DERECHOS HUMANOS. LOS JUECES DE DISTRITO DEBEN RESPETAR, PROMOVER, PROTEGER Y GARANTIZAR SU CONTENIDO DURANTE EL TRÁMITE Y RESOLUCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO. REPRESENTACIÓN DEL PERSONAL DEL INSTITUTO FEDERAL DE DEFENSORÍA PÚBLICA. EXISTE UNA PRESUNCIÓN DE LEGALIDAD EN SU ACTUACIÓN ACERCA DE SU LEGITIMACIÓN PROCESAL PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO EN REPRESENTACIÓN DE VÍCTIMAS DE VIOLACIONES A DERECHOS HUMANOS.
QUEJA 323/2023. 31 DE OCTUBRE DE 2023. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: FERNANDO SILVA GARCÍA. SECRETARIO: JOSÉ SEBASTIÁN GÓMEZ SÁMANO.
CONSIDERANDO:
QUINTO.—Estudio de fondo. Este apartado se desarrollará en el siguiente orden: (i) antecedentes relevantes, y (ii) análisis de los agravios planteados por el recurrente.
I. Antecedentes relevantes.
Del escrito inicial se advierten los siguientes antecedentes, los cuales son relatados bajo protesta de decir verdad por los accionantes (y se complementan con los reconocidos por el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en la Opinión 35/2021):(2)
Viaje a Estados Unidos de América. En 2014, ********** (quejosa) comenzó su viaje de Guatemala –lugar de origen– hacia Estados Unidos, en búsqueda de mejores condiciones de vida y con el apoyo de una persona que le ayudaría a llegar a su destino, quien a través de engaños la retuvo en una casa en Reynosa, Tamaulipas, junto con otra mujer migrante y su hija de 6 años, ambas de El Salvador.
Averiguación previa. El 10 de noviembre de 2014, una mujer de origen salvadoreño –con la cual estuvo retenida la quejosa– denunció telefónicamente la privación de su libertad, razón por la cual, agentes de la Unidad Especializada en la Investigación y Persecución del Secuestro de la Procuraduría General de Justicia de Tamaulipas acudieron a la casa en donde permanecían retenidas.
********** (quejosa) fue detenida, pues la denunciante fue presuntamente forzada por representantes de la Fiscalía para culparla de su secuestro.
Detención y actos de tortura en el proceso penal. La quejosa fue llevada a una estación policial, donde el Ministerio Público Especializado en la Investigación y Persecución del Secuestro inició la averiguación previa ********** en su contra.
La quejosa no hablaba español, por ser mujer indígena del pueblo maya chuj; de ahí que durante el momento de la detención y gran parte del proceso judicial en su contra, no se enteró de los motivos de la detención. Sólo tuvo acceso a la asistencia de una persona traductora varios meses después de su arresto.
Después de su detención, la quejosa fue llevada a las oficinas de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tamaulipas, en donde fue interrogada por un grupo de 6 personas –aproximadamente– sin abogado. Al menos tres de ellas golpearon a la quejosa durante su interrogatorio, además de ser amenazada de muerte y apuntada con un arma.
Estuvo detenida en las oficinas de la Procuraduría al menos una semana, tiempo en el cual fue obligada a firmar unos papeles donde constaba una declaración de culpabilidad y aceptación de responsabilidad por el secuestro del cual era acusada.
Ejercicio de la acción penal. El 12 de noviembre de 2014 fue consignada al Juzgado Tercero de Primera Instancia en el ramo penal del Supremo Tribunal de Justicia del estado en Reynosa, en Tamaulipas, ante quien señaló haber sido sometida a tortura y/o tratos degradantes por los agentes de la Procuraduría. El juez radicó la causa penal **********.
La quejosa manifiesta que a lo largo de su proceso estuvo en contacto con los defensores de oficio, quienes le aconsejaron no modificar su declaración, aunque se hubiera inculpado.
Finalmente, el 18 de noviembre de 2014 se dictó auto de formal prisión contra la quejosa, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de secuestro. Entonces, fue ingresada en el Centro de Readaptación Social de la ciudad de Reynosa. Durante este tiempo no tuvo acceso a un traductor o intérprete.
Recurso de apelación. Inconforme, ********** interpuso recurso de apelación, siendo radicado con número **********, por la Sala Regional del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Tamaulipas.
Diversa averiguación previa por el delito de tortura sufrido por **********. El 23 de febrero de 2015 se inició la averiguación previa ********** por el delito de tortura en contra de agentes de la policía ministerial adscritos a la Subunidad Especializada en la Investigación y Persecución del Secuestro, zona Norte; en la investigación, ********** ostentó la calidad de víctima.
Confirmación del auto de formal prisión. El 24 de abril de 2015 se resolvió el recurso de apelación en el sentido de confirmar el auto de formal prisión.
Incidente innominado. El 06 de octubre de 2017, ********** promovió incidente innominado en contra de las violaciones a sus derechos de presunción de inocencia, defensa adecuada y asistencia consular, el cual fue desechado de plano el 13 de octubre de 2017.
Luego, el 15 de octubre de 2018, la Sala Regional del Supremo Tribunal de Justicia confirmó la resolución anterior, al considerar que se trataba de un incidente de libertad por desvanecimiento de datos e hizo el análisis desde las disposiciones que rigen este procedimiento.
Juicio de amparo 1100/2018. Inconforme, ********** promovió demanda de amparo, siendo registrada y admitida por el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas con el registro citado.
Seguidos los trámites correspondientes, por sentencia de 13 de agosto de 2019, el Juez de amparo le concedió la protección constitucional para el efecto de que la Sala responsable dejara insubsistente la resolución de 15 de octubre de 2018 y dictara una nueva en la que resolviera de manera congruente el incidente.
Además, ordenó al Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Tamaulipas la apertura de una investigación penal a fin de determinar la existencia de las alegaciones de tortura a las que ********** hizo referencia en la ampliación de su declaración.
Cumplimiento de la sentencia de amparo. El 06 de octubre de 2019, la Sala responsable tramitó el incidente como "no especificado" y ordenó reponer el procedimiento hasta la declaración preparatoria.
Opinión del Grupo de Trabajo. El 04 de noviembre de 2021, el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas emitió la Opinión 35/2021, relativa a ********** donde determinó lo siguiente:
• La privación de su libertad fue arbitraria porque violó los artículos 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10 y 11 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y los artículos 2, 7, 9, 10, 14 y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
• El gobierno de México deberá adoptar las medidas necesarias para remediar la situación, sin dilación y ponerla en conformidad con las normas internacionales pertinentes.
• Se le debe poner en inmediata libertad y concederle el derecho efectivo a obtener una indemnización y otros tipos de reparación, de conformidad con el derecho internacional.
• Debe llevarse a cabo una investigación exhaustiva e independiente de las circunstancias en torno a la privación arbitraria de su libertad y deben adoptarse las medidas pertinentes contra los responsables de la violación de los derechos humanos.
Incidente por desvanecimiento de datos. El 04 de marzo de 2022, la Agente del Ministerio Público adscrita al Juzgado de Primera Instancia Penal del Quinto Distrito Judicial en el Estado de Tamaulipas promovió incidente especificado sobre libertad por desvanecimiento de datos.
El argumento central del incidente radicó en que, al excluirse del material probatorio la declaración ministerial de ********** sin intérprete o traductor, sin asistencia consular y al subsistir sólo la imputación realizada por la ofendida, sin que obrara otro medio de convicción sobre su culpabilidad, el auto de formal prisión quedaba desvirtuado.
El 21 de mayo de 2022, el Juez declaró procedente el incidente y ordenó la inmediata libertad de **********. Ese mismo día se ejecutó la decisión y regresó a su país.
Solicitud de ingreso al Registro Nacional de Víctimas. El 14 de abril 2023, la ahora quejosa ********** a través de sus autorizados, a quienes nombró mediante escrito libre y firma autógrafa,(3) presentó ante la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas la solicitud de ingreso al Registro y el reconocimiento de su calidad de víctima, fundando su petición en la vulneración a su derecho humano a un debido proceso, integridad personal y presunción de inocencia; además de contar con la Opinión 35/2021, emitida por el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. En este escrito señaló como autorizados a los promoventes del juicio de origen.
Solicitud de información. El 31 de mayo de 2023, se solicitó vía correo electrónico a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas información sobre el estado procesal que guardaba la solicitud de ********** sobre el ingreso al Registro Nacional de Víctimas y el reconocimiento de la calidad de víctima; o en su caso, se proporcionara cita para asistir a las instalaciones y tener comunicación con personal de dicha Comisión.
Respuesta a la solicitud de información. El 02 de junio de 2023, el licenciado ********** dio respuesta al correo y mencionó que no se podía otorgar más información pues no obraba constancia del Formato de Inscripción al Padrón de Representantes, de ahí que no se tenían como designadas a las y los representantes de **********.
Notificación de la inscripción ante el Registro Nacional de Víctimas. El 09 de junio de 2023, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas notificó al Instituto Federal de Defensoría Pública el oficio ********** de 07 de junio de 2023, a través del cual informó la inscripción de ********** en el Registro Nacional de Víctimas, así como su incorporación al Registro Federal de Víctimas.
En el mismo oficio se requirió la remisión ante la Dirección General del Registro Nacional de Víctimas el Formato de Inscripción al Padrón de Representantes; además, de la documentación descrita en el artículo 49 del Reglamento de la Ley General de Víctimas, a efecto de tramitar la autorización y designación de las y los representantes de la víctima.
Demanda de amparo. Mediante escrito presentado el 22 de junio de 2023, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, ********** en representación de **********, solicitaron el amparo y protección de la justicia federal contra los actos y las autoridades que a continuación se especifican:
Ver autoridades responsables y actos reclamados
Prevención de demanda. Recibido el escrito inicial, por acuerdo de 27 de junio de 2023, el Juzgado Décimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México registró la demanda bajo el número ********** y previno a la promovente para que aclarara su demanda en los siguientes términos:
• Si los promoventes presentaron la demanda por propio derecho, o bien, en representación de **********, en cuyo caso deberán exhibir original o copia certificada del documento idóneo con el que acrediten que tienen la representación de la citada persona. Ello, al haber omitido adjuntar algún documento del que se advierta que efectivamente tienen reconocido el carácter con el que se ostentan al presente juicio.(4)
• Expresar si insisten en reclamar de las Cámaras de Diputados y de Senadores, ambas del Congreso de la Unión, la promulgación del artículo 98, último párrafo, de la Ley General de Víctimas. Ello, pues constituye un hecho notorio que las citadas autoridades no participaron en dicha etapa legislativa.
• Deberán expresar si insisten en reclamar del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos la discusión y aprobación de los artículos 46, 47, 48, 49 y 50 del Reglamento de la Ley General de Víctimas. Ello, pues es un hecho notorio que no participó en dichas etapas legislativas.
• Manifestar si es su intención impugnar la publicación de los artículos 98, último párrafo, de la Ley General de Víctimas, y 46 y 47, 48, 49 y 50 del Reglamento de la Ley General de Víctimas. Ello pues, conforme al artículo 108, fracción III, última parte, de la Ley de Amparo, se deben tener como responsables sólo a quienes hubieran intervenido en el refrendo o su publicación, siempre que se hagan valer vicios propios de dichos actos.
• En caso de desahogar la prevención de manera física, remitir las copias correspondientes.
Primer desahogo de prevención. Por acuerdo de 05 de julio de este año, el juzgado tuvo por presentado escrito, mediante el cual, los promoventes pretendieron desahogar el requerimiento mencionado; sin embargo, se tuvo por no desahogado en sus términos y dado que el escrito interrumpió el plazo concedido para el desahogo del requerimiento, se ordenó notificar nuevamente a los promoventes, de tal manera que continuaría el plazo una vez notificados de este acuerdo.
Ello, pues los promoventes omitieron exhibir las copias del documento y/o las constancias con las que acreditaran su personalidad para correr traslado a las partes. Sin soslayar que pretendían el reconocimiento en su carácter de defensores en favor de ********** con un escrito firmado por dicha persona, sin embargo, dicho documento –escrito de demanda de amparo– no contaba con su firma autógrafa, por tanto, no fue posible otorgarle valor probatorio.
Segundo desahogo de prevención (acuerdo combatido). Por acuerdo de 10 de julio de este año, el juzgado tuvo por recibido un segundo escrito, mediante el cual, los promoventes pretendieron desahogar el requerimiento dictado en acuerdo de 27 de junio de 2023.
El juzgado tuvo por no desahogada la prevención de mérito, en virtud de lo siguiente:
• Con las documentales exhibidas, los promoventes no acreditaron que ostenten la representación de **********. Ello pues sólo fueron designados con el carácter de abogados o asesores de la susodicha, pero no sus representantes legales.
• De la lectura de los artículos 125, 125 Bis, 168 y 169 de la Ley General de Víctimas se desprende que los abogados o asesores jurídicos de las víctimas tienen la facultad de defender sus intereses y representarlas específicamente en el procedimiento administrativo, sin que les asista una representación más amplia que les permita actuar en defensa de las víctimas en cualquier clase de conflicto, o incluso, en el juicio de amparo.(5)
• Entonces, si la demanda de amparo no se presentó directamente por la persona agraviada, que en el caso es **********, sino por quienes dijeron ser sus representantes legales, debe verificarse si ellos cuentan con legitimación procesal activa, por ser un presupuesto procesal que debe encontrarse plenamente satisfecho antes de su tramitación.
• Los promoventes no acreditan con documental fehaciente su calidad ni su representación ante la autoridad responsable, por tanto, al no exhibir instrumental, acuerdo o documento en el que se hubiera formalizado el mandato correspondiente, tanto en sede administrativa, como civil o jurisdiccional, no es dable tener por desahogada la prevención formulada en autos.
• En consecuencia, tuvo por no presentada la demanda de amparo, en términos del artículo 114 de la Ley de Amparo.
II. Análisis de los agravios planteados por la recurrente.
En sus agravios la parte recurrente expone lo siguiente:
En el primer agravio la quejosa aduce que el Juzgado de Distrito confunde las figuras de representación reguladas por la Ley General de Víctimas, en detrimento del principio de legalidad, por lo siguiente:
• Conforme al artículo 12, fracción IV, de la Ley General de Víctimas y su Reglamento, existen dos figuras para la representación de las víctimas: asesor jurídico federal y representante legal.
• El asesor jurídico federal se regula por los artículos 42, 125, 125 Bis y 165 a 189 de la Ley General de Víctimas, así como de los artículos 51 a 62 del Reglamento de la Ley mencionada, los cuales establecen las atribuciones de los asesores jurídicos especializados en asesoría jurídica para víctimas y que se encuentran adscritos a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y sus equivalentes en las entidades federativas.
• La representación de las víctimas se establece en el artículo 12, fracción IV y 98, último párrafo, de la Ley General de Víctimas, y en los artículos 46 a 50 del Reglamento de la Ley mencionada, los cuales ordenan que la víctima tiene derecho a elegir libremente a su representante legal.
• El a quo vulnera el principio de legalidad al afirmar que los promoventes son asesores, pues nunca se ostentaron como tal. Máxime que no están adscritos a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, sino como personas físicas que realizan actos a nombre de su representada, lo cual está previsto en la Ley General de Víctimas y su Reglamento.
En el segundo agravio, la quejosa alega que, al tener por no presentada la demanda de amparo, la Jueza de Distrito se pronunció sobre el fondo del asunto, sin permitir a las partes aportar pruebas que demuestren lo contrario, violando con ello el derecho al acceso a la justicia de la quejosa.
• En la demanda de amparo se impugnó que las autoridades señaladas como responsables exigieran mayores requisitos para la representación de **********, a pesar de contar con su consentimiento expreso para la designación de sus representantes. Ello genera una violación al derecho de acceso a la justicia y a la igualdad y no discriminación.
• En la demanda de amparo se señalaron como actos reclamados la inconstitucionalidad de los artículos 98, último párrafo, de la Ley General de Víctimas y 46, 47, 48, 49 y 50 del Reglamento de la Ley General de Víctimas, por limitar el derecho de la parte quejosa y de las personas en situación de vulnerabilidad para señalar libremente a sus representantes, lo que contraviene los artículos 17 constitucional y 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
• En caso de demostrar la personalidad de las y los representantes sólo a través del Formato Único de Declaración designados por la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, se estaría consintiendo el acto reclamado, dejando sin materia el juicio constitucional.
• Desconocer la personalidad desde la presentación de la demanda conlleva una falacia de petición de principio, la cual consiste en emplear el argumento cuestionado con la parte quejosa, con lo cual, se genera que el juzgado haya aceptado la constitucionalidad de los preceptos reclamados.
• Cita como criterio la contradicción de tesis 1/2020, en la cual, el tema a dilucidar fue ¿procede desechar un recurso, dentro del juicio de amparo, por falta de legitimación ad procesum o personalidad del promovente cuando es el punto jurídico debatido, por ser el sustento de la resolución debatida o debe reservarse su estudio para la sentencia que decida el recurso como tema de fondo? De este asunto derivó la tesis de jurisprudencia PC.III.C J/55 C (10a.), de rubro: "PERSONALIDAD. EL RECURSO INTERPUESTO CONTRA SU DESCONOCIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO NO DEBE DESECHARSE CON BASE EN EL ARGUMENTO DE LA FALTA DE PERSONALIDAD.", en la cual se estableció que debe resolverse la cuestión planteada y no desechar el asunto con base en la falta de legitimación del interesado.
• Además, en el criterio de rubro: "PERSONALIDAD, MOTIVO DEL AMPARO.", la Primera Sala determinó que "si se lleva al conocimiento del juez de distrito que conoce del amparo, la legalidad o ilegalidad de una providencia que en un juicio en trámite, desconoce una personalidad, resulta antijurídico que ese funcionario exija previamente a la admisión de la demanda, que se le acredite esa personalidad, puesto que es precisamente el problema que se va a discutir y resolver en el fondo del juicio de garantías."
• Además, en el criterio XV.1o.2 K (11a.), de rubro: "AUTO INICIAL DE TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. NO ES LA ACTUACIÓN PROCESAL OPORTUNA PARA ANALIZAR LA PERSONALIDAD DEL ASESOR JURÍDICO FEDERAL, QUIEN SE OSTENTA COMO REPRESENTANTE DE MENORES DE EDAD, MIGRANTES RETENIDOS POR AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS.", se estableció que no puede sustentarse la improcedencia del juicio con base en dicho tema en el auto inicial porque la falta de representación constituye la cuestión planteada. • El juicio de amparo se convierte en un recurso ilusorio que no cumple con ser adecuado y efectivo, pues el acto reclamado es utilizado nuevamente en contra de la parte quejosa que lo reclama. Solicita dejar insubsistente el auto reclamado, dado que la jueza agotó en el acuerdo la decisión de fondo.
Por otro lado, en su tercer agravio, la quejosa afirma que la jueza de distrito no tomó en consideración su contexto al no aplicar un enfoque diferenciado e interseccional ni las documentales exhibidas en el escrito inicial de demanda. Ello pues expone:
• En la demanda se hizo mención que ********** es una mujer migrante, indígena, perteneciente a la comunidad indígena maya chuj, originaria de San Mateo Ixtatán, Guatemala.
• ********** en este momento, se encuentra impedida para firmar la demanda de amparo indirecto y cualquier otra documentación, pues reside en Guatemala, en la comunidad indígena de San Mateo Ixtatán, la cual está retirada de los servicios de internet, transporte, entre otros.
• La petición ingresada ante la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, a través de la cual se solicitó el ingreso al Registro Nacional de Víctimas de ********** es el resultado de meses de trabajo, pues debido a la incomunicación que se tiene con ella, derivado del país en que se encuentra y la situación de pobreza y marginación en la que vive, es que no se cuenta con los recursos necesarios para que pueda enviar los documentos firmados o viajar a México, y con ello, ingresar la petición del registro.
• Al ser una mujer migrante, indígena con escasos recursos que estuvo indebidamente privada de libertad, sobreviviente de tortura y que vive en Guatemala, es que le resulta imposible regresar al país de manera segura y libre, por lo que la demanda de amparo no fue firmada por la parte quejosa y fue rubricada por las y los representantes que ella misma designó en el escrito de solicitud ante la CEAV.
• Le exigen requisitos a ********** que no puede cumplir, coartando su derecho a ser representada jurídicamente. Ello fue ignorado por el Juzgado de Distrito.
• Conforme al Protocolo para juzgar con perspectiva intercultural, personas, pueblos y comunidades indígenas, la jueza no tomó en cuenta las obligaciones transversales, pues de haber aplicado un enfoque diferenciado e interseccional, podría haber reconocido que se encontraba ante un caso en el que las circunstancias particulares de ********** representan una opresión o discriminación única y diferente de la que otra persona o grupo social puede experimentar con base en los diversos factores de vulnerabilidad que atraviesa y que el Juzgado de Distrito debió contrarrestar a través de medidas reforzadas a su favor.
• Además, las pruebas ofrecidas no fueron valoradas por la jueza; máxime que, en caso de duda, cuenta con todas las facultades para requerir las documentales a la autoridad responsable y cerciorarse de la existencia del escrito libre en donde obra el consentimiento expreso de ********** de designar a sus representantes.
Resultan fundados los agravios estudiados en conjunto en términos del artículo 76 de la Ley de Amparo.
Al respecto, de los antecedentes antes relatados es posible advertir que la litis planteada en la demanda de amparo se originó por el oficio ********** de 07 de junio de 2023, a través del cual, ante la solicitud de ********** de tener por reconocidos a abogados incorporados en el Instituto Federal de Defensoría Pública como autorizados en términos amplios, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas solicitó la remisión del Formato de Inscripción al Padrón de Representantes ante la Dirección General del Registro Nacional de Víctimas, a fin de tener por autorizados a los licenciados en derecho señalados en el escrito de solicitud de ingreso al Registro Nacional de Víctimas.
Se advierte entonces que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas ya reconoció la calidad de víctima directa de **********, sin embargo, respecto a su solicitud de tener por autorizados a los promoventes del amparo, la Comisión mencionada estimó que resultaba necesario el llenado del formato de inscripción al padrón de representantes para el reconocimiento de la representación.
Inconformes con lo anterior, los autorizados de ********** promovieron demanda de amparo, y una vez que la jueza de amparo estimó que no se desahogó el requerimiento relativo a la exhibición de alguna documental o actuaciones que avalaran el reconocimiento del carácter de representantes legales de la quejosa, tuvo por no presentada la demanda de amparo.
Asimismo, se impugnaron los artículos 98, último párrafo, de la Ley General de Víctimas y los diversos 46, 47, 48, 49 y 50 del Reglamento de la Ley mencionada.
Baste decir que dichas disposiciones fueron citadas en el oficio aludido y que se inserta como imagen a continuación:
(Se suprime imagen por contener datos personales de la recurrente)
Entonces, la litis que fue planteada en el juicio de amparo pretende dilucidar el alcance de la representación jurídica de los promoventes del amparo (la figura de asesor jurídico victimal y la distinción que plantean los promoventes sobre la representación que puede establecer la víctima de manera libre, en términos del artículo 12, fracción IV, de la Ley General de Víctimas), y que fue sustento de la solicitud que en su momento hiciera ********** en el escrito de solicitud de inscripción en el Registro Nacional de Víctimas, designando como autorizados en términos amplios a **********. Se inserta la parte del escrito que interesa para mayor referencia:
(Se suprime imagen por contener datos personales de la recurrente)
(Se suprime imagen por contener datos personales de la recurrente)
Así, del Formato Único de Declaración de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, llenado de manera electrónica y firmado autógrafamente y con las huellas dactilares de **********, se advierte que señaló como domicilio para oír y recibir notificaciones el mismo que señalaron los promoventes del amparo. Ello como se observa de la imagen del documento en la parte que interesa:
(Se suprime imagen por contener datos personales de la recurrente)
A este formato acompañó un escrito libre con nombre de asunto "Solicitud de ingreso al Registro Nacional de Víctimas (RENAVI)", el cual también firmó de manera autógrafa, como se advierte de la imagen inserta a continuación, y donde coincide el domicilio señalado para oír y recibir notificaciones por los promoventes del juicio de amparo y el señalamiento expreso como sus autorizados en términos amplios, de conformidad con el artículo 12, fracción IV, de la Ley General de Víctimas:
(Se suprime imagen por contener datos personales de la recurrente)
Ahora bien, es necesario precisar que los jueces de distrito, como poderes constituidos, están sujetos al cumplimiento de la Constitución y de los tratados internacionales, por lo cual deben promover, respetar y garantizar los derechos humanos, durante el trámite y resolución de los juicios de amparo, en la inteligencia que su falta de cumplimiento puede remediarse por los tribunales colegiados o por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sus respectivos casos, a través de los recursos previstos en la Ley de Amparo, mediante la corrección y rectificación de la aplicación e interpretación de las leyes y los derechos humanos aplicables.
Si bien es verdad que dentro del juicio constitucional es improcedente presentar una diversa demanda de amparo contra los actos de un juez de distrito, de conformidad con la jurisprudencia P./J. 2/97 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro: "AGRAVIOS INOPERANTES. LO SON LOS QUE SOSTIENEN QUE LOS JUZGADORES DE AMPARO VIOLAN GARANTÍAS INDIVIDUALES, SOLAMENTE EN ESE ASPECTO."; sin embargo, ello no conduce a determinar que los jueces y tribunales resulten exentos de cumplir con el artículo 1o. constitucional vigente, que dispone que todos los poderes públicos dentro del Estado tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos constitucionales y convencionales en el ejercicio de sus competencias, lo cual implica que los tribunales revisores en amparo deban realizar la valoración, corrección y rectificación de la aplicación e interpretación de las leyes y los derechos humanos efectuada u omitida por los jueces de distrito, a través de los recursos legales previstos en la Ley de Amparo.
Ahora, recientemente la Primera Sala del Alto Tribunal analizó el recurso de queja 1/2023, en contra del desechamiento de una demanda de amparo presentada por una persona migrante.
Los motivos del desechamiento que expuso el juez de amparo fueron que la falta de firma electrónica es un requisito no subsanable para una posible prevención; de ahí que determinara su desechamiento; máxime que la promovente tuvo otros medios para instar al amparo y no se acreditó alguna imposibilidad para no agotarlos.
En dicho asunto, la Primera Sala revocó el acuerdo recurrido al estimar que el juez de amparo no había valorado correctamente el principio de instancia de parte agraviada, a fin de justificar su falta de verificación como sustento del desechamiento de la demanda de amparo, ello pues el análisis de las causales de improcedencia debe interpretarse de manera diferenciada cuando quien insta el amparo ostenta la calidad de migrante.
El Alto Tribunal reconoció que los jueces pueden adoptar ciertas medidas tendentes a igualar las condiciones de facto de aquellos grupos sociales que sufren discriminación estructural y sistemática, como los migrantes.
Entonces, la Corte enfatiza la labor de los jueces en aquellos asuntos donde se impugne un acto de autoridad por hacer una distinción con base en el origen nacional de las personas, lo cual implica que deba realizarse conforme a las reglas del escrutinio estricto.
En específico, cuando se trate de personas migrantes, pueden ser beneficiarias de medidas afirmativas que impliquen ajustes razonables y eliminen diversos obstáculos que les impidan gozar de sus derechos en condiciones
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/32122-284b06c8/derechos-humanos-los-jueces-de-distrito-deben-respetar · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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