COMPETENCIA POR MATERIA. CORRESPONDE AL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO EN MATERIA PENAL CONOCER DEL AMPARO DIRECTO PROMOVIDO CONTRA LA SENTENCIA DEFINITIVA EMITIDA EN EL JUICIO DE PROTECCIÓN DE DERECHOS HUMANOS QUE ANALIZA LA DILIGENCIA CON LA QUE SE DESEMPEÑÓ UN FISCAL INVESTIGADOR EN LA INTEGRACIÓN DE UNA CARPETA DE INVESTIGACIÓN (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE).
AMPARO DIRECTO 805/2022. 15 DE JUNIO DE 2023. MAYORÍA DE VOTOS. DISIDENTE Y PONENTE: ISIDRO PEDRO ALCÁNTARA VALDÉS. ENCARGADO DEL ENGROSE: JOSÉ MANUEL DE ALBA DE ALBA. SECRETARIO: GUSTAVO JESÚS SALDAÑA CÓRDOVA.
CONSIDERANDO:
PRIMERO.—Competencia. Este tribunal constitucional resulta incompetente por razón de materia para conocer de la presente demanda de amparo, por lo que, en términos del artículo 46, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se determina declinar la competencia y remitir los autos al Tribunal Colegiado en Materia Penal en turno del Séptimo Circuito.
A efecto de justificar la determinación anterior, es pertinente realizar primero un reasunto de los antecedentes y hechos relevantes de este caso, lo cual se realiza a continuación:
Hechos
Bien, mediante escrito presentado ante la Sala Constitucional del Poder Judicial del Estado de Veracruz el diez de septiembre de dos mil veintiuno **********, por propio derecho y en representación de su menor hija, presentó juicio de protección de derechos humanos en contra de las autoridades y por los actos que se describen a continuación.
Ver descripción
Dentro de los hechos en que fundó la promoción del juicio de protección se tiene, en síntesis, que narró lo siguiente:(1)
I. Contrajo matrimonio con **********, el veintidós de febrero de dos mil catorce, relación de la cual, el quince de enero de dos mil quince nació su hija **********.
II. En el juicio ********** del Juzgado Segundo de Primera Instancia en Coatepec, Veracruz, celebraron un convenio de transacción en el cual, entre otras cuestiones, pactaron que su exesposa ostentaría la guarda y custodia de su hija, acuerdo con el que convivió con regularidad con su hija hasta noviembre de dos mil veinte, pues su exesposa promovió depósito de su hija bajo el sustento de existir denuncia en su contra, juicio que se radicó ante el (otrora) Juzgado Cuarto de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia en Coatepec, bajo el número de expediente **********, y pese que se desestimó la reclamación presentada, se ordenó la convivencia de la menor de edad con el promovente.
III. El veintiséis de enero de dos mil veintiuno, su esposa formuló denuncia en su contra, radicándose la carpeta de investigación **********, del índice de la Fiscalía Segunda Especializada en la Investigación de Delitos de Violencia contra la Familia, Mujeres, Niñas, Niños y Trata de Personas de Coatepec, Veracruz por el delito de violencia familiar que se suscitó en agravio de la menor hija por parte del progenitor no custodio. En ese tenor, el veintinueve de julio de dos mil veintiuno, fue citado por dicho fiscal y tuvo conocimiento de la orden y realización de un estudio ginecológico y proctológico que se había realizado el veintiséis de enero de esa anualidad a su hija menor de edad, así como la entrevista de cinco de abril de dos mil veintiuno.
El veintiuno de septiembre de dos mil veintiuno, la Presidencia de la Sala Constitucional del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz, designó a **********, secretaria de Acuerdos, para que actuase en calidad de instructora,(2) quien el veintiuno de octubre siguiente radicó la demanda únicamente en su carácter de representante de la menor de edad, solicitó informe a las autoridades responsables y tuvo a **********, como tercera interesada.(3)
Seguido el proceso por sus causes legales, el quince de agosto de dos mil veintidós, la instructora celebró la audiencia de recepción de pruebas prevista en el artículo 175 de la Ley Número 675 de Control Constitucional del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, en la cual se concluyó el periodo de recepción de pruebas y de alegatos, y se dio cuenta a la Presidencia de la Sala Constitucional a efecto de turnar el asunto a resolución.(4)
En esa misma fecha, la presidencia turnó los autos para la resolución del proceso, y el dos de septiembre siguiente se dictó sentencia, en la que se determinó: 1) ser procedente el juicio; 2) condenar al fiscal segundo en mención a recibir capacitación en materia de perspectiva de género, perspectiva de infancia y debida diligencia en cuanto a la investigación de delitos; 3) condenar a la Fiscalía del Estado a realizar capacitación generalizada en esas materias al persona operativo a su cargo; 4) dar vista al superior jerárquico del fiscal segundo, a efecto de que conforme a sus atribuciones pudiera iniciar un procedimiento administrativo; 5) a ambas autoridades, a ceñir su actuación investigatoria a las disposiciones estatales y protocolos de actuación, 6) así como al pago de gastos y costas.
En contra de dicha determinación **********, titular de la Fiscalía General del Estado de Veracruz, presentó demanda de amparo directo,(5) la cual fue remitida por la Sala responsable al Tribunal Colegiado en Materia Civil en turno, recibida ante la Oficia de Oficialía de Partes Común de los Tribunales Colegiados en Materia Civil y turnado ante este tribunal, quien por determinación de Presidencia de trece de octubre de dos mil veintidós admitió a trámite la demanda de amparo.
Criterio
Conforme a esos antecedentes, como se mencionó, se estima que este tribunal constitucional resulta incompetente por razón de materia para conocer de la presente demanda de amparo, por lo que, en términos del artículo 46, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se determina declinar la competencia y remitir los autos ante el Tribunal Colegiado en Materia Penal en turno del Séptimo Circuito.
Justificación
En efecto, la competencia es la facultad que tiene un tribunal para ejercer su jurisdicción en determinados asuntos y dentro de determinado territorio. Así, un tribunal es competente para conocer de un asunto cuando hallándose éste dentro de la órbita de su jurisdicción, la ley le reserva su conocimiento con preferencia a los demás órganos.
En ese tenor, los artículos 33, fracción II y 34 de la Ley de Amparo indican lo siguiente:
"Artículo 33. Son competentes para conocer del juicio de amparo:
"...
"II. Los Tribunales Colegiados de Circuito."
"Artículo 34. Los Tribunales Colegiados de Circuito son competentes para conocer del juicio de amparo directo.
"La competencia de los tribunales se fija de acuerdo con la residencia de la autoridad que haya dictado el acto reclamado y, en su caso, atendiendo a la especialización por materia.
"En materia agraria y en los juicios en contra de tribunales federales de lo contencioso administrativo, es competente el Tribunal Colegiado de Circuito que tenga jurisdicción en donde el acto reclamado deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado; si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un circuito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el Tribunal Colegiado de Circuito que primero hubiere recibido la demanda; en su defecto, aquél que dicte acuerdo sobre la misma."
Como se advierte, conforme a dichos dispositivos, los Tribunales Colegiados de Circuito somos competentes para conocer de la demanda de amparo en la vía directa, pero esta competencia se encuentra determinada por territorio (en razón del lugar de residencia de la autoridad que haya dictado el acto reclamado) y por especialización de materia.
Sin embargo, la Ley de Amparo no define los criterios normativos para establecer en forma concreta la competencia por territorialidad, ni de especialización por materia.
De este modo, los artículos 38, fracción I y 39 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación(6) disponen:
"Artículo 38. Con las salvedades a que se refieren los artículos 10 y 21 de esta ley, son competentes los Tribunales Colegiados de Circuito para conocer:
"I. De los juicios de amparo directo contra sentencias definitivas, laudos o contra resoluciones que pongan fin al juicio por violaciones cometidas en ellas o durante la secuela del procedimiento, cuando se trate:
"a) En materia penal, de sentencias o resoluciones dictadas por autoridades judiciales del orden común o federal, y de las dictadas en incidente de reparación de daño exigible a personas distintas de los inculpados, o en los de responsabilidad civil pronunciadas por los mismos tribunales que conozcan o hayan conocido de los procesos respectivos o por tribunales diversos, en los juicios de responsabilidad civil, cuando la acción se funde en la comisión del delito de que se trate y de las sentencias o resoluciones dictadas por tribunales militares cualesquiera que sean las penas impuestas;
"b) En materia administrativa, de sentencias o resoluciones dictadas por tribunales administrativos o judiciales, sean locales o federales;
"c) En materia civil o mercantil, de sentencias o resoluciones respecto de las que no proceda el recurso de apelación, de acuerdo a las leyes que las rigen, o de sentencias o resoluciones dictadas en apelación en juicios del orden común o federal, y
"d) En materia laboral, de laudos o resoluciones dictadas por juntas o tribunales federales o locales."
"Artículo 39. Podrán establecerse Tribunales Colegiados de Circuito especializados, los cuales conocerán de los asuntos que establece el artículo anterior en la materia de su especialidad."
Esto es, al tenor de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, los Tribunales Colegiados de Circuito cuentan con competencia para conocer, entre otros supuestos, de los juicios de amparo directo que se promuevan en contra de sentencias definitivas, laudos o resoluciones que pongan fin al juicio, ya sea que la violación se cometió en ellas o durante la secuela procesal, y entienden que la especialización por materia se circunscribe sólo en cuatro, a saber: penal, administrativa, civil y laboral.
En esa medida, indica que se consideran materia penal, las sentencias dictadas por autoridades judiciales de los ámbitos federal, local o por tribunales militares, las dictadas en el incidente de reparación de daño exigible a personas distintas de los inculpados o en los de responsabilidad civil, así como en los juicios de responsabilidad civil cuando la acción se funde en la comisión de un delito.
Asimismo, circunscribe a la materia administrativa las resoluciones o sentencias emanadas de tribunales administrativos o judiciales locales o federales. A la materia civil las sentencias o resoluciones respecto de las que no procede apelación, en juicios del orden común o federal. Finalmente a la materia laboral, los laudos o resoluciones adoptados por las Juntas o tribunales federales o locales.
Esto es, en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, la especialización por materia se encuentra dirigida en modo preponderante, en atención al tribunal del cual emana; así, en caso de que la resolución emane de un tribunal penal, la materia corresponderá a la materia penal; en caso de que emane de un tribunal administrativo, la especialización por materia corresponderá a la administrativa; en caso de emanar de un tribunal civil, la especialización en principio corresponde a la competencia civil; y, en caso de que emane de un tribunal laboral, la competencia por materia corresponde a la laboral o del trabajo.
De esta forma, la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación viene a completar, parcialmente, las disposiciones sobre competencia que traza la Ley de Amparo, en la medida que para entender la competencia por materia, se delimitan cuatro que atienden visiblemente a la estructura de la autoridad que emite la sentencia, laudo o resolución que pone fin al juicio.
Sin embargo, el canon que emplea esta normativa no es útil para determinar o definir la competencia a la que corresponderá el conocimiento de un amparo directo, en el supuesto de que el tribunal responsable no cuente con alguna especialización definida por el propio sistema jurídico, como es el caso de la Sala Constitucional del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz.
Por tanto, para determinar la competencia por materia debe acudirse a la interpretación jurisprudencial. De esta forma, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha señalado que la competencia por materia es la aptitud legal que se atribuye a un órgano jurisdiccional para conocer de las controversias relacionadas con una rama específica del derecho y que esto tiene como consecuencia que los tribunales especializados en el conocimiento de un determinado tipo de asuntos, puedan resolver mejor y con mayor prontitud los asuntos sometidos a su conocimiento.
En ese sentido, para determinar la competencia por materia, para conocimiento de los asuntos de los Tribunales Colegiados de Circuito dentro del juicio de amparo, la normativa toma dos bases: a) la naturaleza del acto reclamado o área en la que incide el acto y b) la naturaleza de la autoridad responsable.
Tiene aplicación al caso, la siguiente tesis:
"Registro digital: 167761
"Instancia: Segunda Sala
"Novena Época
"Materia: Común
"Tesis: 2a./J. 24/2009
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIX, marzo de 2009,
"Página: 412
"Tipo: Jurisprudencia
"COMPETENCIA POR MATERIA DE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ESPECIALIZADOS. DEBE DETERMINARSE ATENDIENDO A LA NATURALEZA DEL ACTO RECLAMADO Y DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE, Y NO A LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS FORMULADOS. De los artículos 51, 52, 54 y 55 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se advierte que para fijar la competencia por materia de los Jueces de Distrito, el legislador tomó como base la naturaleza del acto reclamado y de la autoridad responsable. Por tanto, para efectos de determinar la competencia por materia de los Tribunales Colegiados de Circuito especializados, por analogía, debe atenderse a los elementos precisados y no a los conceptos de violación o agravios expresados por la parte quejosa o recurrente, respectivamente, pues éstos no constituyen un criterio que determine a quién compete conocer del asunto, ya que únicamente evidencian cuestiones subjetivas; sostener lo contrario resultaría ilógico, pues se llegaría al absurdo de que la competencia por materia estuviese fijada en razón de lo que aleguen las partes, sin importar que tales expresiones tengan o no relación con el acto reclamado."
En suma, para determinar la competencia por razón de materia para conocer de la demanda de amparo promovida por la Fiscalía General del Estado de Veracruz, en contra de la sentencia adoptada el dos de septiembre de dos mil veintidós por la Sala Constitucional del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz, en el juicio de protección de derechos humanos **********, debe analizarse la naturaleza del acto reclamado o la materia en que incide.
De este modo, se considera que ese acto reclamado tiene incidencia en el ámbito del derecho público sancionador del Estado; por lo cual, corresponde al ámbito de control de un Tribunal Colegiado especializado en materia penal.
En efecto, el derecho civil se encarga de regular las relaciones privadas entre iguales; en cambio, el derecho penal es la rama del derecho que se encarga de normar la potestad punitiva del Estado, entendida como la facultad con la que cuenta para investigar ilícitos que las normas califican de delitos, así como la de imponer penas y medidas de seguridad ante su comisión.(7)
Si bien la potestad punitiva del Estado no se limita a la facultad de sancionar la comisión de delitos, pues dentro de esta vertiente el Estado puede sancionar diversidad de hechos o actos ilícitos a través de nulidades en las vías civiles, o responsabilidad en las vías administrativas, lo cierto es que el elemento distintivo de la materia penal estriba en que consiste en un sistema jurídico que cuenta con la intención manifiesta de determinar si es procedente condenar o sancionar una conducta que se estima reprochable para el Estado por la comisión de un ilícito que la ley califica de delito, en aras de salvaguardar el orden público y el interés general,(8) es decir, se circunscribe en la faceta del "Estado-policía".
De esta forma, conforme a los artículos 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 52 y 67, fracción I, de la Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, la investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público (hoy Fiscalía) y a las policías, quienes actuarán bajo mando y conducción de aquél. Por ello, la debida diligencia en la integración de las carpetas de investigación se circunscribe y regula por el derecho penal.
Ello, porque la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reconocido que el Ministerio Público a cargo de las Fiscalías se constituye como una autoridad investigadora, responsable de conducir y dirigir la indagatoria y a practicar las diligencias necesarias, con el fin de esclarecer la existencia de un hecho que constituya delito.(9) Así, las actuaciones que realice un fiscal en el marco de la integración de una carpeta de investigación, a efecto de esclarecer sobre la existencia de un hecho que la ley califica como delito, se encuentran reguladas por la potestad punitiva del Estado y, por tanto, pertenecen a la materia penal, aunado a que forman parte también de la instrumentalización de los derechos de verdad, justicia y reparación en favor de las personas víctimas de delitos.
En esa medida, en el caso concreto, este Tribunal Colegiado de Circuito observa que los hechos que dieron origen al juicio de protección de derechos humanos **********, se refieren a la indebida diligencia con la que el fiscal segundo especializado en la Investigación de Delitos de Violencia contra la Familia, Mujeres, Niñas, Niños y Trata de Personas de Coatepec, Veracruz condujo las líneas de investigación y recopilación probatoria en el marco de la integración de la carpeta de investigación **********, de su índice, ante la posible comisión del delito de violencia familiar por medios psicológicos en agravio de una menor de edad, en específico la orden y práctica de los exámenes ginecológico y proctológico, con la intención de advertir desfloración, signos de coito o desgarre anal reciente o no reciente, así como la entrevista psicológica.
En ese tenor, la Sala responsable determinó que en el marco de la diligencia que debió observar al momento de la integración de la carpeta de investigación, dicha autoridad vulneró los principios de eficiencia, profesionalismo, responsabilidad, respeto a los derechos humanos (entre ellos: debida diligencia, interés superior del menor y perspectiva de género) que rigen la actuación de la Fiscalía en la investigación de delitos; en tanto, frente a los hechos de la denuncia no existía indicio alguno que hiciera suponer la comisión de un delito de índole sexual, ya que la discrecionalidad de la que gozaba para allegarse de datos de prueba no era ilimitada, además de que no siguió las directrices del protocolo de actuación para el caso en que se afectasen a personas menores de edad, previo a la realización de dichos exámenes, ni con perspectiva de género, al desarrollar la entrevista psicológica.
Por lo que, conforme a las vulneraciones advertidas, la Sala responsable condenó a las autoridades responsables a capacitarse en materia de debida diligencia conforme a los protocolos de actuación emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y por la propia Fiscalía del Estado, como medidas de no repetición, así como dar vista a los órganos de control de responsabilidad administrativa dentro de la estructura orgánica de la propia Fiscalía, así como al pago de gastos y costas.
En consecuencia, toda vez que la autoridad responsable decidió sobre la regularidad de los estándares de actuación con los que se empleó la discrecionalidad de una autoridad investigadora para conducir las indagatorias en la carpeta de investigación, este Tribunal Colegiado de Circuito concluye que la naturaleza del acto reclamado no es civil, sino penal, puesto que incide en los derechos de la posible víctima de un delito a conocer la verdad de los hechos, se sancione a los responsables y se repare el daño que se le hubiere causado, así como a la debida diligencia que debe observar la autoridad investigadora a efecto de no generar violencia institucional.
Esto es, en criterio de este tribunal pleno, el examen de regularidad constitucional sobre la calificación en la debida diligencia con la que se conducen las indagaciones en el marco de la integración de una carpeta de investigación, se corresponde con el área del derecho que regula la potestad punitiva del Estado y los derechos de las víctimas, y no a la relación privada entre iguales.
Para concluir en este sentido, no obsta que la denuncia que dio origen a la carpeta de investigación **********, haya derivado de la ejecución de un régimen de convivencias ordenadas por la autoridad judicial dentro del marco de un proceso de carácter civil, puesto que la materia sobre la que ejerció control la Sala responsable no repercute en el régimen de visitas privado, en tanto que la autoridad civil no cuenta con facultad para ordenar a la Fiscalía, en el marco del desarrollo de las convivencias, cómo debe llevar a cabo la investigación por la denuncia sobre violencia psicológica en el ámbito familiar, sino que se trata de procedimientos autónomos.
En conclusión, es de indicar que este Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil declara carecer de competencia legal por razón de materia, para conocer del amparo directo promovido por la Fiscalía General del Estado de Veracruz, en contra de la sentencia de dos de septiembre de dos mil veintidós, por la Sala Constitucional del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz, en el expediente **********.
En consecuencia, con apoyo en el artículo 46, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se ordena enviar la demanda de amparo y sus anexos, informe justificado y demás constancias remitidas por la autoridad responsable al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito en turno, con residencia en Boca del Río, Veracruz.
Finalmente, tampoco obsta a lo anterior que mediante acuerdo de trece de octubre de dos mil veintidós, la presidencia de este Tribunal Colegiado de Circuito hubiere admitido a trámite la demanda de amparo, puesto que esa determinación corresponde a un examen preliminar del asunto que no causa estado y que no obliga al pleno del tribunal.
Tiene aplicación al caso, la siguiente tesis:
"Registro digital: 207146
"Instancia: Tercera Sala
"Octava Época
"Materia: Común
"Tesis: LXXVIII/90
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Tomo V, Primera Parte, enero a junio de 1990,
"Página: 161
"Tipo: Aislada
"COMPETENCIA. EL AUTO DEL PRESIDENTE DE LA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN QUE LA DECLARA, NO CAUSA ESTADO. El auto del Presidente de la Sala en que, entre otras cuestiones, la declara competente para conocer del recurso de revisión, sólo corresponde a un examen preliminar del asunto, pues el estudio definitivo de la competencia de la Sala corresponde realizarlo a la propia Sala y, por ello, no causa estado. Por consiguiente, si con posterioridad se advierte que la Sala no es legalmente competente, la misma no debe conocer del asunto y deberá, en consecuencia, remitirlo al órgano jurisdiccional competente."
SEGUNDO.—Con apoyo en lo dispuesto por los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2o., deberá entregarse copia autorizada de esta resolución a la parte que lo solicite y se encuentre autorizada para ello, previa razón actuarial.
Por lo expuesto y fundado, este Tribunal Colegiado de Circuito
RESUELVE:
PRIMERO.—Este Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil declara carecer de competencia legal por razón de materia, para conocer del amparo directo promovido por **********, en contra de la sentencia pronunciada el dos de septiembre de dos mil veintidós, por la Sala Constitucional del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz, en el expediente **********.
SEGUNDO.—Se declina competencia en favor del Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito en turno, con residencia en Boca del Río, Veracruz; por lo que, remítasele la demanda de amparo y sus anexos, una impresión de la sentencia que aparece en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), así como el informe justificado y sus anexos, para los efectos conducentes, dejando copia certificada de dichos documentos.
Notifíquese; anótese en el libro de gobierno, remítase una impresión de la sentencia que aparece en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), con sus respectivas evidencias criptográficas, a la autoridad responsable, remítanse los autos a la autoridad competente y, en su oportunidad, archívese el expediente.
Así lo resolvió el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, por mayoría de votos de los Magistrados José Manuel De Alba De Alba y Alfredo Sánchez Castelán, contra el voto particular del Magistrado Isidro Pedro Alcántara Valdés. Fue relator el último de los antes mencionados.
En términos de lo dispuesto en los artículos 3, fracción XXI, 73, fracción II, 111, 113, 116, octavo y duodécimo transitorios de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en el segundo párrafo del artículo 9 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos.
Nota: Las tesis de jurisprudencia P./J. 99/2006, 2a./J. 124/2018 (10a.) y 1a./J. 67/2022 (11a.) citadas en esta sentencia, aparecen publicadas en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIV, agosto de 2006, página 1565; en el Semanario Judicial de la Federación de los viernes 30 de noviembre de 2018 a las 10:41 horas y 11 de noviembre de 2022 a las 10:22 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 60, Tomo II, noviembre de 2018, página 897 y Undécima Época, Libro 19, Tomo II, noviembre de 2022, página 1290, con números de registro digital: 174488, 2018501 y 2025447, respectivamente.
________________
1. Fojas 1 a 10 del juicio de protección de derechos humanos **********.
2. Fojas 31 a 32 ibídem.
3. Fojas 34 a 43 ibídem.
4. Fojas 618 a 623 ibídem.
5. Fojas 5 a 16 de autos.
6. Publicada en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintiuno.
7. Véase tesis de jurisprudencia P./J. 99/2006, de rubro: "DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SUS PROPIOS PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES ES VÁLIDO ACUDIR DE MANERA PRUDENTE A LAS TÉCNICAS GARANTISTAS DEL DERECHO PENAL, EN TANTO AMBOS SON MANIFESTACIONES DE LA POTESTAD PUNITIVA DEL ESTADO."
8. Véase tesis de jurisprudencia 2a./J. 124/2018 (10a.), de título y subtítulo: "NORMAS DE DERECHO ADMINISTRATIVO. PARA QUE LES RESULTEN APLICABLES LOS PRINCIPIOS QUE RIGEN AL DERECHO PENAL, ES NECESARIO QUE TENGAN LA CUALIDAD DE PERTENECER AL DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR."
9. Véase tesis de jurisprudencia 1a./J. 67/2022 (11a.), de título y subtítulo: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. EL MINISTERIO PÚBLICO TIENE ESE CARÁCTER CUANDO SE IMPUGNAN ACTOS U OMISIONES OCURRIDAS DURANTE LA INVESTIGACIÓN COMPLEMENTARIA."
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/31808-c700ea58/competencia-por-materia-corresponde-al-tribunal-colegiado-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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