COMPETENCIA POR TERRITORIO. CORRESPONDE AL TRIBUNAL COLEGIADO DE APELACIÓN QUE EJERCE JURISDICCIÓN SOBRE EL JUZGADO DE DISTRITO AUXILIADO, CONOCER DEL AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO CONTRA LA RESOLUCIÓN DICTADA POR UN HOMÓLOGO EN SU CARÁCTER DE TRIBUNAL DE ALZADA.
CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS 60/2025. ENTRE LOS SUSTENTADOS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y SEGUNDO, AMBOS EN MATERIA PENAL DEL SÉPTIMO CIRCUITO. 14 DE MAYO DE 2025. TRES VOTOS DE LAS MAGISTRADAS MARÍA ENRIQUETA FERNÁNDEZ HAGGAR Y GUADALUPE MADRIGAL BUENO, Y DEL MAGISTRADO JUAN WILFRIDO GUTIÉRREZ CRUZ. PONENTE: MAGISTRADO JUAN WILFRIDO GUTIÉRREZ CRUZ. SECRETARIA: ELBA FERNANDA VÁZQUEZ MÁRQUEZ.
Ciudad de México. El Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México, en sesión ordinaria correspondiente al catorce de mayo de dos mil veinticinco, emite la siguiente:
SENTENCIA
Que resuelve la contradicción de criterios 60/2025, suscitada entre los Tribunales Colegiados Primero y Segundo, ambos en Materia Penal del Séptimo Circuito, al resolver los conflictos competenciales 7/2025 y 2/2025, respectivamente.
I. ANTECEDENTES
1. Denuncia de contradicción de criterios. Mediante oficio recibido vía electrónica, el cuatro de abril de dos mil veinticinco, un Magistrado integrante del Tribunal Colegiado de Apelación del Séptimo Circuito, con residencia en Emiliano Zapata, Veracruz, denunció la posible contradicción de criterios entre los sustentados por los Tribunales Colegiados Primero y Segundo, ambos en Materia Penal del Séptimo Circuito, al resolver los conflictos competenciales 7/2025 y 2/2025, respectivamente.
2. Trámite ante este Pleno Regional. El ocho de abril de dos mil veinticinco la Magistrada María Enriqueta Fernández Haggar, Presidenta de este Pleno Regional, radicó la denuncia con el número señalado al rubro, requirió a los Tribunales Colegiados contendientes para que remitieran la versión electrónica, con firmas, del proveído en el que informaran si el criterio sustentado en los aludidos asuntos de su índice seguía vigente. Asimismo, se remitiera la determinación respectiva y que se pusiera a disposición de este Pleno Regional la consulta del expediente electrónico a través del Sistema Electrónico del Consejo. Ordenó hacer saber al Director General de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la admisión de la presente contradicción de criterios para que comunicara si existía precedente obligatorio radicado en ese Máximo Tribunal sobre el tema que delimitó de forma preliminar. Y turnó electrónicamente el asunto a la ponencia a cargo del Magistrado Juan Wilfrido Gutiérrez Cruz.
3. En el mismo proveído, la Magistrada Presidenta de este Pleno Regional señaló como posible tema de contradicción de criterios el de: COMPETENCIA POR TERRITORIO EN AMPARO INDIRECTO. DETERMINAR EL ÓRGANO JURISDICCIONAL AL QUE CORRESPONDE CONOCER DE LA DEMANDA PROMOVIDA EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN EMITIDA EN SU AUXILIO, CONFORME AL ACUERDO GENERAL 33/2023 DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, EL 26 DE DICIEMBRE DE 2002,(1) POR EL TRIBUNAL COLEGIADO DE APELACIÓN DEL VIGÉSIMO NOVENO CIRCUITO.
4. El veintiuno de abril de dos mil veinticinco tuvo por recibidos los informes del Magistrado Presidente del Primer Tribunal Colegiado y de la Magistrada Presidenta del Segundo Tribunal Colegiado, ambos en Materia Penal del Séptimo Circuito, por los que señalaron que giraron instrucciones para poner a disposición de este Pleno la consulta de los respectivos expedientes electrónicos y precisaron que los criterios emitidos se encontraban vigentes.
5. Mediante acuerdo de veintinueve de abril de dos mil veinticinco tuvo por recibido el oficio signado por el Director General de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el que refirió que durante los últimos seis meses no había sido radicada en ese Máximo Tribunal contradicción de criterios alguna sobre el tema referido.
6. En el mismo proveído de veintinueve de abril del año que transcurre, se confirmó el turno electrónico al Magistrado Juan Wilfrido Gutiérrez Cruz.
II. COMPETENCIA
7. Este Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México, es legalmente competente para conocer y resolver la denuncia de la posible contradicción de criterios que nos ocupa, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, fracción III, 38 y 39 fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 226, fracción III, de la Ley de Amparo; 14, fracción I, del Acuerdo General 67/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Reglamenta la Competencia, Integración, Organización y Funcionamiento de los Plenos Regionales; y 1, fracción II, punto 4, así como los ordinales 2 y 4 del diverso Acuerdo General 108/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Creación, Denominación e Inicio de Funciones de los Plenos Regionales de las Regiones Centro-Norte y Centro-Sur, así como su competencia, jurisdicción territorial y domicilio, en relación con los artículos 1, 2 y 3 del diverso Acuerdo General 38/2023, del citado Pleno, por el que se modifica la denominación de los Plenos Regionales de las regiones Centro-Norte y Centro-Sur; y que reforma diversas disposiciones relativas a su semiespecialización, competencia y domicilio.
8. Lo anterior, al tratarse de una posible contradicción de criterios en materia de Penal, suscitada entre dos Tribunales Colegiados, ambos en Materia Penal del Séptimo Circuito, sobre los que este Pleno Regional ejerce jurisdicción.
III. LEGITIMACIÓN
9. La denuncia de contradicción de criterios proviene de parte legítima, ya que fue formulada por un Magistrado integrante del Tribunal Colegiado de Apelación del Séptimo Circuito, con residencia en Emiliano Zapata, Veracruz, en términos de los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 227, fracción III, de la Ley de Amparo.
IV. CRITERIOS DENUNCIADOS
10. Criterio del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito al resolver el conflicto competencial 7/2025.
11. Marco procesal. Por resolución de diecisiete de julio de dos mil veinticuatro, una Jueza de Distrito Especializada en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Hidalgo, con residencia en Pachuca, actuando como Jueza de control y en auxilio de las labores del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México, con residencia en Nezahualcóyotl, decretó auto de no vinculación a proceso en una causa penal.
12. La agente del Ministerio Público de la Federación de Tlalnepantla de Baz, Estado de México y el apoderado legal de la víctima en la causa penal de origen, apelaron el auto de no vinculación a proceso.
13. Por resolución de dieciséis de enero de dos mil veinticinco, el Tribunal Colegiado de Apelación del Vigésimo Noveno Circuito, con residencia en Pachuca de Soto, Hidalgo, confirmó el auto de no vinculación a proceso apelado.
14. El seis de febrero del mismo año, la víctima, por conducto de su apoderado legal, promovió ante el propio Tribunal Colegiado de Apelación, demanda de amparo indirecto en contra de la resolución de apelación antes reseñada.
15. La demanda fue radicada en ese órgano de apelación y por acuerdo de siete de febrero de dos mil veinticinco, declaró que carecía de competencia legal para conocer de dicho asunto, toda vez que se había promovido en contra de una resolución de apelación emitida por ese mismo Tribunal, por lo que tenía el carácter de autoridad responsable. Por tanto, ordenó remitir el asunto al Tribunal Colegiado de Apelación del Séptimo Circuito, con residencia en Emiliano Zapata, Veracruz, conforme al artículo 3, párrafo último, del Acuerdo General número 97/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la creación, denominación e inicio de funciones del Tribunal Colegiado de Apelación del Séptimo Circuito, con residencia en Xalapa, Veracruz, así como su competencia, jurisdicción territorial y domicilio.
16. Por acuerdo de trece de febrero siguiente, el Magistrado Presidente del Tribunal Colegiado de Apelación del Séptimo Circuito, de Emiliano Zapata, Veracruz, radicó la demanda y ordenó turnar el asunto a la ponencia correspondiente para que proveyera lo conducente. El diecisiete de febrero de la misma anualidad, el Magistrado instructor a quien le correspondió conocer del asunto, aceptó la competencia planteada y admitió la demanda.
17. En resolución de veinticinco de febrero del presente año, dictada fuera de audiencia constitucional, el titular de la ponencia “B” del Tribunal Colegiado de Apelación referido se declaró legalmente incompetente por razón de territorio, por considerar que: a) el Tribunal Colegiado de Apelación del Vigésimo Noveno Circuito, con residencia en Pachuca, había emitido la resolución reclamada no en ejercicio de su competencia legal ordinaria, sino bajo las reglas de auxilio temporal establecidas en el Acuerdo General 33/2023 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la medida de auxilio temporal por parte del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Hidalgo, con residencia en Pachuca, al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México, con residencia en Nezahualcóyotl, y b) la competencia legal para conocer del juicio de amparo se surtía en favor del Tribunal Colegiado de Apelación del Segundo Circuito, con sede en Toluca, esto último de conformidad con el Acuerdo General 32/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.(2)
18. Por auto de seis de marzo del presente año, el Magistrado instructor de la ponencia dos del Segundo Tribunal Colegiado de Apelación del Segundo Circuito, con sede en Toluca, rechazó la competencia legal declinada, a partir de la consideración toral de que en términos del artículo 1, último párrafo, del Acuerdo General 33/2023 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, le correspondía al Tribunal Colegiado de Apelación con residencia en Pachuca, por lo que ordenó devolver los autos al órgano requirente del Séptimo Circuito.
19. En proveído de doce de marzo siguiente, el Magistrado instructor y titular de la ponencia “B” del Tribunal Colegiado de Apelación del Séptimo Circuito, tuvo por recibido el oficio del Segundo Tribunal Colegiado de Apelación del Segundo Circuito, con sede en Toluca; insistió en su incompetencia legal para conocer del juicio de amparo indirecto y ordenó elevar el conflicto competencial al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito, con sede en Boca del Río, Veracruz, para que lo dirimiera.
20. El asunto fue turnado al Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito; por acuerdo de trece de marzo de dos mil veinticinco, admitió a trámite el conflicto competencial y en sesión ordinaria de veintisiete de marzo del mismo año, por mayoría de votos, determinó que el Magistrado instructor y titular de la ponencia “B” del Tribunal Colegiado de Apelación del Séptimo Circuito, con residencia en Emiliano Zapata, era legalmente competente para conocer del amparo indirecto de origen.
21. Consideraciones que sustentan el criterio. En principio, el cuerpo colegiado señaló que el Magistrado Instructor adscrito al Tribunal Colegiado de Apelación del Séptimo Circuito, con residencia en Emiliano Zapata, partió de la premisa equívoca de que el Acuerdo General 33/2023 comprendía al Tribunal Colegiado de Apelación sito en Pachuca, como órgano auxiliar en la resolución de asuntos de sus similares en el Estado de México, lo que así se advertía de su acuerdo de veinticinco de febrero de dos mil veinticinco, en el que precisó que no se oponía a su determinación de incompetencia legal que se haya señalado como autoridad responsable al tribunal con residencia en Pachuca, Hidalgo, en tanto que resultaba evidente que su jurisdicción había cesado al resolver el asunto en auxilio del Tribunal del Estado de Toluca, auxiliado por aquél por acuerdo del Consejo, quien habría de erigirse en autoridad responsable sustituta.
22. El Magistrado instructor del Tribunal Colegiado de Apelación del Séptimo Circuito, consideró que el artículo 1 del Acuerdo General 33/2023, no contenía previsión alguna que refiriera cuál era el órgano competente para conocer de los juicios de amparo que se promovieran en contra de las resoluciones emitidas por los juzgadores adscritos al Centro de Justicia Federal del Estado de Hidalgo, con sede en Pachuca.
23. El Tribunal de Apelación puntualizó que según las consideraciones contenidas en la resolución de veinticinco de febrero del año actual, tal cuestión estaba expresamente prevista en el artículo 3, párrafo último, del diverso Acuerdo General 97/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la creación, denominación e inicio de funciones del Tribunal Colegiado de Apelación del Séptimo Circuito, con residencia en Xalapa, Veracruz, así como su competencia, jurisdicción territorial y domicilio, que por su literalidad señalaba que el Tribunal Colegiado de Apelación de nueva creación ejercerá jurisdicción para conocer de los juicios de amparo indirecto promovidos en contra del Tribunal Colegiado de Apelación del Vigesimonoveno Circuito, que comprende el Estado de Hidalgo, al tratarse del Tribunal más cercano a la residencia.
24. El cuerpo colegiado determinó que la interpretación correcta de tales normas debía partir de un enfoque sistemático, en aras de armonizar tales dispositivos, pues los acuerdos generales que emite el Consejo de la Judicatura Federal en el ejercicio de sus atribuciones legales, tienden eminentemente a privilegiar el adecuado ejercicio de la función jurisdiccional y la correcta impartición de justicia.
25. En esa línea de argumentación, también señaló que conforme al artículo 3, último párrafo, del diverso Acuerdo General 97/2022 previamente invocado, el Tribunal Colegiado de Apelación del Séptimo Circuito, con residencia en Emiliano Zapata, era el órgano legalmente competente para conocer de los juicios de amparo indirecto que se promovieran contra actos del Tribunal Colegiado de Apelación del Vigésimo Noveno Circuito, con sede en Pachuca, precisamente por tratarse del órgano que teniendo la misma naturaleza, resultaba ser el más cercano en distancia.
26. Lo anterior, lo consideró acorde con lo que establece el artículo 36 de la Ley de Amparo, el cual prevé que respecto de los juicios de amparo indirecto promovidos contra actos de Tribunales Colegiados de Apelación, será competente legalmente otro del mismo circuito si lo hubiera, o el más próximo a la residencia de aquél que haya emitido el acto reclamado.
27. Asimismo, indicó que tal atribución la tenía el órgano colegiado sito en Emiliano Zapata desde su creación, pues el Acuerdo General 97/2022 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el dieciséis de diciembre de dos mil veintidós, esto es, antes de que se habilitara el Centro de Justicia Federal en el Estado de Hidalgo, con sede en Pachuca, como órgano auxiliar del Centro de Justicia Penal Federal del Estado de México, con residencia en Netzahualcóyotl, conforme con el Acuerdo General 33/2023, que se publicó en dicho Diario Oficial el veintiséis de diciembre de dos mil veintitrés.
28. También apuntó que resultaba innecesario que ese último Acuerdo General citado contuviera previsión alguna en relación con la competencia legal para conocer del juicio de amparo indirecto contra actos del tribunal de apelación de Pachuca, pues tal previsión normativa ya había sido establecida previamente por el Consejo de la Judicatura Federal, precisamente en el artículo 3, último párrafo, del Acuerdo General 97/2022; por consiguiente, atendiendo a lo establecido en este último y al margen de las consideraciones de los órganos contendientes, resultaba jurídicamente factible fincar la competencia legal en favor del Tribunal Colegiado de Apelación del Séptimo Circuito, con residencia en Emiliano Zapata.
29. En tales consideraciones, determinó que la competencia legal para conocer de la demanda de amparo en contra de la resolución de apelación de dieciséis de enero de dos mil veinticinco, emitida por el Tribunal Colegiado de Apelación del Vigésimo Noveno Circuito, con residencia en Pachuca, debió fincarse en favor del Tribunal Colegiado de Apelación del Séptimo Circuito, con residencia en Emiliano Zapata; por tanto, ordenó devolver los autos al Magistrado instructor y titular de la ponencia “B” de dicho órgano jurisdiccional, para que continuara en el conocimiento del amparo indirecto, hasta su total resolución.
30. Criterio del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito al resolver el conflicto competencial 2/2025.
31. Marco procesal. Por resolución de veintidós de marzo de dos mil veinticuatro, la Jueza de Distrito Especializada en el Sistema Penal Acusatorio, adscrita al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Hidalgo, con sede en Pachuca de Soto, actuando como Jueza de control y en auxilio de las labores del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México, con residencia en Nezahualcóyotl, decretó auto de no vinculación a proceso en determinada causa penal.
32. En contra de dicha decisión, la víctima y la Agente del Ministerio Público de la Federación, interpusieron recurso de apelación, del que tocó conocer al Tribunal Colegiado de Apelación del Vigésimo Noveno Circuito, con residencia en Pachuca de Soto y, en sesión ordinaria de veinte de junio de dos mil veinticuatro, confirmó el auto de no vinculación a proceso.
33. Inconforme con la resolución de mérito, la apoderada legal de la víctima, promovió amparo indirecto y, en lo que interesa, el Tribunal Colegiado de Apelación del Séptimo Circuito, en Emiliano Zapata, Veracruz, a quien le tocó conocer de dicho amparo indirecto, por resolución dictada fuera de audiencia constitucional el veintisiete de noviembre de dos mil veinticuatro, determinó carecer de competencia legal, por razón de territorio, para resolver el asunto, al considerar que el Tribunal Colegiado señalado como autoridad responsable, al emitir el acto reclamado, no actuó bajo su competencia legal ordinaria, sino bajo una medida de auxilio temporal establecida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, mediante el Acuerdo General 33/2023, publicado de en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de diciembre de dos mil veintitrés; en consecuencia, ordenó la remisión de los autos al Tribunal Colegiado de Apelación del Segundo Circuito, en Toluca, Estado de México, en turno, por tener la competencia originaria del asunto.
34. El Segundo Tribunal Colegiado de Apelación del Segundo Circuito, en Toluca, Estado de México, que conoció de dicho amparo indirecto, por auto de tres de diciembre de dos mil veinticuatro, registró el expediente y mediante acuerdo de cinco de diciembre siguiente, determinó no aceptar la competencia declinada, al estimar, en esencia, que no se actualizaba la hipótesis planteada por el Tribunal Colegiado declinante, toda vez que la parte quejosa señaló expresamente, como autoridad responsable al Tribunal Colegiado de Apelación del Vigésimo Noveno Circuito, en Pachuca, Hidalgo, y como acto reclamado la resolución que confirmó el auto de no vinculación a proceso; es decir, destacó que no se reclamaba una resolución emitida por el Tribunal Colegiado de Apelación del Segundo Circuito, con residencia en Nezahualcóyotl. Por tanto, ordenó remitir el asunto al Tribunal Colegiado de Apelación del Séptimo Circuito, con sede en Emiliano Zapata, Veracruz, el cual, insistió en su incompetencia y ordenó remitir los autos al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito, en turno, con residencia en Boca del Río, Veracruz.
35. El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito, a quien por razón de turno le tocó conocer del conflicto competencial, en sesión ordinaria de siete de febrero de dos mil veinticinco, por mayoría de votos, determinó que el órgano competente para conocer de la demanda de amparo indirecto era el Segundo Tribunal Colegiado de Apelación del Segundo Circuito, con residencia en Toluca, Estado de México. 36. Consideraciones que sustentan el criterio. El Tribunal Colegiado consideró que la resolución reclamada que confirmó el auto de no vinculación a proceso emitido por el Tribunal Colegiado de Apelación del Vigésimo Noveno Circuito, con residencia en Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo, derivó de un auxilio temporal al diverso tribunal del Estado de México, con residencia en Nezahualcóyotl, siendo que los Tribunales Colegiados del Estado de México, tienen la competencia originaria para conocer del juicio de amparo indirecto respecto de los actos que se reclamen al citado Tribunal Colegiado de Apelación.
37. Asimismo, señaló que la tramitación de la controversia y la resolución impugnada, se realizó en auxilio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México, con sede en Nezahualcóyotl; medida de auxilio temporal que fue establecida en el Acuerdo General 33/2023, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la medida de auxilio temporal por parte del Centro de Justicia Penal Federal del Estado de Hidalgo, con sede en Pachuca, al Centro de Justicia Penal Federal del Estado de México, con sede en Nezahualcóyotl, para que conociera —entre otros— de audiencias iniciales e intermedias (sin detenido), de este último Centro de Justicia (y de los municipios que comprenden esa sede), así como que el Tribunal de apelación que fungiría como Tribunal de Alzada, conocería de los recursos que se interpusieran contra las determinaciones emitidas en los municipios que corresponderían al órgano auxiliado.
38. En ese sentido, puntualizó que si bien la determinación reclamada había sido emitida por el Tribunal Colegiado de Apelación del Vigésimo Noveno Circuito, con residencia en Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo, también resultaba cierto que dicha actuación no debía reputarse diferente o autónoma, sino propia del órgano auxiliado, en virtud de que dicha modalidad de órganos se caracteriza por su actuación como colaboradores para apoyar a los juzgados que presenten problemas por sus cargas de trabajo, por lo que debía tenerse presente que su existencia o duración es temporal y se justifica en las medidas adoptadas por el Consejo de la Judicatura Federal para abatir los rezagos y cúmulos de trabajo jurisdiccional, así como para una mejor, eficiente y pronta impartición de justicia.
39. Luego, el cuerpo colegiado indicó que si bien se señaló como autoridad responsable al Tribunal Colegiado de Apelación, con sede en Pachuca, Hidalgo, su jurisdicción temporal había cesado al resolver el asunto en auxilio del diverso Tribunal Colegiado de Apelación del Estado de México, quien habría de erigirse como autoridad sustituta.
40. Lo anterior, consideró que se reforzaba, desde el punto que el Tribunal de apelación de Nezahualcóyotl, Estado de México, es el originalmente competente para resolver el tema de la apelación, pues, el propio acuerdo 32/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, estableció que los Tribunales Colegiados de Apelación del Segundo Circuito, con sede en Toluca, Estado de México, conocerían de los juicios de amparo promovidos en contra de actos del Tribunal Colegiado de Apelación, con sede en Nezahualcóyotl; por ello, consideró que asistía razón al Tribunal Colegiado de Apelación del Séptimo Circuito, puesto que al reclamarse un acto cuya competencia originaria corresponde a los tribunales de apelación del Estado de México, con sede en Toluca, el Segundo Tribunal Colegiado de Apelación del Segundo Circuito, con residencia en Toluca, debía conocer del asunto en trato.
41. El cuerpo colegiado señaló que era aplicable, en lo conducente, la jurisprudencia de registro digital 2029371, emitida por este Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Sur, de rubro: “COMPETENCIA POR TERRITORIO PARA CONOCER DEL RECURSO DE REVISIÓN EN AMPARO INDIRECTO CONTRA LA SENTENCIA DICTADA POR UN TRIBUNAL COLEGIADO DE APELACIÓN EN AUXILIO A SU HOMÓLOGO DEL CIRCUITO MÁS CERCANO. CORRESPONDE AL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO CON JURISDICCIÓN SOBRE EL ÓRGANO AUXILIADO”.
42. Por todo lo anterior, determinó que era competente para conocer del juicio de amparo, el Segundo Tribunal Colegiado de Apelación del Segundo Circuito, con residencia en Toluca, Estado de México, a quien ordenó remitir el expediente formado con motivo de la demanda de amparo indirecto.
V. ANÁLISIS DE LA EXISTENCIA DE LA CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS
43. Sintetizados los criterios contendientes debe determinarse si, en el caso, existe contradicción de criterios, pues sólo en tal supuesto es posible resolver cuál es el que debe prevalecer, o bien, cuál es el criterio conforme al cual debe resolverse el fondo del asunto.
44. Para que exista materia a dilucidar en una contradicción de criterios debe, cuando menos formalmente, haber una oposición de criterios jurídicos en los que se analice la misma cuestión; es decir, para que se surta su procedencia, la contradicción denunciada debe referirse a las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas vertidas dentro de la parte considerativa de las sentencias respectivas.
45. Por contradicción de criterios debe entenderse cualquier discrepancia en el criterio adoptado por órganos jurisdiccionales mediante argumentos lógico-jurídicos que justifiquen su decisión en una controversia, independientemente de que el criterio sustentado por los Tribunales Colegiados de Circuito no constituya jurisprudencia debidamente integrada, como es el caso de uno de los criterios contendientes, pues ello no será requisito indispensable para proceder a su análisis y establecer si existe la contradicción de criterios planteada y, en su caso, cuál será el criterio que debe prevalecer con el carácter de jurisprudencia.
46. Es aplicable al caso la jurisprudencia 2a./J. 94/2000 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta en el tomo XII, en noviembre de 2000, consultable en la página 3219, cuyo rubro y texto son los siguientes:
“CONTRADICCIÓN DE TESIS. SU EXISTENCIA REQUIERE DE CRITERIOS DIVERGENTES PLASMADOS EN DIVERSAS EJECUTORIAS, A PESAR DE QUE NO SE HAYAN REDACTADO NI PUBLICADO EN LA FORMA ESTABLECIDA POR LA LEY. Los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución General de la República, 197 y 197-A de la Ley de Amparo, regulan la contradicción de tesis sobre una misma cuestión jurídica como forma o sistema de integración de jurisprudencia, desprendiéndose que la tesis a que se refieren es el criterio jurídico sustentado por un órgano jurisdiccional al examinar un punto concreto de derecho, cuya hipótesis, con características de generalidad y abstracción, puede actualizarse en otros asuntos; criterio que, además, en términos de lo establecido en el artículo 195 de la citada legislación, debe redactarse de manera sintética, controlarse y difundirse, formalidad que de no cumplirse no le priva del carácter de tesis, en tanto que esta investidura la adquiere por el solo hecho de reunir los requisitos inicialmente enunciados de generalidad y abstracción. Por consiguiente, puede afirmarse que no existe tesis sin ejecutoria, pero que ya existiendo ésta, hay tesis a pesar de que no se haya redactado en la forma establecida ni publicado y, en tales condiciones, es susceptible de formar parte de la contradicción que establecen los preceptos citados”.
47. De acuerdo con lo resuelto por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la causa que motiva la solución de los problemas que se plantean en este tipo de asuntos es la necesidad de unificar criterios, sin exigir el cumplimiento de una serie de características formales o fácticas.
48. Entonces, para determinar que una contradicción de criterios es procedente, se requiere verificar si existe la necesidad de unificar criterios; es decir, si hay una posible discrepancia en las consideraciones de los Tribunales Colegiados de Circuito sustentadas durante el proceso de interpretación que llevaron a cabo los referidos órganos jurisdiccionales.
49. En otras palabras, para resolver si existe o no la contradicción de criterios denunciada, es necesario analizar detenidamente cada una de las consideraciones interpretativas involucradas –no los puntos resolutivos– con el objeto de identificar si en los respectivos razonamientos, en relación con un mismo punto de derecho se tomaron decisiones distintas –no necesariamente contradictorias en términos lógicos–.
50. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número P./J. 72/2010, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, en el tomo XXXII, en agosto de 2010, consultable en la página 7, cuyo rubro y texto son los siguientes:
“CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES. De los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197 y 197-A de la Ley de Amparo, se advierte que la existencia de la contradicción de criterios está condicionada a que las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o los Tribunales Colegiados de Circuito en las sentencias que pronuncien sostengan "tesis contradictorias", entendiéndose por "tesis" el criterio adoptado por el juzgador a través de argumentaciones lógico-jurídicas para justificar su decisión en una controversia, lo que determina que la contradicción de tesis se actualiza cuando dos o más órganos jurisdiccionales terminales adoptan criterios jurí
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/33345-92df874c/competencia-por-territorio-corresponde-al-tribunal-colegiado-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
Precedentes relacionados
- COMPETENCIA POR TERRITORIO PARA CONOCER DEL RECURSO DE REVISIÓN EN AMPARO INDIRECTO CONTRA LA SENTENCIA DICTADA POR UN TRIBUNAL COLEGIADO DE APELACIÓN EN AUXILIO A SU HOMÓLOGO DEL (CONFLICTO COMPETENCIAL)
- COMPETENCIA TERRITORIAL PARA CONOCER DE UN RECURSO DE REVISIÓN. CORRESPONDE AL TRIBUNAL COLEGIADO QUE EJERCE JURISDICCIÓN SOBRE EL DIVERSO DE APELACIÓN QUE, COMO ÓRGANO MÁS CERCANO (CONFLICTO COMPETENCIAL)
- COMPETENCIA POR TERRITORIO PARA CONOCER DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA LOS ACUERDOS ADMINISTRATIVOS QUE SUPRIMEN Y DETERMINAN LAS COMPETENCIAS TERRITORIALES DE LAS JUNTAS ESPECIALES D (CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS))
Tesis y jurisprudencia relacionadas
- COMPETENCIA POR TERRITORIO PARA CONOCER DEL RECURSO DE REVISIÓN EN AMPARO INDIRECTO CONTRA LA SENTENCIA DICTADA POR UN TRIBUNAL COLEGIADO DE APELACIÓN EN AUXILIO A SU HOMÓLOGO DEL (PR.P.T.CS. J/6 K (11a.))
- COMPETENCIA POR TERRITORIO. CORRESPONDE AL TRIBUNAL COLEGIADO DE APELACIÓN QUE EJERCE JURISDICCIÓN SOBRE EL JUZGADO DE DISTRITO AUXILIADO, CONOCER DEL AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO CO (PR.P.T.CS. J/13 K (11a.))
- COMPETENCIA TERRITORIAL PARA CONOCER DE UN RECURSO DE REVISIÓN. CORRESPONDE AL TRIBUNAL COLEGIADO QUE EJERCE JURISDICCIÓN SOBRE EL DIVERSO DE APELACIÓN QUE, COMO ÓRGANO MÁS CERCANO (PR.P.T.CN. J/8 K (11a.))
- COMPETENCIA POR TERRITORIO DE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO PARA CONOCER DEL RECURSO DE REVISIÓN. CORRESPONDE AL QUE EJERCE JURISDICCIÓN SOBRE EL TRIBUNAL COLEGIADO DE APEL (P./J. 113/2026 (12a.))
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis