RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO. INDEMNIZACIÓN EN CASO DE MUERTE CUANDO EXISTAN MÚLTIPLES RECLAMANTES (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 14, FRACCIÓN III, DE LA LEY FEDERAL DE LA MATERIA).
CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS 233/2023. ENTRE LOS SUSTENTADOS POR EL DÉCIMO PRIMER Y EL DÉCIMO SEXTO TRIBUNALES COLEGIADOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 23 DE MAYO DE 2024. TRES VOTOS DE LAS MAGISTRADAS ADRIANA LETICIA CAMPUZANO GALLEGOS Y SILVIA CERÓN FERNÁNDEZ, Y DEL MAGISTRADO ALEJANDRO VILLAGÓMEZ GORDILLO (PRESIDENTE). PONENTE: MAGISTRADA SILVIA CERÓN FERNÁNDEZ. SECRETARIO: MARTÍN DANIEL BRITO MORENO.
El Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, en sesión de veintitrés de mayo de dos mil veinticuatro, emite la siguiente:
RESOLUCIÓN
1. Correspondiente a la contradicción de criterios 233/2023 suscitada entre el Décimo Primer y Décimo Sexto Tribunales Colegiados en Materia Administrativa del Primer Circuito.
2. El problema jurídico a resolver por parte de este Pleno Regional consiste en determinar si existe la contradicción de criterios denunciada y, en su caso, establecer si la indemnización en caso de muerte prevista en el artículo 14, fracción III, de la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado, corresponde a una cantidad única para todos los reclamantes, o bien, debe otorgarse a cada uno de ellos.
I. ANTECEDENTES DEL ASUNTO
3. PRIMERO. Denuncia de la contradicción. Mediante oficio de veintiuno de agosto de dos mil veintitrés, los Magistrados integrantes del Décimo Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, denunciaron la posible contradicción entre los criterios sustentados por ese órgano colegiado, al resolver el recurso de revisión fiscal 625/2022, y el Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa de ese circuito, al resolver el recurso de revisión fiscal 51/2021.
4. SEGUNDO. Radicación del asunto. En auto de veintidós de agosto de dos mil veintitrés, la Magistrada Presidenta del entonces Pleno Regional en Materia Administrativa de la Región Centro-Norte, admitió a trámite la contradicción de criterios, registrándola con el número de expediente 233/2023.
5. En esa misma actuación, requirió a los Tribunales Colegiados contendientes para que informaran si los criterios en contradicción seguían vigentes o, en su caso, las causas para tenerlos por superados o abandonados.
6. De igual forma, requirió al Director General de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que rindiera informe relativo a la existencia de alguna contradicción de criterios radicada ante el Alto Tribunal, relacionada con el tema a dilucidar, consistente en: “DETERMINAR CÓMO DEBE INTERPRETARSE EL ARTÍCULO 14, FRACCIÓN III, DE LA LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO, EN CASO DE INDEMNIZACIÓN POR MUERTE”; asimismo, hizo constar que cualquier persona o institución podría formular su opinión respecto de la contradicción de mérito y turnó el asunto a la ponencia de la Magistrada Rosa Elena González Tirado para la formulación del proyecto de resolución, sin perjuicio de que se proveyera sobre la conclusión del trámite e integración del expediente.
7. TERCERO. Informe de Tribunal Colegiado. Mediante acuerdo de presidencia de treinta y uno de agosto de dos mil veintitrés, se tuvo por recibido el oficio proveniente del Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, a través del cual informó que el criterio sustentado en el recurso de revisión fiscal 51/2021 de su índice, continuaba vigente.
8. CUARTO. Informe de Tribunal Colegiado. En proveído de presidencia de cinco de septiembre de dos mil veintitrés, se tuvo por recibido el oficio proveniente del Décimo Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, a través del cual informó que el criterio sustentado en el recurso de revisión fiscal 625/2022 de su índice, continuaba vigente.
9. QUINTO. Informe de la Dirección General de Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En auto de presidencia de dieciocho de septiembre de dos mil veintitrés, se tuvo por recibido el oficio remitido vía electrónica por el Director General de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el que hizo del conocimiento que en el Máximo Tribunal no se encontraba radicada alguna contradicción de tesis relacionada con la temática de este asunto.
10. SEXTO. Confirmación de turno. Mediante acuerdo de presidencia de tres de octubre de dos mil veintitrés, se tuvo por debidamente integrada la contradicción de criterios y, en consecuencia, se confirmó la orden de turno del expediente electrónico a la Magistrada Rosa Elena González Tirado, para la elaboración del proyecto de resolución respectivo.
11. SÉPTIMO. Modificación de denominación y competencia del Pleno. El veintisiete de diciembre de dos mil veintitrés, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo General 38/2023 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por medio del cual se modificó la denominación del entonces Pleno Regional en Materia Administrativa de la Centro-Norte, por la de Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, así como su competencia.
12. OCTAVO. Integración del Pleno. En proveído de veintiséis de enero de dos mil veinticuatro, la Presidencia hizo del conocimiento de las partes que este Pleno Regional se encuentra integrado por las Magistradas Silvia Cerón Fernández y Adriana Leticia Campuzano Gallegos, así como por el Magistrado Alejandro Villagómez Gordillo; y ordenó y confirmó el turno del presente asunto a la ponencia de la Magistrada Silvia Cerón Fernández, para la elaboración del proyecto de resolución correspondiente.
13. NOVENO. Aplazamiento. En sesión de dieciocho de abril de dos mil veinticuatro, la Magistrada ponente presentó una propuesta de resolución para la contradicción de criterios, sin embargo, se determinó aplazar el asunto para listarlo nuevamente.
14. DÉCIMO. Amicus curiae. En el presente asunto no se recibió promoción alguna a través de la figura del amicus curiae que amerite pronunciamiento específico, hasta el momento en que se incluyó en la lista la presente contradicción de criterios; y,
II. COMPETENCIA
15. Este Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Norte, es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de criterios, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 94, párrafos primero, quinto y séptimo, y 107, fracción XIII, párrafos primero y cuarto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 225 y 226, fracción III, de la Ley de Amparo; 41 y 42, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como los numerales 6, fracción I, 7, 9, 14, fracción I, del Acuerdo General 67/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la competencia, integración, organización y funcionamiento de los Plenos Regionales, 1, fracción I, punto 2, y 2 del diverso Acuerdo General 108/2022 relativo a la creación, denominación e inicio de funciones de los Plenos Regionales de las Regiones Centro-Norte y Centro-Sur, así como su competencia, jurisdicción territorial y domicilio, en relación con lo establecido en el Acuerdo General 38/2023 por el que se modifica la denominación de los Plenos Regionales de las Regiones Centro-Norte y Centro-Sur; y que reforma diversas disposiciones relativas a su semiespecialización, competencia y domicilio.
16. Lo anterior, en virtud de que se trata de una denuncia de contradicción de criterios sustentados por Tribunales Colegiados especializados en materia administrativa del mismo circuito (primero) perteneciente a esta región.
III. LEGITIMACIÓN
17. La contradicción de criterios se denunció por parte legítima, en términos de lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 227, fracción III, de la Ley de Amparo, al ser formulada por los Magistrados integrantes del Décimo Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, quienes resolvieron uno de los criterios que constituyen la presente contradicción.
IV. CRITERIOS DENUNCIADOS
18. Previo a determinar si existe o no la contradicción de criterios denunciada, se estima necesario precisar el origen de los asuntos en que se emitieron los criterios contendientes, así como las consideraciones que sustentaron los Tribunales Colegiados para emitirlas.
• Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el recurso de revisión fiscal 51/2021.
19. 1) Responsabilidad patrimonial del Estado. Una persona física, en su carácter de albacea de la sucesión testamentaria integrada por cuatro personas físicas (hijos de la de cujus), demandó la responsabilidad patrimonial del Estado, con motivo de la negligente atención médica atribuida al Instituto Mexicano del Seguro Social que derivó en el fallecimiento de la víctima, y solicitó el pago de $********** de pesos por concepto de daño físico y moral de por vida, la indemnización respectiva conforme a la Ley Federal del Trabajo, así como los intereses legales correspondientes.
20. 2) Resolución. Seguido el procedimiento, la Coordinadora de Asuntos Contenciosos de la Dirección Jurídica del Instituto Mexicano del Seguro Social, declaró procedente pero infundada la reclamación, al no haberse acreditado la actividad administrativa irregular.
21. 3) Demanda de nulidad. Inconforme con lo anterior, la albacea de la sucesión testamentaria demandó la nulidad de la resolución emitida en el procedimiento de responsabilidad patrimonial del Estado.
22. 4) Trámite del juicio. De la demanda correspondió conocer a la Décimo Cuarta Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, la que la admitió y tramitó bajo el número de expediente ****************.
23. 5) Sentencia de nulidad. Seguido el trámite de ley, la Sala del conocimiento dictó la sentencia respectiva, en la que determinó que la parte actora probó su pretensión, al estar demostrada la actividad administrativa irregular atribuida, por lo que declaró la nulidad de la resolución impugnada y condenó a la autoridad demandada a pagar lo siguiente:
- Por indemnización por daño moral, en términos del artículo 14, fracción II, de la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado, la cantidad de $************ pesos, la cual debía cubrirse a cada uno de los integrantes de la sucesión, y
- Por indemnización por muerte, en términos del artículo 14, fracción III, de la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado, las cantidades de $************ y $********* pesos, las cuales debían cubrirse a cada uno de los integrantes de la sucesión.
24. 6) Demanda de amparo y revisión fiscal. En contra de lo anterior, la parte actora promovió demanda de amparo, mientras que la autoridad demandada interpuso recurso de revisión fiscal, respecto del cual la parte demandante formuló revisión adhesiva, de los que correspondió conocer al Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, el cual los admitió y registró bajo los números de expediente 357/2020 y 51/2021, respectivamente.
25. 7) Sentencias. Mediante sesión de nueve de diciembre de dos mil veintiuno, el Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, por unanimidad de votos, resolvió en definitiva ambos asuntos.
26. Respecto del juicio de amparo, el órgano colegiado concedió la protección constitucional a la parte quejosa, para el efecto de que la Sala determinara por concepto de indemnización por muerte las cantidades de $************ y $************ pesos.
27. En cuanto a la revisión fiscal, el Tribunal estimó parcialmente fundado el recurso e infundada la revisión adhesiva, con base en las siguientes consideraciones:
“SEXTO. En una parte de su tercer agravio, la inconforme sostiene que es incorrecto el pago de indemnización por muerte a cada uno de los integrantes de la sucesión.
Para definir el tratamiento que debe darse a dicho argumento es necesario precisar que el artículo 14, fracciones II y III, de la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado, prevé:
ARTÍCULO 14.- Los montos de las indemnizaciones se calcularán de la siguiente forma:
(...)
II. En el caso de daño moral, la autoridad administrativa o jurisdiccional, en su caso, calculará el monto de la indemnización de acuerdo con los criterios establecidos en el Código Civil Federal, debiendo tomar en consideración los dictámenes periciales ofrecidos por el reclamante.
La indemnización por daño moral que el Estado esté obligado a cubrir no excederá del equivalente a 20,000 veces el salario mínimo general diario vigente en el Distrito Federal, por cada reclamante afectado, y
III. En el caso de muerte, el cálculo de la indemnización se hará de acuerdo a lo dispuesto en el Código Civil Federal en su artículo 1915.
De conformidad con la norma transcrita, el monto de la indemnización por daño moral se debe determinar por cada reclamante afectado.
Sin embargo, no es jurídicamente correcto que el monto de la indemnización por muerte se determine por cada reclamante afectado, dado que para el cálculo de esa indemnización, el artículo 14, fracción III, de la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado remite directamente al artículo 1915 del Código Civil Federal, el cual, a su vez, remite al artículo 502 de la Ley Federal del Trabajo, los cuales disponen:
ARTÍCULO 1,915.- La reparación del daño debe consistir a elección del ofendido, en el restablecimiento de la situación anterior, cuando ello sea posible, o en el pago de daños y perjuicios.
Cuando el daño se cause a las personas y produzca la muerte, incapacidad total permanente, parcial permanente, total temporal o parcial temporal, el grado de la reparación se determinará atendiendo a lo dispuesto por la Ley Federal del Trabajo. Para calcular la indemnización que corresponda se tomará como base el cuádruplo del salario mínimo diario más alto que esté en vigor en la región y se extenderá al número de días que para cada una de las incapacidades mencionadas señala la Ley Federal del Trabajo. En caso de muerte la indemnización corresponderá a los herederos de la víctima.
Los créditos por indemnización cuando la víctima fuere un asalariado son intransferibles y se cubrirán preferentemente en una sola exhibición, salvo convenio entre las partes.
Las anteriores disposiciones se observarán en el caso del artículo 2647 de este Código.
Artículo 502. En caso de muerte del trabajador, la indemnización que corresponda a las personas a que se refiere el artículo anterior será la cantidad equivalente al importe de cinco mil días de salario, sin deducir la indemnización que percibió el trabajador durante el tiempo en que estuvo sometido al régimen de incapacidad temporal.
Como se ve, los artículos transcritos establecen el procedimiento y los elementos que se tomarán en cuenta para la cuantificación de la indemnización por muerte, y para efectos de este estudio, importa destacar que el primer artículo reproducido señala: En caso de muerte la indemnización corresponderá a los herederos de la víctima... y el segundo establece: En caso de muerte del trabajador, la indemnización que corresponda a las personas a que se refiere el artículo anterior..., de lo que se advierte que se establece una indemnización para el caso muerte, con independencia del número de reclamantes o beneficiarios.
Por tanto, se concluye que procede determinar una sola cantidad por concepto de indemnización por muerte (no así por daño moral), la cual debe dividirse entre los reclamantes, y no determinar el monto por cada uno de ellos. De ahí que se considere fundado el argumento planteado.
Sólo resta mencionar que en la revisión adhesiva no se propone argumento alguno tendente a reforzar la parte considerativa del fallo que este tribunal consideró ilegal.
En virtud de lo expuesto y, al resultar parcialmente fundado el recurso de revisión principal, la sala del conocimiento debe:
1) Dejar insubsistente la sentencia recurrida y dictar una nueva en la que;
2) Considere que procede determinar una sola cantidad por concepto de indemnización por muerte (no así por daño moral), la cual debe dividirse entre los reclamantes.
(...).”.
• Décimo Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el recurso de revisión fiscal 625/2022.
28. 1) Responsabilidad patrimonial del Estado. Una persona física, por su propio derecho y en representación de dos personas físicas y de la sucesión testamentaria integrada por el cónyuge e hijos de la de cujus, demandó la responsabilidad patrimonial del Estado, con motivo de la negligente atención médica atribuida al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado que derivó en el fallecimiento de la víctima, y solicitó el pago de la indemnización por daño patrimonial equivalente a la cantidad de $************ de pesos, así como por daño moral, la cual no debía ser inferior a $************* de pesos.
29. 2) Resolución. Seguido el procedimiento, el Subdirector de lo Contencioso de la Dirección Normativa y de Procedimientos Legales del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, declaró parcialmente fundada la reclamación, pues, por un lado, determinó que no era procedente el concepto de indemnización por muerte y, por otro, otorgó una indemnización por la cantidad de $************* pesos a cada uno de los reclamantes, por concepto de daño moral.
30. 3) Demanda de nulidad. Inconforme con lo anterior, la persona física que promovió la reclamación, demandó la nulidad de la resolución emitida en el procedimiento de responsabilidad patrimonial del Estado.
31. 4) Trámite del juicio. De la demanda correspondió conocer a la Quinta Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, la que la admitió y tramitó bajo el número de expediente ****************.
32. 5) Sentencia de nulidad. Seguido el trámite de ley, la Sala del conocimiento dictó la sentencia respectiva, en la que determinó que la parte actora acreditó parcialmente su acción, por lo que reconoció la validez de la resolución impugnada respecto de la determinación del daño moral, y declaró su nulidad únicamente en lo referente al daño patrimonial, no obstante, consideró que para su cuantificación debía tramitarse el incidente de liquidación respectivo.
33. 6) Primera demanda de amparo y primera revisión fiscal. Inconformes con lo anterior, la parte actora promovió demanda de amparo mientras que la autoridad demandada interpuso recurso de revisión fiscal, de los que correspondió conocer al Décimo Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, el cual los admitió y registró bajo los números de expediente 157/2021 y 157/2021, respectivamente.
34. 7) Sentencias. Seguido el trámite de ley, el Tribunal Colegiado, por unanimidad de votos, resolvió en definitiva ambos asuntos. Por un lado, concedió la protección constitucional a la parte quejosa, para el efecto de que la Sala se pronunciara sobre la cuantificación de las indemnizaciones por muerte y por daño moral. Por otro lado, declaró infundada la revisión fiscal.
35. 8) Cumplimiento. En acatamiento a la ejecutoria de amparo, la Sala Regional emitió la sentencia correspondiente, en la que determinó que la parte actora acreditó parcialmente su acción, por lo que declaró la nulidad de la resolución impugnada y condenó a la autoridad demandada a pagar lo siguiente:
a) Por indemnización por daño moral, en términos del artículo 14, fracción II, de la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado, la cantidad de $************ pesos, la cual debía cubrirse a cada uno de los accionantes, y b) Por indemnización por muerte, en términos del artículo 14, fracción III, de la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado, la cantidad de $********** pesos, la cual debía cubrirse a cada uno de los accionantes.
36. 9) Segunda demanda de amparo y segunda revisión fiscal. En contra de lo anterior, la parte actora promovió demanda de amparo, mientras que la autoridad demandada interpuso recurso de revisión fiscal, respecto del cual la parte demandante formuló revisión adhesiva, de los que correspondió conocer al Décimo Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, el cual los admitió y registró bajo los números de expediente 590/2022 y 625/2022, respectivamente.
37. 10) Sentencias. Mediante sesión de cuatro de agosto de dos mil veintitrés, el Décimo Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, por unanimidad de votos, resolvió en definitiva ambos asuntos.
38. En el juicio de amparo, el órgano colegiado concedió la protección constitucional a la parte quejosa, para el efecto de que la Sala cuantificara el daño moral de forma individualizada.
39. En cuanto a la revisión fiscal, el Tribunal estimó parcialmente fundado el recurso e infundada la revisión adhesiva.
40. En lo que aquí interesa, respecto de la indemnización prevista en el artículo 14, fracción III, de la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado, el órgano colegiado determinó lo siguiente:
“NOVENO. (...)
(...)
Los agravios que anteceden son infundados.
La Sala resolutora, al referirse a la indemnización por muerte, en la parte que interesa, resolvió que ‘se condena al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado al pago de dicha indemnización, la cual deberá cubrirse por cada uno de los accionantes, tal como lo prevé el numeral 1915 del Código Civil Federal,...’
El artículo 14, fracciones II y III, de la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado establece lo siguiente:
‘14. Los montos de las indemnizaciones se calcularán de la siguiente forma: --- (...) --- II. En el caso de daño moral, la autoridad administrativa o jurisdiccional, en su caso, calculará el monto de la indemnización de acuerdo con los criterios establecidos en el Código Civil Federal, debiendo tomar en consideración los dictámenes periciales ofrecidos por el reclamante. --- La indemnización por daño moral que el Estado esté obligado a cubrir no excederá del equivalente a 20,000 veces el salario mínimo general diario vigente en el Distrito Federal, por cada reclamante afectado, y --- III. En el caso de muerte, el cálculo de la indemnización se hará de acuerdo a lo dispuesto en el Código Civil Federal en su artículo 1915.’
Conforme al numeral que antecede, la indemnización por daño moral se debe determinar, por disposición expresa, por cada reclamante. En tanto que, tratándose de la indemnización por muerte, establece que el cálculo de esa indemnización se hará de acuerdo con lo previsto en el artículo 1915 del Código Civil Federal, sin precisar si dicha indemnización corresponde al núcleo familiar en conjunto o a cada reclamante.
Conforme con el artículo 1915 del Código Civil Federal, para calcular la indemnización que corresponda, se tomará como base el cuádruplo del salario mínimo diario más alto que esté en vigor en la región y se extenderá al número de días que para cada una de las incapacidades mencionadas señala la Ley Federal del Trabajo y que, en caso de muerte, la indemnización corresponderá a los herederos de la víctima. El numeral en cita es del siguiente tenor:
‘1915. La reparación del daño debe consistir a elección del ofendido, en el restablecimiento de la situación anterior, cuando ello sea posible, o en el pago de daños y perjuicios. --- Cuando el daño se cause a las personas y produzca la muerte, incapacidad total permanente, parcial permanente, total temporal o parcial temporal, el grado de la reparación se determinará atendiendo a lo dispuesto por la Ley Federal del Trabajo. Para calcular la indemnización que corresponda se tomará como base el cuádruplo del salario mínimo diario más alto que esté en vigor en la región y se extenderá al número de días que para cada una de las incapacidades mencionadas señala la Ley Federal del Trabajo. En caso de muerte la indemnización corresponderá a los herederos de la víctima.’
El artículo 502 de la Ley Federal de Trabajo vigente en la fecha en que ocurrió la lesión (muerte de la paciente) establece lo siguiente:
‘502. En caso de muerte del trabajador, la indemnización que corresponda a las personas a que se refiere el artículo anterior será la cantidad equivalente al importe de cinco mil días de salario, sin deducir la indemnización que percibió el trabajador durante el tiempo en que estuvo sometido al régimen de incapacidad temporal.’
El numeral que antecede establece que, en caso de muerte del trabajador, la indemnización que corresponda a las personas a que se refiere el artículo 501, será la cantidad equivalente al importe de cinco mil días de salario, sin deducir la indemnización que percibió el trabajador durante el tiempo en que estuvo sometido al régimen de incapacidad temporal.
Del análisis individual y relacionado de los artículos 14, fracción III, de la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado; 1915 del Código Civil Federal y 502 de la Ley Federal del Trabajo no se advierte que el Legislador haya señalado que la indemnización por muerte corresponda a una cantidad unificada (única) para el núcleo familiar. Ni tampoco excluye la posibilidad de que la indemnización por muerte corresponda a cada uno de los reclamantes del núcleo familiar que tengan derecho a ella.
Luego entonces, dichos numerales pueden admitir ambas interpretaciones. Esto es, una interpretación en el sentido que la indemnización por muerte se otorga de manera unificada para el núcleo familiar, esto es, con independencia del número de reclamantes que tengan derecho a ella y la otra en el sentido de que la indemnización por muerte puede otorgarse a cada uno de los reclamantes que tengan derecho a ella.
A propósito de lo anterior, conviene tener presente el artículo 1, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dice:
‘1° --- (...) -- Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.’
Así, de conformidad con una interpretación pro persona, se llega a la conclusión de que es posible interpretar el artículo 14, fracción III, de la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado en relación con los numerales 1915 del Código Civil Federal y 502 de la Ley Federal del Trabajo, en el sentido de que la indemnización por muerte debe otorgarse a cada uno de los reclamantes que tengan derecho ella; igual que sucede en el daño moral.
Para justificar la afirmación que antecede se cita la parte que interesa de la ejecutoria que resolvió la contradicción de tesis 196/2019 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que señala lo siguiente:
‘(...) 127. En conclusión, en los casos en los que la ley refiere que la indemnización por caso de muerte corresponderá a los herederos de la víctima, debe entenderse que por "herederos" la ley se está refiriendo a los familiares de la víctima ¿qué familiares? Aquellos que por ley estarían llamados a la sucesión legítima del de cujus, de tal suerte que serán ellos quienes podrán ejercer la acción y por tanto, iniciar el juicio a fin de reclamar el daño material generado por responsabilidad civil objetiva como consecuencia de la muerte de una persona.
128. Por lo que a fin de poder determinar quién está legitimado para acudir a juicio en estos supuestos, será necesario analizar conforme a la ley de la materia, quiénes son las personas que están llamadas a ser los herederos ab-intestato del de cujus, y en función de ello revisar si quien acude a juicio es uno de esos sujetos, bastando para tales efectos acreditar el entroncamiento con el finado.
129. Sobre esta conclusión es importante hacer algunas precisiones.
130. La primera es que respecto a la legitimación activa en estos supuestos, no se surte la regla que establece que los parientes más próximos excluyen a los más remotos, puesto que por especialidad, en tratándose del derecho a la reparación, debe prevalecer la regla consistente en que todo aquel que haya sufrido un daño o un perjuicio derivado de un hecho ilícito tiene derecho a ser reparado, por lo que todas las personas que se ubiquen como familiares de la víctima en los términos precisados, que se estimen afectados materialmente por su muerte, tienen derecho a acudir a juicio a reclamar la reparación, aun ante la concurrencia de otros familiares.
131. Segundo, debe reiterarse que esta conclusión nada dice respecto a quién tiene derecho a ser indemnizado, pues dicho aspecto corresponderá en todo caso al análisis de fondo del juicio respectivo, en el que habrá de valorarse quién sufrió efectivamente un daño material o un perjuicio.
132. Finalmente, el cerrar el concepto de familiares de la víctima a las personas que estarían llamadas a heredar por ley en los términos precisados, no rompe con la lógica de la figura indemnizatoria pues no se contradice con los razonamientos expuestos con antelación en el sentido que el derecho a la reparación nace directamente en cabeza de los afectados y no se trasmite vía mortis causa.
133. En efecto, dicha acotación parte de reconocer que los primeros afectados con la muerte de una persona son sus familiares, por eso es a ellos a quienes se les otorga la legitimación activa para hacer valer en juicio el derecho a la reparación cuando la ley refiere que la indemnización corresponderá a los herederos de la víctima, pero no porque se estime que ese derecho se transmite mortis causa, sino porque se presume que son los familiares los primeros en resentir la afectación
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/32845-4791eac4/responsabilidad-patrimonial-del-estado-indemnizacion-en-caso-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
Precedentes relacionados
- RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO. ES PROCEDENTE LA TRAMITACIÓN DEL INCIDENTE DE LIQUIDACIÓN CUANDO NO EXISTEN LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA DETERMINAR EL MONTO DE INDEMNIZACI (CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS))
- RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO. LA ACTUACIÓN NEGLIGENTE DEL PERSONAL MÉDICO QUE LABORA EN LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL (IMSS E ISSSTE) QUEDA COMPRENDIDA EN EL CONC (CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS))
- JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. PROCEDE CONTRA LA RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE INCONFORMIDAD INTERPUESTO EN CONTRA DE LA DETERMINACIÓN DE LA INSTANCIA DE QUEJA ADMINISTRATIVA, EN L (CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS))
- RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO. EL CÓMPUTO DEL PLAZO DE UN AÑO PARA QUE OPERE LA PRESCRIPCIÓN EN AQUELLOS ASUNTOS DONDE SE SOLICITA EL PAGO DE LA INDEMNIZACIÓN DERIVADA DE (CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS))
Tesis y jurisprudencia relacionadas
- RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO. INDEMNIZACIÓN EN CASO DE MUERTE CUANDO EXISTAN MÚLTIPLES RECLAMANTES (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 14, FRACCIÓN III, DE LA LEY FEDERAL DE LA (PR.A.C.CN. J/31 A (11a.))
- RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO. CORRESPONDE AL PARTICULAR ACREDITAR EL DAÑO MORAL CAUSADO SALVO QUE EL MENOSCABO SUFRIDO SEA EVIDENTE. (2a. I/2025 (11a.))
- RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO. LA FALTA DE ELEMENTOS PARA CUANTIFICAR EL DAÑO MORAL POR SU ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA IRREGULAR NO IMPIDE SU RECONOCIMIENTO CUANDO SU EXISTEN (I.5o.A.7 A (12a.))
- RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO. CORRESPONDE AL PARTICULAR QUE PRETENDE LA INDEMNIZACIÓN RELATIVA, LA CARGA DE PROBAR LOS DAÑOS MATERIALES INHERENTES A GASTOS DE HOSPEDAJE, (XI.1o.A.T.57 A (10a.))
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis