I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LEGITIMACIÓN DEL INSTITUTO MORELENSE DE INFORMACIÓN PÚBLICA Y ESTADÍSTICA PARA PROMOVERLA [ARTÍCULO 105, FRACCIÓN I, INCISO K), DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS]. II. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA PERSONA QUE OCUPE LA PRESIDENCIA DEL INSTITUTO MORELENSE DE INFORMACIÓN PÚBLICA Y ESTADÍSTICA TIENE LA REPRESENTACIÓN PARA PROMOVERLA (ARTÍCULO 20, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE MORELOS). III. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LOS PODERES EJECUTIVO Y LEGISLATIVO DEL ESTADO DE MORELOS TIENEN LEGITIMACIÓN PASIVA AL HABER PARTICIPADO EN LA EMISIÓN Y PUBLICACIÓN DEL ACTO IMPUGNADO. IV. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA REPRESENTACIÓN DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE MORELOS RECAE EN LA PERSONA TITULAR DE LA CONSEJERÍA JURÍDICA DE LA ENTIDAD (ARTÍCULO 36, FRACCIÓN II, DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE MORELOS). V. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA PERSONA QUE PRESIDA LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS TIENE LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE ÉSTE (ARTÍCULO 36, FRACCIÓN XVI, DE LA LEY ORGÁNICA PARA EL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS). VI. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SI SE HACE VALER UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO DEBERÁ DESESTIMARSE. VII. PRINCIPIO DE DIVISIÓN DE PODERES. SU FINALIDAD Y LÍMITES A NIVEL ESTATAL CONFORME A LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 116, PÁRRAFO PRIMERO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. VIII. DIVISIÓN DE PODERES. PARA EVITAR LA VULNERACIÓN A ESTE PRINCIPIO EXISTEN PROHIBICIONES IMPLÍCITAS REFERIDAS A LA NO INTROMISIÓN, A LA NO DEPENDENCIA Y A LA NO SUBORDINACIÓN ENTRE LOS PODERES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS. IX. ÓRGANOS CONSTITUCIONALES AUTÓNOMOS. NOTAS DISTINTIVAS Y CARACTERÍSTICAS. X. ÓRGANOS CONSTITUCIONALES AUTÓNOMOS. SU CREACIÓN SE JUSTIFICA EN LA NECESIDAD DE ESTABLECER ORGANISMOS ESPECIALIZADOS PARA EJERCER UNA FUNCIÓN PROPIA DEL ESTADO CON AUTONOMÍA E INDEPENDENCIA FUNCIONAL Y FINANCIERA. XI. INSTITUTO MORELENSE DE INFORMACIÓN PÚBLICA Y ESTADÍSTICA. EL CONGRESO LOCAL PUEDE REALIZAR MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO QUE LE REMITA DICHO INSTITUTO, EN CONGRUENCIA CON LA SALVAGUARDA DEL SISTEMA COMPETENCIAL Y LA AUTONOMÍA PRESUPUESTARIA DE ESTE ÓRGANO DOTADO DE AUTONOMÍA CONSTITUCIONAL. XII. INSTITUTO MORELENSE DE INFORMACIÓN PÚBLICA Y ESTADÍSTICA. EL CONGRESO LOCAL ESTÁ FACULTADO PARA MODIFICAR EL PRESUPUESTO SOLICITADO, SIEMPRE QUE CUMPLA CON EL ESTÁNDAR DE MOTIVACIÓN ORDINARIA QUE DÉ CUENTA DE LAS RAZONES OBJETIVAS Y JUSTIFICADAS PARA REALIZAR UNA REDUCCIÓN (ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA AL INSTITUTO MORELENSE DE INFORMACIÓN PÚBLICA Y ESTADÍSTICA, PARA DOS MIL VEINTICUATRO, CONTENIDA EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS PARA EL EJERCICIO DE DOS MIL VEINTICUATRO Y SU ANEXO VEINTIDÓS, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL "TIERRA Y LIBERTAD" EL VEINTINUEVE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS). XIII. INSTITUTO MORELENSE DE INFORMACIÓN PÚBLICA Y ESTADÍSTICA. EL LEGISLADOR APORTÓ RAZONES SUFICIENTES PARA RESPONDER LA JUSTIFICACIÓN DADA POR DICHO INSTITUTO EN EL ANTEPROYECTO Y GENERAR UN PROCESO DIALÉCTICO; JUSTIFICACIÓN QUE, ADEMÁS, ES OBJETIVA Y RAZONABLE PARA MODIFICAR EL PRESUPUESTO SOLICITADO, EN LA QUE QUEDÓ EXPUESTA LA EXISTENCIA DE LOS ANTECEDENTES FÁCTICOS O CIRCUNSTANCIAS PARA REDUCIR, DE FORMA RAZONABLE, EL PRESUPUESTO SOLICITADO (ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA AL INSTITUTO MORELENSE DE INFORMACIÓN PÚBLICA Y ESTADÍSTICA, PARA DOS MIL VEINTICUATRO, CONTENIDA EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS PARA EL EJERCICIO DE DOS MIL VEINTICUATRO Y SU ANEXO VEINTIDÓS, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL "TIERRA Y LIBERTAD" EL VEINTINUEVE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS). XIV. INSTITUTO MORELENSE DE INFORMACIÓN PÚBLICA Y ESTADÍSTICA. EL HECHO DE QUE EL CONGRESO LOCAL HAYA DISPUESTO UNA CANTIDAD PARA EL EVENTUAL CUMPLIMIENTO DE UNA SENTENCIA DE AMPARO EN EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE DICHO INSTITUTO, ES APEGADO A DERECHO, YA QUE SE ASEGURÓ DE CONTAR CON RECURSOS SUFICIENTES PARA HACER FRENTE A SUS OBLIGACIONES (ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA AL INSTITUTO MORELENSE DE INFORMACIÓN PÚBLICA Y ESTADÍSTICA, PARA DOS MIL VEINTICUATRO, CONTENIDA EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS PARA EL EJERCICIO DE DOS MIL VEINTICUATRO Y SU ANEXO VEINTIDÓS, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL "TIERRA Y LIBERTAD" EL VEINTINUEVE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS).
CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 32/2024. INSTITUTO MORELENSE DE INFORMACIÓN PÚBLICA Y ESTADÍSTICA. 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024. PONENTE: ANA MARGARITA RÍOS FARJAT. SECRETARIOS: JAVIER ALEXANDRO GONZÁLEZ RODRÍGUEZ Y AMADA CECILIA OROZCO IBARRA.
ÍNDICE TEMÁTICO
Presentación del asunto
Este asunto examina si el hecho de que el Instituto Morelense de Información Pública y Estadística del Estado de Morelos reciba menos presupuesto del que solicitó implica o no una invasión a su esfera competencial de autonomía presupuestaria.
Hechos relevantes y/o contexto
El Instituto Morelense de Información Pública y Estadística remitió al Poder Ejecutivo del Estado de Morelos el Anteproyecto de Presupuesto de Egresos para que este lo remitiera al Congreso local para su discusión y aprobación.
El Gobernador del Estado de Morelos remitió al Congreso local el Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Gobierno del Estado de Morelos para el Ejercicio Fiscal de 2024. En tal proyecto, el Gobernador contempló $29’000,000.00 (veintinueve millones de pesos, moneda nacional) para el Instituto Morelense de Información Pública y Estadística.
El Instituto Morelense de Información Pública y Estadística solicitó se adicionara al anteproyecto de presupuesto de ese Instituto una partida de $7’663,114.50 (siete millones seiscientos sesenta y tres mil ciento catorce pesos con cincuenta centavos, moneda nacional) para afrontar el cumplimiento de un juicio de amparo.
El Congreso local le asignó a ese instituto un presupuesto total de $25’000,000.00 (veinticinco millones de pesos, moneda nacional). Inconforme con esa asignación presupuestaria, el Instituto promovió una controversia constitucional.
Problema jurídico
Examinar la asignación presupuestaria al Instituto Morelense de Información Pública y Estadística para el ejercicio de dos mil veinticuatro y determinar si respeta su autonomía presupuestaria.
Decisión judicial
La autonomía presupuestaria del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística es hacia su interior y no implica que pueda decidir libremente el presupuesto a recibir. El Congreso del Estado es el poder que tiene la atribución de fijar el presupuesto. Tampoco se invade la autonomía porque en una parte del presupuesto se indica que será para pagar el cumplimiento de un juicio de amparo, pues el propio Instituto solicitó esa partida por ese monto.
Ver índice temático
Ciudad de México. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al veintitrés de septiembre de dos mil veinticuatro, emite la siguiente:
SENTENCIA
Mediante la que se resuelve la controversia constitucional 32/2024, promovida por el Instituto Morelense de Información Pública y Estadística en contra del Poder Legislativo y Ejecutivo del Estado de Morelos, en la que demandó la invalidez de la asignación presupuestaria para dos mil veinticuatro, contenida en el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Morelos para el Ejercicio Fiscal del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024 y su Anexo 22, publicados el veintinueve de diciembre de dos mil veintitrés en el periódico oficial “Tierra y Libertad”.
El problema jurídico por dilucidar por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación consiste en examinar la asignación presupuestaria al Instituto Morelense de Información Pública y Estadística para el Ejercicio Fiscal de 2024 y determinar si respeta su autonomía presupuestaria.
I. ANTECEDENTES Y TRÁMITE
1. Anteproyecto de Presupuesto de Egresos del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística. En julio de dos mil veintitrés, el Comisionado Presidente del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística remitió al Poder Ejecutivo del Estado de Morelos el Anteproyecto de Presupuesto de Egresos para que este lo remitiera al Congreso local para su discusión y aprobación.
2. Remisión del proyecto de presupuesto de egresos al Congreso local. En septiembre de dos mil veintitrés. el Gobernador del Estado de Morelos remitió al Congreso local el proyecto de presupuesto de egresos para el Gobierno del Estado de Morelos para el Ejercicio Fiscal de 2024. En tal proyecto, el Gobernador contempló $29’000,000.00 (veintinueve millones de pesos, moneda nacional) para el Instituto Morelense de Información Pública y Estadística.
3. Petición de ampliación presupuestaria. En octubre de dos mil veintitrés, el Comisionado Presidente del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística solicitó al Secretario de Hacienda de la entidad se adicionara, al anteproyecto de presupuesto del Instituto, una partida de $7’663,114.50 (siete millones seiscientos sesenta y tres mil ciento catorce pesos con cincuenta centavos, moneda nacional) para afrontar el cumplimiento de un juicio de amparo.(1) En noviembre de dos mil veintitrés, esa petición se remitió al Congreso del Estado.
4. Aprobación del Presupuesto de Egresos. El Congreso del Estado de Morelos, en la sesión ordinaria iniciada el trece, continuada el catorce y concluida el quince de diciembre de dos mil veintitrés, aprobó el Presupuesto de Egresos del Gobierno del estado de Morelos para el Ejercicio Fiscal del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024 y su Anexo 22.
5. Publicación del presupuesto. El veintinueve de diciembre de dos mil veintitrés, se publicó en el periódico oficial “Tierra y Libertad” el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Morelos para el Ejercicio Fiscal del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024 y su Anexo 22, que dispone un presupuesto total de $25’000,000.00 (veinticinco millones de pesos, moneda nacional), de los cuales $7’663,114.50 (siete millones seiscientos sesenta y tres mil ciento catorce pesos con cincuenta centavos, moneda nacional) son para afrontar el cumplimiento de un juicio de amparo.(2) Tal anexo se aprecia en los términos siguientes:
Ver anexo 1
6. Demanda de controversia constitucional. El siete de febrero de dos mil veinticuatro, el Instituto Morelense de Información Pública y Estadística, por conducto de su Comisionado Presidente, promovió una controversia constitucional. El instituto demandó del Poder Legislativo y Ejecutivo del Estado de Morelos la invalidez de la asignación presupuestaria para dos mil veinticuatro, contenida en el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Morelos para el Ejercicio Fiscal del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024 y su Anexo 22, publicados el veintinueve de diciembre de dos mil veintitrés en el periódico oficial “Tierra y Libertad”.
7. Concepto de invalidez. El Instituto Morelense de Información Pública y Estadística local argumenta, en su concepto de invalidez, que la asignación presupuestaria es violatoria del principio de división de poderes y transgrede su autonomía presupuestaria, reconocida en el artículo 23-A de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, ya que el Congreso local, sin fundamentación ni motivación, redujo el proyecto de presupuesto elaborado por el Instituto.
8. Admisión de la controversia constitucional. La Ministra Presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por acuerdo de siete de febrero de dos mil veinticuatro, ordenó formar y registrar la controversia constitucional con el número de expediente 32/2024 y la turnó a la Ministra Ana Margarita Ríos Farjat para que fungiera como instructora.
9. La Ministra instructora, por auto de diez de abril de dos mil veinticuatro, admitió a trámite la demanda, en el cual se tuvo como demandados a los Poderes Ejecutivo y Legislativo del Estado de Morelos, a los que se ordenó emplazar para que presentaran su contestación.
10. Contestación del Poder Ejecutivo local. Santiago Núñez Flores, en su carácter de Consejero Jurídico del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, alegó la improcedencia de la controversia en su contra y defendió la actuación de su representado al argumentar lo siguiente:
Causa de improcedencia y sobreseimiento
• Es improcedente la controversia en contra del Poder Ejecutivo local porque el Instituto actor no impugnó, por vicios propios, la actuación del Ejecutivo local, que se concretó a promulgar y publicar el presupuesto impugnado.
Contestación a los conceptos de invalidez
• El Poder Ejecutivo recibió del Instituto actor su respectivo anteproyecto de presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal de dos mil veinticuatro. El Poder Ejecutivo remitió, tal cual, el documento recibido al Poder Legislativo de la entidad sin modificarlo y sin atentar en contra de la autonomía presupuestal del órgano garante local.
• El Congreso del Estado es el ente competente para examinar, discutir y, en su caso, ajustar y aprobar el Presupuesto de Egresos de Morelos.
• El Poder Ejecutivo local no trastocó el principio de división de poderes, ya que observó el principio de legalidad y respetó la independencia y autonomía del Instituto actor.
11. Contestación del Poder Legislativo local. Francisco Erik Sánchez Zavala, en su carácter de Diputado Presidente de la Mesa Directiva de la quincuagésima quinta Legislatura del Congreso del Estado de Morelos, en representación del Poder Legislativo de la entidad federativa, contestó lo siguiente:
Causa de improcedencia y sobreseimiento
• El acto impugnado no afecta el ámbito de atribuciones del Instituto actor, por lo que carece de interés legítimo para promover el mecanismo de control constitucional. El Congreso del Estado es quien cuenta con las facultades de examinar, discutir y aprobar el presupuesto de egresos de la entidad.
Contestación a los conceptos de invalidez
• Si bien el Instituto actor, en ejercicio de su autonomía presupuestaria, elaboró y presentó su respectiva propuesta de presupuesto de egresos, la realidad es que, en términos del artículo 32 de la Constitución Política local, la facultad de examinar, discutir y aprobar el monto y destino del gasto público le corresponde, de forma exclusiva, a la legislatura local, como también dispone la Constitución Política del país en sus artículos 116 y 134.
• El Poder Ejecutivo local sí integró correctamente la propuesta de anteproyecto del órgano garante, misma que se remitió al Congreso local, que tiene la facultad de hacer modificaciones sobre el mismo. El Congreso del Estado no está obligado a aprobar, en sus términos, los proyectos de presupuesto de egresos que le remita el Poder Ejecutivo.
• La propuesta del Instituto actor representaba un incremento del 16% en comparación con el ejercicio fiscal del año anterior. Después de un examen minucioso y técnico de las Comisiones revisoras del Poder Legislativo local, se determinó la inviabilidad de aprobar el aumento al no guardar proporción con la expectativa de los ingresos estatales, considerando, además, el grado de eficiencia alcanzado por el referido órgano autónomo.
• Lo conducente y presupuestalmente viable fue conceder un monto similar al aprobado durante el ejercicio fiscal de 2023 para asegurar la autonomía financiera y presupuestal del órgano garante, para que, sin injerencia alguna, sea ejercido directamente por él para cumplir sus objetivos constitucionalmente encomendados, tal como lo mandata el articulo 23-A de la Constitución Política de Morelos.
• Es infundado el argumento del Instituto actor, relativo a que se perjudica de manera “difusa” a la sociedad, en cuanto a que se afecta su derecho de acceso a la información, ya que sí se le otorgó el presupuesto necesario para que desarrolle las funciones propias de su naturaleza.
12. Opinión de la Fiscalía General de la República y la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal. La Fiscalía General de la República y la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal no emitieron opinión en la presente controversia constitucional, a pesar de estar debidamente notificadas.
13. Audiencia y cierre de instrucción. El catorce de agosto de dos mil veinticuatro se celebró la audiencia de ofrecimiento y desahogo de pruebas y alegatos. En consecuencia, el diecinueve de agosto de dos mil veinticuatro se declaró cerrada la instrucción.
14. Lista del asunto. Una vez integrado el asunto, se listó el proyecto de resolución para discutirse en el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
II. COMPETENCIA
15. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente controversia constitucional, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 105, fracción I, inciso k), de la Constitución Política del país(3) y 1 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II de dicho precepto, en relación con el Acuerdo General número 1/2023 de veintiséis de enero de dos mil veintitrés del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a la determinación de los asuntos que el Pleno conservará para su resolución, ya que se plantea un conflicto entre un órgano constitucional autónomo local, como lo es el Instituto Morelense de Información Pública y Estadística, en contra del Poder Legislativo y Ejecutivo del Estado de Morelos por la asignación presupuestal, al primero, para el ejercicio fiscal de dos mil veinticuatro.
III. PRECISIÓN DE LA LITIS
16. Con fundamento en lo dispuesto en la fracción I del artículo 41 de la Ley Reglamentaria de la materia, deben precisarse las normas generales y actos objeto de la controversia.(4)
17. En la demanda de controversia constitucional, el Instituto Morelense de Información Pública y Estadística señaló, como materia de impugnación, el decreto por el que el Congreso del Estado aprobó el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Morelos para el Ejercicio Fiscal del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024, así como sus artículos sexto, octavo, décimo sexto y el Anexo 22.
18. Sin embargo, del análisis integral del escrito demanda se aprecia que el Instituto demandó la invalidez de la asignación presupuestaria para dos mil veinticuatro, contenida en el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Morelos para el Ejercicio Fiscal del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024 y su Anexo 22, publicados el veintinueve de diciembre de dos mil veintitrés en el periódico oficial “Tierra y Libertad”.
19. El anexo veintidós impugnado, de manera destacada, dispone un presupuesto para el Instituto Morelense de Información Pública y Estadística por un monto total de $25’000,000.00 (veinticinco millones de pesos, moneda nacional), de los cuales $7’663,114.50 (siete millones seiscientos sesenta y tres mil ciento catorce pesos con cincuenta centavos, moneda nacional) son para afrontar el cumplimiento de un juicio de amparo.(5) Tal anexo se aprecia en los términos siguientes:
Ver anexo 2
20. En ese sentido, no ha lugar a tener por impugnados los artículos sexto y octavo, que prevén que los organismos públicos autónomos deben sujetar su gasto al presupuesto otorgado. Tales artículos no se tienen por impugnados porque lo efectivamente impugnado es el monto presupuestario asignado y no la obligación de observar el presupuesto.
21. Por tanto, para efectos de esta resolución se tiene como impugnado, del Presupuesto de Egresos del Estado de Morelos publicado en el periódico oficial de la entidad el veintinueve de diciembre de dos mil veintitrés:
• La asignación presupuestaria al Instituto Morelense de Información Pública y Estadística para dos mil veinticuatro, contenida en el artículo décimo sexto del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Morelos para el Ejercicio Fiscal del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024, que contiene las tablas de las erogaciones previstas por los organismos públicos autónomos, y el Anexo 22 de ese presupuesto.
IV. EXISTENCIA DEL ACTO IMPUGNADO
22. De conformidad con el artículo 41, fracción I, de la Ley Reglamentaria de las fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la existencia de la asignación presupuestaria al Instituto Morelense de Información Pública y Estadística para dos mil veinticuatro, contenida en el artículo décimo sexto del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Morelos para el Ejercicio Fiscal del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024, que contiene las tablas de las erogaciones previstas por los organismos públicos autónomos, y el Anexo 22 de tal presupuesto está acreditada en autos. Además, se constata su contenido con su publicación en el periódico oficial “Tierra y Libertad”, órgano de difusión del Estado de Morelos, de veintinueve de diciembre de dos mil veintitrés.
V. OPORTUNIDAD
23. En términos del artículo 21, fracción I, de la Ley Reglamentaria de la materia, el plazo para promover la presente controversia constitucional inició al día siguiente de la publicación.(6) El presupuesto impugnado fue publicado en el periódico oficial del Estado de Morelos el veintinueve de diciembre de dos mil veintitrés, por lo que el plazo para la promoción transcurrió del dos de enero al trece de febrero de dos mil veinticuatro.(7)
24. El escrito inicial de demanda fue recibido en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte el siete de febrero de dos mil veinticuatro, es decir, dentro del plazo previsto para plantear la impugnación.
VI. LEGITIMACIÓN ACTIVA
25. La demanda fue presentada por parte legitimada. El Instituto Morelense de Información Pública y Estadística, como órgano constitucional autónomo en el Estado de Morelos, es uno de los entes públicos enunciados para promover controversias constitucionales, en términos del inciso k) del artículo 105, fracción I, de la Constitución Política del país.(8)
26. Ahora, de conformidad con el artículo 11, primer párrafo, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la parte actora debe comparecer a juicio por conducto de los funcionarios que, en términos de las normas respectivas, estén facultados para representarla.
27. En este caso, el Instituto actor compareció por conducto de Marco Antonio Alvear Sánchez, en su carácter de Comisionado Presidente del órgano garante, lo que acreditó con copia certificada de su designación,(9) así como en ejercicio de la facultad prevista en el artículo 20, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Morelos.(10)
VII. LEGITIMACIÓN PASIVA
28. Por su parte, en el auto de admisión de siete de febrero de dos mil veinticuatro se reconoció como demandados a los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Morelos.
29. De conformidad con la fracción II del artículo 10 de la Ley Reglamentaria de la materia, tiene el carácter de parte demandada en la controversia constitucional la entidad, poder u órgano que hubiere pronunciado el acto que sea objeto de la controversia constitucional.
30. De acuerdo con lo previsto en la ley reglamentaria, la parte demandada también debe comparecer a juicio por conducto de los funcionarios facultados para representarla, en términos de las normas que lo rigen.
31. En representación del Poder Ejecutivo, acudió el Consejero Jurídico Santiago Núñez Flores, lo que acreditó con copia certificada de su nombramiento.(11) Dicha persona funcionaria está legitimada para comparecer, en la presente controversia constitucional, en representación del Poder Ejecutivo, de conformidad con la fracción II del artículo 36 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Morelos.(12)
32. En representación del Poder Legislativo del Estado de Morelos, compareció el Diputado Francisco Érick Sánchez Zavala, Presidente de la Mesa Directiva del Congreso local, quien acredita su personalidad con el acta de la Sesión Ordinaria de Pleno del primero de septiembre de dos mil veintitrés, y quien cuenta con facultades para ello con fundamento en el artículo 36, fracción XVI, de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos.(13)
VIII. CAUSAS DE IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO 33. Antes de entrar al estudio de fondo, es necesario analizar las causas de improcedencia planteadas por las autoridades demandadas, así como aquellas que, de oficio, pudiera advertir este Alto Tribunal.
VIII. 1. La promulgación, refrendo y publicación no se impugnaron por vicios propios
34. El Consejero Jurídico, en representación del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, señala que debe sobreseerse en la controversia constitucional porque el Instituto actor no le atribuye algún acto de forma directa, es decir, no se formularon conceptos de invalidez que controviertan su actuar por vicios propios respecto de la promulgación y publicación del presupuesto de egresos impugnado.
VIII. 2. El instituto actor carece de interés legítimo
35. El Poder Legislativo del Estado de Morelos alega que se actualiza la causa de improcedencia contenida en el artículo 19, fracción VIII, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 constitucional, en relación con el artículo 105, fracción I, inciso h), constitucional porque considera que el acto impugnado no afecta el ámbito de las atribuciones del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística y que, por ello, carece de interés legítimo para acudir al presente medio de control constitucional.
36. Ambas causas de improcedencia deben desestimarse, ya que son cuestiones que involucran el estudio de fondo del asunto, por lo que no puede ser motivo de análisis en este considerando.
IX. ESTUDIO DE FONDO
37. De una lectura integral de la demanda, las constancias y la contestación de las autoridades demandadas, se advierte que el reclamo del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística es que las autoridades demandadas hicieron una disminución injustificada en su presupuesto de egresos. Esa disminución, alega el Instituto, afecta el principio de división de poderes y transgrede su autonomía presupuestaria, ya que el Congreso local, sin fundamentación ni motivación, realizó una reducción al proyecto de presupuesto elaborado por el organismo autónomo.
38. La solución del problema planteado abarca dos apartados. A. Parámetro de regularidad. Este apartado permite fijar a. El principio de división de poderes. b. La autonomía presupuestaria del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística. c. Aprobación y modificación del Presupuesto de Egresos del Estado de Morelos. Una vez establecido el parámetro, se permite. B. Análisis del caso concreto.
39. Una vez anunciada la estructura del estudio del asunto, corresponde desarrollar el primer apartado.
A. Parámetro de regularidad
40. Para resolver si la asignación presupuestal al Instituto Morelense de Información Pública y Estadística para el ejercicio fiscal dos mil veinticuatro transgrede su autonomía como órgano constitucional autónomo, resulta necesario señalar las implicaciones del principio de división de poderes y cómo una de las garantías para tal principio es la autonomía de diversos órganos.
El principio de división de poderes
41. La Constitución Política del país articula al poder público a través de diversos principios, entre ellos, por ejemplo, el democrático, representativo, el federal o el de división de poderes. Este último se encuentra previsto en el artículo 49 constitucional.(14)
42. Al respecto, dicho precepto establece que el Supremo Poder de la Federación se divide en Legislativo, Ejecutivo y Judicial. Como garantía de dicho principio se establece una prohibición: no podrán reunirse dos o más de estos poderes en una sola persona o corporación.
43. El principio de división de poderes, dentro de las entidades federativas, está previsto en el primer párrafo del artículo 116 de la Constitución Política del país,(15) conforme al cual el poder público de los Estados se dividirá, para su ejercicio, en Ejecutivo, Legislativo y Judicial, sin que puedan reunirse dos o más en una sola persona o corporación ni depositarse el legislativo en un solo individuo. Ese principio también se encuentra previsto en el artículo 20 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos.(16)
44. El principio de división de poderes exige un equilibrio entre los distintos poderes de las entidades federativas, que opera a través de un sistema de pesos y contrapesos con la finalidad de evitar la preponderancia de un poder u órgano absoluto capaz de producir una distorsión que desarmonice el sistema de competencias previsto constitucionalmente y/o afecte el principio democrático o los derechos fundamentales reconocidos en la Norma Fundamental.
45. En esa tesitura, este Alto Tribunal estableció que, para respetar dicho equilibrio, los poderes públicos de las entidades federativas están obligados a acatar tres mandatos prohibitivos.
• No intromisión
• No dependencia
• No subordinación de cualquiera de los poderes con respecto a los otros
46. Conviene señalar que, si bien esta Suprema Corte de Justicia de la Nación utilizó, en un principio, estos conceptos, básicamente en asuntos en los que se trataba el tema de división de poderes desde una concepción tripartita, lo cierto es que, posteriormente, determinó que estos criterios también son aplicables a los casos de conflictos competenciales en los que intervengan órganos constitucionales autónomos, ya que estos se han venido generando en el orden jurídico nacional, otorgándoseles expresamente funciones específicas, quedando, así, atrás la división tradicional.
47. En otros casos, el Tribunal Pleno de esta Suprema Corte ha insertado, exitosamente, a diversos órganos constitucionales autónomos en el normal desenvolvimiento del principio de división de poderes, al grado de hacer plenamente operativo a dicho principio, en definitiva, como criterio de validez constitucional de los actos emitidos por este tipo de órganos, así como de sus relaciones con los otros poderes y órganos del Estado.(17)
48. Así, las características de los órganos constitucionales autónomos, proyectadas a la luz del principio de división de poderes, resultan en, cuando menos, las siguientes:
• Están establecidos y configurados directamente en la Constitución Federal.
• Mantienen con los otros órganos del Estado relaciones de coordinación y colaboración, no de subordinación o dependencia.
• Cuentan con autonomía e independencia funcional y financiera.
• Atienden funciones coyunturales del Estado que requieran ser eficazmente tratadas en beneficio de la sociedad.
49. En virtud de su naturaleza constitucional autónoma, este tipo de órganos no pertenecen a ninguno de los tres poderes tradicionales, pero no por ello pueden quedar indefensos ante cualquier probabilidad de invasión en su esfera de competencias.
50. Al respecto, se debe tener presente el diseño de ingeniería constitucional introducido por el Constituyente respecto de los órganos constitucionales autónomos. Tal diseño fue bajo la premisa de un carácter contra mayoritario, toda vez que deben entenderse aislados de los órganos democráticamente elegidos, así como de los sujetos regulados. En otras palabras, la racionalidad del diseño constitucional descansa en la tutela de esas precondiciones, que permiten el posicionamiento contra mayoritario de dichos órganos dentro del principio de división de poderes.
51. La justificación constitucional de este diseño se basa en la legitimidad técnica y en los espacios de decisión especializada, que se asegura a dichos órganos lograr una regulación técnica sobre determinados aspectos de la realidad que la Constitución busca remover del ámbito de la oportunidad política.
La autonomía del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística (IMIPE)
52. Ahora bien, en este caso, la autonomía del IMIPE, incluyendo lo relativo a su presupuesto, está prevista en el artículo 23-A de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos:
Artículo 23-A. El Congreso del Estado establecerá un organismo público autónomo imparcial, colegiado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, capacidad para decidir sobre el ejercicio de su presupuesto y determinar su organización interna, responsable de garantizar el cumplimiento del derecho de acceso a la información pública de todas las personas, proteger los datos personales y realizar estadísticas, sondeos y encuestas imparciales que coadyuven al cumplimiento de las funciones de los poderes públicos y al desarrollo democrático del Estado, denominado Instituto Morelense de Información Pública y Estadística; en la conformación de este organismo garante se procurará la equidad de género. El Instituto será el encargado de aplicar las leyes de la materia y sus resoluciones serán acatadas por las entidades y dependencias públicas del Estado y municipios, organismos públicos autónomos, organismos auxiliares de la administración pública, partidos políticos, fondos públicos, personas físicas, morales o sindicatos que reciban y ejerzan recursos públicos o realicen actos de autoridad en el ámbito estatal o municipal, y por toda persona que reciba, maneje, aplique o participe en el ejercicio de recursos públicos o privados, siempre que estos se destinen a actividades relacionadas con la función pública. [...]
53. Como se observa, el Constituyente Permanente Local incorporó, en el artículo 23-A de la Constitución de Morelos, la creación de un organismo público autónomo imparcial, colegiado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, capacidad para decidir sobre el ejercicio de su presupuesto y determinar su organización interna, responsable de garantizar el cumplimiento del derecho de acceso a la información pública de todas las personas.
54. La existencia de un órgano constitucional autónomo implica que el mismo cuenta con un cúmulo propio de competencias y, por tanto, goza de paridad con los órganos previstos en el Texto Constitucional.
55. En efecto, una de las implicaciones lógicas de la autonomía constitucional del IMIPE es la capacidad de poder oponer sus competencias a las de los tres poderes, en los que tradicionalmente se dividía el poder público, así como al resto de los órganos autónomos.
56. Es decir, indepe
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/33363-544fd5a4/i-controversia-constitucional-legitimacion-del-instituto-morelense-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
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Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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