MINISTERIO PÚBLICO QUE INTERVIENE EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CON EL CARÁCTER DE TERCERO INTERESADO. ESTÁ LEGITIMADO PARA INTERPONER EL RECURSO DE REVISIÓN CONTRA LA SENTENCIA QUE DECLARA LA INCONSTITUCIONALIDAD DE UNA NORMA PENAL, AL AFECTAR SUS ATRIBUCIONES CONSTITUCIONALES.
CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS 48/2023. ENTRE LOS SUSTENTADOS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y SEGUNDO, AMBOS EN MATERIA PENAL DEL SEXTO CIRCUITO. 9 DE NOVIEMBRE DE 2023. TRES VOTOS DE LA MAGISTRADA CARLA ISSELIN TALAVERA Y DE LOS MAGISTRADOS SALVADOR CASTILLO GARRIDO (PRESIDENTE) Y JESÚS RAFAEL ARAGÓN. PONENTE: MAGISTRADO JESÚS RAFAEL ARAGÓN. SECRETARIA: LIDIA ANTONIO SÁNCHEZ.
III. COMPETENCIA
15. Este Pleno Regional en Materia Penal de la Región Centro-Sur, con residencia en San Andrés Cholula, Puebla, es legalmente competente para conocer y resolver la presente contradicción de criterios, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 226, fracción III, de la Ley de Amparo; 41 y 42, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con los diversos 8 y 14, fracción I, del Acuerdo General 67/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la competencia, integración, organización y funcionamiento de los Plenos Regionales; virtud que se trata de una posible contradicción de criterios emanados de resoluciones pronunciadas en recursos de revisión resueltos por el Primer y Segundo Tribunales Colegiados en Materia Penal del Sexto Circuito, con residencia en San Andrés Cholula, Puebla, que forman parte de la Región en que este Pleno ejerce jurisdicción y el tema planteado versa sobre la materia penal, la cual es la especialización de este Pleno Regional.
IV. LEGITIMACIÓN
16. En términos de lo que disponen los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 227, fracción III, de la Ley de Amparo, las partes en los asuntos que motivaron las contradicciones de criterios, podrán presentarlas conforme a los procedimientos previstos en la Ley de Amparo. Así, el artículo 6o. de la ley mencionada dispone que cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, el quejoso podrá promover el juicio de amparo por conducto de su defensor o de cualquier otra persona en los casos previstos en esa ley, lo que implica que si el defensor tiene facultades para promoverlo y defender sus intereses, entonces es parte en dicho juicio.
17. En el caso, la denuncia de contradicción de criterios la formuló el defensor de un procesado en una causa penal, quien en representación de éste, promovió juicio de amparo indirecto, antecedente del recurso de revisión y del que derivó uno de los criterios contendientes; en consecuencia, está legitimado para denunciar la contradicción de criterios al haberse integrado con un asunto en el cual defendió a la parte quejosa.
18. Resulta aplicable la jurisprudencia por contradicción número 1a. CCCXLIX/2014 (10a.), con número de registro digital: 2007728, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "CONTRADICCIÓN DE TESIS. EL DEFENSOR DEL PROCESADO TIENE LEGITIMACIÓN PARA DENUNCIARLA CUANDO LA DIVERGENCIA DE CRITERIOS SE INTEGRE CON ASUNTOS EN LOS CUALES HAYA DEFENDIDO AL QUEJOSO."
V. CRITERIOS DENUNCIADOS
19. Con la finalidad de determinar si existe o no la contradicción de criterios denunciada y, en su caso, establecer el que debe predominar, se estima conveniente precisar el origen de los asuntos de los criterios contendientes, así como las consideraciones y argumentaciones en que se basaron los Tribunales Colegiados de Circuito al dictar sentencia.
Recurso de revisión 237/2022, del índice del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito.
20. Antecedentes. El asunto derivó de un juicio de amparo indirecto en el que se concedió el amparo a la parte quejosa, respecto al decreto publicado en el Periódico Oficial del Estado de Puebla, el veintinueve de diciembre de dos mil diecisiete, por el cual se reformaron, adicionaron y derogaron diversas disposiciones del Código Penal del Estado Libre y Soberano de Puebla, del sistema anticorrupción del Estado, en específico sus artículos 436 Ter, fracción IV, 436 Quaterdecies y 437, fracción II, así como por cuanto a su acto de aplicación, consistente en la orden de aprehensión decretada contra el quejoso y su ejecución, por su probable intervención en la comisión del hecho con apariencia de delito de uso ilícito de atribuciones y facultades, previsto y sancionado por los numerales mencionados, entre otros.
21. Conviene mencionar que en el juicio de amparo indirecto se tuvo a la Ministerio Público adscrita a la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción de la Fiscalía General del Estado de Puebla, como tercera interesada, en términos de lo dispuesto por el artículo 5o., fracción III, inciso e), de la Ley de Amparo.
22. Trámite del recurso de revisión. Inconformes con esa resolución la Ministerio Público adscrita a la Unidad de Investigación de Hechos de Corrupción en el Ámbito Municipal de la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción, en su calidad de tercera interesada y otras, interpusieron recurso de revisión, del cual se formó el expediente 237/2022.
23. Consideraciones de la ejecutoria. El Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, en sesión de treinta y uno de agosto de dos mil veintitrés, en lo que interesa, declaró inoperantes e infundados los motivos de agravio que expuso la Ministerio Público mencionada en el párrafo anterior, como parte tercera interesada, lo que llevó a confirmar la sentencia impugnada.
Recurso de revisión 13/2023, del índice del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito.
24. Antecedentes. El asunto derivó de un juicio de amparo indirecto, en el cual, entre otras cosas, se concedió el amparo a la parte quejosa, respecto a los vicios de forma detectados en el decreto publicado en el Periódico Oficial del Estado de Puebla el veintinueve de diciembre de dos mil diecisiete, por el que se reformaron, adicionaron y derogaron diversas disposiciones del Código Penal del Estado Libre y Soberano de Puebla, del sistema anticorrupción del Estado, en específico los artículos 436 Ter, fracción IV, 436 Quaterdecies y 437; y por cuanto a su acto de aplicación, consistente en el auto de vinculación a proceso contra el promovente, por su probable intervención en la comisión del hecho con apariencia de delito de uso ilícito de atribuciones y facultades, así como por vicios propios de dicha resolución.
25. En el juicio de amparo indirecto, el Juez de Distrito del conocimiento, con fundamento en el artículo 5o., fracción III (sin precisar inciso), de la Ley de Amparo, reconoció el carácter de tercero interesado a los Ministerios Públicos adscritos a la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción de la Fiscalía General del Estado de Puebla, al intervenir en la causa penal de la que derivó el acto reclamado.
26. Trámite del recurso de revisión. Inconforme con dicha decisión, el Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción, en su carácter de tercero interesado y otro, interpusieron recurso de revisión, mismo que se registró con el número 13/2023.
27. Consideraciones de la ejecutoria. El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, en sesión de dos de marzo de dos mil veintitrés, determinó desechar el recurso de revisión interpuesto por el Ministerio Público referido en el párrafo anterior, en su carácter de tercero interesado y otro, por no estar legitimados procesalmente para interponerlo.
28. Consideró que la sentencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión de seis de junio de dos mil doce, en el amparo en revisión 238/2012, que dio origen a la jurisprudencia 1a./J. 17/2012 (9a.), con número de registro digital: 159928, de rubro: "MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN. CARECE DE LEGITIMACIÓN PARA INTERPONER EL RECURSO DE REVISIÓN CONTRA LA SENTENCIA QUE DECLARA LA INCONSTITUCIONALIDAD DE UN PRECEPTO, AUN CUANDO SEA DE LA MATERIA PENAL, SI NO AFECTA A SUS ATRIBUCIONES.", definió que el Ministerio Público Federal, no tiene legitimación para interponer el recurso de revisión contra una sentencia de amparo que declare la inconstitucionalidad de un precepto legal, aun cuando sea de la materia penal.
29. Después de transcribir algunas consideraciones de la sentencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Segundo Tribunal Colegiado citado refirió que el artículo 5o., fracción III, inciso e), de la Ley de Amparo, indica que es parte en el juicio de amparo el tercero interesado, pudiendo tener tal carácter el Ministerio Público que haya intervenido en el procedimiento penal del cual derive el acto reclamado, siempre y cuando no tenga el carácter de autoridad responsable.
30. Consideró que el Máximo Tribunal estableció que la facultad de interponer el recurso de revisión por parte del Ministerio Público, no es ilimitada, tampoco que esa facultad la tenga en todos los casos, pues aun cuando tiene asignada la tarea de velar por el orden constitucional, debe entenderse que dicha atribución la ejercerá sin contravenir los principios que rigen el juicio de amparo.
31. Afirmó que no era obstáculo para considerar aplicable el criterio de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación invocado, virtud que del artículo 2o. de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Puebla, se desprendían las facultades del Ministerio Público, entre ellas, velar por la exacta observancia de las leyes de interés público, las que se ejercen en el juicio de amparo en los límites de lo previsto por el numeral 107 constitucional y la Ley de Amparo.
32. Que los artículos 436 Ter, 436 Quaterdecies y 417 del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Puebla, no dan margen para que el fiscal realice sus funciones, al no involucrar un interés específico que deba defender, por lo que el Ministerio Público carece de legitimación para interponer el recurso de revisión.
VI. CONSIDERACIÓN PREVIA
33. Cabe señalar que aun cuando los criterios sustentados por los Tribunales Colegiados contendientes no constituyen jurisprudencia debidamente integrada, ello no es requisito indispensable para proceder a su análisis y establecer si existe la contradicción planteada y, en su caso, cuál criterio debe prevalecer.
34. Cobra aplicación al presente asunto, la tesis 2a. VIII/93, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo XII, diciembre de 1993, visible en la página 41, con número de registro digital: 206390, de rubro y texto siguientes:
"CONTRADICCIÓN DE TESIS. PARA SU RESOLUCIÓN NO ES NECESARIO QUE ÉSTAS TENGAN EL CARÁCTER DE JURISPRUDENCIA. El procedimiento para dirimir contradicciones de tesis no tiene como presupuesto necesario el que los criterios que se estiman opuestos tengan el carácter de jurisprudencia, pues los artículos 107, fracción XIII de la Constitución Federal y 197-A de la Ley de Amparo no lo establecen así."
35. De igual forma, sirve de apoyo la jurisprudencia 2a./J. 94/2000, de la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XII, noviembre de 2000, consultable en la página 319, con número de registro digital: 190917, de contenido siguiente:
"CONTRADICCIÓN DE TESIS. SU EXISTENCIA REQUIERE DE CRITERIOS DIVERGENTES PLASMADOS EN DIVERSAS EJECUTORIAS, A PESAR DE QUE NO SE HAYAN REDACTADO NI PUBLICADO EN LA FORMA ESTABLECIDA POR LA LEY. Los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución General de la República, 197 y 197-A de la Ley de Amparo, regulan la contradicción de tesis sobre una misma cuestión jurídica como forma o sistema de integración de jurisprudencia, desprendiéndose que la tesis a que se refieren es el criterio jurídico sustentado por un órgano jurisdiccional al examinar un punto concreto de derecho, cuya hipótesis, con características de generalidad y abstracción, puede actualizarse en otros asuntos; criterio que, además, en términos de lo establecido en el artículo 195 de la citada legislación, debe redactarse de manera sintética, controlarse y difundirse, formalidad que de no cumplirse no le priva del carácter de tesis, en tanto que esta investidura la adquiere por el solo hecho de reunir los requisitos inicialmente enunciados de generalidad y abstracción. Por consiguiente, puede afirmarse que no existe tesis sin ejecutoria, pero que ya existiendo ésta, hay tesis a pesar de que no se haya redactado en la forma establecida ni publicado y, en tales condiciones, es susceptible de formar parte de la contradicción que establecen los preceptos citados."
VII. EXISTENCIA DE LA CONTRADICCIÓN
36. El Pleno de este tribunal ha establecido que para actualizar la contradicción de criterios, basta la existencia de oposición respecto de un mismo punto de derecho, aunque no provengan de cuestiones fácticas exactamente iguales. En ese sentido, es ilustrativa la jurisprudencia de rubro: "CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES.", emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, agosto de 2010, Tomo XXXII, página 7, con número de registro digital: 164120.
37. De la citada jurisprudencia se evidencia que la existencia de la contradicción de criterios no depende de que las cuestiones fácticas sean exactamente iguales, ya que es suficiente que los criterios jurídicos sean opuestos, aunque es necesario ponderar que esa variación no incida o sea determinante para el problema jurídico resuelto, esto es, debe tratarse de aspectos meramente secundarios o accidentales, que al final en nada modifican la situación examinada por los órganos judiciales relativos, sino que tan sólo forman parte de la historia procesal del asunto de origen.
38. En ese orden de ideas, si las cuestiones fácticas siendo parecidas, influyen en las decisiones de los órganos judiciales, ya sea porque se construyó el criterio jurídico partiendo de dichos elementos particulares o la legislación aplicable da una solución distinta a cada uno de ellos, resulta que la contradicción de criterios no puede configurarse, en tanto no podría arribarse a un criterio único, ni sería posible sustentar jurisprudencia por cada problema jurídico resuelto, porque conllevaría una revisión de los juicios o recursos fallados por los Tribunales Colegiados de Circuito, pues si bien las particularidades pueden dilucidarse al resolver la contradicción, ello es viable cuando la decisión que prevalezca sea única y aplicable a los razonamientos contradictorios de los órganos participantes.
39. Además, para determinar la existencia de contradicción de criterios, la Primera Sala del Máximo Tribunal, en la contradicción de criterios 50/2011,(3) sostuvo una nueva forma de aproximarse a los problemas planteados por los Tribunales Colegiados en este tipo de asuntos, en los que debe radicar la necesidad de unificar criterios y no en la de comprobar que se reúna una serie de características establecidas en los casos resueltos por los tribunales mencionados.
40. Con base en lo anterior, es posible identificar los siguientes requisitos para la existencia de una contradicción de criterios:
a) Que los tribunales contendientes hayan resuelto alguna cuestión litigiosa, en la que se vieron en la necesidad de aplicar el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo mediante la adopción de algún canon o método, cualquiera que fuese.
b) Entre los ejercicios interpretativos respectivos se encuentre algún punto de toque, es decir, que exista al menos un tramo de razonamiento en el que la interpretación ejercida gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico, ya sea el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general.
c) Lo anterior pueda dar lugar a la formulación de una pregunta genuina, acerca de si la forma de acometer la cuestión jurídica es preferente con relación a cualquier otra que, como la primera, también sea legalmente posible.
41. La pregunta a la que debe darse respuesta en este apartado consiste en:
¿Existe contradicción entre los criterios sustentados por los órganos contendientes?
42. La respuesta a esta interrogante es positiva, pues en el presente asunto sí se cumplen los requisitos de existencia de la contradicción de criterios señalada de acuerdo a lo siguiente:
43. Primer requisito: Ejercicio interpretativo y arbitrio judicial. A juicio de este Pleno Regional, los Tribunales Colegiados contendientes al resolver las cuestiones litigiosas presentadas, relativas a la inconstitucionalidad del decreto publicado en el Periódico Oficial del Estado de Puebla, el veintinueve de diciembre de dos mil diecisiete, por el que se reformaron, adicionaron y derogaron diversas disposiciones del Código Penal del Estado Libre y Soberano de Puebla, del sistema anticorrupción, en específico sus artículos 436 Ter, fracción IV, 436 Quaterdecies y 437, declarada por dos Jueces de Distrito que conocieron de sendos juicios de amparo indirecto, respectivamente, así como los actos de aplicación de los numerales mencionados, ejercieron su arbitrio judicial a través de una interpretación para llegar a una solución determinada en los recursos de revisión de los que conocieron, respectivamente.
44. Lo anterior, porque el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, al resolver el recurso de revisión 237/2022, reconoció la legitimación para promover el recurso de revisión a la Ministerio Público local, como tercera interesada, que intervino en el procedimiento penal del cual derivó el acto reclamado, contra la determinación del Juez de Distrito donde consideró que era inconstitucional el decreto publicado en el Periódico Oficial del Estado de Puebla, el veintinueve de diciembre de dos mil diecisiete, por el cual se reformaron, adicionaron y derogaron los artículos 436 Ter, fracción IV, 436 Quaterdecies y 437, fracción II, del Código Penal del Estado Libre y Soberano de Puebla, reconocimiento que tuvo lugar cuando declaró inoperantes e infundados los motivos de agravio que expuso la fiscal indicada.
45. Por su parte, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, al resolver el recurso de revisión 13/2023, se apoyó en el artículo 5o., fracción III, inciso e), de la Ley de Amparo y en la sentencia emitida en el amparo en revisión 238/2012, por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión de seis de junio de dos mil doce, que dio origen a la jurisprudencia 1a./J. 17/2012 (9a.), con número de registro digital: 159928, de rubro: "MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN. CARECE DE LEGITIMACIÓN PARA INTERPONER EL RECURSO DE REVISIÓN CONTRA LA SENTENCIA QUE DECLARA LA INCONSTITUCIONALIDAD DE UN PRECEPTO, AUN CUANDO SEA DE LA MATERIA PENAL, SI NO AFECTA A SUS ATRIBUCIONES.", para sostener que:
46. El Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción, en su carácter de tercero interesado, que intervino en el procedimiento penal del cual derivó el acto reclamado, no estaba legitimado procesalmente para interponer el recurso de revisión contra la sentencia de amparo indirecto en la que se consideró inconstitucional una norma penal del sistema anticorrupción, contenida en los artículos 436 Ter, fracción IV, 436 Quaterdecies y 437 del Código Penal del Estado Libre y Soberano de Puebla.
47. Los elementos relatados evidencian que existe la contradicción de criterios en los aspectos mencionados, porque los Tribunales Colegiados indicados, al resolver los recursos de revisión sometidos a su consideración, realizaron un ejercicio interpretativo y convergieron sobre un mismo punto de derecho, esto es, para resolver consideraron sobre la legitimación del Ministerio Público, como tercero interesado, que intervino en el procedimiento penal, antecedente del acto reclamado (que no tiene el carácter de autoridad responsable), en términos de lo dispuesto por el artículo 5o., fracción III, inciso e), de la Ley de Amparo, para promover el recurso de revisión contra la sentencia de amparo indirecto, en la que se determinó la inconstitucionalidad de una norma penal del sistema anticorrupción, contenida en los dispositivos 436 Ter, fracción IV, 436 Quaterdecies y 437 del Código Penal del Estado Libre y Soberano de Puebla. 48. Segundo requisito: Punto de toque y diferendo de criterios interpretativos. Este Pleno Regional considera que en los ejercicios interpretativos realizados por los Tribunales Colegiados contendientes, existió un punto de toque respecto a la resolución de un mismo tipo de problema jurídico, como se demuestra enseguida.
49. Los Tribunales Colegiados resolvieron sendos recursos de revisión, en los que se vieron obligados a analizar sobre la legitimación del Ministerio Público que intervino en el procedimiento penal, que dio origen al acto reclamado, cuando tiene el carácter de tercero interesado y no de autoridad responsable, en términos de lo dispuesto por el artículo 5o., fracción III, inciso e), de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de revisión contra la sentencia de amparo indirecto, en la que se determinó la inconstitucionalidad de una norma penal del sistema anticorrupción del Estado de Puebla, prevista en los numerales 436 Ter, fracción IV, 436 Quaterdecies y 437 del Código Penal del Estado Libre y Soberano de Puebla.
50. El Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, al resolver el recurso de revisión 237/2022, interpuesto contra una sentencia emitida en un juicio de amparo indirecto, reconoció la legitimación de la Ministerio Público adscrita a la Unidad de Investigación de Hechos de Corrupción en el Ámbito Municipal de la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción como tercera interesada, para interponer el recurso de revisión en contra de las determinaciones expuestas por el Juez de Distrito que consideró inconstitucional una norma penal del sistema anticorrupción del Estado de Puebla, al declarar inoperantes e infundados los motivos de agravio que expuso la fiscal indicada.
51. En cambio, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito desechó el recurso de revisión interpuesto por el Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción, en su carácter de tercero interesado, al estimar que no está legitimado procesalmente para interponer el recurso de revisión contra la sentencia emitida por un Juez de Distrito en amparo indirecto, en la que consideró inconstitucional una norma penal del sistema anticorrupción del Estado de Puebla.
52. Conclusión que fundamentó en el artículo 5o., fracción III, inciso e), de la Ley de Amparo y en la sentencia emitida en el amparo en revisión 238/2012, por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión de seis de junio de dos mil doce, que dio origen a la jurisprudencia 1a./J. 17/2012 (9a.), con número de registro digital: 159928, de rubro: "MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN. CARECE DE LEGITIMACIÓN PARA INTERPONER EL RECURSO DE REVISIÓN CONTRA LA SENTENCIA QUE DECLARA LA INCONSTITUCIONALIDAD DE UN PRECEPTO, AUN CUANDO SEA DE LA MATERIA PENAL, SI NO AFECTA A SUS ATRIBUCIONES."
53. Para llegar a esa determinación, el órgano colegiado, en un plano general reconoció el carácter de tercero interesado al Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción, no obstante estimó que carecía de legitimación para interponer el recurso de revisión, porque si bien era tercero interesado en el juicio de garantías, con facultades para interponer el medio de impugnación mencionado, incluso en amparo contra leyes, ello no significaba que dicha legitimación fuese ilimitada, tampoco que la tuviera en todos los casos, pues aun cuando vela por el orden constitucional, debe entenderse que dicha atribución la ejercerá sin contravenir los principios que rigen el juicio de amparo; y en la hipótesis del amparo contra leyes, la intervención del representante social sólo tiene por objeto defender o reforzar la posición de las autoridades responsables que intervinieron en el proceso de formación de las leyes y cuya constitucionalidad se cuestiona; de ahí que no tiene legitimación procesal para interponer el recurso de revisión.
54. Como se observa, ante un mismo problema jurídico sometido a su jurisdicción, los Tribunales Colegiados contendientes arribaron a conclusiones contradictorias, porque el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito consideró que la Ministerio Público, en su carácter de tercera interesada que intervino en el procedimiento penal que dio origen al acto reclamado en el juicio de amparo indirecto (antecedente del recurso de revisión), estaba legitimada para interponer ese recurso contra la sentencia dictada en la instancia constitucional, en la cual el Juez de Distrito consideró inconstitucional una norma penal del sistema anticorrupción, contenida en los artículos 436 Ter, fracción IV, 436 Quaterdecies y 437, fracción II, del Código Penal del Estado Libre y Soberano de Puebla; en cambio, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, en las condiciones apuntadas, estimó lo contrario, es decir, que el representante social, a pesar de ser tercero interesado en el juicio de amparo indirecto, no tiene legitimación para interponer el recurso de revisión contra la sentencia en la que el Juez de Distrito determinó sobre la inconstitucionalidad de la norma penal del sistema anticorrupción indicada.(4)
55. No se inadvierte que el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, al resolver el recurso de revisión, también sostuvo que del artículo 5o., fracción III, inciso e), de la Ley de Amparo, se advertía que el Ministerio Público, como tercero interesado en el juicio de garantías, tiene facultades para intervenir en todos los juicios y presentar los medios de impugnación que señala dicho ordenamiento, por tanto, está facultado para interponer el recurso de revisión, aun en amparo contra leyes (foja 43); no obstante, estimó que esa legitimación es limitada, pues aun cuando el Ministerio Público tiene asignada la tarea de velar por el orden constitucional, debe entenderse que dicha atribución la ejercerá sin contravenir los principios que rigen el juicio de amparo y que la sola cita de los preceptos 80, 81, fracción I, inciso a), 84, 86 y 87 de la Ley de Amparo, no basta para establecer que se encuentra legitimado para interponer el recurso de revisión en cualquier caso, menos tratándose del amparo contra leyes, toda vez que, en esta hipótesis, la intervención del Ministerio Público sólo tendrá por objeto defender o reforzar la posición de las autoridades responsables que intervinieron en el proceso de formación de las leyes cuya constitucionalidad se cuestiona, lo cual se traducirá en alteración y trastorno del equilibrio procesal, en perjuicio de la parte quejosa; de ahí que concluyó que el Ministerio Público no tenía legitimación procesal para interponer el recurso de revisión.
56. Lo consideró así, al adoptar el criterio de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo en revisión 238/2012, en sesión de seis de junio de dos mil doce, que dio origen a la jurisprudencia 1a./J. 17/2012 (9a.), con número de registro digital: 159928, de rubro: "MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN. CARECE DE LEGITIMACIÓN PARA INTERPONER EL RECURSO DE REVISIÓN CONTRA LA SENTENCIA QUE DECLARA LA INCONSTITUCIONALIDAD DE UN PRECEPTO, AUN CUANDO SEA DE LA MATERIA PENAL, SI NO AFECTA A SUS ATRIBUCIONES.", en la que concluyó que el Ministerio Público Federal adscrito al órgano constitucional carece de legitimación para interponer el recurso de revisión contra la sentencia que declara la inconstitucionalidad de un precepto, aun cuando sea de la materia penal, si no afecta a sus atribuciones.
57. Como quedó destacado en los antecedentes, los Tribunales Colegiados indicados realizaron un ejercicio interpretativo y convergieron sobre la legitimación del Ministerio Público, en su carácter de tercero interesado, que intervino en el procedimiento penal, del cual derivó el acto reclamado, en términos de lo dispuesto por el artículo 5o., fracción III, inciso e), de la Ley de Amparo, para promover el recurso de revisión contra la sentencia de amparo indirecto que declaró inconstitucional una norma penal del sistema anticorrupción, contenida en los artículos 436 Ter, fracción IV, 436 Quaterdecies y 437 del Código Penal del Estado Libre y Soberano de Puebla.
58. Así, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito admitió, tramitó y resolvió el recurso de revisión a partir del supuesto de que la representante social que intervino en el proceso penal (Ministerio Público adscrita a la Unidad de Investigación de Hechos de Corrupción en el Ámbito Municipal de la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción), en su carácter de tercera interesada, estaba legitimada para interponer el recurso de revisión contra la sentencia de amparo indirecto en la que se declaró la inconstitucionalidad de una norma penal del sistema anticorrupción del Estado de Puebla.
59. En tanto que el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito indicó que el fiscal (Ministerio Público adscrito a la Unidad de Investigación de Hechos de Corrupción en el Ámbito Municipal de la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción), en su carácter de tercero interesado, que también intervino en el proceso penal de origen, no estaba
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/32055-ac214aa8/ministerio-publico-que-interviene-en-el-juicio-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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