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Modo: Corpus Pro

PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES. EL ARTÍCULO 127, FRACCIÓN VIII, DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO NO VIOLA EL PRINCIPIO DE IRRETROACTIVIDAD DE LA LEY NI EL DERECHO DE PARTICIPACIÓN EN LAS UTILIDADES DE LA FUENTE DE TRABAJO.

Tipo de asunto: AMPARO EN REVISIÓN 633/2023. · Registro digital (IUS): 32663
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2024-08-23
Promovente: DANIELA TEJA CASTILLO.
Localización: Undécima Época. Segunda Sala. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 40, Agosto de 2024, Tomo IV, Volumen 1, Pág.494.

AMPARO EN REVISIÓN 633/2023. DANIELA TEJA CASTILLO. 3 DE ABRIL DE 2024. PONENTE: ALBERTO PÉREZ DAYÁN. SECRETARIA: EDITH GUADALUPE ESQUIVEL ADAME.

ÍNDICE TEMÁTICO

El problema jurídico a resolver por la Segunda Sala consiste en determinar si la fracción VIII del artículo 127, de la Ley Federal del Trabajo, es violatoria de lo previsto en los artículos 14 y 123 de la Constitución Federal; por establecer que el monto de la participación de utilidades tendrá como límite tres meses del salario del trabajador.

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Ciudad de México. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al tres de abril de dos mil veinticuatro, emite la siguiente:

SENTENCIA

Mediante la cual se resuelve el recurso de revisión 633/2023, interpuesto por la quejosa Daniela Teja Castillo, contra la sentencia de treinta y uno de agosto de dos mil veintidós, emitida por el Juzgado Sexto de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Querétaro, en el juicio de amparo indirecto 763/2022.

El problema jurídico a resolver por esta Segunda Sala consiste en determinar si la fracción VIII del artículo 127, de la Ley Federal del Trabajo, es violatoria de lo previsto en los artículos 14, 16 y 123 de la Constitución Federal, por establecer que el monto de la participación de utilidades tendrá como límite tres meses del salario del trabajador.

ANTECEDENTES Y TRÁMITE

1. Demanda de amparo. Mediante escrito presentado el veinte de junio de dos mil veintidós, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Querétaro, Daniela Teja Castillo, promovió juicio de amparo contra las autoridades y actos siguientes:

De la H. Cámara de Diputados se reclama la inconstitucionalidad de la fracción VIII, del artículo 127 de la Ley Federal del Trabajo, en cuanto hace a la aprobación y expedición de la citada porción normativa.

De la H. Cámara de Senadores se reclama la inconstitucionalidad de la fracción VIII, del artículo 127 de la Ley Federal del Trabajo, en cuanto hace a la aprobación y expedición de la citada porción normativa.

Del C. Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, se reclama la inconstitucionalidad de la fracción VIII, del artículo 127 de la Ley Federal del Trabajo, en cuanto hace a la aprobación, promulgación y publicación de la citada porción normativa.

De la Secretaría de Gobernación, se reclama la inconstitucionalidad de la fracción VIII, del artículo 127 de la Ley Federal del Trabajo, en cuanto hace a la aprobación, promulgación y publicación de la citada porción normativa.

De la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, se reclama la inconstitucionalidad de la fracción VIII, del artículo 127 de la Ley Federal del Trabajo, en cuanto hace a la expedición de disposiciones de carácter general para la implementación y aplicación sobre el reparto de utilidades en términos del decreto publicado en fecha de (sic) 23 de abril de 2021.

2. Mediante auto de veintiuno de junio de dos mil veintidós se requirió a la parte quejosa para que aclarara el acto reclamado, prevención que se desahogó con el escrito presentado el treinta de junio siguiente, en el que expuso:

"(...) el artículo impugnado es la fracción VIII, del artículo 127 de la Ley Federal del Trabajo, como norma heteroaplicativa, por el acto de aplicación el pago del reparto de utilidades de treinta de mayo de dos mil veintidós, por parte de la empresa Daifuku de México, sociedad anónima de capital variable; y a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, se reclama la expedición de la Guía para cumplir con las obligaciones en materia de reparto de utilidades, de veintiocho de marzo de dos mil veintidós, derivada de la implementación y aplicación del decreto de veintitrés de abril de dos mil veintiuno".

3. Conceptos de violación. De la demanda de amparo y del escrito mediante el cual desahogó la prevención se advierte que la quejosa adujo esencialmente lo siguiente:

a) El artículo 127, fracción VIII, de la Ley Federal del Trabajo es inconstitucional porque establece un tope de tres meses para el reparto de utilidades y se reclama por su acto de aplicación consistente en el recibo de treinta de mayo de dos mil veintidós, cuyo comprobante fiscal se exhibió con la demanda, mediante el cual el empleador entregó esa prestación a la trabajadora quejosa.

b) Ese límite es violatorio de lo previsto en el artículo 14 constitucional, por ser una norma retroactiva que restringe los derechos adquiridos de la quejosa.

c) Existe una contradicción entre la norma laboral y el texto constitucional, porque el tope de tres meses no tiene sustento en el artículo 123 de la Norma Suprema.

d) La Constitución sólo facultó a la Comisión Nacional para la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas (en adelante Comisión Nacional) a establecer el porcentaje y, en su caso, a modificarlo si existen estudios o investigaciones que lo respalden, por tanto, no existe justificación para que el Congreso haya topado el reparto de utilidades.

e) De la Secretaría del Trabajo y Previsión Social se reclama la expedición de la Guía para cumplir con las obligaciones en materia de reparto de utilidades, de veinticinco de marzo de dos mil veintidós, derivada de la implementación y aplicación del "Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo; de la Ley del Seguro Social; de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores; del Código Fiscal de la Federación; de la Ley del Impuesto Sobre la Renta; de la Ley del Impuesto al Valor Agregado; de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B del Artículo 123 Constitucional; de la Ley Reglamentaria de la Fracción XIII Bis del Apartado B, del Artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en Materia de Subcontratación Laboral", publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintitrés de abril de dos mil veintiuno.

f) Se reclama esa Guía con motivo de su aplicación en el recibo de pago del reparto de utilidades de treinta de mayo de dos mil veintidós en el que se topó el monto a tres meses del salario de la quejosa, lo cual se desprende del propio recibo, así como de la hoja de cálculo que se exhibió con la demanda.

4. Sentencia de amparo. Seguido el trámite, el treinta y uno de agosto de dos mil veintidós, la Secretaria encargada del despacho del Juzgado Sexto de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Querétaro, dictó sentencia en la que negó el amparo a la quejosa por considerar lo siguiente:

A. Los conceptos de violación dirigidos a controvertir la constitucionalidad de la norma reclamada son inoperantes por ser insuficientes para combatirla, ya que no se expusieron argumentos con los que se trate de demostrar jurídicamente que la ley impugnada resulta contraria a la hipótesis de la norma constitucional, en cuanto al marco de su contenido y alcance.

B. Asimismo, consideró que al tratarse de materia administrativa no se actualiza el supuesto de suplir la deficiencia de la queja.

C. Aunque en materia administrativa existen criterios relativos a que se puede atender a la causa de pedir, lo cierto es que en amparos donde se controvierte la constitucionalidad de una disposición, se exige que se expongan razonamientos lógicos-jurídicos, suficientes para atacar y destruir la constitucionalidad material de la norma general reclamada.

En ese sentido, los argumentos de la quejosa carecen de sustento legal dado que están basados en meras consideraciones personales por lo que devienen inoperantes.

5. Recurso de revisión. Inconforme con tal determinación, la quejosa, por conducto de su autorizada interpuso recurso de revisión, del que conoció el Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Vigésimo Segundo Circuito, el cual, por acuerdo de quince de octubre de dos mil veintidós lo admitió a trámite, registrándolo con el número de expediente 335/2022.

6. Resolución del Tribunal Colegiado. En sesión de veintinueve de junio de dos mil veintitrés, el citado Tribunal Colegiado:

I. Hizo relación de las causas de improcedencia que fueron desestimadas por el Juez de Distrito, vinculadas con:

a) La existencia de la Guía para cumplir con las obligaciones en materia de reparto de utilidades, como acto reclamado de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.

b) La acreditación del acto concreto de aplicación mediante el comprobante fiscal digital de treinta y uno de mayo de dos mil veintidós.

c) La formulación de conceptos de violación sobre la inconstitucionalidad de las normas reclamadas.

II. Desestimó la causa de improcedencia que no fue motivo de análisis por la Secretaria de juzgado, encargada del despacho, en la cual la Cámara de Senadores negó el acto que se le atribuyó, por considerar que la emisión de la norma impugnada corresponde a la totalidad del Congreso de la Unión; al respecto, el órgano colegiado consideró infundado tal argumento porque esa autoridad responsable participó en el proceso legislativo que dio origen a la disposición reclamada y existe criterio de la Suprema Corte en el sentido de que el proceso legislativo es una unidad indisoluble de la norma que emana del mismo.

III. Reservó jurisdicción a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, respecto del tema de constitucionalidad que subsiste en relación a la fracción VIII, del artículo 127 de la Ley Federal del Trabajo.

7. Trámite ante la Suprema Corte. Mediante proveído de siete de agosto de dos mil veintitrés, la Ministra Presidenta de esta Suprema Corte determinó reasumir su competencia originaria para conocer del medio de impugnación de que se trata; ordenó su registro con el número 633/2023; turnó el asunto al Ministro Alberto Pérez Dayán para su estudio; y envió los autos a la Sala de su adscripción para el trámite de avocamiento.

8. Posteriormente, por acuerdo de ocho de septiembre de dos mil veintitrés, el Ministro Presidente de la Segunda Sala ordenó que ésta se avocara al conocimiento del asunto y remitirlo a su ponencia para la formulación del proyecto respectivo.

9. Publicación del proyecto. De conformidad con los artículos 73, párrafo segundo y 184, párrafo primero de la Ley de Amparo, el proyecto de sentencia se hizo público.

I. COMPETENCIA

10. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es legalmente competente para conocer de este recurso de revisión, en términos de lo dispuesto por los artículos 107, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 81, fracción I, inciso e), y 83 de la Ley de Amparo; así como 21, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y conforme a lo previsto en el punto segundo, fracción III, inciso A), en relación con el punto tercero del Acuerdo General Plenario 1/2023, en virtud de que se trata de un recurso de revisión derivado de un juicio de amparo en el que se combate la constitucionalidad de la fracción VIII, del artículo 127 de la Ley Federal del Trabajo, y no se estima necesaria la intervención del Tribunal Pleno.

11. Estas consideraciones son obligatorias al haberse aprobado por unanimidad de cinco votos de los Ministros Yasmín Esquivel Mossa, Luis María Aguilar Morales, Lenia Batres Guadarrama, Javier Laynez Potisek y Presidente Alberto Pérez Dayán (ponente).

II. PRESUPUESTOS PROCESALES

12. El Tribunal Colegiado que previno en el conocimiento del asunto se pronunció respecto de los presupuestos procesales relativos a la oportunidad y legitimación.

III. NORMAS CUYA CONSTITUCIONALIDAD SE RECLAMA

13. El problema jurídico consiste en determinar si la fracción VIII del artículo 127, de la Ley Federal del Trabajo, es violatoria de lo previsto en los artículos 1, 14, 16 y 123 de la Constitución Federal; por establecer que el monto de la participación de utilidades tendrá como límite tres meses del salario del trabajador.

14. El contenido del precepto reclamado se reproduce a continuación:

Artículo 127. El derecho de los trabajadores a participar en el reparto de utilidades, reconocido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se ajustará a las normas siguientes:

(...).

VIII. El monto de la participación de utilidades tendrá como límite máximo tres meses del salario del trabajador o el promedio de la participación recibida en los últimos tres años; se aplicará el monto que resulte más favorable al trabajador.

15. Asimismo, esta Segunda Sala considera que debe analizarse la constitucionalidad de la Guía para cumplir con las obligaciones en materia de reparto de utilidades, expedida por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, porque su constitucionalidad fue reclamada en los conceptos de violación planteados en la demanda de amparo y en el escrito mediante el cual se desahoga la prevención que le fue requerida por el Juez de Distrito.

16. En efecto, la sentencia de amparo no es congruente con lo reclamado por la parte quejosa, dado que la Secretaria, encargada del despacho no se pronunció sobre la impugnación a la Guía para cumplir con las obligaciones en materia de reparto de utilidades, expedida por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, el veinticinco de marzo de dos mil veintidós, no obstante haberse señalado como acto reclamado y formulado concepto de violación respecto de su constitucionalidad, por considerar que las reglas relativas al límite de tres meses de salario del pago de las utilidades que en ella se establecen, le fueron aplicadas en el recibo de pago exhibido.

17. Por tanto, esta Segunda Sala reasume su competencia originaria para analizar el tema de constitucionalidad atribuido a esa disposición de carácter general, de conformidad con lo previsto en el artículo 107, fracción VIII, inciso a), de la Constitución Federal.(1)

18. Se transcribe el contenido de la Guía reclamada:

I. ASPECTOS BÁSICOS

• El espíritu de la reforma en materia de subcontratación busca que en todo momento se respeten los derechos de todos los trabajadores y que las empresas los contraten directamente sin emplear la figura de la subcontratación de personal, prohibida explícitamente por la Ley.

• Con las reformas a la Ley Federal del Trabajo, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 23 de abril de 2021, se modificó el texto del artículo 127, enfatizando con ello que el derecho de los trabajadores a participar en el reparto de utilidades se encuentra reconocido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que se adicionó la fracción VIII, orientada a establecer las bases para aplicar el monto de la participación de utilidades que le resulte más favorable al trabajador.

• En el ánimo de evitar discrecionalidad en el reparto de utilidades, el Gobierno de México propuso el establecimiento de reglas precisas que no afecten al sector empresarial y que impulsen un incremento en el beneficio de los trabajadores. Con las nuevas reglas establecidas en la reforma de la Ley Federal del Trabajo para el reparto de utilidades, se espera que los trabajadores reciban en promedio, un PTU de 57 días de salario, $18,557; es decir, 2.59 veces más de lo que reciben actualmente (lo que representaría un incremento del 159 %).

• El cambio normativo en ningún momento modifica el mecanismo establecido en la Constitución Federal o en la Ley Federal del Trabajo en materia de reparto de utilidades, ni en sus fórmulas de cálculo, por lo que se seguirán observando todas aquellas normas establecidas en el artículo 125, las excepciones precisadas en el artículo 126, así como lo establecido en las fracciones I a VII del artículo 127 de la Ley Federal del Trabajo.

• En tal sentido, y con motivo de la implementación de las modalidades señaladas en las consideraciones anteriores, y para facilitar la aplicación del monto que resulte más favorable al trabajador, se ha tenido a bien expedir la siguiente guía.

II. PRINCIPIOS

1. El reparto de utilidades es un derecho constitucional, irrenunciable y adquirido de los trabajadores, de conformidad con el porcentaje que determine la Comisión Nacional para la Participación de los Trabajadores en las Utilidades de las Empresas, instancia facultada por la Constitución para tal efecto.

2. En la aplicación del reparto de utilidades de las empresas, invariablemente se aplicará, en caso de que exista alguna duda en cuanto al sentido o alcance de la norma legal, la interpretación más favorable al trabajador, y por ningún motivo debe ser en perjuicio de éste, ya que la Ley Federal del Trabajo busca protegerlo por ser la parte más vulnerable entre los factores de la producción.

III. ¿QUÉ SE DEBE OBSERVAR PARA CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE SE TIENE EN MATERIA DE PTU?:

1. El cálculo del porcentaje de participación para los trabajadores en las utilidades debe corresponder al 10 % sobre la renta gravable, tal como fue determinado mediante la Resolución publicada en el Diario Oficial de la Federación, el 18 de septiembre de 2020, del Consejo de Representantes de la Sexta Comisión Nacional para la Participación de los Trabajadores en las Utilidades de las Empresas.

2. A partir de lo anterior, y conforme a lo establecido en el artículo 123 de la Ley Federal del Trabajo, la utilidad repartible se dividirá en dos partes iguales:

• La primera se repartirá por igual entre todos los trabajadores, tomando en consideración el número de días trabajados por cada uno en el año, independientemente del monto de los salarios;

•Y la segunda se repartirá en proporción al monto de los salarios devengados por el trabajo prestado durante el año.

IV. ALCANCES DE LA APLICACIÓN DE LA ADICIÓN DE LA FRACCIÓN VIII AL ARTÍCULO 127 DE LA LFT.

De conformidad con el dictamen legislativo de esta reforma, los empleadores deberán repartir utilidades de acuerdo con la Constitución y la Ley; y para evitar distorsiones, principalmente en los sectores de uso intensivo de capital, se establecen dos modalidades:

• Se deberá pagar a los trabajadores el 10 % de las utilidades de la empresa conforme a lo estipulado en el marco legal vigente.

• Únicamente cuando este monto sea superior a 90 días (tres meses) del salario del trabajador, se establecen los 90 días de salario como límite máximo de pago del PTU, salvo que el promedio del PTU pagado por la empresa a los trabajadores según su categoría en los últimos tres años sea superior a los 90 días, entonces invariablemente se deberá pagar dicha cantidad promediada, ya que este monto resulta más benéfico para el trabajador.

• En el caso de la aplicación del reparto de utilidades en la modalidad que prevé pagar el PTU mediante el promedio del salario de los últimos tres años, la antigüedad del trabajador no será un factor para tomarse en cuenta. En consecuencia, a los trabajadores con antigüedad menor a tres años se les deberá aplicar para el cálculo referido, el monto promediado de los últimos tres años que haya correspondido a la categoría, plaza, cargo, nivel o puesto que ocupan en ese momento.

• Los alcances contenidos en la fracción VIII, del artículo 127, establecen parámetros mínimos que se deben observar sin perjuicio de que los sectores económicos, de común acuerdo con los trabajadores, establezcan mejores condiciones a través de la negociación colectiva. Este supuesto aplica siempre y cuando el cálculo del reparto de utilidades del 10 % exceda de tres meses del salario del trabajador.

19. Estas consideraciones son obligatorias al haberse aprobado por unanimidad de cinco votos de los Ministros Yasmín Esquivel Mossa, Luis María Aguilar Morales, Lenia Batres Guadarrama, Javier Laynez Potisek y Presidente Alberto Pérez Dayán (ponente).

IV. AGRAVIO

20. La recurrente esencialmente aduce lo siguiente:

a) Que la juzgadora no suplió la deficiencia de la queja en contravención a lo previsto en el artículo 79, fracción V de la Ley de Amparo, dado que no tomó en consideración que en el caso se trata de una trabajadora y lo procedente es suplir los conceptos de violación aún en su ausencia. b) Lo anterior, pues se trata del reclamo de una prestación de naturaleza laboral, derivada de la fracción VIII del artículo 127 de la Ley Federal del Trabajo, modificada y publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintitrés de abril de dos mil veintiuno, cuya constitucionalidad se reclama, por considerarse violatoria de lo previsto en los artículos 1, 14, 16 y 123, fracción IX, de la Constitución Federal, al limitar el reparto de utilidades a los trabajadores por establecer un tope de tres meses de salario o el promedio de los tres últimos años.

c) Lo cual causa perjuicio a la parte quejosa porque en lugar de percibir el porcentaje del diez por ciento establecido por la Comisión Nacional, que equivalía a $300,813.07 (trescientos mil ochocientos trece pesos 07/100 moneda nacional), solo recibió $31,136.00 (treinta y un mil ciento treinta y seis pesos 00/100 moneda nacional).

d) Aduce que fue indebido que el juez le exigiera que detallara aspectos que no tienen relación directa con el acto reclamado, tales como la mecánica de cálculo del reparto de utilidades y otros elementos normativos, lo cual según la recurrente es innecesario y desproporcionado, ya que estas cuestiones son de conocimiento previo del juzgador.

V. ESTUDIO

1. Análisis del agravio esgrimido por la recurrente.

21. Esta Segunda Sala considera fundado el agravio relativo a que de manera incorrecta la secretaria encargada del despacho, concluyó que en el caso no es aplicable la suplencia de la queja a que se refiere el artículo 79, fracción V, de la Ley de Amparo,(2) por estimar que se trata de un asunto en materia administrativa y que no se surte la hipótesis establecida en ese precepto.

22. Lo anterior, pues en el caso la quejosa es una trabajadora que reclama la aplicación de una norma que prevé el tope de tres meses de salario para el pago de la participación en las utilidades de la empresa en la que labora, es decir, una disposición que regula una prestación laboral; la cual aduce violatoria de los artículos 14, 16 y 123, apartado A, fracción IX, de la Constitución Federal.

23. Al efecto, resulta aplicable lo dispuesto en la jurisprudencia de rubro y texto:

SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE EN MATERIA DE TRABAJO. OPERA EN FAVOR DEL TRABAJADOR CUANDO EL ACTO RECLAMADO AFECTE ALGÚN INTERÉS FUNDAMENTAL TUTELADO POR EL ARTÍCULO 123 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. Al establecer el artículo 76 bis de la Ley de Amparo las hipótesis en que se aplica la suplencia de la queja deficiente en cada una de las materias en las que procede el juicio de amparo, precisa que en materia de trabajo dicha suplencia sólo opera a favor del trabajador. Así, para establecer cuándo en un juicio de amparo en esta materia debe suplirse la queja deficiente de los planteamientos formulados en los conceptos de violación de la demanda de amparo, o bien, de los agravios expresados en el recurso correspondiente, debe atenderse preferentemente a dos elementos, a saber: 1) a la calidad del sujeto que promueve el amparo o interpone el recurso, quien debe ser trabajador; y, 2) a la naturaleza jurídica del acto reclamado materia de la controversia en el juicio de garantías, que se determina por el bien jurídico o interés fundamental que se lesiona con dicho acto, es decir, debe afectar directa e inmediatamente alguno de los derechos fundamentales consagrados en el artículo 123 de la Constitución Federal que surgen de la relación obrero-patronal y sus conflictos. De esta manera, para que el órgano de control constitucional esté obligado a aplicar la institución de la suplencia de la deficiencia de la queja, sólo debe atenderse a los dos elementos anteriores, sin importar el origen del acto reclamado, es decir, si deriva de un conflicto obrero-patronal, de un acto administrativo, de una ley o de un reglamento, por lo que si en el caso, un trabajador impugna un acto que afecta un bien jurídico o interés fundamental consagrado en su favor por las normas constitucionales, como lo son las garantías mínimas de seguridad social previstas en la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, debe concluirse que procede suplir la deficiencia de la queja.(3)

24. En ese sentido, al resultar fundado el agravio, se revoca la determinación de la secretaria encargada del despacho y se procede al examen de los conceptos de violación expuestos en la demanda de amparo que indebidamente declaró inoperantes; los cuales se analizarán suplidos en su deficiencia de la queja.

2. Análisis del concepto de violación, relativo a la vulneración a lo previsto en el apartado A, fracción IX, del artículo 123, de la Constitución Federal.

25. La quejosa argumentó que el tope de tres meses de salario es contrario al derecho constitucional de participación en las utilidades de la fuente de trabajo, porque el artículo 123, fracción IX, de la Constitución Federal, solamente faculta a la Comisión Nacional para designar el porcentaje que las empresas deberán destinar al reparto de utilidades, por lo que, el Congreso de la Unión no debió establecer un límite que no tiene sustento constitucional.

26. Esta Segunda Sala considera infundado ese argumento.

27. Al efecto, resulta necesario exponer el marco normativo que regula esa prerrogativa, por tanto, se transcribe el precepto constitucional referido:

Artículo 123. Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; al efecto, se promoverán la creación de empleos y la organización social de trabajo, conforme a la ley.

El Congreso de la Unión, sin contravenir a las bases siguientes deberá expedir leyes sobre el trabajo, las cuales regirán:

A. Entre los obreros, jornaleros, empleados domésticos, artesanos y de una manera general, todo contrato de trabajo:

(...)

IX. Los trabajadores tendrán derecho a una participación en las utilidades de las empresas, regulada de conformidad con las siguientes normas:

a) Una Comisión Nacional, integrada con representantes de los trabajadores, de los patronos y del Gobierno, fijará el porcentaje de utilidades que deba repartirse entre los trabajadores;

b) La Comisión Nacional practicará las investigaciones y realizará los estudios necesarios y apropiados para conocer las condiciones generales de la economía nacional. Tomará asimismo en consideración la necesidad de fomentar el desarrollo industrial del País, el interés razonable que debe percibir el capital y la necesaria reinversión de capitales;

c) La misma Comisión podrá revisar el porcentaje fijado cuando existan nuevos estudios e investigaciones que los justifiquen;

d) La Ley podrá exceptuar de la obligación de repartir utilidades a las empresas de nueva creación durante un número determinado y limitado de años, a los trabajos de exploración y a otras actividades cuando lo justifique su naturaleza y condiciones particulares;

e) Para determinar el monto de las utilidades de cada empresa se tomará como base la renta gravable de conformidad con las disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Los trabajadores podrán formular ante la Oficina correspondiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público las objeciones que juzguen convenientes, ajustándose al procedimiento que determine la ley.

28. Del precepto constitucional transcrito se advierte, en principio, que el Congreso de la Unión emitirá las leyes relativas a la materia de trabajo, siempre y cuando no se contravengan las bases expuestas en la propia Constitución; esto se relaciona con la facultad de expedir leyes del trabajo establecida en la fracción X, del numeral 73, del texto constitucional, el cual se transcribe:

Artículo 73. El Congreso tiene facultad:

(...).

X. Para legislar en toda la República sobre hidrocarburos, minería, sustancias químicas, explosivos, pirotecnia, industria cinematográfica, comercio, juegos con apuestas y sorteos, intermediación y servicios financieros, energía eléctrica y nuclear y para expedir las leyes del trabajo reglamentarias del artículo 123.

29. Precisada la facultad del órgano legislativo federal para emitir las disposiciones que regulen las relaciones laborales, sobre el derecho de fuente constitucional otorgado a los trabajadores para beneficiarse de las utilidades de la empresa para la que laboren, la Constitución previó ciertas bases entre las que se encuentran:

a) Que la Comisión Nacional tiene a su cargo fijar el porcentaje de utilidades que deba repartirse a los trabajadores, con base en estudios e investigaciones técnicas, que consideren el desarrollo industrial del país y un equilibrio razonable con la reinversión de los capitales.

Asimismo, se le encomendó revisar el porcentaje de las utilidades que será participable a los trabajadores, de modo que cualquier aspecto vinculado a esta tarea técnica corresponde realizarlo a dicho órgano, en forma previa a la repartición material.

Para el caso de que existan nuevos estudios e investigaciones que lo justifiquen, la propia Comisión podrá revisar el porcentaje fijado.

b) Que la ley podrá exceptuar de la obligación de repartir utilidades a las empresas de nueva creación durante un número determinado y limitado de años, a los trabajos de exploración y a otras actividades cuando lo justifique su naturaleza y condiciones particulares.

c) Que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público tiene facultades no sólo para resolver las objeciones expuestas por los trabajadores sobre el reparto de las utilidades, sino que como órgano revisor, debe analizar que haya sido correcto el monto de la participación atendiendo a la renta gravable obtenida según la Ley del Impuesto sobre la Renta y al porcentaje fijado por la Comisión Nacional.

30. En uso de la facultad otorgada constitucionalmente, el Congreso de la Unión incorporó en la Ley Federal del Trabajo las disposiciones relativas al reparto de utilidades, así como las reglas para la integración y faculta

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/32663-798e9f0e/participacion-de-los-trabajadores-en-las-utilidades-el · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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