Corpus
Modo: Corpus Pro

SUSPENSIÓN PROVISIONAL EN AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE CONTRA EL SISTEMA NORMATIVO QUE REGULA LA CARRERA JUDICIAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS) 126/2025. · Registro digital (IUS): 33834
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2026-01-30
Promovente: ENTRE LOS SUSTENTADOS POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO TERCER CIRCUITO, EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS CIVIL Y ADMINISTRATIVA DEL NOVENO CIRCUITO, EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIAD
Localización: Duodécima Época. Pleno. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 5, Enero de 2026, Tomo V, Volumen 1, Pág.5.

CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS 126/2025. ENTRE LOS SUSTENTADOS POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO TERCER CIRCUITO, EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS CIVIL Y ADMINISTRATIVA DEL NOVENO CIRCUITO, EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS ADMINISTRATIVA Y CIVIL DEL DÉCIMO NOVENO CIRCUITO Y EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL VIGÉSIMO PRIMER CIRCUITO. 9 DE OCTUBRE DE 2025. MAYORÍA DE SEIS VOTOS DE LAS PERSONAS MINISTRAS MARÍA ESTELA RÍOS GONZÁLEZ, YASMÍN ESQUIVEL MOSSA, LENIA BATRES GUADARRAMA, LORETTA ORTIZ AHLF, GIOVANNI AZAEL FIGUEROA MEJÍA Y HUGO ORTIZ AGUILAR. VOTARON EN CONTRA SARA IRENE HERRERÍAS GUERRA, IRVING ESPINOSA BETANZO Y ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA, QUIENES ANUNCIARON SENDOS VOTOS PARTICULARES. PONENTE: YASMÍN ESQUIVEL MOSSA. SECRETARIA: GUADALUPE DE LA PAZ VARELA DOMÍNGUEZ.

ÍNDICE TEMÁTICO

Ver índice temático

Ciudad de México. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al nueve de octubre de dos mil veinticinco, emite la siguiente:

SENTENCIA

Mediante la cual se resuelve la posible contradicción de criterios suscitada entre el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito (Región Centro-Norte), al resolver el recurso de queja 241/2025; el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito (Región Centro-Norte) al resolver el recurso de queja 103/2025; el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Décimo Noveno Circuito (Región Centro-Norte) al resolver el recurso de queja 37/2025; y el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito (Región Centro-Sur), al resolver el recurso de queja 92/2025.

ANTECEDENTES DEL ASUNTO

1. Denuncia de la contradicción. Mediante escrito recibido y registrado en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, por conducto del MINTERSCJN el veintiocho de abril de dos mil veinticinco, los Magistrados integrantes del Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito denunciaron la posible contradicción de criterios suscitada entre ese órgano jurisdiccional, al resolver el recurso de queja 241/2025, el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito al resolver el recurso de queja 103/2025, el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Décimo Noveno Circuito al resolver el recurso de queja 37/2025, y el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, al resolver el recurso de queja 92/2025.

2. Trámite de la denuncia. Mediante acuerdo de seis de mayo de dos mil veinticinco, la entonces Ministra Presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación admitió la denuncia de contradicción de criterios, ordenó formar y registrar el expediente con el número 126/2025; solicitó a las presidencias de los Tribunales Colegiados Segundo en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito, Segundo en Materias Administrativa y Civil del Décimo Noveno Circuito y Segundo en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito remitieran, por vía MINTERSCJN, la versión digitalizada del original o, en su caso, de la copia certificada de la ejecutoria, o bien, la versión electrónica de ésta en la que consten las firmas electrónicas correspondientes, relativas a los recursos de queja 103/2025, 37/2025 y 92/2025, respectivamente, así como la versión digitalizada del proveído en el que informaran si los criterios sustentados en dichos asuntos se encuentran vigentes o en caso de que se tenga por superado o abandonado.

3. En el mismo acuerdo, se reserva el turno del presente asunto hasta en tanto la nueva integración de este Alto Tribunal determine lo conducente.

4. Mediante proveído de uno de julio de dos mil veinticinco, se tuvo por integrada la contradicción de criterios, ante los informes rendidos por los tribunales contendientes sobre la vigencia de sus criterios.

5. Acuerdo de turno. Mediante acuerdo de dos de septiembre de dos mil veinticinco, el Presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación turnó los autos a la ponencia de la señora Ministra Yasmín Esquivel Mossa, para elaborar el proyecto de resolución correspondiente.

6. Publicación del proyecto. De conformidad con el artículo 18 del Reglamento de Sesiones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de Integración de las Listas de Asuntos con Proyecto de Resolución,(1) el proyecto de sentencia se hizo público, con la misma anticipación que la publicación de listas de los asuntos.

I. COMPETENCIA

7. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es legalmente competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de criterios con fundamento en lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Federal,(2) 225 y 226, fracción II, de la Ley de Amparo(3) y 16, fracción IX, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación;(4) en virtud de que se trata de una denuncia de contradicción de criterios suscitada entre Tribunales Colegiados de diferente región.

II. LEGITIMACIÓN

8. La denuncia de contradicción de criterios proviene de parte legítima, en términos de lo dispuesto en el artículo 227, fracción II,(5) de la Ley de Amparo, en atención a que fue formulada por los Magistrados integrantes del Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, el cual corresponde a uno de los órganos jurisdiccionales contendientes.

III. CRITERIOS DENUNCIADOS

9. Para determinar si existe contradicción de criterios, es indispensable tener en cuenta los antecedentes y aspectos relevantes que sustentan las ejecutorias denunciadas, partiendo de la base de que, en todos los asuntos, diversos trabajadores del Poder Judicial de la Federación promovieron juicios de amparo indirecto reclamando el sistema normativo de la Carrera Judicial del Poder Judicial de la Federación, conformado por los artículos 7, fracción VII, 8, 11, fracción VI y IX, 23, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, fracción IV, 41 y 43, fracción II, de la Ley de Carrera Judicial del Poder Judicial de la Federación; así como los diversos 29, 187, fracciones I a III, V, VIII y X, 191, párrafo primero, 198, párrafo primero, 247, párrafo segundo y tercero, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

• Criterio del Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, al resolver el recurso de queja 241/2025.

10. En el fallo, el punto a dilucidar consistió en determinar si fue correcta la decisión del juzgador de conceder la suspensión provisional para el efecto de que no se aplique a los quejosos las normas reclamadas.

11. Al respecto, el tribunal colegiado contendiente declaró fundados los planteamientos de la autoridad recurrente y determinó que, en el caso particular, la medida cautelar resulta improcedente, debido a que se ocasionaría perjuicio al interés social y se contravendrían disposiciones de orden público con el otorgamiento de la suspensión, aunado a que se trata de actos futuros y de realización incierta.

12. Inicialmente, el Tribunal Colegiado destacó que los preceptos reclamados establecen, entre otras cuestiones, que los trabajadores del Poder Judicial de la Federación estarán obligados a presentar la evaluación del desempeño de las personas de carrera judicial, siendo que los resultados de dicha evaluación serán la base para la obtención de reconocimientos, así como para la toma de decisiones en materia de permanencia y, en su caso, separación de la carrera judicial.

13. A partir de lo anterior, el Tribunal estimó que las disposiciones reclamadas están encaminadas a la prestación del servicio de administración de justicia bajo los más altos estándares de profesionalismo y excelencia, aspecto que indudablemente la sociedad está interesada; por ende, conceder la suspensión implicaría que la colectividad se viera privada de los beneficios de excelencia, profesionalismo y de equidad de género que se busca con las disposiciones impugnadas, pues la evaluación de todo servidor público se vislumbra como un mecanismo razonable para conocer las aptitudes de las personas que intervienen en la impartición de justicia, a fin de mejorar cualquier deficiencia y buscar con ello la prestación de un servicio de mayor calidad.

14. Asimismo, el órgano colegiado determinó que las normas regulatorias que se pretenden suspender no tienen en los quejosos efectos y consecuencias inmediatas o inminentes, en tanto que su pretensión deriva de los eventuales exámenes de permanencia que podrían o no realizarse, ya que, hasta este momento, no existe indicio alguno de su materialización inmediata o inminente, por lo cual es indudable que se trata de actos futuros y de realización incierta, respecto de los cuales no procede conceder la suspensión provisional.

15. Consecuentemente, al no cumplirse con el requisito contemplado en la fracción II del artículo 128 de la Ley de Amparo, revocó el auto recurrido y negó la suspensión provisional.

• Criterio del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito, al resolver el recurso de queja administrativa 103/2025.

16. En la sentencia, la problemática jurídica a resolver consistió en determinar si fue correcta la negativa de la suspensión solicitada en contra de las normas de la Carrera Judicial del Poder Judicial de la Federación reclamadas.

17. El tribunal declaró ineficaces los agravios y determinó que se debía confirmar la negativa de la suspensión provisional solicitada, toda vez que, si los quejosos reclamaban de forma destacada la pretendida evaluación del desempeño, como consecuencia del sistema normativo reclamado, ésta no tiene efectos y consecuencias inmediatas o inminentes, ya que ello dependerá de los términos y mediante los procesos que establezca el Órgano de Administración Judicial mediante acuerdos generales.

18. Asimismo, con lo que respecta a la implementación del cargo de “secretario proyectista”, tampoco se advierte que sea una consecuencia inmediata o inminente, en razón de que ello dependerá de que se encuentren en el supuesto del cargo.

19. Por tanto, las normas que se pretenden suspender no tienen, en los recurrentes, efectos y consecuencias inmediatas o inminentes, en tanto que su pretensión deriva de los nuevos nombramientos que pudieran llegar a ocupar y de la calidad de confianza que a los mismos se les otorgara, con la consecuente afectación a su derecho a la estabilidad en el empleo; así como, en su caso, de los exámenes de permanencia inherentes a esos cargos, todo lo cual es de realización incierta, pues no existen indicios en el juicio de su materialización inmediata, por lo cual es indudable que se tratan de actos futuros y de realización incierta, respecto de los cuales no procede conceder la suspensión provisional.

20. Consecuentemente, en el presente asunto no procede otorgar la suspensión provisional solicitada, puesto que los actos reclamados materia de esta resolución, por sí solos no conllevan ejecución y, por ende, son futuros y de realización incierta.

• Criterio del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, al resolver el recurso de queja administrativa 37/2025.

21. El punto a dilucidar consistió en determinar si fue correcta la decisión de la Jueza de negar la suspensión provisional para el efecto de que no se apliquen a los quejosos las normas reclamadas.

22. El tribunal colegiado determinó que si bien, en el auto recurrido, indebidamente se precisó que los actos reclamados son futuros de realización incierta, porque las disposiciones reclamadas existen y son aplicables al recurrente; no obstante, la conclusión de la Juez es correcta, en el sentido que, de conceder la medida cautelar, se contravendrían disposiciones de orden público e interés social.

23. Lo anterior, en la medida en que se privaría a la colectividad de los beneficios de excelencia, profesionalismo y de equidad de género que se busca con los preceptos cuestionados, pues la evaluación de todo servidor público se vislumbra como un mecanismo razonable para conocer las aptitudes de las personas que intervienen en la impartición de justicia, a fin de mejorar cualquier deficiencia y buscar con ello la prestación de un servicio de mayor calidad.

24. Por ello, el Tribunal Colegiado declaró infundado el recurso y confirmó la negativa de la suspensión provisional.

• Criterio del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, al resolver el recurso de queja administrativa 92/2025.

25. El Tribunal Colegiado determinó que el punto jurídico a dilucidar consistió en determinar si fue correcta la decisión de la Jueza Federal de conceder la suspensión provisional para el efecto de que no se aplique al quejoso las normas reclamadas.

26. Al respecto, analizó y declaró inoperantes la totalidad de los agravios expuestos por la autoridad recurrente y, sobre el aspecto relacionado con la afectación al interés social, con el otorgamiento de la suspensión, concretamente determinó que los argumentos eran inoperantes: porque no ponen en entredicho las consideraciones expresadas por el Juez de Distrito para concluir que con la suspensión provisional otorgada, no se afecta el interés social ni se infringen disposiciones de orden público —con lo cual se concuerda, dicho sea de paso—.

IV. EXISTENCIA DE LA CONTRADICCIÓN

27. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que, para que se actualice la contradicción de criterios, basta que exista oposición respecto de idéntico punto de derecho, aunque no provengan de cuestiones fácticas exactamente iguales.(6)

28. La existencia de la contradicción no depende de que las cuestiones fácticas sean exactamente iguales, ya que es suficiente que los criterios jurídicos se opongan, aunque debe ponderarse que esa variación o diferencia no debe incidir o ser determinante para el problema jurídico resuelto, esto es, debe tratarse de aspectos meramente secundarios o accidentales que, al final, en nada modifican la situación examinada por los órganos judiciales relativos, sino que tan solo forman parte de la historia procesal del asunto de origen.

29. En este orden de ideas, si las cuestiones fácticas siendo parecidas influyen en las decisiones de los órganos de amparo, ya sea porque se construyó el criterio jurídico partiendo de dichos elementos particulares o la legislación aplicable da una solución distinta a cada uno de ellos, es inconcuso que la contradicción no puede configurarse, en tanto no podría arribarse a un criterio único ni tampoco sería posible sustentar jurisprudencia por cada problema jurídico resuelto, pues conllevaría una revisión de los juicios o recursos fallados por los Tribunales Colegiados de Circuito, dado que si bien las particularidades pueden dilucidarse al resolver la contradicción de criterios, ello es viable cuando la postura que prevalezca sea única y aplicable a los razonamientos contradictorios de los órganos participantes.

30. Establecido lo anterior, corresponde ahora señalar los requisitos para la existencia de una contradicción de criterios,(7) a saber:

a. Que los tribunales contendientes hayan resuelto alguna cuestión litigiosa en la que se vieron en la necesidad de aplicar el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo mediante la adopción de algún canon o método, cualquiera que fuese;

b. Que entre los ejercicios interpretativos respectivos se encuentre algún punto de toque, es decir, que exista al menos un tramo de razonamiento en el que la interpretación ejercida gire en torno a idéntico tipo de problema jurídico: ya sea el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general; y,

c. Que lo anterior pueda dar lugar a la formulación de una pregunta genuina acerca de si la forma de acometer la cuestión jurídica es preferente con relación a cualquier otra que, como la primera, también sea legalmente posible.

31. En el caso, este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que se cumple con los requisitos de existencia de la contradicción de criterios. A continuación, se desarrollan las razones para alcanzar dicha conclusión.

32. Primer requisito: Ejercicio interpretativo y arbitrio judicial. Los órganos contendientes, al resolver las cuestiones litigiosas presentadas, se vieron en la necesidad de aplicar el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo.

33. Segundo requisito: Punto de toque y diferendo de criterios interpretativos. Este Tribunal Pleno considera que el segundo requisito se cumple en relación con los criterios emitidos por los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes.

34. Ello, toda vez que tanto el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito (Región Centro-Norte); el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito (Región Centro-Norte); y el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Décimo Noveno Circuito (Región Centro-Norte), al resolver los recursos de queja 241/2025; 103/2025 y 37/2025 respectivamente; determinaron que no era procedente conceder la suspensión provisional en contra de los efectos y consecuencias del sistema normativo de la Carrera Judicial del Poder Judicial de la Federación, conformado por los artículos 7, fracción VII, 8, 11, fracción VI y IX, 23, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, fracción IV, 41 y 43, fracción II, de la Ley de Carrera Judicial del Poder Judicial de la Federación; así como los diversos 29, 187, fracciones I a III, V, VIII y X, 191, párrafo primero, 198, párrafo primero, y 247, párrafo segundo y tercero, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, pues ello afecta al interés social, en la medida en que las disposiciones están encaminadas a la prestación del servicio de administración de justicia bajo los más altos estándares de profesionalismo y excelencia, aspecto que indudablemente la sociedad está interesada; por ende, conceder la suspensión, implicaría que la colectividad se viera privada de los beneficios de excelencia, profesionalismo y de equidad de género que se busca con las disposiciones impugnadas, pues la evaluación de todo servidor público se vislumbra como un mecanismo razonable para conocer las aptitudes de las personas que intervienen en la impartición de justicia, a fin de mejorar cualquier deficiencia y buscar con ello la prestación de un servicio de mayor calidad.

35. Por su parte, el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito (Región Centro-Sur), al resolver el recurso de queja 92/2025, si bien declaró inoperantes los agravios de la autoridad recurrente; ciertamente, como se dio noticia, señaló que coincidía con las consideraciones expresadas por el Juez de Distrito para concluir que con la suspensión provisional otorgada no se afecta el interés social ni se infringen disposiciones de orden público.

36. Conforme a lo anterior, es claro que los primeros Tribunales Colegiados contendientes y este último sostuvieron criterios contrarios respecto de si existe afectación al interés social con el otorgamiento de la suspensión provisional contra el sistema normativo que conforma la carrera judicial del Poder Judicial de la Federación.

37. Tercer requisito: elementos constitutivos de la hipótesis y surgimiento de la pregunta que detona la procedencia de la contradicción. Ante las posturas divergentes es claro que se cumple el tercero de los requisitos de una contradicción de criterios, pues da lugar a la formulación de la siguiente interrogante ¿Debe concederse o negarse la suspensión provisional contra los efectos y consecuencias del sistema normativo que conforma la carrera judicial del Poder Judicial de la Federación? V. ESTUDIO DE FONDO

38. Una vez determinada la existencia de la presente contradicción de criterios, se considera que debe prevalecer como jurisprudencia el criterio sustentado por este Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el sentido de que no es procedente otorgar la suspensión provisional en amparo indirecto contra el sistema normativo que regula la carrera judicial del Poder Judicial de la Federación, porque se afectaría el interés social y se contravendrían normas de orden público, al tenor de las razones jurídicas que se desarrollan en el presente apartado.

39. Inicialmente, es necesario informar el contenido del artículo 100 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Artículo 100. El Tribunal de Disciplina Judicial será un órgano del Poder Judicial de la Federación con independencia técnica, de gestión y para emitir sus resoluciones.

El Tribunal de Disciplina se integrará por cinco personas electas por la ciudadanía a nivel nacional conforme al procedimiento establecido en el artículo 96 de esta Constitución.

Para ser elegibles, las Magistradas y Magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial deberán reunir los requisitos señalados en el artículo 95 de esta Constitución y ser personas que se hayan distinguido por su capacidad profesional, honestidad y honorabilidad en el ejercicio de sus actividades. Durarán seis años en su encargo, serán sustituidos de manera escalonada y no podrán ser electos para un nuevo periodo. Cada dos años se renovará la presidencia del Tribunal de manera rotatoria en función del número de votos que obtenga cada candidatura en la elección respectiva, correspondiendo la presidencia a quienes alcancen mayor votación.

El Tribunal de Disciplina Judicial funcionará en Pleno y en comisiones. El Pleno será la autoridad substanciadora en los términos que establezca la ley y resolverá en segunda instancia los asuntos de su competencia. Podrá ordenar oficiosamente o por denuncia el inicio de investigaciones, atraer procedimientos relacionados con faltas graves o hechos que las leyes señalen como delitos, ordenar medidas cautelares y de apremio y sancionar a las personas servidoras públicas que incurran en actos u omisiones contrarias a la ley, a la administración de justicia o a los principios de objetividad, imparcialidad, independencia, profesionalismo o excelencia, además de los asuntos que la ley determine.

El Tribunal desahogará el procedimiento de responsabilidades administrativas en primera instancia a través de comisiones conformadas por tres de sus integrantes, que fungirán como autoridad substanciadora y resolutora en los asuntos de su competencia. Sus resoluciones podrán ser impugnadas ante el Pleno, que resolverá por mayoría de cuatro votos, en los términos que señale la ley. Las decisiones del Tribunal serán definitivas e inatacables y, por lo tanto, no procede juicio ni recurso alguno en contra de estas.

El Tribunal conducirá sus investigaciones a través de una unidad responsable de integrar y presentar al Pleno o a sus comisiones los informes de probable responsabilidad, para lo cual podrá ordenar la recolección de indicios y medios de prueba, requerir información y documentación, realizar inspecciones, llamar a comparecer y apercibir a personas que aporten elementos de prueba, solicitar medidas cautelares y de apremio para el desarrollo de sus investigaciones, entre otras que determinen las leyes.

El Tribunal podrá dar vista al Ministerio Público competente ante la posible comisión de delitos y, sin perjuicio de sus atribuciones sancionadoras, solicitar el juicio político de las personas juzgadoras electas por voto popular ante la Cámara de Diputados.

Las sanciones que emita el Tribunal podrán incluir la amonestación, suspensión, sanción económica, destitución e inhabilitación de las personas servidoras públicas, con excepción de Ministras y Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y Magistradas y Magistrados electorales, que sólo podrán ser removidos en los términos del Título Cuarto de esta Constitución.

El Tribunal evaluará el desempeño de las Magistradas y Magistrados de Circuito y las Juezas y Jueces de Distrito que resulten electas en la elección federal que corresponda durante su primer año de ejercicio. La ley establecerá los métodos, criterios e indicadores aplicables a dicha evaluación.

La ley señalará las áreas intervinientes en los procesos de evaluación y seguimiento de resultados, garantizando la imparcialidad y objetividad de las personas evaluadoras, así como los procedimientos para ordenar las siguientes medidas correctivas o sancionadoras cuando la evaluación resulte insatisfactoria:

a) Medidas de fortalecimiento, consistentes en actividades de capacitación y otras tendientes a reforzar los conocimientos o competencias de la persona evaluada, a cuyo término se aplicará una nueva evaluación, y

b) Cuando la persona servidora pública no acredite favorablemente la evaluación que derive de las medidas correctivas ordenadas o se niegue a acatarlas, el Tribunal podrá ordenar su suspensión de hasta un año y determinar las acciones y condiciones para su restitución. Transcurrido el año de suspensión sin acreditar satisfactoriamente la evaluación, el Tribunal resolverá de manera fundada y motivada la destitución de la persona servidora pública, sin responsabilidad para el Poder Judicial.

Las Magistradas y los Magistrados del Tribunal de Disciplina ejercerán su función con independencia e imparcialidad. Durante su encargo, sólo podrán ser removidos en los términos del Título Cuarto de esta Constitución.

El órgano de administración judicial contará con independencia técnica y de gestión, y será responsable de la administración y carrera judicial del Poder Judicial. Tendrá a su cargo la determinación del número, división en circuitos, competencia territorial y especialización por materias de los Tribunales Colegiados de Circuito, de los Tribunales Colegiados de Apelación y de los Juzgados de Distrito; el ingreso, permanencia y separación del personal de carrera judicial y administrativo, así como su formación, promoción y evaluación de desempeño; la inspección del cumplimiento de las normas de funcionamiento administrativo del Poder Judicial; y las demás que establezcan las leyes.

El Pleno del órgano de administración judicial se integrará por cinco personas que durarán en su encargo seis años improrrogables, de las cuales una será designada por el Poder Ejecutivo, por conducto de la persona titular de la Presidencia de la República; uno por el Senado de la República mediante votación calificada de dos tercios de sus integrantes presentes; y tres por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con mayoría de seis votos. La presidencia del órgano durará dos años y será rotatoria, en términos de lo que establezcan las leyes.

Quienes integren el Pleno del órgano de administración judicial deberán ser mexicanos por nacimiento, en pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos; contar con experiencia profesional mínima de cinco años; y contar con título de licenciatura en derecho, economía, actuaría, administración, contabilidad o cualquier título profesional relacionado con las actividades del órgano de administración judicial, con antigüedad mínima de cinco años; y no estar inhabilitados para desempeñar un empleo, cargo o comisión en el servicio público, ni haber sido condenados por delito doloso con sanción privativa de la libertad.

Durante su encargo, las personas integrantes del Pleno del órgano de administración sólo podrán ser removidas en los términos del Título Cuarto de esta Constitución. En caso de defunción, renuncia o ausencia definitiva de alguna de las personas integrantes, la autoridad que le designó hará un nuevo nombramiento por el tiempo que reste al periodo de designación respectivo.

La ley establecerá las bases para la formación, evaluación, certificación y actualización de funcionarias y funcionarios, así como para el desarrollo de la carrera judicial, la cual se regirá por los principios de excelencia, objetividad, imparcialidad, profesionalismo, independencia y paridad de género. El órgano de administración judicial contará con un órgano auxiliar con autonomía técnica y de gestión denominado Escuela Nacional de Formación Judicial responsable de diseñar e implementar los procesos de formación, capacitación, evaluación, certificación y actualización del personal de carrera judicial y administrativo del Poder Judicial de la Federación, sus órganos auxiliares y, en su caso, del personal de los Poderes Judiciales locales, fiscalías, defensorías públicas, organismos de protección de los derechos humanos, instituciones de seguridad pública y del público en general, así como de llevar a cabo los concursos de oposición para acceder a las distintas categorías de la carrera judicial en términos de las disposiciones aplicables.

El servicio de defensoría pública en asuntos del fuero federal será proporcionado por el órgano de administración judicial a través del Instituto Federal de Defensoría Pública, en los términos que establezcan las disposiciones aplicables. La Escuela Nacional de Formación Judicial será la encargada de capacitar a las y los defensores públicos, así como de llevar a cabo los concursos de oposición.

De conformidad con lo que establezca la ley, el órgano de administración judicial estará facultado para expedir acuerdos generales para el adecuado ejercicio de sus funciones. El Tribunal de Disciplina Judicial podrá solicitar al órgano de administración judicial la expedición de acuerdos generales o la ejecución de las resoluciones que considere necesarios para asegurar un adecuado ejercicio de la función jurisdiccional federal en los asuntos de su competencia.

El órgano de administración judicial, a solicitud del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, podrá concentrar en uno o más órganos jurisdiccionales para que conozcan de los asuntos vinculados con hec

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/33834-70f5e210/suspension-provisional-en-amparo-indirecto-es-improcedente-contra · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

Precedentes relacionados

Tesis y jurisprudencia relacionadas

¿Litigas este tema?
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis

Información referencial — la responsabilidad de validar las citas es del usuario.