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Modo: Corpus Pro

SUSPENSIÓN PROVISIONAL. ES IMPROCEDENTE RESPECTO DE LOS EFECTOS DEL ARTÍCULO 218 BIS DE LA LEY DE MOVILIDAD DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS) 214/2024. · Registro digital (IUS): 33465
Órgano: Plenos Regionales · Publicación: 2025-08-08
Promovente: ENTRE LOS SUSTENTADOS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SEGUNDO Y PRIMERO, AMBOS DEL VIGÉSIMO SÉPTIMO CIRCUITO.
Localización: Undécima Época. Plenos Regionales. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 52, Agosto de 2025, Tomo II, Volumen 2, Pág.1451.

CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS 214/2024. ENTRE LOS SUSTENTADOS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SEGUNDO Y PRIMERO, AMBOS DEL VIGÉSIMO SÉPTIMO CIRCUITO. 19 DE FEBRERO DE 2025. TRES VOTOS DE LAS MAGISTRADAS ROSA ELENA GONZÁLEZ TIRADO Y MARÍA AMPARO HERNÁNDEZ CHONG CUY, Y DEL MAGISTRADO ARTURO ITURBE RIVAS. PONENTE: MAGISTRADA MARÍA AMPARO HERNÁNDEZ CHONG CUY. SECRETARIA: TANIA PAMELA CAMPOS MEDINA.

Ciudad de México, diecinueve de febrero de dos mil veinticinco.

El PLENO REGIONAL EN MATERIAS ADMINISTRATIVA Y CIVIL DE LA REGIÓN CENTRO-SUR, CON RESIDENCIA EN LA CIUDAD DE MÉXICO resuelve la contradicción de criterios señalada al rubro.

ANTECEDENTES

PRIMERO. Denuncia. El magistrado presidente del PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO SÉPTIMO CIRCUITO denunció la posible contradicción de criterios entre el que sostuvieron en el recurso de queja [artículo 97, fracción I, inciso b) de la LEY DE AMPARO] 331/2024 y el del SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO SÉPTIMO CIRCUITO al resolver el recurso de queja [artículo 97, fracción I, inciso b) de la LEY DE AMPARO] 292/2024.

SEGUNDO. Trámite. La Presidencia de este PLENO REGIONAL radicó el asunto con el número de expediente 214/2024 y lo admitió a trámite; se requirió únicamente al SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO SÉPTIMO CIRCUITO informara si su criterio subsistía, toda vez que del tribunal denunciante se informó que su criterio seguía vigente en el oficio de denuncia; solicitó a la COORDINACIÓN DE COMPILACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DE TESIS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN informara si ante ese ALTO TRIBUNAL está radicada alguna contradicción de criterios relacionada con la materia de este asunto; y lo turnó para su estudio a la magistrada María Amparo Hernández Chong Cuy. Turno que fue confirmado en proveído de veintiuno de enero de dos mil veinticinco.

El SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO SÉPTIMO CIRCUITO informó que su criterio se encuentra vigente y el DIRECTOR GENERAL DE LA COORDINACIÓN DE COMPILACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DE TESIS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN informó que durante los últimos seis meses no se encuentra radicada alguna contradicción de criterios relacionada con el tema que atañe a este expediente.

TERCERO. Amicus Curiae. No se hizo valer amicus curiae hasta la fecha en la cual se listó el presente asunto.

La decisión de este Pleno se sustenta en las siguientes

CONSIDERACIONES

PRIMERO. Competencia.

En términos del artículo séptimo transitorio de la LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN publicada el veinte de diciembre de dos mil veinticuatro, este PLENO REGIONAL EN MATERIAS ADMINISTRATIVA Y CIVIL DE LA REGIÓN CENTRO-SUR es legalmente competente para conocer de la presente contradicción de criterios de conformidad con lo establecido en los artículos 107, fracción XIII, de la CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 226, fracción III, de la LEY DE AMPARO, 41 y 42 de la LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN abrogada, en conformidad a lo previsto en el artículo 14 del ACUERDO GENERAL 67/2022 DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL QUE REGLAMENTA LA COMPETENCIA, INTEGRACIÓN, ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LOS PLENOS REGIONALES, éste reformado por el ACUERDO GENERAL 1/2024, DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, QUE REFORMA EL SIMILAR 67/2022, QUE REGLAMENTA LA COMPETENCIA, INTEGRACIÓN, ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LOS PLENOS REGIONALES en su artículo 14, fracción I, párrafo segundo; y artículo 2 del ACUERDO GENERAL 108/2022 DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL RELATIVO A LA CREACIÓN, DENOMINACIÓN E INICIO DE FUNCIONES DE LOS PLENOS REGIONALES DE LAS REGIONES CENTRO-NORTE Y CENTRO-SUR, ASÍ COMO SU COMPETENCIA, JURISDICCIÓN TERRITORIAL Y DOMICILIO, este último reformado en el ACUERDO GENERAL 38/2023 POR EL QUE SE MODIFICA LA DENOMINACIÓN DE LOS PLENOS REGIONALES DE LAS REGIONES CENTRO-NORTE Y CENTRO-SUR; Y QUE REFORMA DIVERSAS DISPOSICIONES RELATIVAS A SU SEMIESPECIALIZACIÓN, COMPETENCIA Y DOMICILIO, en su artículo 3. Lo anterior, porque se trata de una posible contradicción de criterios emitidos por dos tribunales colegiados integrantes de la Región Centro-Sur y deriva de juicios de naturaleza común.

SEGUNDO. Legitimación.

La contradicción de criterios se denunció por parte legítima conforme con lo previsto en el artículo 227, fracción III, de la LEY DE AMPARO, puesto que se formuló por el magistrado presidente del PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO SÉPTIMO CIRCUITO, como se determinó en la sentencia del recurso de queja 331/2024 de dicho órgano, y así se advierte de la denuncia de esta contradicción.

TERCERO. Existencia de la contradicción de criterios.

Conforme al razonamiento fundamental extraído de los supuestos previstos en la jurisprudencia P./J. 72/2010(1) sustentada por el PLENO DEL ALTO TRIBUNAL, una contradicción de criterios se actualiza cuando los órganos contendientes sostengan discernimientos jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, independientemente de que las cuestiones fácticas que lo rodean no sean exactamente iguales, siempre que hayan examinado hipótesis jurídicas esencialmente iguales y llegado a conclusiones encontradas respecto de la solución de la controversia planteada.

Luego, existen criterios divergentes cuando al menos un tramo del razonamiento efectuado o la interpretación ejercida en las respectivas decisiones adoptadas por cada órgano gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico, de modo que confluyan en un mismo punto de derecho y ello pueda dar lugar a la formulación de una pregunta genuina sobre cuál sería la forma legalmente posible y preferente de resolver tal cuestión jurídica.

Lo anterior también se sustenta en las jurisprudencias 1a./J.22/2010(2) de la PRIMERA SALA y 2a./J. 163/2011(3) de la SEGUNDA SALA DEL ALTO TRIBUNAL de rubros: "CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. CONDICIONES PARA SU EXISTENCIA" y "CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. DEBE DECLARARSE INEXISTENTE CUANDO LA DISPARIDAD DE LOS CRITERIOS PROVIENE DE TEMAS, ELEMENTOS JURÍDICOS Y RAZONAMIENTOS DIFERENTES QUE NO CONVERGEN EN EL MISMO PUNTO DE DERECHO."

En el caso, los dos tribunales colegiados de circuito emitieron respuestas antagónicas respecto de las mismas cuestiones jurídicas.

En efecto, ambos tribunales se enfrentaron a la cuestión de determinar si procede o no la suspensión provisional del artículo 218 Bis de la LEY DE MOVILIDAD DEL ESTADO DE QUINTANA ROO que dispone:

(ADICIONADO, P.O. 24 DE JULIO DE 2024)

Artículo 218 Bis. Las personas conductoras de una motocicleta y sus acompañantes están obligadas a usar casco de seguridad que cumpla con lo establecido en las Normas Oficiales Mexicanas vigentes, debidamente colocado y abrochado, el cual deberá contar con la estampa del número de placa correspondiente, así como portar un chaleco reflejante que tenga impreso el número de la placa, mismos que deberán ser otorgados por la autoridad competente.

Cuando viaje más de una persona en la motocicleta, será la persona visible desde la parte trasera la que porte el chaleco reflejante con el número de placa impreso.

Las policías de tránsito del Estado y de los municipios deberán supervisar el cumplimiento a esta disposición. El incumplimiento de la misma tendrá una sanción de 7 a 10 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente, y se suspenderá la circulación del vehículo para remitirlo al depósito vehicular correspondiente.

El SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO SÉPTIMO CIRCUITO al resolver el recurso de queja 292/2024 sostuvo, esencialmente, que:

- El promovente indicó en su demanda: ser conductor de una motocicleta de su propiedad y que actualmente reside en la ciudad de Cancún, Quintana Roo; que ha sido miembro de un moto club en el que usan chalecos de piel con un logo en particular, pero que con la norma reclamada se coartará su libertad de pensamiento, opinión y expresión al difundir sus ideas; destacando de forma reiterada contar con apariencia del buen derecho y que acredita sus interés jurídico y legítimo con las pruebas que allegó, como su licencia para conducir motocicletas y su tarjeta de circulación.

En sus conceptos de violación alegó, sustancialmente, que la norma impugnada vulnera su derecho al libre desarrollo de la personalidad, pues impone restricciones sin una justificación legislativa adecuada, y que la obligación de portar casco con estampado de placa no afecta el orden público, además, no supera un test de proporcionalidad.

Solicitó la suspensión para evitar el uso obligatorio de chaleco reflejante y casco con estampado, así como las sanciones derivadas. Argumentó que, conforme a la exposición de motivos de la norma reclamada, ésta sólo impacta al individuo sin afectar el orden público, la movilidad y tránsito de terceros, ni la seguridad vial.

- La jueza federal negó la suspensión provisional al considerar, esencialmente, que:

• La LEY DE MOVILIDAD DEL ESTADO DE QUINTANA ROO tiene como objeto establecer las bases, normas y principios para regular la operación, planeación, programación, proyección, implementación, gestión, control y vigilancia de la prestación de los servicios de transporte, así como el uso, aprovechamiento y explotación de las vías de comunicación e infraestructura de la entidad federativa, además de prestar un servicio confiable, eficiente, cómodo y seguro que permita movilizar a sus usuarios con altos estándares de calidad, acceso y cobertura en el área urbana o conurbada correspondiente.

• La norma reclamada busca modificar dicha LEY DE MOVILIDAD para asegurar su correcta operatividad, garantizar el derecho humano a la movilidad, así como brindar certeza jurídica, viabilidad técnica y operativa en su implementación.

• Entonces se trata de un mecanismo jurídico para garantizar el derecho humano a la movilidad en condiciones de seguridad vial, accesibilidad, eficiencia, sostenibilidad, calidad, inclusión, e igualdad, para que todas las personas puedan acceder a mejores condiciones de vida, tal como se asentó en la exposición de motivos de la norma reclamada.

• Conforme al artículo 129 de la LEY DE AMPARO, el precepto impugnado goza de una presunción de validez y legalidad dado que es una norma emitida por autoridad competente y para la cual se siguió un proceso legislativo que hasta entonces no había sido invalidado.

• Además, dicho artículo va encaminado a identificar a los conductores de motocicletas, y ello persigue fines de seguridad pública y son medidas de respuesta ante la situación de violencia delictiva que se vive en el Estado; y destacó el altísimo número de delitos que se comenten abordo y en general usando como medio de transporte las motocicletas sin que éstas puedan ser identificadas; por lo que, la sociedad quintanarroense está interesada en que los cuerpos policiacos y de seguridad puedan identificar con las medidas impuestas a los conductores de motocicletas en el estado, que se establezca este tipo de control de identificación de las placas con que circulan las motocicletas para lo cual deben cumplir con todas las disposiciones establecidas en la norma aplicable de la entidad federativa en la que este sujetas.

• Luego, dicha norma obedece a un fin de orden público e interés social que debe prevalecer sobre el interés particular del conductor a no usar casco con estampado o chaleco. Además, ese derecho particular será analizado en el fondo del amparo.

• Así, negó la suspensión provisional porque no se cumplían los requisitos del artículo 128 de la LEY DE AMPARO, en tanto se infringirían disposiciones de orden público y se contravendría el interés social.

• Citó como apoyo la jurisprudencia 2ª./J.81/2002, de rubro: ‘SUSPENSIÓN DEFINITIVA. AL RESOLVER SOBRE ELLA, EL JUZGADOR DE AMPARO DEBE EXPONER, EN SU CASO, LOS MOTIVOS POR LOS QUE CONSIDERE SE OCASIONA O NO PERJUICIO AL INTERÉS SOCIAL Y SI SE CONTRAVIENEN O NO DISPOSICIONES DE ORDEN PÚBLICO’. La jurisprudencia 2a./J. 52/2002, de rubro: ‘ORDEN PÚBLICO E INTERÉS SOCIAL PARA EFECTOS DE LA SUSPENSIÓN EN EL AMPARO. CUANDO ES EVIDENTE Y MANIFIESTA SU AFECTACIÓN, NO SE REQUIERE PRUEBA SOBRE SU EXISTENCIA O INEXISTENCIA.’ La jurisprudencia con número de registro digital 394478 de rubro: ‘SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO, CONCEPTO DE ORDEN PUBLICO PARA LOS EFECTOS DE LA.’ Y la tesis aislada con número de registro digital 818680 de rubro: ‘INTERÉS SOCIAL Y DISPOSICIONES DE ORDEN PÚBLICO. SU APRECIACIÓN.'

- El tribunal consideró que la jueza omitió analizar lo alegado por el promovente respecto a que, según la exposición de motivos de la norma reclamada, ésta busca garantizar la seguridad vial, y que conceder la suspensión no afectaría dicha finalidad. Además, del dictamen con proyecto de Decreto se apreciaba que el legislador expuso que la razón de la norma tiene que ver con la seguridad vial y para ello tomó en consideración tratados internacionales (CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS –PACTO DE SAN JOSÉ–), en su artículo 22; así como la DECLARACIÓN UNIVERSAL DE DERECHOS HUMANOS, artículo 13; y la CONSTITUCIÓN FEDERAL, en donde refiere se reconoce el derecho humano que tienen todas las personas y la colectividad a la movilidad; así como criterios de la SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN sobre ese derecho a la movilidad.

La jueza debió ponderar esas afirmaciones para analizar provisionalmente la finalidad de la norma y si la concesión de la suspensión transgredía el interés social y el orden público; pero no lo hizo y negó la suspensión con base en la prevención de la criminalidad, argumento que no fue planteado en la demanda ni en la exposición de motivos de la norma.

Al no atender la pretensión esencial del promovente e incluir elementos ajenos a la norma impugnada, su resolución resultó incongruente e inadecuada, dado que el dictamen legislativo solo justifica la norma en términos de seguridad vial.

Para subsanar tal omisión y determinar lo procedente, el tribunal reasumió jurisdicción y otorgó la suspensión al concluir que su concesión no causaría perjuicio al interés social ni contravendría disposiciones de orden público. Esto, con base en las siguientes consideraciones esenciales:

- Con la inaplicación de la norma al promovente no se priva a la sociedad de alguna prerrogativa que le otorgan las leyes ni le genera un daño que de otro modo no resentiría.

Si bien del precepto impugnado y de su exposición de motivos se advierte que la finalidad es la seguridad vial para garantizar el derecho humano a la movilidad en condiciones de seguridad porque contribuyen a reducir los accidentes y proteger la integridad física o vida de los conductores y peatones; lo cierto es que al momento no existía medio de prueba o elementos suficientes de los que se pudiera deducir que el uso obligatorio de chaleco reflejante y casco con placa era un recurso necesario para ese fin. Por ello no podía asegurarse que conceder la suspensión privaría a la colectividad de una prerrogativa o se le causaría un daño que de otra forma no resentiría.

- Máxime que lo relativo a la seguridad vial en relación a las especificaciones técnicas de seguridad de la motocicleta y accesorios que deben portar los conductores o pasajeros de las mismas, ya está regulado en el REGLAMENTO DE TRÁNSITO DE BENITO JUÁREZ, QUINTANA ROO, cuyos artículos 49 y 55 exigen que las motocicletas deben contar con luces y reflejantes, así como con espejo retrovisor, timbre o claxon (cuestiones técnicas de seguridad vial del propio medio de transporte) y que los conductores o acompañantes deben portar casco que contenga las características previstas en las Normas Oficiales Mexicanas.

Dado que estas medidas ya están establecidas, no se aprecia cómo la obligación adicional de usar un casco y chaleco con la estampa de la placa mejora la seguridad vial de manera efectiva, pues ya existen disposiciones que regulan esta finalidad.

- El promovente manifestó ser miembro de moto club en el que utilizan chalecos de piel con un parche en la parte trasera que muestra un logo o diseño particular; ello refleja que se trata de una expresión relacionada a la vestimenta y, por ende, a su derecho al libre desarrollo de su personalidad.

Bajo la apariencia del buen derecho, no podría interpretarse el derecho de movilidad imponiendo la necesidad de utilizar un casco y chaleco con la estampa y/o impresa la placa de la motocicleta, justificando el fin de seguridad vial, pues ya existen reglas establecidas con ese fin en el REGLAMENTO DE TRÁNSITO.

Luego, la concesión de la suspensión provisional no se afecta el interés social ni se contravienen disposiciones de orden público porque únicamente detiene temporalmente los efectos de la norma sin impedir la función del Estado, pues el promovente tendrá que seguir cumpliendo las normas vigentes de seguridad vial, por tanto no implica una afectación grave a la sociedad, en proporción a los mayores beneficios que pudiera obtener el promovente hasta en tanto se decide sobre la suspensión definitiva.

- Aunque la jurisprudencia PR.A.C.CS. J/7 K (11a.) del PLENO REGIONAL EN MATERIAS ADMINISTRATIVA Y CIVIL DE LA REGIÓN CENTRO-SUR, CON RESIDENCIA EN LA CIUDAD DE MÉXICO establece la improcedencia de la suspensión respecto de los efectos y consecuencias de normas generales en materia de tránsito, movilidad y seguridad vial, esto no impide conceder la suspensión en este caso porque dicha tesis es muy genérica y se basa en legislaciones diversas a la reclamada.

Además, el PLENO DE LA SUPREMA CORTE ha establecido que la suspensión debe analizarse casuísticamente, ponderando la apariencia del buen derecho y la afectación al interés social, con una apreciación provisional de la inconstitucionalidad de la norma reclamada, según la jurisprudencia P./J. 15/96, tal como se hacía en esa resolución.

- Así, concedió la suspensión provisional para que no se aplicase la norma impugnada al promovente, en la inteligencia de que el y, en su caso, el acompañante, debían seguir portando el casco protector con las características establecidas en las Normas Oficiales Mexicanas, debidamente colocado y abrochado; asimismo, la motocicleta deberá cumplir con las demás medidas previstas en el en el REGLAMENTO DE TRÁNSITO DE BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO, todo ello por estar vinculado con la seguridad vial.

El PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO SÉPTIMO CIRCUITO al resolver el recurso de queja 331/2024 resolvió en forma contraria el criterio narrado con anterioridad, al sostener, esencialmente, que:

- El promovente solicitó la suspensión para que se impidieran los efectos y consecuencias del artículo impugnado, así como su quinto transitorio.

- El juez otorgó la medida cautelar al considerar satisfechos los requisitos del artículo 128 de la LEY DE AMPARO en tanto no causaba perjuicio al interés social, ni vulneraba disposiciones de orden público.

- El tribunal difiere en tanto la jurisprudencia (de este PLENO REGIONAL) PR.A.C.CS. J/7 K (11a.) de rubro "SUSPENSIÓN. ES IMPROCEDENTE RESPECTO DE LOS EFECTOS Y CONSECUENCIAS DE NORMAS GENERALES EN MATERIA DE TRÁNSITO, MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL." es criterio obligatorio que determina que, en casos como este, la suspensión provisional debe ser negada.

Acorde con esa jurisprudencia, se debió negar la suspensión provisional que resulta improcedente contra los efectos y consecuencias de normas generales en materia de tránsito, movilidad y seguridad vial, ya que al ponderar los intereses de la promovente frente a los del resto de las personas que utilizan las vialidades públicas para circular, debe prevalecer el objetivo fundamental de las disposiciones en materia de tránsito, movilidad y seguridad vial, que consiste en ordenar u organizar armónicamente la convivencia social en el territorio urbano, procurando el bienestar social y la implementación de reglas que buscan otorgar seguridad a quienes utilizan las vialidades. - La motivación que dio lugar a la adición del artículo reclamado se sustentó en la necesidad de garantizar el derecho de movilidad y la seguridad vial de los usuarios de las vialidades, de ahí que sea aplicable al caso la referida jurisprudencia.

No obsta que en ese precedente se establezca de manera genérica y sin distinguir que ese tipo de normas no son susceptibles de ser suspendidas, en atención a la afectación que con ello se puede causar al interés social y a disposiciones de orden público, pues el objeto de las normas en materia de movilidad resulta el mismo, es decir, normar la convivencia y transporte en sociedad, privilegiando la seguridad y adecuado tránsito de vehículos, de ahí que no sean objeto de suspensión las consecuencias de esa clase de normas.

Por ello concluyó que conforme a tal jurisprudencia debía negarse la suspensión provisional, pues de lo contrario se afectaría el interés social, sin que exista posibilidad de establecer excepciones que no están contempladas en la regla establecida por el PLENO REGIONAL.

De la narrativa anterior se desprende la actualización de la contradicción de criterios entre ambos tribunales, pues en sus respectivas ejecutorias abordaron y resolvieron de manera contraria un problema común consistente en determinar si es procedente o no la suspensión provisional contra los efectos del artículo 218 Bis de la LEY DE MOVILIDAD DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, en razón de: 1) la posible afectación al interés social y contravención al orden público; así como 2) la aplicabilidad de la jurisprudencia PR.A.C.CS. J/7 K (11a.) que establece la improcedencia de la suspensión respecto de los efectos y consecuencias de normas generales en materia de tránsito, movilidad y seguridad vial.

Un tribunal determinó que conceder la medida cautelar provisional no afectaba el interés social ni contravenía disposiciones de orden público, ya que hasta entonces no había pruebas suficientes de que la obligación de portar chaleco reflejante y casco con la estampa de la placa fuera esencial para garantizar la seguridad vial y reducir accidentes; máxime cuando las especificaciones técnicas de seguridad para motocicletas y sus accesorios ya están reguladas en el REGLAMENTO DE TRÁNSITO DE BENITO JUÁREZ, QUINTANA ROO, sin que se justificara cómo la obligación adicional impuesta mejoraría efectivamente la seguridad vial. Además, en su caso se alegó la vulneración al derecho al libre desarrollo de la personalidad, por lo que, bajo la apariencia del buen derecho, no podría interpretarse el derecho a la movilidad como un fundamento para imponer restricciones innecesarias cuando ya existen normativas que cumplen con la misma finalidad. Concluyó que la suspensión no impedía la función del Estado ni implicaba una afectación grave a la sociedad, mientras que sí brindaba mayores beneficios al promovente hasta en tanto se resolviera la suspensión definitiva.

Asimismo, ese tribunal estimó inaplicable la jurisprudencia PR.A.C.CS. J/7 K (11a.) al considerarla muy genérica y que se basa en legislaciones diversas a la reclamada en el caso; máxime el PLENO DE LA SUPREMA CORTE ha establecido que la suspensión debe analizarse casuísticamente, ponderando la apariencia del buen derecho y la afectación al interés social, con una apreciación provisional de la inconstitucionalidad de la norma reclamada, tal como se hacía en esa resolución.

Por su parte, el otro tribunal determinó negar la suspensión provisional porque consideró vinculante la jurisprudencia PR.A.C.CS. J/7 K (11a.) dado que su propósito es garantizar el orden y la seguridad en la convivencia social. Argumentó que la norma impugnada responde a la necesidad de proteger el derecho a la movilidad y que su aplicación debe prevalecer sobre intereses individuales, pues las regulaciones en esta materia buscan salvaguardar la seguridad de quienes utilizan las vialidades. Destacó que, aunque dicha jurisprudencia establece de manera general la improcedencia de la suspensión sin contemplar excepciones según la afectación que se pueda causar al interés social y a disposiciones de orden público, esto se justifica en la necesidad de evitar tales afectaciones, pues el objeto de las normas en materia de movilidad resulta el mismo, es decir, normar la convivencia y transporte en sociedad, privilegiando la seguridad y adecuado tránsito de vehículos.

Esta discrepancia genera la necesidad de responder si ¿Es procedente la suspensión provisional contra los efectos del artículo 218 Bis de la LEY DE MOVILIDAD DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, considerando la posible afectación al interés social y al orden público, así como la aplicabilidad de la jurisprudencia PR.A.C.CS. J/7 K (11a.), que establece la improcedencia de la suspensión respecto de los efectos y consecuencias de normas generales en materia de tránsito, movilidad y seguridad vial?

CUARTO. Estudio de fondo.

Debe prevalecer con carácter de jurisprudencia el criterio que se expone y razona a continuación.

En la contradicción de criterios 59/2024 del índice de este PLENO REGIONAL se determinó, entre otras cuestiones y en lo que aquí atañe, que es improcedente la suspensión contra los efectos y consecuencias de normas generales en materia de tránsito, movilidad y seguridad vial. Esto, al considerar sustancialmente que:

- El artículo 107, fracción X, de la CONSTITUCIÓN FEDERAL consagra a favor de quienes promueven juicio de amparo la prerrogativa consistente en la suspensión del acto reclamado, dejando amplio margen de libertad al legislador secundario para fijar los casos, las condiciones y las garantías correspondientes para su otorgamiento. Además, señala que los criterios orientadores para tal efecto, deben atender a la naturaleza del acto, al análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y del interés social, así como a los daños y perjuicios que pudiera ocasionar dicha medida al tercero interesado.

- Siguiendo tales lineamientos, el artículo 128 de la LEY DE AMPARO establece los requisitos para que la suspensión sea otorgada; de los que, en cuanto al tema que ocupaba, destacaba que la concesión de tal medida no perjudique el interés social ni contravenga disposiciones de orden público.

- Al resolver la contradicción de tesis 24/2020, la Segunda Sala de la Suprema Corte sostuvo que:

• El interés social es una noción jurídica que atiende a las necesidades específicas que concurran en cada caso, tomando en cuenta que el fin de la medida cautelar es evitar la afectación en los derechos de los gobernados, paralizando el acto reclamado, hasta en tanto exista un pronunciamiento definitivo sobre su constitucionalidad.

• El orden público y el interés social son conceptos vinculados, pues el primero tiende al arreglo o composición de la comunidad, con la finalidad de permitir el adecuado funcionamiento de la administración pública procurando el bienestar general; o en su defecto, impedir un mal a la población. Por su parte, el interés social es el necesario bienestar de la comunidad, o bien, la búsqueda de evitar un daño al colectivo que de otra manera no resentiría.

- Esto también se ve reflejado en la tesis –sin número– que emitió la misma Sala –no obstante que se trataba de una distinta integración– desde la Séptima Época del Semanario Judicial de la Federación, publicada en su Volumen 47, Tercera Parte, página 58, de rubro: "INTERES SOCIAL Y DISPOSICIONES DE ORDEN PUBLICO. SU APRECIACION."

- En conformidad con lo anterior, las normas jurídicas, por su naturaleza, son de orden público y de interés social, por ello, no basta con que una norma precise que es una disposición de orden público para con ello considerar que su observancia cumple con los estándares necesarios para generar un beneficio real a la colectividad; debe evaluarse si su contenido, fines y consecuciones, no son contrarios a los valores y principios a que aspira el orden público, o bien, que su aplicación no sea capaz de generar una restricción a derechos fundamentales en aras de procurar un aparente bienestar social.

- En ese contexto, la noción de orden público e interés social que delineó el criterio a adoptar por este PLENO REGIONAL, debía ser aquélla que prioriza la seguridad vial y la protección de todos los automovilistas y transeúntes, sin dejar de reconocer la coexistencia de los intereses de las personas promoventes –seguir gozando del derecho de conducir un vehículo automotor– y los del resto de las personas que utilizan las vialidades públicas para circular (que se respeten las normas de tránsito, movilidad y seguridad vial).

- Al ponderar esos dos aspectos, este PLENO REGIONAL determinó que no es factible otorgar la suspensión –provisional o definitiva– de las normas generales en materia de tránsito, movilidad y seguridad vial reclamadas, pues no se satisface el requisito contenido en la fracción II del artículo 128 de la LEY DE AMPARO (común a las faces procesales autónomas de la medida cautelar en cuestión), ya que de concederse la citada medida precautoria se contravendría el orden público y se afectaría el interés social en la noción entes acotada.

- Acorde a semejantes criterios de la SEGUNDA SALA DEL MÁXIMO TRIBUNAL en los que ha analizado si se satisface o no el requisito dispuesto en la fracción II del artículo 128 de la LEY DE AMPARO, este PLENO REGIONAL consideró que en ese caso debía prevalecer el objetivo fundamental que persiguen las disposiciones en materia de tránsito, movilidad y seguridad vial que fueron reclamadas, equivalente a ordenar u organizar de forma armónica la convivencia social en el territorio urbano, procurando el bienestar social y la implementación de reglas que buscan otorgar seguridad a los gobernados que participan en los escenarios viales, toda vez que las normas de tránsito tienen como finalidad prevalente regular la seguridad vial, el tránsito vehicular –en ese caso, a nivel municipal– y la movilidad de las personas; motivo por el que, exentar a los particulares de tales regulaciones, así como d

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/33465-47464021/suspension-provisional-es-improcedente-respecto-de-los-efectos · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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