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Modo: Corpus Pro

REPARACIÓN DEL DAÑO EN MATERIA PENAL. LA LEY GENERAL DE VÍCTIMAS ES APLICABLE SUPLETORIAMENTE PARA INDIVIDUALIZAR LOS CONCEPTOS DE DAÑO FORMAL Y MATERIAL.

Tipo de asunto: AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 2709/2023. · Registro digital (IUS): 32795
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2024-11-08
Promovente: —
Localización: Undécima Época. Primera Sala. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 43, Noviembre de 2024, Tomo II, Volumen 1, Pág.231.

AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 2709/2023. 7 DE FEBRERO DE 2024. CINCO VOTOS DE LOS MINISTROS Y LAS MINISTRAS LORETTA ORTIZ AHLF, JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCÁ, ANA MARGARITA RÍOS FARJAT, ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA Y JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO. PONENTE: JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCÁ. SECRETARIA: ROSALBA RODRÍGUEZ MIRELES.

ÍNDICE TEMÁTICO

Hechos: Una persona menor de edad (un año con once meses) fue intervenida quirúrgicamente por el diagnóstico de craneosinostosis sagital. Dicha intervención debía ser llevada a cabo de manera conjunta por un cirujano maxilofacial y un neurocirujano.

Sin embargo, a pesar de haberse iniciado el procedimiento quirúrgico y suministrado el tratamiento anestésico, el neurocirujano se encontraba ausente, por lo que el maxilofacial comenzó a dirigir la cirugía y a realizar los cortes iniciales en la cavidad craneal, utilizando instrumentos inadecuados y tardando más tiempo de lo requerido, lo que ocasionó un sangrado profuso en el paciente. Por su parte, el neurocirujano arribó al hospital dos horas después de haber comenzado la cirugía. Ambas conductas provocaron que la persona menor de edad falleciera por un choque hipovolémico refractario mientras estaba en el área de terapia intensiva.

Por los anteriores hechos se inició procedimiento penal en contra del recurrente y otro. Seguido el trámite respectivo en sus cauces legales, se emitió sentencia condenatoria en primera y segunda instancia por el delito de homicidio doloso por responsabilidad médica y técnica. Inconforme con la última resolución, el padre del menor –víctima indirecta del hecho ilícito– promovió juicio de amparo directo. El Tribunal Colegiado del conocimiento concedió la protección constitucional. No obstante, inconforme con la sentencia de amparo, el quejoso interpuso recurso de revisión; cuestión que es objeto de estudio en la presente ejecutoria.

Ver índice temático

Ciudad de México. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al siete de febrero de dos mil veinticuatro, emite la siguiente:

SENTENCIA

Mediante la cual se resuelve el amparo directo en revisión 2709/2023, promovido en contra de la sentencia dictada en sesión del ocho de marzo de dos mil veintitrés por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito, en el juicio de amparo directo **********.

Los problemas jurídicos por resolver consisten en determinar si el Tribunal Colegiado desconoció la doctrina de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentada en el amparo directo en revisión 4069/2018, en relación con el estándar de protección del derecho humano a una reparación del daño en materia penal; y, determinar si los órganos jurisdiccionales penales pueden aplicar supletoriamente la Ley General de Víctimas en aras de individualizar el monto económico que corresponde a las víctimas directas e indirectas de un delito por concepto de daño moral y material.

ANTECEDENTES Y TRÁMITE

1. Hechos. El quince de diciembre de dos mil cuatro, en el Hospital DIF de Hermosillo, Sonora, una persona menor de edad con iniciales **********, quien en ese entonces contaba con un año y once meses de edad, fue intervenido quirúrgicamente por el diagnóstico de craneosinostosis sagital.(1) Dicha intervención debía ser llevada a cabo de manera conjunta por el cirujano maxilofacial ********** y el neurocirujano **********. Asimismo, participarían en la operación ********** y ********** como médicos anestesiólogos.

2. No obstante, a pesar de haberse iniciado el procedimiento quirúrgico y de haberse suministrado el tratamiento anestésico, el neurocirujano se encontraba ausente, por lo que el cirujano maxilofacial ********** comenzó a dirigir la cirugía y a realizar los cortes iniciales en la cavidad craneal, utilizando instrumentos inadecuados para ello, y tardando más tiempo de lo requerido, lo que ocasionó un sangrado profuso en la persona menor de edad. Por su parte, el neurocirujano ********** llegó al hospital dos horas después de haber comenzado la cirugía.

3. Ambas conductas provocaron que la persona menor de edad falleciera por un choque hipovolémico refractario(2) mientras estaba en el área de terapia intensiva.

4. Averiguación previa. Por tales hechos, el veintitrés de enero de dos mil seis, el Agente Séptimo del Ministerio Público Investigador del Fuero Común, con residencia en el Estado de Sonora consignó sin detenido la averiguación previa ********** ante el juzgado penal correspondiente, en contra de **********, **********, ********** y **********, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de homicidio por culpa y responsabilidad médica y técnica en perjuicio de la persona menor de edad, con iniciales **********.

5. Proceso penal. La consignación se radicó bajo el número de causa penal ********** del índice del Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Penal del Distrito Judicial de Hermosillo, Sonora, quien libró orden de captura. Una vez que se ejecutó ese mandato, se tomó su declaración preparatoria y, posteriormente, se decretó su formal prisión. Dichas determinaciones fueron recurridas, con excepción de ********** y, confirmadas por el Tribunal de alzada.

6. El Juez Segundo de Primera Instancia de lo Penal del Distrito Judicial de Hermosillo, Sonora, se excusó de conocer la causa penal que instruía por considerar la existencia de una afectación anímica que impedía su objetividad para resolver el proceso penal y en perjuicio de la administración de justicia. Por esta razón, el once de abril de dos mil siete se calificó procedente la petición, y se determinó enviar el expediente al Juzgado Tercero de Primera Instancia de lo Penal de ese mismo Distrito Judicial de la entidad federativa aludida.

7. Posteriormente, el siete de marzo de dos mil siete, la Fiscalía también ejerció acción penal por esos mismos hechos en contra de **********, quien en esa temporalidad dijo ser encargada del turno vespertino del área de cuidados intensivos pediátricos del Hospital DIF de Hermosillo, Sonora; de **********, quien se desempeñaba en ese hospital como residente del tercer grado; y de **********, enfermero en el área de quirófano de pediatría, por su probable responsabilidad en la comisión de los delitos de homicidio por culpa y responsabilidad médica y técnica.

8. El segundo pliego fue radicado en el Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Penal del Distrito Judicial de Hermosillo, Sonora y se radicó con el número **********. Sin embargo, al igual que en la primera causa, el juzgador de referencia planteó un impedimento para conocerla y fue procedente su solicitud, por lo que, en términos de la determinación de once de abril de dos mil siete, se ordenó el envío de ese proceso al diverso Juzgado Tercero.

9. Por determinación de veintiuno de junio de dos mil siete, esta última autoridad judicial libró mandato de captura contra los inculpados. Una vez que se cumplimentó, tomó sus declaraciones preparatorias y dictó formal prisión contra ********** y **********, así como auto de libertad por falta de elementos para procesar a favor de **********.

10. Inconforme con ese fallo, ********** interpuso recurso de apelación del que correspondió conocer al Primer Tribunal Colegiado Regional del Primer Circuito del Estado de Sonora, quien por sentencia de dieciocho de julio de dos mil ocho confirmó la de primera instancia.

11. El catorce de noviembre de dos mil nueve, el agente del Ministerio Público formuló conclusiones acusatorias en contra de los acusados; particularmente, contra ********** y ********** por su responsabilidad en la comisión del delito de homicidio intencional; **********, **********, ********** e **********, en la comisión del ilícito de homicidio por culpa; y, excepción hecha del primero de los nombrados, a los restantes por el diverso de responsabilidad médica y técnica, en perjuicio de la persona menor de edad de iniciales **********.

12. Ahora bien, en atención a la nueva clasificación de los delitos, la autoridad judicial de origen, en términos del artículo 280, fracción III del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Sonora, dio vista al Procurador General de Justicia de esa entidad para la debida revisión del pliego. El diecisiete de diciembre de dos mil nueve, se confirmó su contenido.

13. Primera sentencia de primera instancia. El uno de julio de dos mil diez, el Juez Tercero de Primera Instancia de lo Penal del Distrito Judicial de Hermosillo, Sonora, dictó sentencia condenatoria contra **********, **********, ********** y **********, por su responsabilidad en la comisión del delito de homicidio imprudencial por responsabilidad médica y profesional.

14. Al primero de los mencionados le impuso, entre otras, una pena de seis años de prisión y la suspensión del ejercicio de su profesión por el lapso de cinco años. Mientras que, a los restantes, tres años nueve meses de pena privativa de libertad y la suspensión por tres años del ejercicio de su profesión. Asimismo, los condenó de forma genérica al pago de la reparación del daño moral y material, y les negó el beneficio de la suspensión condicional de la pena.

15. Por lo que hace a ********** e ********** se dictó sentencia absolutoria.

16. Primera sentencia de apelación. Inconformes con tal determinación, los sentenciados **********, **********, ********** y **********, así como el agente del Ministerio Público, interpusieron recurso de apelación, que resolvió el Primer Tribunal Colegiado Regional del Primer Circuito en el Estado de Sonora, con residencia en Hermosillo, por sentencia de quince de junio de dos mil once, en la que se determinó modificar el fallo recurrido.

17. La modificación consistió en condenar a ********** por su responsabilidad en la comisión del delito de homicidio imprudencial, dejándose insubsistente la agravante de responsabilidad médica y técnica y su penalidad consecuente, por lo que se le impuso la pena de seis años de prisión ordinaria, multa y la privación definitiva para ejercer la profesión de cirujano dentista con especialidad maxilofacial.

18. Por lo que respecta a **********, ********** y **********, el Tribunal de alzada mantuvo las sanciones de prisión, multa y suspensión por tres años del ejercicio de su profesión y, además, los condenó en forma individual a reparar el daño moral.

19. Finalmente, reiteró la negativa de conceder el beneficio de la suspensión condicional de la pena.

20. Primeros juicios de amparo directo. Los sentenciados y el ofendido ********** promovieron juicio de amparo directo contra dicha determinación, de los cuales tocó conocer al Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito.(3)

21. En sesión correspondiente al treinta de enero de dos mil doce, el Tribunal Colegiado de referencia emitió las sentencias respectivas.

22. En el caso de los quejosos ********** y **********, se les otorgó el amparo para el efecto de que la autoridad responsable dejara insubsistente la sentencia reclamada y emitiera otra en la que, después de tener por demostrado el delito y la responsabilidad penal atribuidos a los sentenciados, precisara su grado de reprochabilidad y, conforme al grado de culpa que les fuera determinado, les impusiera las sanciones que les correspondieran.

23. Por lo que hace al juicio que promovió **********, padre de la persona menor de edad –víctima indirecta–, también se le concedió el amparo para el efecto de que la autoridad responsable dejara insubsistente la sentencia reclamada(4) y dictara otra en la que, con plenitud de jurisdicción, atendiera los agravios expresados contra la sentencia de primera instancia y resolviera lo que en Derecho procediera.

24. Finalmente, en virtud de lo determinado en esos juicios, el Tribunal Colegiado de referencia sobreseyó los diversos promovidos por los quejosos ********** y **********.

25. Cumplimiento a la sentencia de amparo. En cumplimiento de aquellas ejecutorias, el Primer Tribunal Colegiado Regional del Primer Circuito en el Estado de Sonora, con residencia en Hermosillo, el veintiocho de febrero de dos mil doce, dictó una resolución nueva en la que condenó a **********, ********** y **********, por su responsabilidad en la comisión del delito de homicidio imprudencial con responsabilidad médica y técnica, en perjuicio de la persona menor de edad de iniciales **********.(5)

26. En relación con **********, la autoridad responsable dejó intocadas las penas de seis años de prisión, multa, la condena al pago de la reparación del daño moral y la suspensión definitiva para ejercer la profesión de cirujano dentista con especialidad maxilofacial.

27. Segundos juicios de amparo directo. Inconformes, **********, **********, **********, ********** e **********, promovieron juicios de amparo directo, de los cuales conoció el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito.(6)

28. En sesión de veintidós de octubre de dos mil doce, el Tribunal Colegiado determinó conceder, para efectos, el amparo y protección a los sentenciados de referencia. Por lo que hace al ofendido –víctima indirecta–, el Tribunal sobreseyó el juicio.

29. Segundo cumplimiento a la sentencia de amparo. En cumplimiento de las ejecutorias referidas, el veintisiete de noviembre de dos mil doce el Primer Tribunal Colegiado Regional del Primer Circuito dictó una resolución nueva en la que modificó la sentencia de primer grado ordenando la reposición del procedimiento de primera instancia, únicamente, por cuanto hace a los sentenciados ********** y **********.(7)

30. Asimismo, el Tribunal de alzada resolvió que en autos había quedado acreditado el delito de homicidio imprudencial por responsabilidad médica y técnica, así como la plena responsabilidad penal de ********** y **********.(8)

31. Respecto a la reposición de procedimiento ordenada, la autoridad jurisdiccional de primera instancia desahogó las diligencias respectivas y declaró cerrada la instrucción, determinación en contra de la cual se interpuso recurso de revocación, mismo que resultó fundado y, nuevamente, por acuerdo de veintisiete de noviembre de dos mil catorce, declaró cerrada la instrucción.

32. Segunda sentencia de primera instancia. El dieciséis de octubre de dos mil quince dictó sentencia definitiva en la que resolvió condenar a ********** y ********** por su responsabilidad en la comisión del delito de homicidio doloso(9) por responsabilidad médica y técnica en perjuicio del menor de iniciales **********.

33. Respecto a **********, lo condenó a una pena de ocho años de prisión y la suspensión del ejercicio de su profesión como cirujano maxilofacial por el lapso de tres meses. Por lo que hace a **********, lo sentenció a ocho años de prisión y la suspensión por tres meses del ejercicio de su especialidad de neurocirujano.

34. Asimismo, los condenó al pago de la reparación del daño material, en forma genérica o indeterminada y dejó a salvo los derechos de los padres de la víctima directa para que los hicieran valer en los términos de ley. Por daño moral, condenó al pago de la cantidad de dos mil ciento ochenta y seis pesos con cincuenta centavos. Finalmente, les negó todo tipo de beneficio liberatorio.

35. Segunda sentencia de apelación. Inconformes con esa resolución, los sentenciados ********** y **********, sus defensores, la Representación Social y la parte ofendida –respectivamente– interpusieron recursos de apelación, de los que correspondió conocer a la Segunda Sala Mixta del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sonora, bajo el consecutivo **********. Mediante resolución de cuatro de agosto de dos mil dieciséis, determinó modificar la sentencia de origen.(10)

36. Tercer juicio de amparo directo. Inconforme, el ofendido ********** –víctima indirecta– promovió juicio de amparo directo, del cual correspondió al Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito, bajo el número **********.(11)

37. Facultad de atracción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Mediante resolución de diez de abril de dos mil diecisiete, el Tribunal Colegiado de Circuito solicitó a esta Suprema Corte de Justicia de la Nación que ejerciera su facultad de atracción para conocer del juicio de amparo directo, al estimar que reunía los requisitos de importancia y trascendencia necesarios para tal efecto.

38. Respecto de dicha petición, el entonces Ministro Presidente de este Máximo Tribunal ordenó formar y registrar el expediente relativo a la solicitud de ejercicio de la facultad de atracción **********. Posteriormente, en sesión de trece de septiembre de dos mil diecisiete, esta Primera Sala decidió ejercer la facultad de atracción para conocer del juicio de amparo directo **********.(12)

39. Amparo directo resuelto por esta Primera Sala. El asunto fue radicado en esta Primera Sala bajo el número de amparo directo ********** y turnado a la Ponencia del Ministro José Ramón Cossío Díaz.(13)

40. Los cuestionamientos planteados, materia de análisis por parte de esta Primera Sala, fueron los siguientes:

i. ¿Es procedente el planteamiento del quejoso, en su carácter de víctima u ofendido, en torno a la violación de su derecho humano consagrado en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consistente en administrar justicia en un plazo razonable?

ii. ¿Cuáles son los parámetros para evaluar si se actualizó la violación al derecho de la víctima u ofendido de administrar justicia en un plazo razonable?

iii. ¿Cuál es el medio de reparación idóneo para la víctima u ofendido ante una transgresión al derecho de administrar justicia en un plazo razonable, en términos de la Ley de Amparo vigente?

41. En sesión de veintiuno de noviembre de dos mil dieciocho, esta Primera Sala resolvió devolver los autos al Tribunal Colegiado(14) para que realizara el estudio de control correspondiente, a partir de las consideraciones expuestas en dicha ejecutoria, y con libertad de jurisdicción analizara el acto reclamado.(15)

42. Devolución al Tribunal Colegiado. Por auto de veintiuno de enero de dos mil diecinueve, el Tribunal Colegiado se avocó al conocimiento del asunto y, previo el trámite correspondiente,(16) en proveído de dieciséis de agosto de dos mil veintiuno se turnó al Magistrado correspondiente para la elaboración del proyecto respectivo.

43. Sentencia del Tribunal Colegiado. En sesión de ocho de marzo de dos mil veintitrés(17) los Magistrados integrantes del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito determinaron conceder el amparo y protección al quejoso y ofendido.(18)

44. Recurso de revisión. Inconforme con tal resolución, por escrito presentado el doce de abril de dos mil veintitrés ante la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito, ********** interpuso recurso de revisión.

45. Trámite ante esta Suprema Corte. En proveído de dos de mayo de dos mil veintitrés, la Ministra Presidenta de este Alto Tribunal admitió el recurso de revisión y ordenó su registro con el número 2709/2023. Asimismo, lo turnó al Ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá y envió el expediente a esta Primera Sala para efectos de su avocamiento. Esto último aconteció en auto de treinta y uno de agosto de dos mil veintitrés.

I. COMPETENCIA

46. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de este recurso de revisión en términos de lo dispuesto en los artículos 107, fracción IX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 81, fracción II, y 96 de la Ley de Amparo; y 21, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en concordancia con lo dispuesto en los Puntos Primero, Segundo, fracción III, inciso B), Tercero y Quinto, fracción I, del Acuerdo General Número 1/2023, de veintiséis de enero de dos mil veintitrés, del Tribunal Pleno de esta Suprema Corte (modificado mediante instrumento normativo del diez de abril de dos mil veintitrés). 47. Lo anterior, ya que el recurso fue interpuesto en contra de una sentencia de amparo directo en materia penal dictada por un Tribunal Colegiado de Circuito, la cual corresponde a la especialidad de esta Primera Sala y no es de interés excepcional para que conozca el Tribunal Pleno.

II. OPORTUNIDAD

48. La sentencia del Tribunal Colegiado de Circuito del conocimiento le fue notificada al recurrente el jueves veintitrés de marzo de dos mil veintitrés y surtió efectos al día siguiente, viernes veinticuatro del mismo mes y año.

49. El plazo para interponer el recurso de revisión transcurrió del lunes veintisiete de marzo al miércoles doce de abril de dos mil veintitrés, descontándose miércoles cinco, jueves seis y viernes siete de abril por haber sido inhábiles,(19) así como los sábados y domingos veinticinco y veintiséis de marzo, uno, dos, ocho y nueve de abril, de conformidad con el artículo 19 de la Ley de Amparo.

50. Luego, si el recurrente interpuso el recurso de revisión ante la Oficina de Correspondencia Común del Tribunal Colegiado del conocimiento el miércoles doce de abril de dos mil veintitrés, esta Primera Sala concluye que su presentación fue oportuna.

III. LEGITIMACIÓN

51. Esta Suprema Corte considera que el recurrente ********** cuenta con la legitimación necesaria para interponer el recurso de revisión, porque está probado que se le reconoció el carácter de quejoso en el juicio de amparo directo del que deriva el presente recurso, en términos del artículo 5°, fracción I, de la Ley de Amparo.

IV. ESTUDIO DE PROCEDENCIA DEL RECURSO

52. Por ser una cuestión de estudio preferente esta Primera Sala se avoca a determinar la procedencia del presente recurso de revisión. Para ello resulta necesario tener en cuenta los argumentos medulares de la demanda de amparo, así como las consideraciones de la sentencia recurrida y los agravios expuestos por el recurrente para su impugnación.

53. Conceptos de violación. En la demanda de amparo el quejoso señaló, en esencia, los argumentos siguientes:

• Consideró que se violaron en su perjuicio los artículos 14, 16, 17 y 20, apartado C, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en relación con los diversos numerales 7, fracciones II, VII y X de la Ley General de Víctimas, así como las garantías de legalidad, seguridad jurídica y derecho al debido proceso; asimismo, se desconoció su derecho a la justicia y a la reparación integral, lo que vulneró el principio de tutela judicial efectiva(20) previsto en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

• Señaló que se le dejó en estado de indefensión por lo que hace al derecho que tiene a una administración de justicia pronta y expedita, así como a la eventual reparación del daño, de conformidad con los artículos 7 y 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y 11 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre.

• Consideró que se desconoció en su perjuicio el principio pro persona consagrado en el ordinal 1º constitucional y los derechos pro víctima consagrados en el diverso 20 de la Carta Magna y establecidos por el creador de la norma con motivo de la reforma constitucional de 18 de junio de 2008.

• Aunado a ello, el quejoso consideró que la determinación emitida por el Tribunal de alzada impedía que se concretizara su derecho a una administración de justicia pronta y expedita y, eventualmente, a la reparación del daño, una reparación integral, por lo que solicitó que se le otorgara el amparo para que se le restituyera en el goce y disfrute de la garantía violada.

• En relación con la individualización de las penas, el quejoso consideró que la autoridad judicial omitió motivar las causas que lo llevaron a establecer una punibilidad mínima de los sentenciados; agregó que la primodelincuencia no obliga al establecimiento de la pena mínima ya que se debieron ponderar diversos elementos tal y como lo establecen los artículos 55 y 57 del Código Penal para el Estado de Sonora.

• Señaló que, en virtud de que existe una víctima menor de edad fallecida, debió considerarse la pena máxima establecida por el ordinal 256 de ese código sustantivo e, incluso, la suspensión definitiva para que el condenado ejerza su profesión, en virtud de que la acción infractora desplegada fue de forma dolosa.

• Indicó que, para arribar a esa conclusión, la autoridad jurisdiccional debió ponderar el contenido de las conclusiones acusatorias de la Representación Social y el principio de interés superior del menor, en los términos indicados por el artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en concordancia con los diversos 3 de la Convención sobre los Derechos del Niño; y, 3, 4, 6 y 7 de la Ley para la Protección de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes.

• Por otra parte, indicó que se debió emitir una sentencia justa en la que existiera una correlación entre la acusación, la prueba y la sentencia; la cual debía estar plenamente fundada y motivada, con argumentos congruentes y una valoración probatoria conforme a las reglas de la sana crítica.

• Asimismo, argumentó que se debió ajustar a los instrumentos de índole internacional; ello, derivado de la interpretación que la Suprema Corte de Justicia de la Nación plasmó en el expediente Varios 912/2010, en el que dejó patente el deber de los jueces mexicanos de llevar un control de convencionalidad ex officio en el marco de sus competencias respectivas, abriendo la puerta para un control difuso.

• Aunado a lo anterior, el autor de la demanda consideró que se omitió atender al dictado de una condena por reparación integral, lo que generó una victimización secundaria. Ello, al tener que solicitar su ejecución para su aplicación después de haberse emitido la sentencia condenatoria, no obstante que desde un inicio se proporcionaron todos los elementos necesarios para una condena integral en los términos de la Ley General de Víctimas y diversos instrumentos internacionales.

• Con base en ello, consideró que debió establecerse un plan de reparación integral. Para sustentarlo, expuso algunas características que debió cumplir su contenido e, incluso, respaldó sus argumentos con ciertas determinaciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre esos aspectos.

• En otra parte de su demanda, el quejoso expresamente señaló que la Segunda Sala Mixta confundió sus agravios, porque no solicitó la reclasificación del delito a homicidio doloso agravado, sino que solicitó la imposición de una penalidad más alta.

• En otro orden de ideas, solicitó que esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ejerciera su facultad de atracción para conocer del juicio, al considerar que el asunto reviste las características de importancia y trascendencia, puesto que han transcurrido más de doce años desde que acontecieron los hechos sin poder tener acceso a la verdad y, por tanto, a la justicia.

• Finalmente, solicitó la aplicación de la figura de la suplencia de la queja deficiente en el análisis de sus conceptos de violación.

54. Sentencia recurrida. El Tribunal Colegiado concedió el amparo solicitado, esencialmente, bajo los argumentos siguientes:

• El Tribunal declaró los conceptos de violación, por una parte, infundados, por otra inoperantes y el resto fundados, pero suplidos en su deficiencia. Lo anterior, con fundamento en los artículos 21 y 22 constitucionales vigentes antes de la reforma constitucional de dieciocho de junio de dos mil ocho (aplicable al caso por tratarse de un asunto penal del sistema tradicional), así como los diversos 56 y 57 del Código Penal para el Estado de Sonora, vigente al momento de los hechos.

• Indicó que de los artículos 56 y 57 del Código Penal para el Estado de Sonora, vigente al momento de los hechos, se advertía que el juzgador gozaba de autonomía para imponer las penas y medidas de seguridad que considere, tomando en cuenta la punibilidad del delito, la gravedad y el grado de culpabilidad.

• Sin embargo, señaló que, dado que la ley no fija denominaciones o categorías predeterminadas respecto de la graduación de culpabilidad, el juez debe ser cuidadoso con la expresión que emplee para designar el grado de culpabilidad, sin perder de vista el grado de congruencia que rige en toda resolución judicial, el quantum debe ser proporcional.

• Al efecto, citó la jurisprudencia 1a./J. 157/2005 emitida por la Primera Sala de rubro: "INDIVIDUALIZACIÓN DE LA PENA. DEBE SER CONGRUENTE CON EL GRADO DE CULPABILIDAD ATRIBUIDO AL INCULPADO, PUDIENDO EL JUZGADOR ACREDITAR DICHO EXTREMO A TRAVÉS DE CUALQUIER MÉTODO QUE RESULTE IDÓNEO PARA ELLO."(21)

• Bajo esos parámetros, el Tribunal estimó que no le asistía razón al quejoso al señalar que la pena impuesta a ********** fue incorrecta y, por tanto, compartía lo sostenido por la Sala señalada como responsable en el sentido de que las razones expuestas por el ofendido y el Ministerio Público fueron insuficientes para elevar el grado de punibilidad mínimo.

• Indicó que la pena de prisión y la multa impuesta a **********, fueron correctas y proporcionales con la forma de participación con relación al resultado reprochado (comisión por omisión), tomando en cuenta el resultado del fallo, la afectación al bien jurídico (fallecimiento de la persona menor de edad) y la actualización de la agravante por responsabilidad médica y técnica.

• Lo anterior, porque no se encuentra demostrado que el sentenciado hubiera hecho uso del engaño para realizar la cirugía. De igual forma, el Colegiado señaló que, si bien la afectación al bien jurídico tutelado es grave, dado el fallecimiento de la persona menor de edad, lo cierto es que las circunstancias personales del neurocirujano, como su nivel educativo y su carácter de servidor público de la salud, fueron tomadas en cuenta en su perjuicio al considerarse actualizada la agravante d

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/32795-1281739c/reparacion-del-dano-en-materia-penal-la-ley · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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