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CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS. ES IMPROCEDENTE CUANDO UNO DE LOS ÓRGANOS CONTENDIENTES SE LIMITÓ A SUSTENTAR SUS CONSIDERACIONES EN UNA JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, SIN EMITIR UN CRITERIO PROPIO.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS) 160/2025. · Registro digital (IUS): 33959
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2026-04-17
Promovente: ENTRE LOS SUSTENTADOS POR EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL TERCER CIRCUITO Y EL PLENO REGIONAL EN MATERIAS ADMINISTRATIVA Y CIVIL DE LA REGIÓN CENTRO-NORTE, CON RESIDENCIA EN
Localización: Duodécima Época. Pleno. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 8, Abril de 2026, Tomo II, Volumen 1, Pág.5.

CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS 160/2025. ENTRE LOS SUSTENTADOS POR EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL TERCER CIRCUITO Y EL PLENO REGIONAL EN MATERIAS ADMINISTRATIVA Y CIVIL DE LA REGIÓN CENTRO-NORTE, CON RESIDENCIA EN LA CIUDAD DE MÉXICO. 30 DE OCTUBRE DE 2025. UNANIMIDAD DE NUEVE VOTOS DE LAS PERSONAS MINISTRAS SARA IRENE HERRERÍAS GUERRA, IRVING ESPINOSA BETANZO, MARÍA ESTELA RÍOS GONZÁLEZ, YASMÍN ESQUIVEL MOSSA, LENIA BATRES GUADARRAMA, LORETTA ORTIZ AHLF, GIOVANNI AZAEL FIGUEROA MEJÍA, ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA Y HUGO AGUILAR ORTIZ. PONENTE: GIOVANNI AZAEL FIGUEROA MEJÍA. SECRETARIO: VÍCTOR MANUEL ROCHA MERCADO.

ÍNDICE TEMÁTICO

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Ciudad de México. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión de treinta de octubre de dos mil veinticinco, emite la siguiente:

RESOLUCIÓN

Correspondiente a la contradicción de criterios 160/2025, suscitada entre el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito (Región Centro-Sur) y el Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Norte.

I. ANTECEDENTES

1. **********, en su carácter de autorizado de **********, quien figuró como parte quejosa y recurrente en el recurso de queja 52/2025 del índice del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, denunció la posible contradicción entre el criterio emitido por ese órgano colegiado en dicho medio de defensa, frente al sustentado en la contradicción de criterios 253/2023 por el Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Norte. El escrito de denuncia fue remitido a este Alto Tribunal vía MINTER el doce de junio de dos mil veinticinco.

2. La entonces Ministra Presidenta de esta Suprema Corte admitió a trámite la denuncia de contradicción de criterios y ordenó su registro con el número de expediente 160/2025, mediante acuerdo de dieciséis de junio de dos mil veinticinco. En este último, se requirió a los órganos jurisdiccionales contendientes la versión digitalizada del original de las ejecutorias respectivas, así como que informaran si su criterio se encontraba vigente. Además, se determinó turnar el asunto al entonces Ministro en activo Juan Luis González Alcántara Carrancá.

3. Sin embargo, con motivo de la entrada en funciones de la nueva integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el asunto fue returnado a la ponencia del Ministro Giovanni Azael Figueroa Mejía, mediante acuerdo de dos de septiembre de dos mil veinticinco. Ello, de conformidad con el artículo Sexto Transitorio del Acuerdo General Plenario 1/2025, publicado en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de septiembre del mismo año.(1)

II. COMPETENCIA

4. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver el presente asunto, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 226, fracción II, de la Ley de Amparo; y 16, fracción IX, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Punto Segundo, fracción X, del Acuerdo General Plenario 2/2025 (12a.), en virtud de que se trata de una contradicción de criterios suscitada entre un Pleno Regional y un tribunal colegiado de circuito de diferente región.(2)

III. LEGITIMACIÓN

5. La denuncia de contradicción de criterios proviene de parte legitimada, en términos de los artículos 107, fracción XIII, segundo párrafo, de la Constitución Federal y 227, fracción II, de la Ley de Amparo, ya que fue formulada por el autorizado legal de **********, quien fue parte quejosa y recurrente en uno de los asuntos que motivaron el presente diferendo.

IV. CRITERIOS DENUNCIADOS

6. A fin de verificar la existencia y, de ser el caso, delimitar la problemática jurídica a resolver en el presente asunto, resulta conveniente sintetizar las consideraciones sustentadas por los tribunales contendientes en las sentencias de las que derivan sus respectivos criterios.

7. Contradicción de criterios 253/2023. El Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Norte conoció de dicho diferendo suscitado entre los Tribunales Colegiados Séptimo y Vigésimo, ambos en Materia Administrativa del Primer Circuito, en donde señaló que el problema jurídico a resolver consistía en determinar si seguía siendo aplicable la jurisprudencia 2a./J. 27/2016 (10a.),(3) conforme a la cual el juicio contencioso administrativo ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa no exige mayores requisitos para otorgar la suspensión que los previstos en la Ley de Amparo cuando se aduce un interés jurídico.

8. En sesión de veintitrés de mayo dos mil veinticuatro, el Pleno Regional resolvió que, de acuerdo con la doctrina jurisprudencial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, específicamente con la jurisprudencia P./J. 19/2020 (10a.),(4) el juicio contencioso administrativo federal sí exige mayores requisitos que los previstos en la Ley de Amparo para conceder la suspensión definitiva.

9. Al respecto, el Pleno Regional expuso que la decisión del Pleno de la Suprema Corte en la jurisprudencia referida no versó sobre la obligación de agotar o no el juicio contencioso federal antes de acudir al juicio de amparo, sino únicamente en torno a que la acreditación de daños de difícil reparación no constituye un requisito para otorgar la suspensión en el juicio de amparo cuando se aduce un interés jurídico.

10. En este sentido, el Pleno Regional determinó que el artículo 28 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, al establecer en su fracción I, inciso b), que se concederá la suspensión siempre que los daños o perjuicios que se causen al solicitante con la ejecución del acto impugnado sean de difícil reparación, exige un requisito que no está previsto en la Ley de Amparo para la procedencia de la suspensión cuando se aduce un interés jurídico y que, por tanto, se actualiza una excepción al principio de definitividad.

11. De esta forma, el Pleno Regional concluyó que el criterio establecido en la jurisprudencia 2a./J. 27/2016 (10a.) ha dejado de ser aplicable a partir del diverso criterio sostenido por el Tribunal Pleno en la jurisprudencia P./J. 19/2020 (10a.).

12. Por lo demás, el Pleno Regional indicó que no soslayaba que al resolver el amparo en revisión 119/2023, la extinta Primera Sala de este Alto Tribunal analizó la regularidad constitucional del artículo 28, fracción III, inciso a), de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, el cual prevé que la suspensión de un acto administrativo en el juicio de nulidad puede ser solicitada en cualquier tiempo mientras no se dicte sentencia definitiva.

13. Sin embargo, a pesar de que en la ejecutoria se contienen afirmaciones de que tanto en el juicio contencioso federal como en el juicio de amparo se exigen requisitos esencialmente iguales para la procedencia de la suspensión, esas expresiones deben entenderse en el contexto en el cual se produjeron, es decir, limitadas al tema examinado relativo a la regla según la cual la medida cautelar puede solicitarse mientras no se dicte sentencia definitiva. Por lo cual ese precedente no resolvía el problema jurídico materia de la contradicción de criterios.

14. Todas esas consideraciones dieron lugar a la siguiente tesis de jurisprudencia:

JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL. ES INNECESARIO AGOTARLO PREVIAMENTE AL AMPARO INDIRECTO CUANDO SE ADUCE UN INTERÉS JURÍDICO [APLICABILIDAD DE LA JURISPRUDENCIA P./J. 19/2020 (10a.)].(5)

Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes sustentaron criterios contradictorios al analizar si para efectos de tener por actualizada la causa de improcedencia del juicio de amparo prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, conforme a las tesis de jurisprudencia 2a./J. 27/2016 (10a.) y P./J. 19/2020 (10a.) debe considerarse que el juicio regido por la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo exige mayores requisitos para conceder la suspensión solicitada por personas con interés jurídico que los previstos en la ley de la materia. Mientras uno determinó que no, el otro consideró que sí.

Criterio jurídico: El Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, determina que las personas que promueven como titulares de interés jurídico no deben agotar el juicio contencioso administrativo federal previamente al amparo, porque la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo exige mayores requisitos que los previstos en la Ley de Amparo para el otorgamiento de la suspensión definitiva.

Justificación: De los artículos 107, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, su evolución legislativa y su interpretación jurisprudencial, así como de la tesis de jurisprudencia P./J. 19/2020 (10a.), se concluye que la premisa en la cual se sustentaba la tesis jurisprudencial 2a./J. 27/2016 (10a.) ha quedado superada por el criterio del Tribunal Pleno y que el artículo 28 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, cuando en su fracción III, inciso c), establece que la procedencia de la suspensión está condicionada a que sean de difícil reparación los daños o perjuicios que puedan causarse con la ejecución del acto impugnado, exige mayores requisitos que los previstos en la Ley de Amparo para el otorgamiento de la suspensión definitiva, por lo cual se actualiza una excepción al principio de definitividad.

15. Recurso de Queja 52/2025. El asunto derivó de un juicio de amparo indirecto en el que una empresa reclamó de diversas autoridades pertenecientes a la Secretaria de Infraestructura, Comunicaciones y Transporte, una resolución dictada en un procedimiento administrativo de verificación y sanción, así como la omisión de sancionar a quienes vulneran las disposiciones que regulan el servicio de autotransporte federal, consintiendo con ello que operen en la industria de forma irregular y cometan actos de competencia desleal.

16. El Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa en el Estado de Jalisco registró la demanda con el número 1509/2024 y la desechó de plano, mediante acuerdo de veintiséis de noviembre de dos mil veinticuatro, al considerar que se actualizaba la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, toda vez que en contra de la resolución reclamada debió promoverse el juicio contencioso administrativo federal, previo a acudir al juicio de amparo.

17. La empresa quejosa interpuso recurso de queja, mismo que fue declarado infundado por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, en sesión de veintidós de mayo de dos mil veinticinco.

18. Al respecto, el tribunal colegiado declaró ineficaz el argumento de la recurrente en el que planteó que la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo exige mayores requisitos que la Ley de Amparo para el otorgamiento de la suspensión y que, por tanto, se actualiza un caso de excepción al principio de definitividad.

19. En efecto, el órgano colegiado indicó que específicamente sobre ese tema existe un pronunciamiento de la extinta Segunda Sala de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, materializado en la jurisprudencia 2a./J. 14/2022 (11a.), de rubro: “RECURSO DE QUEJA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 58, FRACCIÓN II, INCISO A), NUMERAL 3, DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. DEBE AGOTARSE PREVIAMENTE A PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO CUANDO SE RECLAME EL INCUMPLIMIENTO DE UNA SENTENCIA DE NULIDAD DICTADA POR EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA”.(6)

20. Así, el tribunal colegiado apuntó que, a criterio de la desaparecida Segunda Sala, la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo no exige mayores requisitos que la Ley de Amparo para el otorgamiento de la suspensión, por lo que no se actualiza un caso de excepción al principio de definitividad y debe ser agotado el juicio de nulidad previo a acudir a la instancia constitucional.

21. En ese sentido, el tribunal federal señaló que la jurisprudencia referida “es la específica para el tema mencionado, es decir, en cuanto a si la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo exige o no mayores requisitos que la Ley de Amparo para el otorgamiento de la suspensión”; de modo que, por su contenido, resulta obligatorio agotar el juicio de nulidad previo a promover el juicio de amparo.

22. De igual forma, el tribunal colegiado consideró que no era óbice la jurisprudencia P./J. 19/2020 (10a.) del Pleno de este Alto Tribunal, de rubro: “SUSPENSIÓN A PETICIÓN DE PARTE. LA ACREDITACIÓN DE DAÑOS Y/O PERJUICIOS DE DIFÍCIL REPARACIÓN CON MOTIVO DE LA EJECUCIÓN DEL ACTO RECLAMADO NO ES UN REQUISITO PARA QUE SE OTORGUE CUANDO EL QUEJOSO ALEGA TENER INTERÉS JURÍDICO”.(7)

23. Lo anterior, pues a decir del órgano colegiado, la materia de la contradicción de la cual derivó dicho criterio no era establecer si la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo contempla o no mayores requisitos que la Ley de Amparo para el otorgamiento de la suspensión y si, por ende, se actualizaba un supuesto de excepción al principio de definitividad, sino que lo que se dilucidó fue lo referente a si existía o no obligación del quejoso de acreditar perjuicios de difícil reparación, para la procedencia de la suspensión a petición de parte cuando alega tener interés jurídico.

24. El tribunal federal refirió que, en otras palabras, en la jurisprudencia P./J. 19/2020 (10a.) solo se dilucidó una cuestión que tiene que ver con la Ley de Amparo en estricto sentido, pero no llegó a establecer de manera expresa que la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo exija mayores requisitos que la Ley de Amparo para el otorgamiento de la suspensión, ni que por eso sea optativo acudir al juicio de nulidad de manera previa al juicio constitucional.

25. Por otra parte, el tribunal colegiado señaló que no compartía la jurisprudencia PR.A.C.CN. J/37 A (11a.),(8) del Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Norte, aunado a que no le resultaba de observancia obligatoria en términos del artículo 217 de la Ley de Amparo. Máxime que la jurisprudencia aplicable al caso, por ser la específica sobre el tema, era la identificada con el número 2a./J. 14/2022 (11a.), hasta en tanto la Suprema Corte no estableciera de manera expresa otro criterio sobre el tema en cuestión.

26. Además, el órgano colegiado indicó que, con independencia de lo anterior, carecía de facultades para hacer una interpretación diversa a la que le obliga específicamente la jurisprudencia 2a./J. 14/2022 (11a.), por ser vinculante conforme al artículo 217, párrafo primero, de la Ley de Amparo; y mucho menos podía establecer si una de las jurisprudencias mencionadas pudiera dejar o no sin efectos a la otra, sino que solo debía ceñirse a acatar el pronunciamiento expreso realizado por el órgano superior sobre el tema específico planteado.

27. Finalmente, el tribunal colegiado consideró correcta la determinación del juzgado de distrito, relativa a que, al actualizarse una causa de improcedencia en relación con la resolución reclamada, también debía desecharse la demanda respecto de las omisiones atribuidas a diversas autoridades, por ser consecuencias de aquélla.

V. IMPROCEDENCIA

28. Del análisis de las ejecutorias materia de la denuncia, se concluye que la contradicción de criterios es improcedente, ya que uno de los órganos contendientes se limitó a sustentar su determinación en una jurisprudencia de la extinta Segunda Sala de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación.

29. Al respecto, el posible punto de contradicción entre los criterios denunciados gira en torno a determinar si la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo exige mayores requisitos que los previstos en la Ley de Amparo para el otorgamiento de la suspensión definitiva y si, por tanto, es innecesario agotar el juicio contencioso administrativo federal previamente a acudir al juicio de amparo.

30. Sin embargo, en lo que respecta a ese posible punto de choque, el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito al resolver el recurso de queja 52/2025, se limitó a aplicar el criterio sustentado por la extinta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 2a./J. 14/2022 (11a.),(9) que es del tenor literal siguiente:

RECURSO DE QUEJA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 58, FRACCIÓN II, INCISO A), NUMERAL 3, DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. DEBE AGOTARSE PREVIAMENTE A PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO CUANDO SE RECLAME EL INCUMPLIMIENTO DE UNA SENTENCIA DE NULIDAD DICTADA POR EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA.

Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes adoptaron posturas discrepantes sobre un mismo punto de derecho, dado que frente al reclamo de la omisión de cumplimiento de una sentencia de nulidad, uno de ellos sostuvo que constituye un presupuesto de procedencia para el juicio de amparo que previamente se interponga el recurso de queja regulado en el artículo 58, fracción II, inciso a), numeral 3, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, mientras que el otro estableció que se trata de una instancia optativa, por lo que el afectado puede acudir de manera inmediata al juicio constitucional.

Criterio jurídico: La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que, previamente a promover el juicio de amparo indirecto para reclamar la omisión de cumplir una sentencia de nulidad dictada por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, el particular debe necesariamente interponer el recurso de queja que establece el artículo 58, fracción II, inciso a), numeral 3, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.

Justificación: El indicado recurso de queja constituye el medio de defensa previsto expresamente por el legislador para combatir la omisión de cumplimiento de una sentencia de nulidad y, más aún, constituye una instancia apta para lograr su reparación o modificación, pues prevé mecanismos consistentes con esa finalidad y adecuados para lograrla a cargo del propio Tribunal Federal de Justicia Administrativa, como son la revisión de la actitud desplegada por la autoridad en relación con ese cumplimiento, la posibilidad de fijar los alcances precisos de la declaración de nulidad e, incluso, la de resolver que existe imposibilidad para ejecutar el fallo y que, por ende, procede el cumplimiento sustituto, además de la aplicación de multas sucesivas en caso de contumacia y la comunicación de ésta al superior jerárquico del servidor público involucrado y a la contraloría interna que le corresponda. De ahí que, en términos del artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, ese medio ordinario de defensa debe ser agotado, sobre todo porque no se configura alguna de las hipótesis de excepción al principio de definitividad que rige al juicio constitucional, puesto que el acto reclamado no es de aquellos que puedan carecer de fundamentación, no conlleva violaciones directas a la Constitución Federal, el recurso de queja se encuentra previsto en la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo y forma parte de un juicio que prevé la figura de la suspensión con los mismos alcances y sin mayores plazos o requisitos que los que al respecto prevé la Ley de Amparo.

31. En efecto, el tribunal colegiado de circuito sustentó su resolución esencialmente en el contenido de la jurisprudencia referida, con base en la cual concluyó que la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo no exige mayores requisitos que la Ley de Amparo para el otorgamiento de la suspensión, por lo que no se actualiza un caso de excepción al principio de definitividad y debe ser agotado el juicio de nulidad previo a acudir a la instancia constitucional.

32. De ahí que, aun cuando en principio se considerara que la posición adoptada por los órganos contendientes podría significar una aparente contradicción de criterios, lo cierto es que en realidad la discrepancia se generaría, materialmente, entre el criterio de la extinta Segunda Sala, contenido en la jurisprudencia 2a./J. 14/2022 (11a.) –que fue aplicada en sus términos por el tribunal colegiado del tercer circuito– y lo resuelto por el Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Norte, al resolver la contradicción de criterios 253/2023.

33. Así, dado que el criterio sostenido por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito respecto a que la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo no exige mayores requisitos que la Ley de Amparo para el otorgamiento de la suspensión, no es propio de ese tribunal, sino de la extinta Segunda Sala de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, la decisión de aquél no puede ser apta para fijar válidamente un punto de contradicción.

34. Ello es así, no solo en función a que el sistema de jerarquía jurisprudencial en nuestro país impide que un criterio de los Plenos Regionales pueda contravenir al sustentado por un órgano de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sino también porque ese supuesto no está previsto en el artículo 107, fracción XIII, de la Constitución Federal ni en el diverso 226 de la Ley de Amparo, los cuales prevén los casos en que puede suscitarse una contradicción de criterios.

35. Dicha decisión encuentra apoyo en la jurisprudencia 1a./J. 70/2006, que este Tribunal Pleno comparte, de rubro: “CONTRADICCIÓN DE TESIS. DEBE DECLARARSE IMPROCEDENTE CUANDO LOS CRITERIOS CONTENDIENTES SON SUSTENTADOS, POR UN LADO, POR UNA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN Y, POR OTRO, POR UN TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO”.(10)

36. No obsta a lo anterior que el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito haya indicado que no comparte el criterio sustentado por el Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Norte, pues tal y como el propio tribunal colegiado lo señaló en su resolución, carecía de facultades para hacer una interpretación diversa a la que le obligaba la jurisprudencia 2a./J. 14 /2022 (11a.).

37. Asimismo, dicho tribunal colegiado de circuito apuntó que no podía establecer si una jurisprudencia podía dejar sin efectos a otra, sino que solo debía ceñirse a acatar el pronunciamiento expreso realizado por la extinta Segunda Sala como órgano superior, hasta en tanto la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación no estableciera expresamente otro criterio sobre el tema en cuestión.

38. De esta forma, se corrobora que el tribunal colegiado del tercer circuito no emitió un criterio propio o autónomo, sino que se limitó a resolver el asunto sometido a su conocimiento utilizando las razones que establece una jurisprudencia emitida por la extinta Segunda Sala de este Alto Tribunal, la cual consideró aplicable al caso concreto por abordar el tema en específico al que se enfrentaba.

VI. DECISIÓN

39. La contradicción de criterios es improcedente, en virtud de que la normativa aplicable no prevé la procedencia de diferendos entre los criterios sustentados por alguna de las extintas Salas de este Alto Tribunal frente a los emitidos por un Pleno Regional. En consecuencia, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación

RESUELVE:

ÚNICO. Es improcedente la contradicción de criterios a que este expediente se refiere.

Notifíquese conforme a derecho corresponda y, en su oportunidad, archívese este asunto como concluido.

Así lo resolvió el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por unanimidad de nueve votos de las personas Ministras Herrerías Guerra, Espinosa Betanzo, Ríos González, Esquivel Mossa, Batres Guadarrama, Ortiz Ahlf, Figueroa Mejía, Guerrero García y Presidente Aguilar Ortiz.

El señor Ministro Presidente Aguilar Ortiz declaró que el asunto se resolvió en los términos propuestos.

Firman los señores Ministros Presidente y el Ponente con el Secretario General de Acuerdos, quien da fe.

En términos de lo previsto en los artículos 112 y 115 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos.

________________

1. “SEXTO. Por decisión del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y a fin de aprovechar el conocimiento y estudio de los asuntos turnados a las Ministras Lenia Batres Guadarrama, Yasmín Esquivel Mossa y Loretta Ortiz Ahlf, en la anterior integración, se determina que continúen con el conocimiento de dichos asuntos, sin que sea necesario un nuevo acuerdo de returno. Asimismo, a las personas Ministras María Estela Ríos González y Giovanni Azael Figueroa Mejía, les corresponderán los asuntos turnados a las ponencias de los Ministros Jorge Mario Pardo Rebolledo y Juan Luis González Alcántara Carrancá, respectivamente, previo acuerdo de returno”.

2. Similar determinación adoptó este Tribunal Pleno al resolver la contradicción de criterios 177/2025, en sesión de veinticinco de septiembre de dos mil veinticinco, bajo la ponencia de la Ministra Yasmín Esquivel Mossa, en los siguientes términos: “Conviene precisar que si bien la fracción IX del artículo 16 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación establece que la Suprema Corte es competente para conocer de las denuncias de contradicción de criterios sustentados por los Plenos Regionales o por Tribunales Colegiados pertenecientes a distintas regiones, lo relevante es que dicha fracción debe interpretarse en el sentido en que también se deben incluir las contradicciones de criterios como la analizada, esto es, entre Tribunales Colegiados de una región y el Pleno Regional de una diversa, en la medida en que se trata de órganos jurisdiccionales que emitieron criterios presuntamente discrepantes de distintas regiones, respecto de los cuales, además, los Plenos Regionales no tienen competencia para conocer de dichos asuntos; por lo que debe ser este Tribunal Pleno quien los conozca”.

3. “JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL. ES NECESARIO AGOTARLO PREVIAMENTE A ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO, PORQUE LOS ALCANCES QUE SE DAN A LA SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO CONFORME A LA LEY DE AMPARO, EN ESENCIA, SON IGUALES A LOS QUE SE OTORGAN CONFORME A LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”. Registro digital: 2011289.

4. “SUSPENSIÓN A PETICIÓN DE PARTE. LA ACREDITACIÓN DE DAÑOS Y/O PERJUICIOS DE DIFÍCIL REPARACIÓN CON MOTIVO DE LA EJECUCIÓN DEL ACTO RECLAMADO NO ES UN REQUISITO PARA QUE SE OTORGUE CUANDO EL QUEJOSO ALEGA TENER INTERÉS JURÍDICO”. Registro digital: 2022619.

5. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Undécima Época, Libro 43, noviembre de 2024, Tomo III, Volumen 1, página 874 y registro digital: 2029524.

6. Tesis: 2a./J. 14/2022 (11a.), publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 12, abril de 2022, Tomo II, página 1741, Undécima Época, registro digital: 2024468.

7. Tesis: P./J. 19/2020 (10a.), publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 82, enero de 2021, Tomo I, página 9, Décima Época y registro digital: 2022619.

8. De rubro: “JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL. ES INNECESARIO AGOTARLO PREVIAMENTE AL AMPARO INDIRECTO CUANDO SE ADUCE UN INTERÉS JURÍDICO [APLICABILIDAD DE LA JURISPRUDENCIA P./J. 19/2020 (10a.)]”.

9. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Undécima Época, Libro 12, abril de 2022, Tomo II, página 1741 y registro digital: 2024468.

10. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIV, noviembre de 2006, página 135 y registro digital: 173939.

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/33959-a0c342dc/contradiccion-de-criterios-es-improcedente-cuando-uno-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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