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I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LEGITIMACIÓN DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS PARA PROMOVERLA CUANDO CONSIDERE QUE LEYES DE CARÁCTER ESTATAL VULNERAN DERECHOS HUMANOS. II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA PERSONA QUE PRESIDA LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LA REPRESENTACIÓN LEGAL PARA PROMOVERLA EN NOMBRE DE ÉSTA (ARTÍCULO 15, FRACCIONES I Y XI, DE LA LEY DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS). III. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. LAS CUOTAS POR LA REPRODUCCIÓN DE LA INFORMACIÓN PÚBLICA EN COPIAS SIMPLES O POR LA CERTIFICACIÓN DE UN DOCUMENTO QUE NO ATIENDAN A LOS COSTOS DE LOS MATERIALES UTILIZADOS SON EXCESIVAS Y DESPROPORCIONADAS Y, POR ENDE, VULNERAN EL PRINCIPIO DE GRATUIDAD QUE GARANTIZA EL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 25, FRACCIONES II Y V, LETRAS B Y C, DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE LA YESCA, ESTADO DE NAYARIT PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023). IV. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. EL COBRO POR LOS COSTOS DE LOS MATERIALES UTILIZADOS EN LA REPRODUCCIÓN, ENVÍO Y CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS DEBE DETERMINARSE A PARTIR DE UNA BASE OBJETIVA Y RAZONABLE. V. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. RECAE EN EL LEGISLADOR LA CARGA DE DEMOSTRAR QUE EL COBRO QUE ESTABLECE POR LA ENTREGA DE INFORMACIÓN EN DETERMINADO MEDIO ATIENDE ÚNICAMENTE A LA MODALIDAD DE REPRODUCCIÓN Y ENTREGA SOLICITADAS (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 25, FRACCIONES II Y V, LETRAS B Y C, DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE LA YESCA, ESTADO DE NAYARIT PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023). VI. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. EL PRINCIPIO DE GRATUIDAD EXIME DEL COBRO DEL DERECHO POR LA BÚSQUEDA DE INFORMACIÓN. VII. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. LAS NORMAS QUE PERMITEN A LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS MUNICIPALES DETERMINAR LA CUOTA QUE DEBEN PAGAR LOS CONTRIBUYENTES POR MATERIALES EMPLEADOS EN LA REPRODUCCIÓN DE LA INFORMACIÓN, SIN ELEMENTOS OBJETIVOS Y RAZONABLES QUE ATIENDAN AL VALOR REAL DE LOS INSUMOS QUE UTILIZA EL ESTADO, VIOLAN EL PRINCIPIO DE GRATUIDAD EN EL ACCESO A LA INFORMACIÓN. VIII. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. CONFORME AL PRINCIPIO DE GRATUIDAD, ÚNICAMENTE PUEDE RECUPERARSE EL COSTO DERIVADO DEL MATERIAL DE ENTREGA, EL DEL ENVÍO, EN SU CASO, Y EL DE SU CERTIFICACIÓN. IX. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. LAS NORMAS QUE PREVÉN COBROS DERIVADOS DE SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN POR LA REPRODUCCIÓN DE INFORMACIÓN EN MEDIOS MAGNÉTICOS, SEA EN DISCOS COMPACTOS O DVD, O POR LA CERTIFICACIÓN DESDE UNA HOJA HASTA EL EXPEDIENTE COMPLETO, SIN RAZONAR O EXPLICAR POR QUÉ O DE QUÉ MANERA FIJÓ DICHAS CUOTAS, SON INCONSTITUCIONALES (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 25, FRACCIONES II Y V, LETRAS B Y C, DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE LA YESCA, ESTADO DE NAYARIT PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023). X. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SENTENCIA DE INVALIDEZ QUE SURTE EFECTOS A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN DE SUS PUNTOS RESOLUTIVOS AL CONGRESO LOCAL (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 25, FRACCIONES II Y V, LETRAS B Y C, DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE LA YESCA, ESTADO DE NAYARIT PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023). XI. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SENTENCIA DE INVALIDEZ QUE EXHORTA AL CONGRESO LOCAL PARA QUE EN LO FUTURO NO INCURRA EN EL MISMO VICIO DE INCONSTITUCIONALIDAD UTILIZADO (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 25, FRACCIONES II Y V, LETRAS B Y C, DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE LA YESCA, ESTADO DE NAYARIT PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023).

Tipo de asunto: ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 11/2023. · Registro digital (IUS): 32190
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2024-02-23
Promovente: COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS.
Localización: Undécima Época. Pleno. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 34, Febrero de 2024, Tomo I, Pág.757.

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 11/2023. COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS. 4 DE SEPTIEMBRE DE 2023. PONENTE: YASMÍN ESQUIVEL MOSSA. SECRETARIO: JUVENAL CARBAJAL DÍAZ.

El problema jurídico que se plantea es el siguiente: 1. ¿Las normas impugnadas que prevén el cobro por la certificación desde una hoja hasta el expediente completo, así como el cobro por la reproducción de información en medios magnéticos como discos compactos o DVD por cada uno, derivados de solicitud de acceso a la información, vulneran el principio de gratuidad en el acceso a la información pública que garantiza el artículo 6o. de la Constitución Federal y el principio de proporcionalidad que rige a las contribuciones, reconocido en el artículo 31, fracción IV, del propio Ordenamiento Fundamental?

ÍNDICE TEMÁTICO

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Ciudad de México. Acuerdo del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en sesión correspondiente al cuatro de septiembre de dos mil veintitrés, por el que emite la siguiente:

SENTENCIA

Mediante la cual se resuelve la acción de inconstitucionalidad 11/2023, promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en contra del artículo 25, fracciones II y V, letras b y c, de la Ley de Ingresos del Municipio de la Yesca, Estado de Nayarit para el ejercicio fiscal 2023, expedida mediante Decreto publicado en el Periódico Oficial de esa entidad federativa el doce de diciembre de dos mil veintidós.

ANTECEDENTES Y TRÁMITE DE LA DEMANDA:

1. Demanda inicial y norma impugnada. Por oficio presentado a través del buzón judicial el once de enero de dos mil veintitrés, recibido al día siguiente en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación,(1) la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, por conducto de su presidenta, María del Rosario Piedra Ibarra, promovió demanda de acción de inconstitucionalidad en la que solicitó la invalidez de lo siguiente:

"Artículo 25, fracciones II y V, letras b y c, de la Ley de Ingresos del Municipio de La Yesca, Nayarit, para el ejercicio fiscal 2023, expedida mediante Decreto publicado el 12 de diciembre de 2022 en el Periódico Oficial del Gobierno de esa entidad federativa."

2. Preceptos constitucionales y convencionales que se estiman violados. La Comisión accionante considera que las normas impugnadas son contrarias a los artículos 1o. y 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 2, y 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 2 y 19 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, al estimar que resultan violatorias al principio de gratuidad que rige en el derecho de acceso a la información.

3. Conceptos de invalidez. En su escrito inicial, la Comisión accionante hace valer, en síntesis, lo siguiente:

• ÚNICO. Cobros injustificados por la certificación de información pública solicitada y por la reproducción en medios magnéticos. El artículo 25, fracciones II y V, letras b y c, de la Ley de Ingresos del Municipio de la Yesca, Nayarit, para el ejercicio fiscal 2023, transgrede el derecho humano de acceso a la información y el principio de gratuidad que lo rige.

El principio de gratuidad contemplado en el artículo 6o. de la Constitución Federal rige la materia de acceso a la información pública e implica que su ejercicio debe realizarse sin entregar a cambio contraprestación alguna, salvo el cobro correspondiente a la modalidad de reproducción, cuando, en su caso, sea procedente, justificado y proporcional.

Ese Máximo Tribunal ha resuelto que lo que sí puede cobrarse al solicitante de la información son los costos de los materiales utilizados en la reproducción, los del envío y la certificación de documentos y que para ello debe analizarse si dichas cuotas se fijaron con una base objetiva y razonable de los materiales utilizados y de sus costos, pues éstos no pueden constituir barreras desproporcionadas para el acceso a la información.

Atento a lo anterior, del texto de la norma impugnada se advierte que el Congreso de Nayarit instauró costos de reproducción de información solicitada en las siguientes modalidades: certificación de una hoja hasta el expediente completo donde se cobra 0.4704 UMA, esto es, $48.79 pesos; y por reproducción en medio magnético, en concreto, discos compactos por cada uno y en DVD, donde se cobra 0.1280, esto es, $13.37 pesos.

A consideración de esta Comisión Nacional, dichas cuotas son contrarias al principio de gratuidad que rige el derecho de acceso a la información pública, pues no se encuentran justificadas por el legislador local en razón del costo real de los materiales empleados para reproducir la información.

Ni de la exposición de motivos de la ley de ingresos impugnada ni del dictamen relativo obra constancia que se refiera a la metodología, ni a los costos de los materiales empleados para la reproducción, por lo que no es posible concluir que las tarifas sean razonables o justificadas. Esto es, no se encuentra argumento alguno por parte del legislador tendiente a acreditar las razones que sirvieron para determinar las cuotas a pagar por la certificación y reproducción en medios magnéticos relativos.

En cuanto al cobro por certificaciones, si bien el servicio que proporciona el Estado no se limita a reproducir el documento original del que se pretende obtener su certificación, sino también implica la certificación del funcionario público autorizado, lo cierto es que la relación entre las partes no es derecho privado, por lo que no puede existir lucro para éste, sino una relación razonable con el servicio prestado.

En el caso, la cuota de la fracción II del artículo 25 impugnado no es proporcional, pues los mismos $48.79 pesos serán cobrados al que solicite certificación de una hoja que aquél que solicite el expediente completo que conste de dos o más hojas.

Por cuanto a las tarifas de las letras b y c de la fracción V del artículo 25 impugnado, si bien prevé que cuando se proporcione el medio magnético se exenta el pago, lo cierto es que los supuestos cuestionados carecen de una base objetiva que atienda a los costos del Municipio por la entrega de la información en esa modalidad.

Cabe mencionar que ese Alto Tribunal resolvió la acción de inconstitucionalidad 9/2019, declarando la invalidez de normas que establecían cobros desproporcionales e injustificados en leyes de ingresos municipales del Estado de Nayarit para el ejercicio fiscal 2021 y se vinculó al Congreso Local para abstenerse de incurrir en el mismo vicio de inconstitucionalidad.

4. Registro del expediente y turno del asunto. Mediante proveído de dos de febrero de dos mil veintitrés, la Ministra presidenta de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a la presente acción de inconstitucionalidad con el número 11/2023 y turnó el asunto a la Ministra Yasmín Esquivel Mossa como instructora del procedimiento.

5. Admisión de la demanda. La Ministra instructora admitió a trámite la demanda relativa por acuerdo de diez de febrero de dos mil veintitrés en el cual ordenó dar vista a los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Nayarit para que rindieran sus respectivos informes; asimismo, requirió al órgano legislativo para que remitiera copia certificada del proceso legislativo de las normas impugnadas y al órgano ejecutivo para que exhibiera copia certificada del Periódico Oficial Local en el que conste su publicación; finalmente, ordenó dar vista a la Fiscalía General de la República y a la Consejería Jurídica del Gobierno Federal para que antes del cierre de instrucción, manifestaran lo que a su respectiva representación correspondiera.

6. Informe del Poder Legislativo de Estado de Nayarit. Mediante oficio recibido el veintiocho de marzo de dos mil veintitrés en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal,(2) Héctor Antonio Ulloa Ortiz, en su carácter de encargado de la Unidad Jurídica y representante del Congreso del Estado de Nayarit, rindió el informe solicitado a ese órgano legislativo, en el cual manifestó, en esencia, lo siguiente:

En cuanto al fondo:

• PRIMERO. Debido a que las normas impugnadas son en materia tributaria, se solicita que la intensidad del escrutinio constitucional sea de carácter flexible de modo que para no vulnerar la libertad política, las posibilidades de injerencia son menores y la intensidad del control se debe limitar a identificar que la intervención legislativa persiga una finalidad objetiva y constitucionalmente válida.

Esto, pues la norma reclamada no establece una diferencia de trato a partir de alguna categoría sospechosa a las que se refiere el artículo 1o. de la Constitución Federal, sino que toma como punto de partida el costo del servicio prestado para la fijación de la cuota; por lo que se solicita que el examen constitucional sea ligero.

Por su parte, el test de proporcionalidad de una norma tributaria se debe limitar a verificar que la intervención legislativa persiga una finalidad objetiva, constitucionalmente válida o aceptable; además, en el análisis de la idoneidad y necesidad de los medios, no es exigible que el legislador justifique cuál de todos los medios disponibles cumple en todos los grados o niveles de intensidad la finalidad perseguida, sino únicamente determinar si el medio elegido es idóneo, exigiéndose un mínimo de idoneidad y que exista correspondencia proporcional mínima entre el medio elegido y el fin buscado.

Las finalidades de las normas reclamadas resultan constitucionalmente válidas, porque el monto de la cuota por derechos de los servicios de información pública guarda relación con el costo del servicio prestado, lo que permite constatar la observancia del mandato establecido en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Federal.

También se cumplen con los criterios de idoneidad y necesidad, porque del análisis de las disposiciones legales que rigen el pago de derechos en los Municipios de Nayarit, es válido concluir que contribuyen al cumplimiento de la finalidad contemplada por el Congreso Local, esto es, respetar el acceso a la información por parte de los gobernados, sin descuidar la hacienda pública municipal, con los cobros respectivamente.

Aunado a ello, en virtud de que la interpretación de una norma general analizada en este medio de control debe partir de la premisa de que cuenta con la presunción de constitucionalidad, lo que se traduce en que cuando una norma admita más de una interpretación, debe privilegiarse la que sea conforme a la Constitución Federal.

Por tanto, se solicita a ese Tribunal Constitucional que realice un juicio razonable a partir de un ejercicio de ponderación minucioso para verificar el peso de los fundamentos que pudieran motivar la declaración de invalidez, por ser contraria u opuesta a un postulado constitucional, frente al peso derivado de que las disposiciones cuestionadas son producto del ejercicio de las atribuciones del legislador local y que puede ser objeto de una interpretación que la haga acorde con los contenidos de la Ley Suprema.

Resulta aplicable la máxima fundamental reconocida como "in dubio pro legislatore", principio que determina que, en caso de duda acerca de la concurrencia de un vicio entorno a la constitucionalidad de la norma, la duda debe ser resuelta en favor de la decisión mayoritaria adoptada por el cuerpo deliberante.

• SEGUNDO. Respecto al principio de gratuidad y correlación entre el costo del servicio y el monto de la cuota establecida en las leyes de ingresos y, por ende, constitucionalidad de las normas impugnadas.

Las normas impugnadas son constitucionales porque las leyes aprobadas por el Congreso Local guardan deferencia con el parámetro de control de regularidad constitucional, así como con los principios de gratuidad en el acceso a la información y proporcionalidad de las contribuciones reconocidos en los artículos 6o., apartado A, fracción III, 14, 16 y 31, fracción IV, de la Constitución Federal, 13 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos y 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles.

Contrario a lo señalado por la accionante, la Comisión de Hacienda, Cuenta Pública y Presupuesto del Congreso del Estado de Nayarit, previa iniciativa del Municipio respectivo dictaminó la Ley de Ingresos de referencia, de conformidad con criterios técnicos para elaborar leyes de ingresos municipales y, posteriormente, el Congreso Local, respetando los principios de proporcionalidad tributaria y de acceso a la información pública, aprobó las normativas hacendarias.

Bajo esa línea, las Leyes de Ingresos de los diferentes Municipios nayaritas tienen por objeto captar los recursos financieros que permitan cubrir los gastos municipales, además, se encargan de satisfacer y cumplir con los objetos planteados dentro del Plan Municipal de Desarrollo; dichas leyes ayudan a obtener la consolidación de un sistema de recaudación que mantenga las finanzas públicas sanas y con un enfoque de transparencia y rendición de cuentas.

Asimismo, se otorga la certidumbre necesaria a los ciudadanos en cuanto al pago de sus obligaciones como contribuyentes, que deben cubrir de conformidad con el artículo 31, fracción IV, constitucional, cuidando los principios de equidad y proporcionalidad tributarias.

Es fundamental que los ingresos de los Municipios se fortalezcan para garantizar la cobertura de los servicios públicos y servir como instrumento de crecimiento económico, asegurando en todo momento que los recursos se administren con base en los principios de legalidad, honestidad, eficacia, eficiencia, economía, racionalidad, austeridad, transparencia, control y rendición de cuentas y, con esto, construir una verdadera autonomía municipal.

En tal virtud, las cantidades fijadas por derechos de los servicios de acceso a la información pública no son violatorias de los principios de gratuidad y proporcionalidad tributaria; por el contrario, guardan deferencia con los principios de legalidad, honestidad, eficacia, eficiencia, economía, racionalidad, austeridad, transparencia, control y rendición de cuentas.

El principio de gratuidad del acceso a la información pública no es de goce absoluto, ya que ese Alto Tribunal en sus precedentes ha interpretado el artículo 6o. constitucional, y determinó que una de las restricciones para el debido reconocimiento de ese derecho es el cálculo proporcional del cobro de los materiales utilizados por el ente correspondiente.

En el caso, este Congreso Local al aprobar las cuotas propuestas particularmente por el Municipio de la Yesca, Nayarit, consideró el Acuerdo mediante el cual se aprueban los lineamientos por los que se establecen los costos de reproducción, envío o, en su caso, certificación de información del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de abril de dos mil diecisiete.

En efecto, el acuerdo señalado y considerado por este Congreso como referencia al elaborar leyes de ingresos municipales para el ejercicio fiscal 2023, establece una serie de elementos que sirvieron de base legislativa para determinar los cobros, mismos que son respetuosos de los principios de gratuidad y proporcionalidad tributaria.

Ahora bien, respecto a los costos de reproducción impugnados, se estima que: 1) el solicitante sólo pagará el costo de reproducción de la información solicitada; 2) el costo de reproducción no excede el valor material en el que se reprodujo la información: y 3) cuando el solicitante proporciona el medio magnético, electrónico o el mecanismo necesario para reproducir la información, no se genera costo alguno (es gratuito).

En suma, los cobros contenidos en la legislación impugnada no representan una barrera al derecho de acceso a la información, ni mucho menos se trata de cuotas desproporcionales, pues la base considerada es el Acuerdo del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, siendo éste un elemento objetivo y razonable para determinar las contribuciones en materia de acceso a la información.

Por tanto, el juicio de constitucionalidad realizado por la accionante es inexacto, porque no tomó en consideración que la relación entre el derecho a la información y sus límites, en cuanto se fundamentan en otros bienes constitucionalmente tutelados, no se da en términos absolutos de todo o nada, sino que su interacción es de carácter ponderativo, en la medida en que la natural tensión que pueda existir entre ellos requiere en su aplicación un equilibrio necesario entre el ejercicio efectivo del derecho a la información y la indebida afectación de otro tipo de bienes y valores constitucionales que están instituidos también en beneficio de las personas.

Si se reconoce que ningún derecho humano tiene el carácter de absoluto, entonces debe igualmente reconocerse que ninguno de sus límites puede plantearse en dichos términos, por lo que la relación entre ambos extremos debe plantearse en los mismos términos de equilibrio.

Así, queda de manifiesto que las cuotas establecidas guardan correlación con el costo del servicio que se ofrece, esto es, la cantidad líquida que se encuentra señalada en la ley de ingresos respectivamente, se ajusta a los parámetros de razonabilidad y proporcionalidad tributaria, de ahí lo infundado del concepto de invalidez planteado por la accionante.

7. Informe del Poder Ejecutivo del Estado de Nayarit. Mediante oficio recibido el tres de abril de dos mil veintitrés en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,(3) Alonso Ramírez Pimentel, en su carácter de consejero jurídico del gobernador del Estado de Nayarit, en representación del titular de dicho Poder, compareció a rendir el informe solicitado, en el que expone, esencialmente, lo siguiente:

En cuanto al fondo:

• Este Poder Ejecutivo, atendiendo al artículo 69, fracción II y 75, segundo párrafo, de la Constitución Política del Estado de Nayarit, promulgó y publicó en el Órgano del Gobierno del Estado las normas impugnadas, de ahí que en cumplimiento a lo ordenado por la Constitución Local, se llevaron a cabo las respectivas promulgaciones y publicaciones.

Por disposición constitucional este Poder Ejecutivo se encuentra impedido a negarse a promulgar las leyes y decretos expedidos por el Congreso Local, más aún, tratándose de cuestiones que quedan fuera de su competencia, tales como la proposición de cuotas y tarifas aplicables a servicios o impuestos y que impactan específicamente en la hacienda pública municipal.

Si bien es cierto, el artículo 53 de la Constitución Local establece la posibilidad de que el Ejecutivo del Estado realice las observaciones que estime pertinentes a los proyectos de ley o decretos aprobados por el Congreso; no obstante, señala un procedimiento especial para la presentación de las observaciones a los proyectos de Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos, el cual se ajustará a lo dispuesto por el artículo 38 de la propia Constitución.

Por consecuencia, del análisis del artículo 38 de la Constitución del Estado, se constata que regula en específico lo concerniente a la aprobación y ejecución de la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos local; luego entonces, se infiere que respecto al tema que nos ocupa, solamente se faculta al Ejecutivo a realizar observaciones a las modificaciones que, en su caso, haya realizado el Congreso del Estado al proyecto inicial de Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos de la entidad federativa, cuya elaboración le corresponde, no así a las leyes de ingresos municipales en las que se establecen anualmente las tasas, cuotas o tarifas aplicables a los impuestos, contribuciones de mejoras, derechos, productos y aprovechamientos que deban recaudarse en beneficio de la hacienda pública de los Municipios, quedando entonces la promulgación como un acto formal previo a su publicación para la debida validez, vigencia y observancia de las normas. 8. Acuerdos que tienen por rendidos los informes de las autoridades emisora y promulgadora. Por acuerdos de cuatro de abril y nueve de mayo de dos mil veintitrés la Ministra instructora tuvo por rendidos los informes solicitados a los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Nayarit, respectivamente.

9. Pedimento del Fiscal General de la República y de la Consejería Jurídica del Gobierno Federal. El citado funcionario y la referida dependencia no formularon manifestación alguna o pedimento concreto.

10. Cierre de instrucción. Por acuerdo de treinta de mayo de dos mil veintitrés, la Ministra instructora cerró la instrucción del asunto a efecto de elaborar el proyecto de resolución correspondiente.

I. COMPETENCIA

11. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver la presente acción de inconstitucionalidad de conformidad con lo dispuesto por los artículos 105, fracción II, inciso g), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,(4) y 10, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación,(5) en relación con el punto segundo, fracción II, del Acuerdo General Plenario Número 1/2023, de veintiséis de enero de dos mil veintitrés,(6) publicado en el Diario Oficial de la Federación el tres de febrero siguiente, toda vez que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos promueve el presente medio de control constitucional contra normas generales al considerar que su contenido es inconstitucional.

12. Estas consideraciones son obligatorias al haberse aprobado por unanimidad de once votos de las señoras Ministras y de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, González Alcántara Carrancá, Esquivel Mossa, Ortiz Ahlf, Aguilar Morales, Pardo Rebolledo, Zaldívar Lelo de Larrea, Ríos Farjat, Laynez Potisek, Pérez Dayán y presidenta Piña Hernández.

II. PRECISIÓN DE LAS NORMAS IMPUGNADAS

13. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos impugna el artículo 25, fracciones II y V, letras b y c, de la Ley de Ingresos del Municipio de la Yesca, Nayarit para el ejercicio fiscal 2023, expedida mediante Decreto publicado en el Periódico Oficial de esa entidad federativa el doce de diciembre de dos mil veintidós, cuyo texto es el siguiente:

"Artículo 25. Los derechos por los servicios de acceso a la información pública y protección de datos personales, cuando medie solicitud, se causarán y liquidarán conforme a la siguiente tarifa calculada en UMA:

Ver tarifa

14. Estas consideraciones son obligatorias al haberse aprobado por unanimidad de once votos de las señoras Ministras y de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, González Alcántara Carrancá, Esquivel Mossa, Ortiz Ahlf, Aguilar Morales, Pardo Rebolledo, Zaldívar Lelo de Larrea, Ríos Farjat, Laynez Potisek, Pérez Dayán y presidenta Piña Hernández.

III. OPORTUNIDAD

15. El artículo 60 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos(7) establece que el plazo para la presentación de la acción de inconstitucionalidad es de treinta días naturales contados a partir del día siguiente al que se publicó la norma impugnada.

16. En el caso, la norma impugnada fue publicada el lunes doce de diciembre de dos mil veintidós en el Periódico Oficial Local.

17. El plazo de treinta días naturales transcurrió del martes trece de diciembre de dos mil veintidós al miércoles once de enero de dos mil veintitrés, como se muestra en el siguiente calendario:

Ver calendario

18. En ese sentido, si la demanda promovida se presentó a través del buzón judicial el once de enero de dos mil veintitrés y fue recibida al día siguiente en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación,(8) se concluye que su presentación resulta oportuna.

19. Estas consideraciones son obligatorias al haberse aprobado por unanimidad de once votos de las señoras Ministras y de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, González Alcántara Carrancá, Esquivel Mossa, Ortiz Ahlf, Aguilar Morales, Pardo Rebolledo, Zaldívar Lelo de Larrea, Ríos Farjat, Laynez Potisek, Pérez Dayán y presidenta Piña Hernández.

IV. LEGITIMACIÓN

20. De acuerdo con el artículo 105, fracción II, inciso g), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,(9) la Comisión Nacional de los Derechos Humanos es un ente legitimado para promover el presente medio de control constitucional; por otra parte, el primer párrafo del artículo 11 de la ley reglamentaria de la materia(10) señala que los promoventes deben comparecer a juicio por conducto de los funcionarios que legalmente estén facultados para ello.

21. En el caso, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, comparece a través de su presidenta, quien exhibió copia certificada del acuerdo de designación del Senado de la República de fecha doce de noviembre de dos mil diecinueve(11) y acorde con las fracciones I y XI del artículo 15 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos,(12) ejerce la representación legal de ese órgano autónomo y cuenta con la facultad para promover acciones de inconstitucionalidad.

22. Por tanto, si en el caso se promovió la presente acción de inconstitucionalidad en contra de preceptos contenidos en la Ley de Ingresos del Municipio de la Yesca, Nayarit para el ejercicio fiscal 2023, y la accionante insiste que esas normas resultan violatorias a derechos humanos al estimar que transgreden el principio de gratuidad que rige al derecho de acceso a la información pública, así como la proporcionalidad en las contribuciones; por tanto, cuenta con legitimación para impugnarlos.

23. Finalmente, es de resaltarse que este Tribunal Pleno ha sostenido el criterio de que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos cuenta con legitimación para impugnar normas de carácter tributario, teniendo en cuenta que el artículo 105, fracción II, inciso g), constitucional, establece únicamente como condición de procedencia de la acción de inconstitucionalidad de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos la denuncia de inconstitucionalidad de leyes federales o locales que vulneren los derechos humanos consagrados en la Constitución Federal y tratados internacionales de los que México sea parte, sin que establezca otra condición, por lo que como se adelantó, dicha Comisión sí está legitimada para impugnar normas de carácter tributario, mientras se alegue la violación a un derecho humano, como en el caso acontece.(13)

24. Estas consideraciones son obligatorias al haberse aprobado por unanimidad de once votos de las señoras Ministras y de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, González Alcántara Carrancá, Esquivel Mossa, Ortiz Ahlf, Aguilar Morales, Pardo Rebolledo, Zaldívar Lelo de Larrea, Ríos Farjat, Laynez Potisek, Pérez Dayán y presidenta Piña Hernández.

V. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA

25. Toda vez que las partes no hicieron valer algún motivo de improcedencia y este Tribunal Pleno tampoco advierte que se actualice alguno, se procede al estudio de los conceptos de invalidez que hace valer la accionante.

26. Estas consideraciones son obligatorias al haberse aprobado por unanimidad de once votos de las señoras Ministras y de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, González Alcántara Carrancá, Esquivel Mossa, Ortiz Ahlf, Aguilar Morales, Pardo Rebolledo, Zaldívar Lelo de Larrea, Ríos Farjat, Laynez Potisek, Pérez Dayán y presidenta Piña Hernández.

VI. ESTUDIO DE FONDO

27. En su único concepto de invalidez, la Comisión accionante impugna el artículo 25, fracciones II y V, letras b y c, de la Ley de Ingresos del Municipio de la Yesca, Nayarit para el ejercicio fiscal 2023, al considerar que prevén cobros injustificados por expedición de constancias derivadas de solicitudes de acceso a la información pública, en violación al derecho de acceso a la información y el principio de gratuidad, reconocidos en los artículos 6o., apartado A, fracción III, de la Constitución Federal, 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

28. Sostiene que los preceptos impugnados son contrarios al principio de gratuidad que rige el derecho de acceso a la información pública, pues las cuotas relativas no se encuentran justificadas por el legislador local en razón del costo real de los materiales empleados para reproducir la información.

29. En cuanto al cobro por certificaciones, precisa que la cuota de la fracción II del artículo 25 impugnado no es proporcional, pues la misma cantidad se cobrará a aquél que solicite la certificación de una hoja, como aquél que solicite la certificación del expediente completo que conste de dos o más hojas.

30. Por cuanto a las tarifas de las letras b y c de la fracción V del artículo 25 combatido, señala que el cobro relativo carece de una base objetiva que atienda a los costos del Municipio por la entrega de la información en esa modalidad, siendo que ni en la exposición de motivos de la ley de ingresos impugnada ni en el dictamen relativo, obra constancia que se refiera se refiera a la metodología, ni tampoco a los costos de los materiales empleados para la reproducción, por lo que no es posible concluir que las tarifas sean razonables o justificadas.

31. Finalmente, menciona que al resolver la acción de inconstitucionalidad 9/2019, este Alto Tribunal declaró la invalidez de normas que establecían cobros desproporcionales e injustificados en leyes de ingresos municipales del Estado de Nayarit para el ejercicio fiscal 2021 y se vinculó al Congreso Local para abstenerse de incurrir en el mismo vicio de inconstitucionalidad.

32. Como se adelantó, el texto de la norma impugnada establece:

"Artículo 25. Los derechos por los servicios de acceso a la información pública y protección de datos personales, cuando medie solicitud, se causarán y liquidarán conforme a la sigu

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/32190-5ec16c94/i-accion-de-inconstitucionalidad-legitimacion-de-la-comision · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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