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Modo: Corpus Pro

DELITO DE INSUBORDINACIÓN MILITAR POR FALTA DE RESPETO A UN SUPERIOR. LA PENA APLICABLE DE CINCO AÑOS DE PRISIÓN NO VULNERA EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD DE LAS PENAS.

Tipo de asunto: AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 4788/2024. · Registro digital (IUS): 33380
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2025-07-04
Promovente: —
Localización: Undécima Época. Primera Sala. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 51, Julio de 2025, Tomo I, Volumen 1, Pág.201.

AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 4788/2024. 26 DE MARZO DE 2025. UNANIMIDAD DE CUATRO VOTOS DE LAS MINISTRAS Y LOS MINISTROS JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO, ANA MARGARITA RÍOS FARJAT, ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA Y LORETTA ORTIZ AHLF. AUSENTE: JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCÁ. PONENTE: ANA MARGARITA RÍOS FARJAT. SECRETARIO: JONATHAN SANTACRUZ MORALES.

ÍNDICE TEMÁTICO

Hechos: El 31 de diciembre de 2020, un soldado insultó y apuntó con un arma de fuego hacia un sargento, quien forcejeó con él para desarmarlo. Posteriormente, el soldado sujetó al superior jerárquico por el cuello con el antebrazo de forma triangular con la intención de asfixiarlo.

Por los hechos narrados se instruyó un procedimiento penal en contra del soldado, lo que culminó con el dictado de una sentencia de condena de tres años y cuatro meses de prisión, por el delito de insubordinación cometida en actos del servicio, en su modalidad de cualquier otra manera falte al respeto a un superior; la cual fue confirmada en segunda instancia.

En contra de dicha resolución, el sentenciado promovió un juicio de amparo directo, en el cual alegó la inconstitucionalidad del artículo 285, fracción III, del Código de Justicia Militar, el cual prevé el delito de insubordinación, por vulnerar el principio de proporcionalidad de las penas.

El Tribunal Colegiado resolvió negar la protección constitucional. Inconforme, el quejoso interpuso el presente recurso de revisión.

Ver índice temático

Ciudad de México. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al veintiséis de marzo de dos mil veinticinco, emite la siguiente:

SENTENCIA

Mediante la cual se resuelve el amparo directo en revisión 4788/2024, interpuesto por el señor Persona “A” en contra de la sentencia dictada el dieciséis de mayo de dos mil veinticuatro por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, en el juicio de amparo directo Primer Número de Expediente.

El problema jurídico que debe resolver esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación consiste en analizar la constitucionalidad de la pena de prisión prevista en el artículo 285, fracción III, del Código de Justicia Militar a la luz del principio de proporcionalidad de las penas.(1)

ANTECEDENTES Y TRÁMITE

1. Hechos.(2) El treinta y uno de diciembre de dos mil veinte, el Sargento 2º asistente de consultorio dental Persona “B” y el Cabo jardinero Persona “A”, ambos pertenecientes al 2° Batallón de Ingenieros de Combate Chicuasén, Chiapas, se encontraban en el agrupamiento del Identificación de agrupamiento, en apoyo a la población civil en la jurisdicción de la 30ª Zona Militar, en Villahermosa, Tabasco.

2. Aproximadamente a las veintiún horas con treinta minutos, el Subteniente de zapadores Persona “C” le ordenó a todo el personal que pasaran a formarse para pasar lista y recibir sus alimentos para la cena de fin de año. Asimismo, el Mayor de zapadores Persona “D” le ordenó al Sargento Persona “B” que pasara la revista de aliento alcohólico, en la cual detectó que el Cabo jardinero Persona “A” presentaba aliento alcohólico.

3. Por lo anterior, el Mayor de zapadores Persona “D” le ordenó al Sargento Persona “B” que buscara y presentara ante él, al Cabo Persona “A”, a quien encontró armado y tirado en el piso del alojamiento del agrupamiento. Cuando el Sargento Persona “B” le solicitó que se presentara con el Mayor Persona “D”, el Cabo Persona “A” le respondió que “se botara a la verga junto con el capitán”. Asimismo, empuñó el arma de fuego a su cargo y apuntó hacia el Sargento Persona “B”, quien forcejeó con él para desarmarlo. Posteriormente, el Cabo Persona “A” sujetó con el antebrazo el cuello del Sargento Persona “B” con la intención de asfixiarlo.

4. Juicio penal. Con motivo de los hechos narrados, se instruyó un procedimiento penal en contra del señor Persona “A”, del que correspondió conocer al Tribunal Militar de Juicio Oral de la Primera Región Militar, que registró la causa penal con el número de expediente Segundo Número de Expediente.

5. Mediante sentencia de diez de noviembre de dos mil veintitrés, el mencionado Tribunal Militar consideró, por una parte, que no se acreditaron los elementos del delito de insubordinación cometida en actos del servicio, en la modalidad de que por medio de palabras falte al respeto a un superior, previsto y sancionado en los artículos 283, 284, fracción I, y 285, fracción I, del Código de Justicia Militar, por lo cual dictó sentencia absolutoria en favor del señor Persona “A”.(3)

6. Por otra parte, dictó sentencia condenatoria en contra del señor Persona “A” por la comisión del delito de insubordinación cometida en actos del servicio, en la modalidad de que de cualquier otra manera falte al respeto a un superior, previsto y sancionado en los artículos 283, 284, fracción I, y 285, fracción III, del Código de Justicia Militar, por lo que le impuso una pena de tres años y cuatro meses de prisión, entre otras sanciones.(4)

7. Recurso de apelación. Inconforme con la sentencia de condena, el señor Persona “A”, por conducto del Defensor de Oficio Militar, interpuso un recurso de apelación del que correspondió conocer al Tribunal Superior Militar, que lo registró con el número de expediente Tercer Número de Expediente. Mediante sentencia de primero de febrero de dos mil veinticuatro, dicho tribunal de alzada confirmó la resolución recurrida.

8. Demanda de amparo directo. En contra de la sentencia de apelación, el señor Persona “A”, por propio derecho, presentó una demanda de amparo directo en la que, en síntesis, expuso los siguientes conceptos de violación:

a) La sentencia de segunda instancia no se encuentra debidamente fundada y motivada. Además, el Tribunal Superior Militar no atendió el argumento relativo a la indebida valoración de las pruebas desahogadas durante la audiencia de juicio oral, pues existían discrepancias entre ellas.

b) El Tribunal Militar de Juicio Oral omitió exponer los motivos y razonamientos para otorgar eficacia demostrativa a cada una de las pruebas desahogadas, entre ellas las testimoniales y las documentales, y no realizó un análisis de los medios de prueba conforme a la sana crítica, las reglas de la lógica, conocimientos científicos y máximas de la experiencia, ni a la luz de los criterios de congruencia, veracidad, idoneidad, precisión y coherencia de las declaraciones para acreditar la conducta delictiva.

c) El Tribunal Superior Militar y el Tribunal Militar de Juicio Oral omitieron realizar una exposición clara, lógica y completa de cada uno de los hechos y circunstancias que consideraron probados. Por ello, el Tribunal Superior Militar trasgredió el derecho a un debido proceso, en relación con una debida fundamentación y motivación al confirmar, sin exponer razones suficientes, idóneas y congruentes, la resolución recurrida.

d) El Tribunal Superior Militar omitió estudiar el agravio relativo a que el Tribunal Militar de Juicio Oral vulneró el principio de legalidad previsto en el artículo 14 constitucional y 403 del Código Militar de Procedimientos Penales, toda vez que no se acreditaron de manera plena cada uno de los elementos objetivos, normativos y subjetivos que integran el delito de insubordinación.

e) El Ministerio Público no analizó correctamente el hecho objeto de la acusación, pues realizó un incorrecto encuadramiento de la conducta al delito de insubordinación. Posteriormente, el Tribunal Militar de Juicio Oral suplió el estudio deficiente del Ministerio Público, de modo en que trasgredió los principios de legalidad, en la vertiente de exacta aplicación de la ley penal, imparcialidad y congruencia.

f) El Tribunal Superior Militar se limitó a convalidar y establecer que el Tribunal Militar de Juicio Oral estuvo en lo correcto al tener por acreditada más allá de toda duda razonable la conducta activa, sin que hubiera explicado por qué era exactamente aplicable la ley penal al caso concreto.

g) La autoridad responsable vulneró el principio de presunción de inocencia, pues no se cercioró que las pruebas de cargo desvirtuaran la hipótesis de inocencia efectivamente alegada en todo momento por la defensa.

h) La autoridad responsable trasgredió su derecho al debido proceso en la vertiente de ser juzgado por un tribunal imparcial, en virtud de que subsanó las deficiencias del órgano acusador.

i) El artículo 285, fracción III, del Código de Justicia Militar vulnera el principio de proporcionalidad de las penas establecido en el artículo 22 de la Constitución Política del país, toda vez que impone una pena altamente lesiva y desproporcional, en comparación con el diverso numeral 298 del mismo ordenamiento, el cual establece una pena de un año de prisión para el delito de abuso de autoridad.(5)

j) Ambos delitos están tipificados en el Título Noveno del Código de Justicia Militar, tutelan delitos contra la jerarquía y la autoridad y prevén conductas similares. La única diferencia es la calidad específica del sujeto activo: que sea un militar con una jerarquía superior o inferior al del sujeto pasivo. A pesar de lo anterior, ambos reciben penas totalmente distintas.

k) Finalmente, el artículo 285, fracción III, del citado ordenamiento no define qué es una “vía de hecho”.

9. Sentencia de amparo directo. De la demanda correspondió conocer al Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, que la registró con el número de expediente Primer Número de Expediente. El dieciséis de mayo de dos mil veinticuatro, el mencionado Tribunal Colegiado dictó sentencia en la que negó el amparo al señor Persona “A”, al tenor de las siguientes consideraciones:

a) Las autoridades responsables respetaron las formalidades esenciales del procedimiento, tanto en la etapa de juicio, como en el recurso de apelación, y cumplieron con su deber de fundar y motivar su decisión.

b) El tribunal de alzada aplicó exactamente la ley penal al caso concreto, al tener por acreditado el delito de insubordinación cometida en actos del servicio en su modalidad de cualquier otra manera falte al respeto a un superior, con sustento en las pruebas recabadas durante la audiencia de juicio oral y citadas en la sentencia reclamada. Dichas pruebas fueron valoradas de forma integral y armónica, de manera libre y lógica, así como con base en una crítica racional.

c) Si bien el Tribunal Militar de Juicio Oral resolvió que se actualizaba la responsabilidad penal por la comisión del delito de insubordinación, aunque en la modalidad de que fuera de cualquier otra manera, esto no vulnera el principio de coherencia o correlación debido a que se puede llevar a cabo una nueva clasificación del delito y de su grado si no se modificó el hecho material por el cual se siguió el proceso penal, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 19 constitucional.

d) En el caso, la autoridad responsable respetó el derecho de presunción de inocencia del quejoso, pues las pruebas aportadas por la representación social fueron valoradas de forma individual, conjunta, integral y armónica, de manera libre y lógica, con base en una crítica racional para acreditar la responsabilidad penal del señor Persona “A” más allá de toda duda razonable.

e) La penalidad establecida en el artículo 285, fracción III, del Código de Justicia Militar no es desproporcionada.

f) La Primera Sala del alto tribunal del país, al resolver el amparo directo en revisión 3032/2011, estableció que la gravedad de la pena debe ser proporcional a la del hecho antijurídico y a la del grado de afectación del bien jurídico tutelado, y que el legislador tiene un amplio margen de libertad configurativa para graduar las penas, de acuerdo con el rumbo de la política criminal.(6)

g) No obstante, dicha libertad configurativa está constreñida al marco de los derechos humanos y principios constitucionales, como lo es la proporcionalidad de las penas reconocida en el artículo 22 constitucional.

h) En el caso concreto, el artículo 285 del Código de Justicia Militar en sus diversas fracciones, atiende a la necesidad de que el delito de insubordinación no sólo no se cometa, sino que no se cometa bajo las condiciones que agravan la pena, pues cada una de ellas se gradúan en atención a que el legislador estimó tasar el bien jurídico tutelado según las circunstancias en que se lleva a cabo la acción.

i) Así, la racionalidad jurídica de las diversas punibilidades del citado precepto es establecer una diferenciación en el trato punitivo, dependiendo de las circunstancias que le imprimen gravedad a la conducta delictiva desplegada, como lo es faltar al respeto a un superior por medio de palabras, ademanes, por escrito o por cualquier otra manera que no constituya una vía de hecho, en atención, precisamente, a la proporcionalidad de las penas.

j) Específicamente, la fracción III del precepto impugnado, la cual se le aplicó al quejoso, establece el delito de insubordinación cuando se llegue a vías de hecho, pero sin causar lesión, entendiendo vía de hecho cuando una autoridad pública, como un juez, policía o funcionario, actúa de manera ilegal al ejercer sus funciones, sin cumplir con los procedimientos legales, lo que puede ser injusto y violatorio de los derechos fundamentales de los ciudadanos.

k) Aunado a lo anterior, el quantum de las penas obedece a que las Fuerzas Armadas se rigen por códigos diferentes a los de la sociedad porque se apoyan en la estricta disciplina, que involucra obediencia, respeto y sujeción a sus superiores jerárquicos; ya que el Ejército requiere una organización eficaz para poder garantizar la seguridad nacional.

l) En ese sentido, la disciplina y obediencia en el ámbito castrense debe ser protegida por el ordenamiento legal, corregida y sancionada a través de las normas castrenses. Por lo que, establecer sanciones más severas para quienes cometan el delito de insubordinación no vulnera el principio de proporcionalidad de la pena.

m) Con base en lo anterior, la insubordinación es una agresión a la relación de jerarquía que deriva en la ruptura del vínculo de respeto y obediencia, y que causa su mal funcionamiento.

n) En ese tenor, la exigencia de proporcionalidad implica que el sistema de penas previsto en las legislaciones atienda a la importancia del bien jurídico protegido, la intensidad del ataque y el grado de responsabilidad subjetiva del agente, entre otras cuestiones.

o) Por todo lo anterior, contrario a lo afirmado por el señor Persona “A”, la penalidad prevista en el artículo 285, fracción III, del Código de Justicia Militar no contraviene el numeral 22 constitucional.

p) Finalmente, fue legal que el tribunal militar responsable haya impuesto una pena de tres años y cuatro meses de prisión.

10. Recurso de revisión. Inconforme con la sentencia de amparo, el seis de junio de dos mil veinticuatro, el señor Persona “A” interpuso un recurso de revisión en el que, esencialmente, expuso los siguientes agravios:

a) La resolución del Tribunal Colegiado vulnera los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Además, resulta inconvencional debido a que no otorgó la protección más amplia, pues no entró al estudio de fondo planteado.

b) Si bien el Poder Legislativo tiene la facultad para dictar leyes y redactar tipos penales, también lo es que debe justificar las razones por las cuales se emite referida ley o tipo penal, a través de la exposición de motivos conforme a la jurisprudencia 1a./J. 114/2010, de rubro: “PENAS Y SISTEMA PARA SU APLICACIÓN. CORRESPONDE AL PODER LEGISLATIVO JUSTIFICAR EN TODOS LOS CASOS Y EN FORMA EXPRESA, LAS RAZONES DE SU ESTABLECIMIENTO EN LA LEY”.(7)

c) De conformidad con el criterio señalado, las autoridades legislativas están obligadas a justificar, en todos los casos y de forma expresa, las razones del establecimiento de las penas y el sistema de su aplicación, cuando una persona despliega una conducta considerada como delito.

d) Por tanto, los órganos legislativos tienen la obligación de motivar la importancia social suficiente del bien jurídico tutelado en cuestión y la necesidad de su protección por las normas penales. En adición a lo anterior, debe demostrar que son insuficientes otros medios de defensa menos lesivos de los derechos humanos, particularmente, de la libertad personal, pues la medida penal debe constituirse como la más ventajosa para la protección del bien jurídico, dentro de todas las alternativas posibles y existentes.

e) En vista de lo anterior, no se advierte una justificación del legislador para motivar la proporcionalidad diferenciada entre el delito de abuso de autoridad y el delito de insubordinación. De este modo, en atención al contexto normativo en el que se ubican, no se advierten trabajos preparatorios del legislador que justifican la aplicación del precepto legal impugnado.

f) No se trata de un tema meramente de disciplina, como lo asumió el Tribunal Colegiado, sino de un tema de justicia, igualdad, proporcionalidad y de dignidad humana, frente al trato diferenciado e injustificado sufrido.

11. Trámite ante esta Suprema Corte. Mediante acuerdo de diecisiete de junio de dos mil veinticuatro, la Presidencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación admitió a trámite el amparo directo en revisión, lo registró con el número de expediente 4788/2024 y lo turnó a la Ministra Ana Margarita Ríos Farjat.

12. Avocamiento. Por acuerdo de veintiocho de agosto de dos mil veinticuatro, el entonces Ministro Presidente de esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se avocó al conocimiento del asunto y ordenó el envío de los autos a la Ponencia de la Ministra Ana Margarita Ríos Farjat para la elaboración del proyecto respectivo.

13. Recepción en Ponencia. El veintiséis de noviembre dos mil veinticuatro, la Secretaría de Acuerdos de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación entregó a la Ponencia de la Ministra Ana Margarita Ríos Farjat el expediente físico del amparo directo en revisión 4788/2024. Por lo que, a partir de esa fecha se tuvo como recibido.

I. COMPETENCIA

14. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es legalmente competente para conocer del presente recurso de revisión, en términos de lo dispuesto en los artículos 107, fracción IX, de la Constitución Política del país; 81, fracción II, 83 y 96 de la Ley de Amparo; y 21, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintiuno,(8) en relación con los puntos Primero y Tercero, del Acuerdo General 1/2023 emitido por el Pleno de este alto tribunal.

15. Lo anterior, porque el recurso se interpuso en contra de una sentencia dictada por un Tribunal Colegiado de Circuito en un juicio de amparo directo en materia penal en el cual se alegan cuestiones de constitucionalidad, lo cual es competencia de la Primera Sala y no se advierte necesidad de la intervención del Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación.

II. OPORTUNIDAD

16. La sentencia recurrida se notificó personalmente al Defensor de Oficio Militar Persona “E”, autorizado del señor Persona “A”, el viernes siete de junio de dos mil veinticuatro.

17. Dicha notificación surtió efectos el lunes diez de junio de dos mil veinticuatro, de manera que el plazo de diez días establecido en el artículo 86 de la Ley de Amparo para la interposición del recurso de revisión transcurrió del martes once al lunes veinticuatro de junio de dos mil veinticuatro.(9)

18. Por tanto, si el señor Persona “A” presentó su escrito de agravios el seis de junio de dos mil veinticuatro, esta Primera Sala considera que el recurso de revisión se interpuso de manera oportuna.

19. Lo anterior, con apoyo en la jurisprudencia 16/2016, de esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro “RECURSO DE REVISIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO. SU INTERPOSICIÓN RESULTA OPORTUNA AUN CUANDO OCURRA ANTES DE QUE INICIE EL CÓMPUTO DEL PLAZO RESPECTIVO”.(10) III. LEGITIMACIÓN

20. Esta Suprema Corte considera que el señor Persona “A” cuenta con la legitimación necesaria para interponer el recurso de revisión, pues está probado que el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito le reconoció el carácter de quejoso en el juicio de amparo directo Primer Número de Expediente, en términos del artículo 5, fracción I, de la Ley de Amparo.(11)

IV. ESTUDIO DE PROCEDENCIA DEL RECURSO

21. De los artículos 107, fracción IX, de la Constitución Política del país y 81, fracción II, de la Ley de Amparo, se desprende que la procedencia del recurso de revisión en amparo directo está supeditada a que se cumplan dos requisitos:

a) En las sentencias impugnadas se decida sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de una norma general, o se establezca la interpretación directa de un precepto constitucional o de los derechos humanos establecidos en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, o bien se omita el estudio de las cuestiones antes mencionadas, cuando se hubieren planteado en la demanda de amparo; y

b) El problema de constitucionalidad referido en el inciso anterior entrañe la fijación de un criterio de interés excepcional.(12)

22. Al respecto, en caso de que se surta el requisito de constitucionalidad, se debe actualizar el diverso de interés excepcional en materia constitucional o de derechos humanos, lo que exige que esta Suprema Corte de Justicia de la Nación advierta que resolver el asunto dará lugar a un pronunciamiento novedoso o de relevancia para el orden jurídico nacional.

23. También se acredita el requisito de interés excepcional cuando lo decidido en la sentencia recurrida pueda implicar el desconocimiento de un criterio sostenido por este alto tribunal relacionado con alguna cuestión propiamente constitucional, por haberse resuelto en contra de dicho criterio o se hubiere omitido su aplicación.

24. Esto es, serán procedentes únicamente aquellos recursos que reúnan ambas características. Dicho con otras palabras, basta que en algún caso no esté satisfecha cualquiera de esas condiciones, o ambas, para que el recurso sea improcedente. Por lo tanto, la ausencia de cualquiera de esos elementos es razón suficiente para desechar el recurso por improcedente.

25. Precisado lo anterior, esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que el presente asunto sí cumple con los requisitos de procedencia descritos, de conformidad con las siguientes consideraciones.

26. En la demanda de amparo, el señor Persona “A” alegó algunas cuestiones de legalidad relacionadas con una incorrecta valoración probatoria, la indebida acreditación del delito y de la responsabilidad penal, la falta de fundamentación y motivación, y la vulneración al principio de presunción de inocencia.

27. Por su parte, el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito declaró infundados los conceptos de violación aludidos por el señor Persona “A” al determinar que no se habían vulnerado las formalidades esenciales del procedimiento, que la resolución impugnada se encuentra debidamente fundada y motivada, y que se acreditaron acertadamente los elementos del delito y la responsabilidad penal, con lo cual se desvirtuó la presunción de inocencia que impera en favor de la persona enjuiciada, todo lo cual respondió desde un plano de mera legalidad que no hace procedente el presente recurso de revisión.(13)

28. En otro aspecto, en su escrito de agravios, el señor Persona “A” refirió que es necesario demostrar que son insuficientes otros medios de defensa menos lesivos de los derechos humanos, particularmente, de la libertad personal.

29. En vista de lo anterior, esta Primera Sala considera que, si bien el argumento podría constituir un tema de constitucionalidad al versar sobre el principio de mínima intervención del derecho penal o de ultima ratio, éste no fue planteado en el escrito inicial de demanda y, por ende, constituye un aspecto novedoso que no puede ser objeto de estudio a resolverse el presente medio de impugnación.(14)

30. Por otra parte, el señor Persona “A” alegó que el artículo 285, fracción III, del Código de Justicia Militar vulnera el principio de proporcionalidad de las penas, ya que el legislador decidió imponer una punibilidad más severa al delito de insubordinación, que al delito de abuso de autoridad, previsto en el mismo ordenamiento.

31. El Tribunal Colegiado negó el amparo y calificó de infundado dicho concepto de violación, pues consideró que el legislador tiene libertad configurativa para establecer penas de acuerdo con la política criminal que diseñe. En ese sentido, el artículo impugnado atiende a la necesidad de que el delito de insubordinación no se cometa bajo las condiciones que agravan la pena, pues cada una de ellas se gradúan en atención a que el legislador estimó tasar el bien jurídico tutelado según las circunstancias en que se lleva a cabo la acción.

32. Además, el Tribunal Colegiado agregó que el Ejército, al tener el objetivo de garantizar la seguridad nacional, requiere de un sistema de organización eficiente basado en la disciplina y obediencia, por lo que el legislador requiere sancionar efectivamente la falta de éstas.

33. En sus agravios, el señor Persona “A” insistió en que la pena prevista para el delito de insubordinación prevista en el artículo 285, fracción III, del Código de Justicia Militar es inconstitucional debido a que vulnera el principio de proporcionalidad de las penas establecido en el artículo 22 de la Constitución Política del país.

34. De esta manera, esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que subsiste un planteamiento de constitucionalidad de interés excepcional que hace procedente el recurso.

35. No pasa inadvertido que en los amparos en revisión 304/2022(15) y 705/2010,(16) este alto tribunal analizó la constitucionalidad del artículo 283 del Código de Justicia Militar, el cual prevé el delito de insubordinación. Sin embargo, dichos precedentes analizaron un diverso precepto y a la luz del principio de legalidad en su vertiente de taxatividad y de exacta aplicación de la ley penal, respectivamente.

36. Finalmente, no se soslaya que, en la demanda de amparo, el señor Persona “A” argumentó que el Código de Justicia Militar no define exactamente a qué se refiere la porción normativa “vías de hecho” contenida en el artículo 285, fracción III, del mismo ordenamiento, lo cual podría actualizar un planteamiento de constitucionalidad relativo a la vulneración del principio de legalidad en su vertiente de taxatividad.

37. Sin embargo, el Tribunal Colegiado del conocimiento explicó, en un plano de legalidad, que la vía de hecho se produce cuando una autoridad actúa de manera ilegal al ejercer sus funciones, sin cumplir con los procedimientos legales conducentes. Aspecto que el señor Persona “A” no controvirtió en su recurso de revisión y, por tanto, no constituye la materia del estudio de fondo.

V. ESTUDIO DE FONDO

38. En el caso, el señor Persona “A” fue sentenciado en primera y segunda instancias por la comisión del delito de insubordinación cometida en actos del servicio, en la modalidad de que de cualquier otra manera falte al respeto a un superior, previsto y sancionado en los artículos 283, 284, fracción I, y 285, fracción III, del Código de Justicia Militar.(17)

39. En su demanda de amparo, el señor Persona “A” alegó que la pena de cinco años de prisión prevista para el delito antes señalado vulnera el principio de proporcionalidad establecido en el artículo 22 de la Constitución Política del país. Agregó que, inclusive, el delito de abuso de autoridad merece una pena mucho menor que el delito por el cual fue sancionado.

40. En la resolución recurrida, el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito declaró infundado este planteamiento, con base en que, en atención a la importancia del bien jurídico protegido, la intensidad del ataque y el grado de responsabilidad subjetiva del agente, entre otras cuestiones, dentro del contexto de la exigencia de disciplina y obediencia en el ámbito castrense, el establecer sanciones más severas para quienes cometan el delito de insubordinación no vulnera el principio de proporcionalidad de la pena.

41. Posteriormente, en el escrito de agravios, el señor Persona “A” argumentó que no se advierte una justificación del legislador para motivar la proporcionalidad diferenciada entre el delito de abuso de autoridad y el delito de insubordinación, por lo que la pena prevista en el artículo 285, fracción III, del Código de Justicia Militar es desproporcional.

42. Esta Primera Sala considera infundado el agravio del señor Persona “A” en el que sostiene que, contrario a lo que determinó el mencionado Tribunal Colegiado, la pena de prisión de cinco años contraviene el principio de proporcionalidad de las penas a que se refiere el artículo 22 constitucional.

43. Para analizar este planteamiento, esta Primera Sala considera que procede realizar el estudio a partir de los siguientes apartados: a) contenido y alcance del principio de proporcionalidad de las penas en materia penal; b) metodología para verificar la proporcionalidad de la pena; y c) análisis de la constitucionalidad de la pena impugnada.

a) Contenido y alcance del principio de proporcionalidad de las penas en materia penal

44. El artículo 22, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece lo siguiente:

Artículo 22. Quedan prohibidas las penas de muerte, de mutilación, de infamia, la marca, los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie, la multa excesiva, la confiscación de bienes y cualesquiera otras penas inusitadas y trascendentales. Toda pena deberá ser proporcional al delito que sancione y al bien jurídico afectado. [...]

45. A partir del contenido normativo transcrito, en diversos precedent

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/33380-8c843f53/delito-de-insubordinacion-militar-por-falta-de-respeto · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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