se abordó un mismo problema jurídico, relativo a determinar respecto a si el Ministerio Público de la Federación adscrito al Juzgado de Distrito tiene legitimación para interponer recurso de revisión contra una sentencia concesoria de amparo por violación a la herramienta de oralidad en el proceso penal. 29. El Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, con residencia en Ciudad Juárez, Chihuahua, consideró que el recurso de revisión hecho valer por el agente del Ministerio Público de la Federación adscrito al juzgado recurrido debía desecharse, ya que el mismo a pesar de ser parte en el juicio de amparo, no contaba con legitimación para presentar el medio de impugnación, pues la sentencia de primera instancia había concedido el amparo y protección de la Justicia de la Unión por vicios procesales, sentido que no afectaba el interés constitucional del representante social, por lo cual el mismo no podía controvertirlo.

30. Por otro lado, el diverso Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Décima Región, con residencia en Saltillo, Coahuila, en auxilio del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo, del Décimo Noveno Circuito, con residencia en Ciudad Victoria, Tamaulipas determinó que la representación social sí cuenta con legitimidad para recurrir una sentencia de amparo que concedió la protección constitucional por vicios formales, ya que entre las facultades del agente ministerial se encuentra la defensa del interés social, el cual se ve menoscabado en este tipo de determinaciones.

31. Posturas divergentes que llevan a este Pleno Regional en Materia Penal de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, a determinar que el diferendo que existe se centra en resolver el siguiente cuestionamiento:

32. ¿El Ministerio Público de la Federación adscrito al Juzgado de Distrito tiene legitimación para interponer recurso de revisión contra una sentencia concesoria de amparo por violación a la oralidad en el Sistema Penal Acusatorio?

33. Sin que sea óbice, para determinar la existencia de la contradicción de criterios, el hecho de que los argumentos sustentados por los tribunales contendientes no constituyan propiamente una tesis jurisprudencial; porque los artículos 107, fracción XIII, párrafos primero y tercero, de la Constitución Federal y 226, fracción II, de la Ley de Amparo, que establecen el procedimiento para resolverla, no imponen ese requisito.

34. Consideración que encuentra apoyo en la jurisprudencia en materia común P./J. 27/2001, sustentada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIII, abril de dos mil uno, página setenta y siete, con registro digital: 189998, de rubro y texto:

"CONTRADICCIÓN DE TESIS. PARA QUE PROCEDA LA DENUNCIA BASTA QUE EN LAS SENTENCIAS SE SUSTENTEN CRITERIOS DISCREPANTES. Los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Federal, 197 y 197-A de la Ley de Amparo establecen el procedimiento para dirimir las contradicciones de tesis que sustenten los Tribunales Colegiados de Circuito o las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El vocablo ‘tesis’ que se emplea en dichos dispositivos debe entenderse en un sentido amplio, o sea, como la expresión de un criterio que se sustenta en relación con un tema determinado por los órganos jurisdiccionales en su quehacer legal de resolver los asuntos que se someten a su consideración, sin que sea necesario que esté expuesta de manera formal, mediante una redacción especial, en la que se distinga un rubro, un texto, los datos de identificación del asunto en donde se sostuvo y, menos aún, que constituya jurisprudencia obligatoria en los términos previstos por los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, porque ni la Ley Fundamental ni la ordinaria establecen esos requisitos. Por tanto, para denunciar una contradicción de tesis, basta con que se hayan sustentado criterios discrepantes sobre la misma cuestión por Salas de la Suprema Corte o Tribunales Colegiados de Circuito, en resoluciones dictadas en asuntos de su competencia."

35. Tampoco es obstáculo para determinar la existencia de la contradicción de criterios, el hecho de que los razonamientos de los Tribunales Colegiados contendientes, pudieran ser erróneos o inaplicables, pues el objetivo fundamental de esta vía, es el terminar con la incertidumbre generada para los gobernados y órganos jurisdiccionales por la existencia de criterios contradictorios, evitando así que se siga resolviendo de forma diferente o incorrecta; con lo que se salvaguarda la garantía de seguridad jurídica y se preserva la unidad en la interpretación de las normas del orden jurídico nacional, al fijar el verdadero sentido y alcance del supuesto jurídico por el que se originó la oposición de criterios.

36. Situación que salva la diferencia entre los razonamientos legales que emplearon los Tribunales Colegiados contendientes para sustentar sus correspondientes criterios; esto es, no podría determinarse la inexistencia de contradicción de criterios por esa sola circunstancia, cuando es precisamente el fundamento que emplearon lo que los llevó a resolver en el sentido que lo hicieron.

37. Consideración que encuentra apoyo en la jurisprudencia en materia común, P./J. 3/2010, sustentada por el Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital: 165306, consultable en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, febrero de dos mil diez, página seis, de rubro y texto siguientes:

"CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. AUNQUE LOS CRITERIOS CONTENDIENTES SEAN ERRÓNEOS, DEBE RESOLVERSE EL FONDO A FIN DE PROTEGER LA GARANTÍA DE SEGURIDAD JURÍDICA. La Suprema Corte de Justicia de la Nación debe resolver una contradicción de tesis existente entre criterios de Tribunales Colegiados de Circuito aunque sean erróneos o inaplicables, pues el objetivo fundamental de ese procedimiento es terminar con la incertidumbre generada para los gobernados y los órganos jurisdiccionales por la existencia de criterios contradictorios, mediante la definición de una jurisprudencia producto de la sentencia dictada en ese procedimiento, que servirá para resolver uniformemente casos similares a los que motivaron la denuncia de contradicción, evitando que se sigan resolviendo diferente e incorrectamente, lo que permitirá preservar la unidad en la interpretación de las normas del orden jurídico nacional con la fijación de su sentido y alcance en protección de la garantía de seguridad jurídica. Además, esa definición jurídica no sería posible realizarla si se declara improcedente la contradicción suscitada respecto de tesis equivocadas o inaplicables de esos Tribunales, ya que aunque se dejaran sin efecto, si no existiera pronunciamiento por declararse su improcedencia, lejos de garantizar a los gobernados y a los órganos jurisdiccionales del país la solución de otros asuntos de similar naturaleza, se generaría incertidumbre, por lo cual debe emitirse una sentencia que fije el verdadero sentido y alcance de la solución que deba darse al supuesto o problema jurídico examinado por los Tribunales Colegiados de Circuito que originó la oposición de criterios."

38. En este sentido, sí existe un punto de toque entre los criterios adoptados por los tribunales contendientes, mismo que amerita ser resuelto en esta instancia, a fin de determinar si el Ministerio Público de la Federación adscrito al Juzgado de Distrito tiene legitimación para interponer recurso de revisión contra una sentencia concesoria de amparo por violación a la oralidad en el Sistema Penal Acusatorio.

ESTUDIO DE FONDO

39. Debe prevalecer, con el carácter de jurisprudencia, el criterio sustentado por este Pleno Regional en Materia Penal de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, en atención a las siguientes consideraciones.

40. Como ya quedó establecido, el tema a dilucidar en la presente contradicción de criterios consiste en determinar si el Ministerio Público de la Federación adscrito al Juzgado de Distrito tiene legitimación para interponer recurso de revisión contra una sentencia concesoria de amparo por violación a la oralidad en el Sistema Penal Acusatorio.

41. A fin de dar respuesta al cuestionamiento precisado en el apartado anterior, resulta pertinente fijar los temas que serán abordados en la presente resolución:

I. Naturaleza jurídica del Ministerio Público de la Federación.

II. Función del Ministerio Público en el juicio de amparo.

III. El Ministerio Público puede interponer el recurso de revisión en cualquier asunto de naturaleza penal.

IV. Interés público e interés general.

V. Generalidades del Sistema Penal Acusatorio y Oral.

VI. La Oralidad en los Sistemas Procesales de Corte Acusatorio.

I. Naturaleza jurídica del Ministerio Público de la Federación.

42. La palabra Ministerio viene del latín "ministerio", que significa cargo que ejerce uno, empleo, oficio u ocupación, especialmente noble y elevado; y la expresión público, también deriva del latín "publicus-populis" que significa pueblo, indicando lo que es notorio, visto o sabido por todos. Por tanto, en su aceptación gramatical, el Ministerio Público significa: cargo que ejerce con relación al pueblo.(3)

43. De acuerdo con el Diccionario Jurídico Mexicano del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, se define al Ministerio Público como:

"La institución unitaria y jerárquica que posee como funciones esenciales de persecución de los delitos y el ejercicio de la acción penal; intervención en otros procedimientos judiciales para la defensa de intereses sociales de ausentes, menores e incapacitados, y, finalmente, como consultor y asesor de los jueces y tribunales."(4)

44. Las sociedades aspiran a una adecuada impartición de justicia a través de instituciones especiales dedicadas a la solución de conflictos, para lo cual la existencia del Ministerio Público tiene como origen la necesidad primordial de que exista un representante público que vea por el mantenimiento de la legalidad de los actos en beneficio del interés gen

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/31795-4790a841/ministerio-publico-de-la-federacion-adscrito-a-un · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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