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PREVENCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA. EL ARTÍCULO 41, PÁRRAFO ÚLTIMO, DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, NO VULNERA EL DERECHO A LA SEGURIDAD JURÍDICA. RESERVA DE IDENTIDAD Y DATOS PERSONALES DE SERVIDORES PÚBLICOS. INAPLICABILIDAD DE LA JURISPRUDENCIA DE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS SOBRE LOS "JUECES SIN ROSTRO", RESPECTO DE LA LEY FEDERAL PARA LA PREVENCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA. RESERVA DE IDENTIDAD Y DATOS PERSONALES DE SERVIDORES PÚBLICOS. INAPLICABILIDAD DE LA JURISPRUDENCIA P./J. 7/2015 (10a.) RESPECTO DE LA LEY FEDERAL PARA LA PREVENCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA.

Tipo de asunto: AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 579/2022. · Registro digital (IUS): 34141
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2026-07-10
Promovente: —
Localización: Duodécima Época. Pleno. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 11, Julio de 2026, Tomo II, Volumen 1, Pág.24.

AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 579/2022. 4 DE DICIEMBRE DE 2025. MAYORÍA DE OCHO VOTOS DE LAS PERSONAS MINISTRAS SARA IRENE HERRERÍAS GUERRA, IRVING ESPINOSA BETANZO, QUIEN ANUNCIÓ VOTO CONCURRENTE, MARÍA ESTELA RÍOS GONZÁLEZ, LENIA BATRES GUADARRAMA, LORETTA ORTIZ AHLF, GIOVANNI AZAEL FIGUEROA MEJÍA, QUIEN FORMULÓ VOTO CONCURRENTE, ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA Y PRESIDENTE HUGO AGUILAR ORTIZ. DISIDENTE: YASMÍN ESQUIVEL MOSSA, QUIEN FORMULÓ VOTO PARTICULAR. PONENTE: ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA. SECRETARIADO: JAVIER ALEXANDRO GONZÁLEZ RODRÍGUEZ Y BERENICE GARCÍA HUANTE.

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Ciudad de México. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al cuatro de diciembre de dos mil veinticinco, emite la siguiente:

SENTENCIA

Mediante la cual se resuelve el amparo directo en revisión 579/2022, se reconoce la constitucionalidad del artículo 41 de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, por lo que se revoca la sentencia dictada el ocho de diciembre de dos mil veintiuno por el Vigésimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en el juicio de amparo directo 16/2021, se declara infundado el recurso de revisión adhesiva y se le reserva jurisdicción al Tribunal Colegiado de Circuito.

El problema que el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación debe resolver, en caso de que se cumplan los requisitos procesales correspondientes, se centra en determinar si el artículo 41 de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, que prevé la reserva de la identidad y los datos personales de los servidores públicos que la apliquen, respeta los principios de legalidad y seguridad jurídica.

I. ANTECEDENTES Y TRÁMITE

1. Prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita. La Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita tiene por objeto el que se desprende de su denominación,(1) define actividades vulnerables para la operación de recursos de procedencia ilícita y establece una serie de obligaciones a cargo de las personas o empresas que lleven a cabo esas actividades.

2. Entre las que esa ley considera como actividades vulnerables se encuentran las vinculadas con sorteos y la comercialización habitual o profesional de vehículos.(2)

3. Las personas o empresas que realicen esas actividades vulnerables deben darse de alta en el padrón respectivo y presentar los avisos que correspondan conforme a esa ley y sus disposiciones reglamentarias.

4. Actividades de la empresa quejosa. Empresa “A”, en lo sucesivo la empresa “A”, se dedica principalmente a la paquetería y mensajería. Además de su actividad principal, la empresa celebra concursos o sorteos y comercializa vehículos, por lo que se registró en el padrón de personas que realizan actividades vulnerables.

5. Procedimiento de verificación y sanciones. En septiembre de dos mil diecisiete, la autoridad fiscal le requirió a la empresa la presentación de los avisos relacionados con las actividades vulnerables llevadas a cabo entre julio de dos mil quince y junio de dos mil diecisiete.(3)

6. Debido a que la empresa “A” no presentó los avisos o informes relacionados con las actividades vulnerables de concursos o sorteos y comercialización de vehículos entre julio de dos mil quince y junio de dos mil diecisiete la autoridad fiscal le impuso cuarenta y nueve multas en noviembre de dos mil diecisiete.(4)

7. La empresa “A” controvirtió tales multas mediante el recurso de revocación. Al resolver el recurso, en abril de dos mil dieciocho, la autoridad fiscal confirmó las multas impugnadas.

8. Juicio contencioso administrativo. En contra de las multas, la determinación que las confirmó y la norma que prevé los avisos, la empresa “A” promovió un juicio contencioso administrativo.(5)

9. Tal juicio fue atraído por el Pleno Jurisdiccional de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa que lo resolvió mediante la sentencia dictada el siete de octubre de dos mil veinte en el sentido de reconocer la validez de las resoluciones impugnadas y la norma que sustenta la obligación de presentar avisos, aunque no lleve a cabo las actividades vulnerables.(6)

10. Juicio de amparo directo. Al encontrarse inconforme con la sentencia del juicio contencioso administrativo, la empresa “A” promovió una demanda de amparo directo en la que planteó siete conceptos de violación, de los cuales, el quinto está relacionado con el tema de constitucionalidad materia de este amparo directo en revisión.

Primero. Violación procesal relacionada con el desechamiento de pruebas de informes.

Segundo y tercero. El artículo 25 del Acuerdo 02/2013, por el que se emiten las Reglas de Carácter General a que se refiere la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, transgrede los principios de subordinación jerárquica y reserva de ley al imponer la obligación de presentar avisos mensuales a pesar de que en el mes respectivo no se lleven a cabo operaciones vulnerables, lo que no está previsto así en la ley.

Cuarto. Violación formal relacionada con el uso de abreviaturas en las determinaciones impugnadas.

QUINTO. El artículo 41 de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, que prevé la reserva de los datos personales de los servidores públicos que la apliquen, viola los principios de legalidad y seguridad jurídica al impedírsele cuestionar la competencia o idoneidad del servidor público emisor del acto de molestia.

• La norma impide identificar por nombre y apellido al servidor público emisor del acto de molestia pese a que el artículo 20 de la Constitución Política del país prevé la reserva de datos sólo respecto de la persona acusadora y la víctima u ofendido, pero no de jueces, fiscales o secretarios, y menos para autoridades administrativas.

• La Corte Interamericana de Derechos Humanos se ha pronunciado reiteradamente respecto de los denominados “jueces sin rostro” cuya figura impide que las personas conozcan al juzgador y valoren su competencia e idoneidad, así como plantear causas de recusación, lo que trastoca el artículo 8.1. de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos.(7)

• No puede concebirse un acto administrativo en el que se señale el cargo del funcionario emisor y estampe su firma, pero no se indique su nombre. Las actuaciones judiciales y jurisdiccionales, como actos de autoridad requieren que se identifique plenamente a su emisor por nombre y apellido pues de lo contrario se impide la formulación de recusaciones o denuncias en contra de los servidores públicos que hayan incurrido en alguna irregularidad.

• Sexto. El Pleno Jurisdiccional de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa dejó de apreciar que la empresa no realizó actividades vulnerables en los meses de los que derivaron las multas por lo que no debió sancionársele por no presentar los avisos de esos meses.

• Séptimo. La autoridad sancionadora debió desvirtuar la presunción de inocencia de la empresa y demostrar que efectuó actividades vulnerables de las que tenía que dar aviso.

11. De esa demanda conoció el Vigésimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, bajo el juicio de amparo directo 16/2021.

12. Sentencia del Tribunal Colegiado. El ocho de diciembre de dos mil veintiuno, el Tribunal Colegiado del conocimiento dictó la sentencia en la que desestimó los conceptos de violación primero, segundo y tercero. En otro aspecto, declaró fundado el quinto concepto de violación.

13. Al respecto, el órgano jurisdiccional consideró que para la validez de los actos y resoluciones jurisdiccionales se requiere que se imprima la firma del servidor público, además de que su nombre, apellidos y cargo puedan identificarse en la resolución o el expediente.

14. Tal criterio lo extendió al caso concreto y consideró que si el artículo 41 de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, permite la reserva de los datos personales de los servidores públicos que la apliquen, entonces, ese precepto transgrede los derechos de legalidad, seguridad jurídica y defensa adecuada porque impide a las personas conocer a la persona servidora pública que emitió el acto administrativo.

15. Al considerar que el artículo 41 de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita transgrede los derechos de legalidad, seguridad jurídica y defensa adecuada, el Tribunal Colegiado del conocimiento otorgó el amparo.

16. El efecto del amparo consistió en que el Pleno Jurisdiccional de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa deje insubsistente la sentencia reclamada y dicte otra en la que considere ilegales los oficios impugnados en los que, con fundamento en ese artículo 41, se reservaron el nombre y apellido del servidor público que los emitió.

17. Recurso de revisión. Inconforme con esa determinación, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, como autoridad tercera interesada, el veintiuno de enero de dos mil veintidós interpuso un recurso de revisión. Como único agravio expresó lo siguiente:

• El artículo 41 de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, debió analizarse en el contexto de la totalidad de la ley que forma un sistema normativo complejo que establece un régimen jurídico especial derivado de las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) sobre el blanqueo de capitales y financiamiento al terrorismo.

• La finalidad de la ley es dotar al país de instrumentos suficientes para prevenir y detectar operaciones con recursos de procedencia ilícita o tendientes a financiar actos de terrorismo.

• El artículo 41 que contempla la reserva del nombre de los servidores públicos que aplican esa ley pretende salvaguardar su seguridad e integridad personal. La medida pretende evitar que el crimen organizado identifique a los servidores públicos.

• La excepción sobre revelar el nombre y apellido del servidor público, contenida en el artículo 41 respeta el artículo 16 Constitucional porque no dispensa de la obligación de estampar la firma, así como fundar y motivar su competencia. Los particulares mantienen el conocimiento del cargo del personal actuante, así como los fundamentos y motivos de la competencia ejercida.

18. Revisión adhesiva. Por su parte, la empresa quejosa en su recurso de revisión adhesiva señaló lo siguiente:

Primero. El recurso de revisión en amparo directo es improcedente porque el Tribunal Colegiado no declaró expresamente la inconstitucionalidad del artículo 41 de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. El órgano jurisdiccional sólo replicó el criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en torno a que para la validez de las actuaciones y resoluciones jurisdiccionales se requiere, además de la firma, que se logre identificar el nombre y apellido del servidor público que firmó.

Segundo. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público carece de legitimación para interponer la revisión porque sólo puede controvertir los efectos del amparo, pero la defensa de la norma corresponde a los órganos encargados de su creación.

Tercero. El artículo 41 de la de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita vulnera los derechos humanos de legalidad, seguridad jurídica y defensa adecuada, al pretender la reserva y resguardo de identidad y datos personales de servidores públicos, porque el artículo 20 Constitucional sólo prevé la reserva y resguardo del nombre y datos personales en materia penal, del acusador en los casos de delincuencia organizada, y de la víctima, sus ofendidos, cuando sean menores de edad, cuando se trate de delitos de violación, de trata de personas, secuestro o delincuencia organizada.

Cuarto. El artículo 41 de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita se aparta del artículo 20 Constitucional porque la reserva de identidad y resguardo de datos personales, no opera respecto de las autoridades administrativas. Además, la autoridad recurrente no controvierte los efectos de la sentencia de amparo que se recurre.

Quinto. En caso de que se califique fundado el recurso de revisión, debido a que el Tribunal Colegiado estudió únicamente los conceptos de violación primero, segundo, tercero y quinto de la demanda de amparo, se deberán estudiar el resto de los conceptos de violación.

19. Trámite ante esta Suprema Corte. El recurso de revisión fue remitido por el Tribunal Colegiado a esta Suprema Corte de Justicia de la Nación que lo admitió mediante el acuerdo del catorce de febrero de dos mil veintidós con el número 579/2022. En diverso acuerdo de diecinueve de abril de dos mil veintidós se tuvo por interpuesta la revisión adhesiva planteada por la quejosa. Mediante el acuerdo de dos de septiembre de dos mil veinticinco el asunto fue returnado al Ministro Arístides Rodrigo Guerrero García.

II. COMPETENCIA

20. Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de este recurso de revisión en términos de los artículos 107, fracción IX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 81, fracción II y 96 de la Ley de Amparo; y 16, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; toda vez que el recurso fue interpuesto en contra de una sentencia dictada por un Tribunal Colegiado de Circuito al resolver un amparo directo.

III. OPORTUNIDAD

21. Los recursos de revisión principal y adhesivo son oportunos.

22. En cuanto a la revisión principal. La sentencia recurrida le fue notificada a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público el siete de enero de dos mil veintidós. Tal notificación surtió efectos el mismo día, por lo que el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para la interposición del recurso transcurrió del diez al veintiuno de enero de dos mil veintidós.(8) Por tanto, es oportuno el recurso de revisión presentado el veintiuno de enero de dos mil veintidós.

23. En cuanto al recurso de revisión adhesiva. El acuerdo de catorce de febrero de dos mil veintidós por el cual se admitió a trámite el recurso se revisión, le fue notificado la empresa quejosa el cuatro de abril de dos mil veintidós. Tal notificación surtió efectos al día siguiente, por lo que el plazo de cinco días previsto en el artículo 82 de la Ley de Amparo, para la interposición de la adhesión al recurso transcurrió del seis al doce de abril de dos mil veintidós.(9) Por tanto, es oportuna la revisión adhesiva presentada el doce de abril de dos mil veintidós.

IV. LEGITIMACIÓN

24. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público está legitimada para interponer el recurso de revisión en el juicio de amparo en el que se le reconoció el carácter de tercera interesada.

25. Tal autoridad está debidamente representada por el Director General de Asuntos Contenciosos y Procedimientos de la Procuraduría Fiscal de la Federación,(10) en suplencia por ausencia del Subprocurador Fiscal Federal de Amparos, a quien le corresponde la representación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

26. Contrario a lo alegado por la empresa recurrente adhesiva en su segundo “agravio”, la legitimación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público proviene de su carácter de tercera interesada en el juicio de amparo directo de donde deriva el presente recurso de revisión, de ahí que esté habilitada para recurrir la sentencia y no únicamente los efectos del amparo como cuando sucede con las autoridades responsables ejecutoras.

27. Por su parte, la empresa “A” está legitimada para formular la revisión adhesiva porque tiene el carácter de quejosa en el juicio de amparo de donde deriva el presente recurso de revisión. Además, el escrito fue firmado por el apoderado de la empresa quejosa, cuyo carácter le fue reconocido en el juicio de amparo.

V. PROCEDENCIA DEL RECURSO

28. El presente recurso de revisión en amparo directo es procedente porque en la demanda se planteó que el artículo 41 de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, que prevé la reserva de los datos personales de los servidores públicos que la apliquen, trastoca los principios de legalidad y seguridad jurídica al impedírsele cuestionar la competencia o idoneidad del servidor público emisor del acto de molestia.

29. Dicho planteamiento lo consideró fundado el Vigésimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito y en el recurso de revisión se controvierte esa determinación.

30. De conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley de Amparo, el recurso de revisión en amparo directo se distingue por ser un medio de impugnación extraordinario, el cual sólo procede cuando se cumplen los requisitos señalados en dichos ordenamientos, motivo por el cual éstos deben analizarse antes del estudio de fondo.

31. De los artículos 107, fracción IX, de la Constitución Política del país y 81, fracción II, de la Ley de Amparo, se advierte que la procedencia del recurso de revisión está supeditada a que se cumplan dos requisitos:

I. En las sentencias impugnadas se decida sobre la constitucionalidad de normas generales, establezcan la interpretación directa de un precepto de la Constitución u omitan decidir sobre tales cuestiones cuando se hubieren planteado.

II. El problema de constitucionalidad referido en el punto anterior revista un interés excepcional en materia constitucional o de derechos humanos.

32. Con anterioridad a la reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación el once de marzo de dos mil veintiuno, el segundo aspecto destacado se denominó importancia y trascendencia, ahora interés excepcional. Para la procedencia del recurso es indispensable la actualización conjunta de dos requisitos: el primero, un pronunciamiento genuino sobre constitucionalidad, y el segundo, su excepcionalidad.

33. En el punto cuarto del acuerdo general 3/2025 se indicaron como criterios orientadores sobre el interés excepcional los siguientes:(11)

CUARTO. Criterios orientadores sobre el interés excepcional. Para efectos de este Acuerdo General, se considerará que un asunto reviste interés excepcional en materia constitucional o de derechos humanos, entre otros, en los siguientes supuestos:

I. El asunto plantee una problemática novedosa o que requiera un análisis más profundo por la SCJN, especialmente en torno a la interpretación de normas constitucionales o derechos humanos;

II. El problema jurídico involucre una violación grave a los derechos humanos;

III. Si la sentencia del Tribunal Colegiado de Circuito hace una interpretación restrictiva de algún precepto de la CPEUM, o de derechos humanos, o

IV. La sentencia recurrida contradiga o desconozca un criterio sostenido por la SCJN en materia constitucional o de derechos humanos.

34. A partir de esas premisas, para que el recurso de revisión en amparo directo sea procedente es necesario que se cumplan los requisitos siguientes:

A. Que el tribunal colegiado resuelva sobre la constitucionalidad de una norma general, se establezca la interpretación directa de un precepto de la Constitución Política del país, o de los derechos humanos establecidos en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, o bien, se haya omitido el estudio respectivo cuando en los conceptos de violación de la demanda de amparo se haya planteado alguna de esas cuestiones; y

B. Que el problema de constitucionalidad señalado en el punto anterior, a juicio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, revista un interés excepcional en materia constitucional o de derechos humanos.

35. Se entiende que se actualiza un interés excepcional en materia constitucional o de derechos humanos, sólo cuando:

a. La cuestión de constitucionalidad planteada dé lugar a un pronunciamiento novedoso o de relevancia, para el orden jurídico nacional; o,

b. Lo decidido en la sentencia recurrida pueda implicar el desconocimiento de un criterio sostenido por esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, relacionado con alguna cuestión propiamente constitucional, por haberse resuelto en contra de dicho criterio o se hubiere omitido su aplicación.

36. Una vez establecido lo anterior, esta Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que el presente amparo directo en revisión es procedente, de acuerdo con las consideraciones siguientes.

37. El primer requisito de procedencia se cumple porque en la demanda de amparo, la empresa “A” planteó que el artículo 41 de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, que prevé la reserva de los datos personales de los servidores públicos que la apliquen, trastoca los principios de legalidad y seguridad jurídica al impedírsele cuestionar la competencia o idoneidad del servidor público emisor del acto de molestia.

38. El Vigésimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito declaró fundado el anterior planteamiento y en el presente recurso de revisión se controvierte dicha determinación.

39. También se colma el segundo requisito consistente en el atributo de interés excepcional del asunto, porque ante los agravios hechos valer en la revisión se habilita la emisión de un criterio novedoso o de relevancia para el orden jurídico nacional, pues permitiría determinar si el artículo 41 de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, que prevé la reserva de los datos personales de los servidores públicos que la apliquen, respeta los principios de legalidad y seguridad jurídica. Por ende, corresponde el estudio del caso.

40. Por tanto, es infundado lo alegado por la empresa “A” en el primer “agravio” de su revisión adhesiva en torno a que, a su parecer, es improcedente la revisión en amparo directo por inexistencia de tema de constitucionalidad de normas generales.

41. Al agotarse el estudio de procedencia del amparo directo en revisión, corresponde el desarrollo del apartado del estudio de fondo.

VI. ESTUDIO DE FONDO

42. El problema que el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación debe resolver, en caso de que se cumplan los requisitos procesales correspondientes, se centra en determinar si el artículo 41 de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, que prevé la reserva de la identidad y los datos personales de los servidores públicos que la apliquen, respeta los principios de legalidad y seguridad jurídica.

43. Para resolver esa problemática jurídica, es pertinente el desarrollo de los apartados siguientes. A. Planteamiento de las partes. B. Parámetro de regularidad, y C. Análisis del caso concreto. Una vez anunciada la estructura del asunto, corresponde exponer el primer apartado.

A. Planteamiento de las partes

44. En la demanda de amparo, la empresa “A” argumentó que el artículo 41 de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, que prevé la reserva de los datos personales de los servidores públicos que la apliquen, respeta los principios de legalidad y seguridad jurídica al impedírsele cuestionar la competencia o idoneidad del servidor público emisor del acto de molestia.

45. La empresa alegó que la norma impide identificar por nombre y apellido al servidor público emisor del acto de molestia pese a que el artículo 20 de la Constitución Política del país prevé la reserva de datos sólo respecto de la persona acusadora y la víctima u ofendido, pero no de jueces, fiscales o secretarios, y menos para autoridades administrativas.

46. Además, la empresa hizo valer que la Corte Interamericana de Derechos Humanos se ha pronunciado reiteradamente respecto a los denominados “jueces sin rostro” cuya figura impide que las personas conozcan al juzgador y valoren su competencia e idoneidad, así como plantear causas de recusación, lo que trastoca el artículo 8.1. de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos.(12)

47. Finalmente, la empresa alegó que no puede concebirse un acto administrativo en el que se señale el cargo del funcionario emisor y estampe su firma, pero no se indique su nombre. Las actuaciones judiciales y jurisdiccionales, como actos de autoridad requieren que se identifique plenamente a su emisor por nombre y apellido pues de lo contrario se impide la formulación de recusaciones o denuncias en contra de los servidores públicos que hayan incurrido en alguna irregularidad.

48. El Tribunal Colegiado de Circuito resolvió que para la validez de los actos y resoluciones jurisdiccionales se requiere que se imprima la firma del servidor público, además de que su nombre, apellidos y cargo puedan identificarse en la resolución o el expediente.

49. Tal criterio lo extendió al caso concreto y consideró que si el artículo 41 de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, permite la reserva de los datos personales de los servidores públicos que la apliquen, entonces, ese precepto transgrede los derechos de legalidad, seguridad jurídica y defensa adecuada porque impide a las personas conocer a la persona servidora pública que emitió el acto administrativo.

50. En el recurso de revisión, la autoridad tercera interesada argumentó que la excepción sobre revelar el nombre y apellido del servidor público, contenida en el artículo 41 de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita respeta el artículo 16 constitucional porque no dispensa de la obligación de estampar la firma, así como fundar y motivar su competencia. Los particulares mantienen el conocimiento del cargo del personal actuante, así como los fundamentos y motivos de la competencia ejercida.

51. La autoridad recurrente además alegó que el artículo 41 debió analizarse en el contexto de la totalidad de la ley que forma un sistema normativo complejo que establece un régimen jurídico especial derivado de las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) sobre el blanqueo de capitales y financiamiento al terrorismo.

52. Al respecto, la autoridad recurrente abundó en que la finalidad de la ley es dotar al país de instrumentos suficientes para prevenir y detectar operaciones con recursos de procedencia ilícita o tendientes a financiar actos de terrorismo.

53. Finalmente, la autoridad recurrente argumentó que el artículo 41 que contempla la reserva del nombre de los servidores públicos que aplican esa ley pretende salvaguardar su seguridad e integridad personal. La medida pretende evitar que el crimen organizado identifique a los servidores públicos.

54. Una vez retomado el planteamiento de las partes, queda de relieve que la norma debe analizarse frente a los derechos de legalidad, seguridad jurídica y defensa adecuada, por lo que corresponde desarrollar el parámetro de regularidad.

B. Parámetro de regularidad

55. En el caso, la empresa quejosa alegó que las normas reclamadas afectan los principios de legalidad y seguridad jurídica, mismos que están reconocidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

56. En torno a los alcances del contenido del artículo 14 de la Constitución Política del país, en la acción de inconstitucionalidad 88/2021,(13) el Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación señaló que el principio de legalidad se establece como un límite a la libertad de configuración del legislador.

57. El artículo 16 de la Constitución Política del país reconoce los actos de molestia al establecer que nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento.

58. Así, como se explicó en el amparo directo en revisión 536/2023,(14) en los actos de molestia, como lo son las visitas domiciliarias o los actos de verificación, los principios de legalidad y seguridad jurídica contenidos en los artículos 14 y 16 constitucionales, se respetan del modo siguiente.

• Por las autoridades administrativas, mediante la fundamentación y motivación de sus actos.

• Por las autoridades legislativas, cuando las disposiciones de observancia general que emiten, por una parte, generan certidumbre a los gobernados sobre las consecuencias jurídicas de su conducta.

• Tratándose de normas que confieren alguna facultad a una autoridad, acotan en la medida necesaria y razonable tal atribución, de tal suerte que se le impida actuar de manera arbitraria o caprichosa en atención a las normas a que debe sujetarse al ejercer dicha facultad.

59. La seguridad jurídica no implica que el legislador deba establecer un procedimiento detallado para regular todas y cada una de las relaciones que se entablen entre los particulares y las autoridades, pues basta con señalar los elementos mínimos para que las personas puedan hacer valer sus derechos, y sobre ese aspecto, la autoridad no incurra en arbitrariedades.

60. Como se compendia en la jurisprudencia de rubro: “SEGURIDAD JURÍDICA EN MATERIA TRIBUTARIA. EN QUÉ CONSISTE”,(15) tal principio, consagrado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es la base sobre la cual descansa el sistema jurídico mexicano, de manera tal que lo que tutela es que el gobernado jamás se encuentre en una situación

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/34141-6ae5ea03/prevencion-e-identificacion-de-operaciones-con-recursos-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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