PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO NO EXIGE MAYORES REQUISITOS PARA CONCEDER LA SUSPENSIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS, QUE LOS PREVISTOS EN LA LEY DE AMPARO.
AMPARO EN REVISIÓN 215/2023. TITULAR DE LA ADMINISTRACIÓN DESCONCENTRADA DE AUDITORÍA FISCAL DEL DISTRITO FEDERAL "4" DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA. 28 DE AGOSTO DE 2023. MAYORÍA DE VOTOS. DISIDENTE: SALVADOR ALVARADO LÓPEZ. PONENTE: FERNANDO SILVA GARCÍA. SECRETARIA: ÚRSULA VIANEY GÓMEZ PÉREZ.
CONSIDERANDO:
QUINTO.—Estudio de fondo. En la materia que concierne al recurso de revisión interpuesto y previo a analizar los agravios que expone la autoridad recurrente, es oportuno sintetizar las consideraciones relevantes de la sentencia recurrida.
El Juez de origen precisó los actos reclamados de la siguiente manera:
Del subadministrador desconcentrado de Auditoría Fiscal "6", adscrito a la Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal del Distrito Federal "4", unidad administrativa del Servicio de Administración Tributaria y titular de la Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal del Distrito Federal "4", unidad administrativa del Servicio de Administración Tributaria, se reclama:
a) La emisión del oficio número **********, de fecha quince de agosto de dos mil veintidós, en el que se ordena el aseguramiento de bienes de la parte quejosa, entre los que se destaca la cuenta bancaria de la agraviada, aperturada en el **********, sucursal número **********, Vallejo México, con número de cuenta de cheques **********, por la cantidad de $**********, así como la cuenta de inversión **********, por la cantidad de $**********.
b) La emisión del oficio con número de folio **********, de fecha treinta de junio de dos mil veintidós, mediante el cual se solicitó a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores el aseguramiento precautorio de todos los depósitos bancarios, componentes de ahorro o cualquier otro depósito, componente, producto o instrumento de ahorro o inversión en moneda nacional o extranjera que se realice en cualquier tipo de cuenta o contrato que tuviera a su nombre la empresa quejosa en alguna de las entidades financieras o sociedades cooperativas de ahorro y préstamo, hasta por la cantidad de $**********, por concepto de determinación provisional de adeudos fiscales presuntos, a cargo de la contribuyente Multi-Proyectos Integrales, Sociedad Anónima de Capital Variable.
Del vicepresidente de Supervisión de Procesos Preventivos y director general Contencioso, ambos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores se reclama: La ejecución de los actos precisados en los incisos a) y b) del párrafo precedente.
Del coordinador de Atención a Autoridades "A" de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores se reclama: La emisión del oficio número **********, de fecha dieciocho de julio de dos mil veintidós, mediante el cual se informa a la autoridad ordenadora Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal del Distrito Federal "4", las respuestas proporcionadas por las instituciones bancarias a la orden de que se practicara el aseguramiento en las cuentas bancarias de la quejosa, aperturadas en el **********, Sociedad Anónima, sucursal número **********, Vallejo México, con número de cuenta de cheques **********, por la cantidad de $********** (**********), así como de la cuenta de inversión **********, por la cantidad de $********** (cero pesos 00/100 moneda nacional).
A continuación, el Juez de Distrito al analizar la certeza de los actos reclamados, sobreseyó en el juicio de amparo por lo que hace a las autoridades subadministrador desconcentrado de Auditoría Fiscal "6", adscrito a la Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal del Distrito Federal "4", unidad administrativa del Servicio de Administración Tributaria, así como vicepresidente de Supervisión de Procesos Preventivos y director general Contencioso, ambos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, en virtud de que al rendir sus informes justificados negaron la existencia del acto que se les atribuyó, sin que al efecto la parte quejosa hubiera acreditado la existencia de dichos actos.
Una vez analizada la certeza de los actos reclamados y teniendo por cierto el que se atribuyó al titular de la Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal del Distrito Federal "4", unidad administrativa del Servicio de Administración Tributaria, así como a la Coordinación de Atención a Autoridades "A" de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, el Juez de Distrito analizó las causas de improcedencia que fueron invocadas por las autoridades.
Autoridad para efectos del juicio de amparo, la autoridad responsable Comisión de Atención a Autoridades "A" de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores señaló que dicha dependencia no podía considerarse como autoridad para efectos del juicio de amparo. Sin embargo, el Juzgado de Distrito calificó dicha causal como infundada, en virtud de que la responsable ordenó un acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria y que afectó los derechos fundamentales de la quejosa.
Actos reclamados que no afectan los intereses jurídicos o legítimos del quejoso. La coordinadora de Atención a Autoridades "A" de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores aduce que en el presente juicio se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en virtud de que los actos reclamados no afectan los intereses jurídicos o legítimos de la parte quejosa. El Juzgado de Distrito calificó dicha causal de infundada, pues señaló que la falta de interés es una cuestión que atañe al estudio de fondo del presente asunto.
Falta de formulación de conceptos de violación. Posteriormente, el coordinador de Atención a Autoridades "A" de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores señaló que en el presente asunto se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 108, fracción VIII, de la Ley de Amparo, pues señala que la parte quejosa no formuló conceptos de violación en contra de los actos que de ella reclamó. El Juzgado de Distrito determinó que dicha causal es infundada, en virtud de que la parte quejosa sí formuló los conceptos de violación tendentes a controvertir los actos que reclamó de dicha autoridad, así como las razones, motivos y circunstancias por las que se estima se le vulneran sus derechos fundamentales.
Falta de agotamiento del principio de definitividad. Posteriormente, la autoridad titular de la Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal del Distrito Federal "4", unidad administrativa del Servicio de Administración Tributaria refiere que el juicio de amparo es improcedente en contra del acto que se le reclamó, pues en contra de éste procede el juicio contencioso administrativo. El Juzgado de Distrito determinó que dicha causal es infundada, en virtud de que en el presente asunto opera una excepción al principio de definitividad, consistente en que la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo prevé mayores requisitos que la Ley de Amparo para la concesión de la suspensión definitiva.
Una vez estudiadas y desestimadas las causales de improcedencia hechas valer por las responsables y sin que el Juzgado de Distrito advirtiera la actualización de alguna otra, se procedió al estudio del fondo del asunto y se determinó conceder el amparo solicitado en contra del oficio **********, de quince de agosto de dos mil veintidós, mediante el cual se solicitó a las instituciones financieras la relación de los fondos existentes en las cuentas bancarias de la quejosa hasta por la cantidad de $**********, el cual fue trabado sobre la cuenta bancaria de cheques ********** por la cantidad de $**********, así como en la cuenta de inversión ********** por la cantidad de $**********.
Lo anterior, pues resultó fundado el concepto de violación formulado por la quejosa, consistente en que el oficio reclamado carece de la debida fundamentación y motivación en tanto que ella proporcionó la información y documentación que le fue requerida a través de los escritos de nueve de julio y doce de julio, ambos de dos mil veintiuno, así como a través de los escritos de once de enero y diecisiete de mayo, ambos de dos mil veintidós.
El Juez precisó que el amparo se concedía para el efecto de que la autoridad responsable, administrador Desconcentrado de Auditoría Fiscal del Distrito Federal "4", unidad administrativa del Servicio de Administración Tributaria, "ordene dejar sin efectos el oficio **********, de quince de agosto de dos mil veintidós, mediante el cual se solicitó a las instituciones financieras la relación de los fondos existentes en las cuentas bancarias de la quejosa hasta por la cantidad de $**********, el cual fue trabado sobre la cuenta bancaria de cheques ********** por la cantidad de $**********, así como en la cuenta de inversión ********** por la cantidad de $**********, por lo que deberá girar los oficios correspondientes a las instituciones financieras a efecto de que se deje insubsistente dicho aseguramiento."
En contra de tal determinación, la titular de la Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal del Distrito Federal "4", por conducto de su representante, formuló los siguientes agravios:
I. Falta de agotamiento del principio de definitividad, procede el juicio contencioso administrativo o el recurso de revocación.
En su primer agravio, la recurrente señala que la sentencia recurrida viola lo dispuesto en la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con la fracción II del artículo 107 de la misma ley, en virtud de que el acto reclamado consistente en el aseguramiento precautorio de bienes, puede ser combatido a través del recurso de revocación o a través del juicio contencioso administrativo para el efecto de que sea suspendido.
En ese sentido, la recurrente sostiene que el Juez de Distrito debió haber sobreseído en el juicio de amparo y que no realizó un examen exhaustivo del principio de definitividad. Pues en el presente asunto se actualiza la causal de improcedencia analizada, en virtud de que los actos reclamados son atribuidos a autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, es decir, a autoridades pertenecientes al Servicio de Administración Tributaria y los actos reclamados son susceptibles de ser modificados, revocados o nulificados a través del juicio de nulidad previsto en el artículo 14, fracción XI, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.
El recurrente añade que el artículo 28 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo prevé la suspensión de la ejecución de los actos que se impugnen en el juicio contencioso administrativo y que no exige mayores requisitos que los establecidos en la Ley de Amparo para conceder la suspensión de los actos reclamados y que, por tanto, en el presente asunto no se actualiza alguna de las excepciones al principio de definitividad establecidas en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, pues los actos reclamados no carecen de fundamentación y la parte quejosa no reclama leyes, ni formula únicamente violaciones directas a la Constitución, pues también señala transgresión a ordenamientos secundarios y que, en ese sentido, los actos reclamados constituyen violaciones de legalidad a normas ordinarias y que, por tanto, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo.
Es fundada la causal de improcedencia propuesta por la autoridad, toda vez que la parte quejosa no agotó el principio de definitividad.
En la sentencia recurrida se consideró, en lo que interesa, lo siguiente:
"En otro aspecto, el titular de la Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal del Distrito Federal ‘4’, unidad administrativa del Servicio de Administración Tributaria, refiere que por lo que hace al acto consistente en el oficio **********, de fecha treinta de junio de dos mil veintidós, a través del cual solicitó al vicepresidente de Supervisión de Procesos Preventivos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, el aseguramiento precautorio de las cuentas bancarias de la quejosa, así como la emisión del oficio número **********, de fecha quince de agosto de dos mil veintidós, a través del cual se comunicó a la quejosa el aseguramiento precautorio de bienes específicamente en las cuentas bancarias números ********** y **********, aperturadas en la institución financiera **********, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, ya que debió impugnarlos a través del juicio contencioso administrativo ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa.
"Aspectos que a criterio del titular de este Juzgado Federal resultan inatendibles, en virtud de que el Décimo Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el recurso de queja 222/2022, en sesión ordinaria celebrada vía remota por medios electrónicos el cuatro de agosto de dos mil veintidós, determinó que en el caso no se actualizaba la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo.
"Que ello era así, de conformidad con lo sostenido por el Tribunal Pleno del Alto Tribunal del País en la ejecutoria relativa a la contradicción de tesis 146/2019 y la jurisprudencia P./J. 19/2020, de rubro: ‘SUSPENSIÓN A PETICIÓN DE PARTE. LA ACREDITACIÓN DE DAÑOS Y/O PERJUICIOS DE DIFÍCIL REPARACIÓN CON MOTIVO DE LA EJECUCIÓN DEL ACTO RECLAMADO NO ES UN REQUISITO PARA QUE SE OTORGUE CUANDO EL QUEJOSO ALEGA TENER INTERÉS JURÍDICO.’, por lo que no existía obligación de agotar el juicio de nulidad, en razón de que se actualizaba una excepción al principio de definitividad, tocante a que la ley que rige el acto prevé mayores requisitos para otorgar la suspensión de los actos impugnados que los establecidos en la Ley de Amparo.
"Precisó que lo procedente era declarar fundado el recurso de queja y revocar el auto impugnado, a fin de que se dictara un nuevo acuerdo en el que, con libertad de jurisdicción, se proveyera sobre la admisión de la demanda, debiendo prescindir del argumento de que el acto reclamado no era definitivo, de conformidad con las consideraciones expuestas en dicha ejecutoria, relativas a que se actualizaba la hipótesis de excepción al principio de definitividad.
"Por los motivos expuestos, se estima que resulta infundada la causa de improcedencia que sobre el particular propone la autoridad responsable."
Al respecto, este tribunal estima que la causal de improcedencia propuesta no fue abordada adecuadamente, como se sostiene en el agravio, de conformidad con lo siguiente:
En primer lugar, se debe precisar que la sentencia dictada en el recurso de queja **********, del índice del Décimo Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, que cita el juzgado de origen, no es vinculante para este Tribunal Colegiado, en virtud de que dicha sentencia fue dictada en un diverso asunto, lo cual se advierte de la revisión que se realizó a la versión electrónica de dicha ejecutoria que obra en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, lo que constituye un hecho notorio para este Tribunal Colegiado.
En efecto, de la revisión que se formuló a la versión electrónica de la ejecutoria dictada en el recurso de queja **********, del Décimo Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, se advierte que dicho recurso de queja fue interpuesto por el quejoso ********** y que derivó del juicio de amparo **********, del índice del Juzgado Decimosexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, por lo que se advierte que si bien dicha sentencia fue citada por el juzgado de origen como precedente, no resulta vinculante para este órgano jurisdiccional, pues deriva de un diverso asunto.
Ahora bien, el artículo 107, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece lo siguiente:
"Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes:
"...
"IV. En materia administrativa el amparo procede, además, contra actos u omisiones que provengan de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, y que causen agravio no reparable mediante algún medio de defensa legal. Será necesario agotar estos medios de defensa siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el agraviado, con los mismos alcances que los que prevé la ley reglamentaria y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con dicha ley.
"No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa si el acto reclamado carece de fundamentación o cuando sólo se aleguen violaciones directas a esta Constitución;"
Por su parte, el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, relativo a la observancia del principio de definitividad que rige el juicio de amparo tratándose de actos administrativos señala lo siguiente:
"Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:
"...
"XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley.
"No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia.
"Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior;"
Las porciones constitucional y legal acabadas de reproducir contemplan el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo, concretamente cuando la improcedencia deriva del hecho de que el acto u omisión que se atribuye a la autoridad distinta de un tribunal, puede ser revisado de oficio conforme a las leyes que lo rijan, o procede en su contra juicio, recurso o medio de defensa legal, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan sus efectos con los mismos alcances que los que prevé la Ley de Amparo, sin exigir mayores requisitos que los ahí consignados para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que se establece para el otorgamiento de la suspensión provisional.
Sin que exista obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento, sin que la ley aplicable contemple su existencia.
Ahora bien, este Tribunal Colegiado advierte que por lo que hace a los requisitos siguientes: i) que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos del acto impugnado; ii) con los mismos alcances que los que prevé la Ley de Amparo; y, iii) sin exigir plazo mayor que el que se establece para el otorgamiento de la suspensión en la Ley de Amparo, no existe duda en cuanto a que el artículo 28 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo prevé la suspensión del acto impugnado, en esencia, con los mismos alcances que la suspensión en el juicio de amparo, así como que ambos ordenamientos disponen que el órgano jurisdiccional debe pronunciarse en relación con la suspensión en el plazo de veinticuatro horas desde su solicitud. En virtud de que dichos presupuestos se encuentran colmados, este Tribunal Colegiado se centrará en determinar si la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo prevé mayores requisitos que la Ley de Amparo para la concesión de la suspensión. En específico, por lo que hace a determinar si el hecho de que la fracción I del artículo 28 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo disponga que la suspensión se concederá siempre que sean de difícil reparación los daños o perjuicios que se causen al solicitante con la ejecución del acto impugnado es un requisito adicional que los previstos en la Ley de Amparo y, por tanto, no resultaría necesario agotar el principio de definitividad.
Al respecto, la Ley de Amparo en vigor establece lo siguiente en relación con la suspensión de los actos reclamados:
"Artículo 128. Con excepción de los casos en que proceda de oficio, la suspensión se decretará, en todas las materias salvo las señaladas en el último párrafo de este artículo, siempre que concurran los requisitos siguientes:
"I. Que la solicite el quejoso; y
"II. Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público.
"La suspensión se tramitará en incidente por separado y por duplicado.
"Asimismo, no serán objeto de suspensión las órdenes o medidas de protección dictadas en términos de la legislación aplicable por alguna autoridad administrativa o jurisdiccional para salvaguardar la seguridad o integridad de una persona y la ejecución de una técnica de investigación o medida cautelar concedida por autoridad judicial.
"Las normas generales, actos u omisiones del Instituto Federal de Telecomunicaciones y de la Comisión Federal de Competencia Económica, no serán objeto de suspensión. Solamente en los casos en que la Comisión Federal de Competencia Económica imponga multas o la desincorporación de activos, derechos, partes sociales o acciones, éstas se ejecutarán hasta que se resuelva el juicio de amparo que, en su caso, se promueva."
"Artículo 131. Cuando el quejoso que solicita la suspensión aduzca un interés legítimo, el órgano jurisdiccional la concederá cuando el quejoso acredite el daño inminente e irreparable a su pretensión en caso de que se niegue, y el interés social que justifique su otorgamiento."
"Artículo 133. La suspensión, en su caso, quedará sin efecto si el tercero otorga contragarantía para restituir las cosas al estado que guardaban antes de la violación reclamada y pagar los daños y perjuicios que sobrevengan al quejoso, en el caso de que se le conceda el amparo.
"No se admitirá la contragarantía cuando de ejecutarse el acto reclamado quede sin materia el juicio de amparo o cuando resulte en extremo difícil restituir las cosas al estado que guardaban antes de la violación.
"Cuando puedan afectarse derechos que no sean estimables en dinero, el órgano jurisdiccional fijará discrecionalmente el importe de la contragarantía."
"Artículo 138. Promovida la suspensión del acto reclamado el órgano jurisdiccional deberá realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho, la no afectación del interés social y la no contravención de disposiciones de orden público, en su caso, acordará lo siguiente:
"I. Concederá o negará la suspensión provisional; en el primer caso, fijará los requisitos y efectos de la medida; en el segundo caso, la autoridad responsable podrá ejecutar el acto reclamado;
"II. Señalará fecha y hora para la celebración de la audiencia incidental que deberá efectuarse dentro del plazo de cinco días; y
"III. Solicitará informe previo a las autoridades responsables, que deberán rendirlo dentro del plazo de cuarenta y ocho horas, para lo cual en la notificación correspondiente se les acompañará copia de la demanda y anexos que estime pertinentes."
"Artículo 139. En los casos en que proceda la suspensión conforme a los artículos 128 y 131 de esta Ley, si hubiere peligro inminente de que se ejecute el acto reclamado con perjuicios de difícil reparación para el quejoso, el órgano jurisdiccional, con la presentación de la demanda, deberá ordenar que las cosas se mantengan en el estado que guarden hasta que se notifique a la autoridad responsable la resolución que se dicte sobre la suspensión definitiva, tomando las medidas que estime convenientes para que no se defrauden derechos de tercero y se eviten perjuicios a los interesados, hasta donde sea posible, ni quede sin materia el juicio de amparo.
"Cuando en autos surjan elementos que modifiquen la valoración que se realizó respecto de la afectación que la medida cautelar puede provocar al interés social y el orden público, el juzgador, con vista al quejoso por veinticuatro horas, podrá modificar o revocar la suspensión provisional."
"Artículo 147. En los casos en que la suspensión sea procedente, el órgano jurisdiccional deberá fijar la situación en que habrán de quedar las cosas y tomará las medidas pertinentes para conservar la materia del amparo hasta la terminación del juicio, pudiendo establecer condiciones de cuyo cumplimiento dependa el que la medida suspensional siga surtiendo efectos. Atendiendo a la naturaleza del acto reclamado, ordenará que las cosas se mantengan en el estado que guarden y, de ser jurídica y materialmente posible, restablecerá provisionalmente al quejoso en el goce del derecho violado mientras se dicta sentencia ejecutoria en el juicio de amparo. El órgano jurisdiccional tomará las medidas que estime necesarias para evitar que se defrauden los derechos de los menores o incapaces, en tanto se dicte sentencia definitiva en el juicio de amparo."
"Artículo 150. En los casos en que la suspensión sea procedente, se concederá en forma tal que no impida la continuación del procedimiento en el asunto que haya motivado el acto reclamado, hasta dictarse resolución firme en él; a no ser que la continuación de dicho procedimiento deje irreparablemente consumado el daño o perjuicio que pueda ocasionarse al quejoso."
De los numerales acabados de reproducir se obtiene que una vez solicitada la suspensión del acto reclamado, el órgano jurisdiccional deberá actuar en la forma siguiente:
1. Realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y la no afectación del interés social, a efecto de acordar si concede o niega la suspensión provisional.
2. Por otra parte, acorde con el artículo 139 de la Ley de Amparo vigente, cuando proceda la suspensión conforme a los artículos 128 y 131 de esa ley, si hubiere peligro inminente de que se ejecute el acto reclamado con perjuicios de difícil reparación para el quejoso, el órgano jurisdiccional, con la presentación de la demanda, deberá ordenar que las cosas se mantengan en el estado que guarden hasta que se notifique a la autoridad responsable la resolución que se dicte sobre la suspensión definitiva, tomando las medidas que estime convenientes para que no se defrauden derechos de tercero y se eviten perjuicios a los interesados, hasta donde sea posible, ni quede sin materia el juicio de amparo.
En tanto que el numeral 147 del mismo ordenamiento legal señala que en los casos que la suspensión sea procedente, el órgano jurisdiccional deberá fijar la situación en que habrán de quedar las cosas y tomará las medidas pertinentes para conservar la materia del amparo hasta la terminación del juicio, pudiendo establecer condiciones de cuyo cumplimiento dependa el que la medida suspensional siga surtiendo efectos.
Además, atendiendo a la naturaleza del acto reclamado, ordenará que las cosas se mantengan en el estado que guarden y, de ser jurídica y materialmente posible, restablecerá provisionalmente al quejoso en el goce del derecho violado mientras se dicta sentencia ejecutoria en el juicio de amparo.
En mérito de lo anterior, resulta que además de prever como efectos de la suspensión tanto provisional como definitiva del acto reclamado la conservación de la materia del juicio de amparo, para lo cual se deberá ordenar mantener las cosas en el estado que guardan, emitiendo las medidas necesarias para ello, la actual Ley de Amparo contempla expresamente en el artículo 147, cuando la suspensión sea procedente y siempre que la naturaleza del acto reclamado lo permita, la posibilidad de otorgar efectos restitutorios a la suspensión definitiva, lo que se traduce en restablecer provisionalmente al quejoso en el goce del derecho presuntamente violado en tanto se dicta la sentencia definitiva, siempre y cuando sea jurídica y materialmente posible.
3. En caso de negar la suspensión del acto reclamado, la autoridad podrá ejecutar el acto reclamado.
Por su parte, el artículo 28 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo establece:
"Artículo 28. La solicitud de suspensión de la ejecución del acto administrativo impugnado, presentado por el actor o su representante legal, se tramitará y resolverá, de conformidad con las reglas siguientes:
"I. Se concederá siempre que:
"a) No se afecte el interés social, ni se contravengan disposiciones de orden público, y
"b) Sean de difícil reparación los daños o perjuicios que se causen al solicitante con la ejecución del acto impugnado.
"II. Para el otorgamiento de la suspensión deberán satisfacerse los siguientes requisitos:
"a) Tratándose de la suspensión de actos de determinación, liquidación, ejecución o cobro de contribuciones, aprovechamien
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/31996-10bc45aa/principio-de-definitividad-la-ley-federal-de-procedimiento · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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