CONFLICTO COMPETENCIAL ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. EL PLENO REGIONAL CARECE DE COMPETENCIA POR RAZÓN DE MATERIA PARA RESOLVERLO CUANDO EL ASUNTO CORRESPONDE A UNA ESPECIALIZACIÓN DISTINTA A LA SUYA.
CONFLICTO COMPETENCIAL 57/2026. SUSCITADO ENTRE EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO Y EL TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA, AMBOS DEL DÉCIMO CIRCUITO. 25 DE AGOSTO DE 2026. TRES VOTOS DE LAS PERSONAS MAGISTRADAS VANESSA HEIDI NAMBO HUERTA Y RODOLFO ALEJANDRO RAMOS SANTILLÁN, Y DE ALAN ANTONIO MORÁN HERRERA, SECRETARIO DESIGNADO EN FUNCIONES. PONENTE: VANESSA HEIDI NAMBO HUERTA. SECRETARIO: STEFFANO RAFAELLO LÓPEZ MEDRANO.
Ciudad de México. El Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México, en sesión pública ordinaria correspondiente al veinticinco de agosto de dos mil veintiséis, emite la siguiente:
SENTENCIA
Mediante la cual se resuelve el conflicto competencial 57/2026, suscitado entre el Tribunal Colegiado en Materia de Administrativa(1) y el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo,(2) ambos pertenecientes al Décimo Circuito Judicial, con residencia en Villahermosa, Tabasco.
I. ANTECEDENTES
1. Juicio de amparo indirecto. Una persona promovió, por propio derecho, amparo indirecto en contra del Congreso y Gobernador constitucionales del Estado de Tabasco, así como otras autoridades de esa entidad federativa, a quienes les reclamó, correlativamente, la aprobación, expedición, promulgación del Decreto 253 de once de abril de dos mil veintiséis, con en el que se reforma el artículo Octavo transitorio del diverso decreto 294, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado Libre y Soberano del Estado de Tabasco de treinta y uno de diciembre de dos mil quince, por el que se expidió la Ley de Seguridad Social del Estado de Tabasco.
2. Desechamiento de demanda. Conoció de la demanda el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Tabasco, quien la radicó bajo el expediente ********** dentro de su acervo documental y, mediante proveído de veintiséis de mayo de dos mil veintiséis, la desechó de plano bajo el argumento de que, el promovente no contaba con un interés jurídico o legítimo para impugnar la citada norma en sede constitucional.(3)
3. Recurso de queja y declaratoria de incompetencia. Inconforme con lo anterior, el quejoso interpuso recurso de queja, del cual conoció, por razón de turno, el Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Circuito, quien por acuerdo plenario de trece de junio de dos mil veintiséis, declaró carecer de competencia legal, por razón de materia, para resolver el aludido recurso, al estimar sustancialmente que, la naturaleza del acto detentaba un matiz laboral al incidir con aspectos relacionados con el cambio del régimen de pensiones; por tanto, remitió los autos al Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Décimo Circuito en turno, para que se avocara a su conocimiento.
4. Rechazo de competencia y se eleva asunto a conflicto competencial. Por gestión administrativa, el asunto se remitió al Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Décimo Circuito, quien lo radicó bajo el expediente 161/2026 y en acuerdo inicial de presidencia de veintiuno de julio de dos mil veintiséis, no aceptó la competencia declinada a su favor, al estimar que, en esencia, la controversia no versaba sobre los derechos derivados de una relación laboral concluida, ni sobre el reconocimiento, otorgamiento o pago de una pensión, sino sobre la legalidad del acto de naturaleza administrativa y su posible afectación en la esfera del recurrente con el proceso legislativo impugnado; por lo cual, ordenó la remisión del asunto a este Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México, para que resolviera el conflicto competencial suscitado entre aquellos Tribunales Colegiados.
5. Trámite ante este Pleno Regional. Por acuerdo de presidencia de cinco de agosto de dos mil veintiséis, se ordenó formar el expediente electrónico del presente conflicto competencial 57/2026, se admitió a trámite y se turnó a la ponencia de la Magistrada Vanessa Heidi Nambo Huerta, para para la elaboración del proyecto de resolución correspondiente.
6. Asimismo, en dicho proveído se estableció que derivado de la imposibilidad de este Pleno Regional para resolver de manera colegiada el presente asunto por la ausencia del Magistrado Antonio Salazar López, se proveería sobre la confirmación del turno electrónico, hasta en tanto este órgano jurisdiccional se encontrara en condiciones jurídicas y materiales para resolver, es decir, que estuviera debidamente integrado; aunado que, de la certificación secretarial se destacó que no se encontraba disponible electrónicamente los autos del recurso de queja 523/2026 del índice del Tribunal Colegiado en Materia Administrativa, por lo cual, se le requirió para que pusiera a disposición de este órgano jurisdiccional dicho sumario electrónico.
7. Reanudación de plazos y confirmación de turno. En acuerdo de diecisiete de agosto de dos mil veintiséis se notificó a las partes el oficio SEADS/1994/2026 de trece del citado mes y año, firmado electrónicamente por el Secretario Ejecutivo de la Comisión de Adscripción del Órgano de Administración Judicial, por medio del cual se hizo saber la determinación adoptada por el Pleno del referido Órgano, en cuanto que se designó al licenciado Alan Antonio Morán Herrera, como secretario en funciones de magistrado, en sustitución del Magistrado Antonio Salazar López, con efectos a partir del catorce de agosto de dos mil veintiséis, mientras subsistan las condiciones o hasta que el Órgano de Administración Judicial así lo determine.
8. Luego, por auto de dieciocho de agosto siguiente, el Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Circuito, cumplió con lo requerido en auto admisorio; por tanto, en virtud de dicho cumplimiento jurisdiccional, así como en función de lo decretado por la Secretaría Ejecutiva de la Comisión de Adscripción, al precisar que este Pleno Regional se encuentra en condiciones jurídicas y materiales para desempeñar su debido funcionamiento al encontrarse integrado por la Magistrada Presidenta Vanessa Heidi Nambo Huerta, el Magistrado Rodolfo Alejandro Ramos Santillán, y el licenciado Alan Antonio Morán Herrera, secretario en funciones de Magistrado, se ordenó levantar la suspensión decretada en proveído de cinco de agosto pasado.
9. En consecuencia, en la citada actuación procesal se reanudaron los plazos procesales, se confirmó el turno relativo a cargo de la Magistrada Vanessa Heidi Nambo Huerta, titular de la ponencia “A” y se precisó que al estar debidamente integrado el presente asunto, se debía emitir la sentencia correspondiente dentro del plazo establecido en el artículo 46 de la Ley de Amparo.
II. INCOMPETENCIA
10. Este Pleno Regional carece de competencia legal para resolver el conflicto competencial de que se trata, en virtud de que, la competencia para ello se finca en el Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México, atendiendo las siguientes consideraciones:
11. La competencia de los Plenos Regionales para conocer de los conflictos competenciales se encuentra prevista en los artículos 94, párrafos quinto y séptimo y 106 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;(4) 46, párrafo tercero, de la Ley de Amparo,(5) 39, fracción IV y 40, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación;(6) Punto Tercero, fracción I, del Acuerdo General 2/2025 (12a) del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el que se precisan los asuntos de su competencia y los que se delegan a otros órganos jurisdiccionales federales;(7) 8 y 12, fracción I, del Acuerdo General 67/2022 que reglamenta la competencia, integración, organización y funcionamiento de los Plenos Regionales;(8) 1, fracción II, incisos 1 y 2, del Acuerdo General 108/2022 relativo a la creación, denominación e inicio de funciones de los Plenos Regionales de las Regiones Centro-Norte y Centro-Sur, así como su competencia, jurisdicción territorial y domicilio;(9) reformado por el diverso Acuerdo General 38/2023; disposiciones generales estas últimas, que fueron emitidas por el entonces Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.(10)
12. Ahora, el artículo 106 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece la jurisdicción del Poder Judicial de la Federación para resolver los conflictos competenciales entre sus propios órganos, o entre éstos y los de las entidades federativas, o bien, cuando se suscita entre tribunales de distintos Estados.
13. De acuerdo con ese contexto normativo, dicha jurisdicción se encuentra distribuida en los diversos órganos del Poder Judicial de la Federación de la siguiente manera:
i) La Suprema Corte de Justicia de la Nación quedó facultada para resolver los conflictos competenciales entre Plenos Regionales;
ii) Los Plenos Regionales asumen el conocimiento de los conflictos competenciales entre tribunales colegiados, y
iii) Los Tribunales Colegiados de Circuito conocen de los demás conflictos competenciales entre órganos jurisdiccionales a los que se refiere el citado artículo 106 constitucional.
14. Ahora bien, la primera parte del artículo 40 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, establece que cuando los conflictos competenciales se susciten entre órganos jurisdiccionales de una misma región, conocerá el Pleno Regional correspondiente, lo que se define a través de las reglas previstas en los numerales 6, fracción II, 8, 9 y 12, fracción I, del Acuerdo General 67/2022, del entonces Pleno Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la competencia, integración, organización y funcionamiento de los plenos regionales,(11) que disponen:
“Artículo 6. De las Regiones. El territorio de la República se divide en dos Regiones:
[...]
II. Región Centro-Sur.
[...]”
“Artículo 8. Circuitos que comprende la Región Centro-Sur. La Región Centro-Sur comprende los Circuitos Primero, respecto de las materias civil y de trabajo; Tercero; Sexto; Séptimo; Décimo; Décimo Primero; Décimo Tercero; Décimo Cuarto; Décimo Octavo; Vigésimo; Vigésimo Primero; Vigésimo Séptimo; Vigésimo Noveno; Trigésimo Primero; y Trigésimo Segundo.
[...]”
“Artículo 9. Número y especialización de los Plenos Regionales. En cada Región habrá dos Plenos Regionales semiespecializados: uno en materias penal y de trabajo, y uno en materias administrativa y civil.
[...]”
“Artículo 12. Competencia en conflictos competenciales. Conforme a los artículos 42, fracción IV y 43 de la Ley Orgánica; 46 de la Ley de Amparo y demás normas aplicables, los Plenos Regionales tienen competencia para conocer de los conflictos competenciales que se susciten entre:
I. Tribunales Colegiados de Circuito que pertenezcan a la misma región. En estos casos, conocerá el Pleno Regional con jurisdicción por materia sobre el Tribunal requirente. Si éste tiene competencia mixta o semiespecializada, conocerá el Pleno Regional de la materia a la que el Tribunal requerido considere que corresponde el asunto.
[...]”
15. De los preceptos 6, 8 y 9 previamente transcritos, se advierte que la Región Centro-Sur comprende, entre otros, el Décimo Circuito, al que pertenecen los dos tribunales aquí contendientes; asimismo, que existen dos Plenos semiespecializados, a saber: uno en materias penal y de trabajo, y otro en materias administrativa y civil.
16. En tanto que, de la fracción I del artículo 12, se aprecia que los Plenos Regionales son competentes para conocer de los conflictos competenciales que se susciten entre Tribunales Colegiados de Circuito que pertenezcan a la misma región; y que, en estos casos, conocerá el Pleno Regional con jurisdicción por materia sobre el Tribunal requirente; salvo, que ese tribunal requirente dispusiera de competencia mixta o semiespecializada; caso en el cual, deberá conocer del aludido conflicto competencial, el Pleno Regional de la materia a la que el tribunal requerido haya considerado que corresponde el asunto.
17. Por su parte, la fracción I del artículo Tercero del Acuerdo General 2/2025 (12a.), del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, establece:
“TERCERO. Delegación de competencias a los Plenos Regionales. Se delega competencia a los Plenos Regionales del Poder Judicial de la Federación para conocer y resolver de los conflictos competenciales que, en términos del artículo 46 de la Ley de Amparo, se susciten entre los Tribunales Colegiados de Circuito, en los términos siguientes:
I. Cuando el conflicto se presente entre Tribunales Colegiados de Circuito de una misma Región, lo resolverá el Pleno Regional con jurisdicción sobre el Circuito en que se encuentren, atendiendo a la materia a la que el Tribunal requerido considere que corresponde el asunto, y
[...]”
18. La última parte de la fracción precitada instruye que, cuando el conflicto se presente entre Tribunales Colegiados de Circuito de una misma Región, lo resolverá el Pleno Regional con jurisdicción sobre el circuito en que se encuentren, atendiendo a la materia a la que el Tribunal requerido considere que corresponde el asunto.
19. De lo hasta aquí narrado, se colige que la interrogante a resolver es: ¿Quién es el Tribunal requerido y requirente?
20. Para obtener una respuesta eficaz, se considera necesario establecer aquellos pasos o etapas en las que se da un conflicto competencial, que en términos generales se pueden describir de la forma siguiente:
21. Un primer Tribunal Colegiado recibe un caso y, al considerarse legalmente incompetente (por razón de materia, territorio o grado), declina su competencia y envía el expediente a otro Tribunal Colegiado que estima competente.
22. El segundo Tribunal Colegiado, al recibir el expediente, realiza su propio análisis de competencia. Si este órgano jurisdiccional tampoco se considera legalmente competente, emite una resolución en la que no acepta la competencia que le ha sido declinada.
23. En este punto, al existir una postura de incompetencia recíproca (ambos se niegan a conocer del asunto), surge el conflicto competencial propiamente dicho.
24. De este modo, debe entenderse que el segundo tribunal (el que no acepta la competencia) remite los autos al órgano superior jerárquico facultado para dirimir la controversia (que puede ser un Pleno Regional, o la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dependiendo de la naturaleza exacta del conflicto y las normativas aplicables) para que resuelva quién es el competente legalmente.
25. En este orden de ideas, se puede concluir que el Tribunal requirente es quien envía un asunto a otro órgano jurisdiccional por estimar que éste es el competente para resolverlo y el Tribunal Colegiado requerido es quien lo recibió y, a su vez, puede aceptar la competencia propuesta o negarse a hacerlo e insistir en que el competente es el tribunal requirente, lo que da lugar formalmente al conflicto competencial.
26. Sobre el particular, para sustentar la declaratoria de incompetencia, es oportuno destacar los siguientes antecedentes:
27. Mediante escrito depositado el veintidós de mayo de dos mil veintiséis, a través del buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Tabasco, con residencia en Villahermosa, una persona, por propio derecho, promovió juicio de amparo indirecto en contra del Congreso y Gobernador constitucionales del Estado de Tabasco, así como otras autoridades administrativas de esa entidad federativa, a quienes les reclamó, correlativamente, la aprobación, expedición y promulgación del Decreto 253 de once de abril de dos mil veintiséis, con en el que se reforma el artículo Octavo transitorio del diverso decreto 294, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado Libre y Soberano del Estado de Tabasco de treinta y uno de diciembre de dos mil quince, por el que se expidió la Ley de Seguridad Social del Estado de Tabasco.
28. Por cuestión de turno, correspondió conocer de dicha demanda al Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Tabasco, cuyo titular, en acuerdo de veintiséis de mayo de dos mil veintiséis, la registró bajo el expediente ********** y en ese acto inicial la desechó de plano al estimar actualizada la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, con relación al 5, fracción I, 6 y 107, fracción I, inciso g), de la Ley de Amparo, éste último interpretado a contrario sensu, al sostener que el promovente no contaba con interés jurídico o legítimo para impugnar la citada norma en sede constitucional.
29. Inconforme con la anterior determinación, la parte quejosa interpuso recurso de queja.
30. Por razón de turno, correspondió conocer del citado medio de impugnación al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Circuito, quien lo registró bajo el consecutivo 523/2026 en su acervo documental y por acuerdo plenario de trece de julio de dos mil veintiséis, determinó carecer de competencia por razón de materia; por lo que ordenó remitir los autos al Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Décimo Circuito en turno, por conducto de su Oficina de Correspondencia Común, para su avocamiento.
31. Lo anterior, al considerar puntualmente que, de acuerdo con el bien jurídico que tutela el decreto impugnado en el medio de control constitucional por el quejoso se desprendían los nuevos parámetros o establecimientos de condiciones laborales específicas inherentes a la relación entre el organismo público patronal y sus trabajadores en activo, modificando la regulación relativa al régimen de pensiones y prestaciones laborales.
32. Asimismo, bajo esa óptica estimó que, al incidir en un aspecto en tema de pensiones y con motivo de la relación laboral entre el servidor público quejoso en activo y el órgano para el cual labora el promovente en términos del apartado B, del artículo 123 constitucional, tales circunstancias se enmarcan en el elenco o conocimiento especializado en el derecho del trabajo.
33. Posteriormente, correspondió conocer del recurso de queja declinado al Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Décimo Circuito, quien radicó el medio de impugnación 161/2026 y en auto de presidencia de veintiuno de julio de dos mil veintiséis rechazó la competencia declinada.
34. Concretamente, el tribunal en materia de trabajo sostuvo que era incompetente para conocer del recurso en cuestión porque el asunto detentaba una naturaleza administrativa y no laboral, porque, desde su perspectiva, el quejoso se duele del proceso legislativo del decreto antes referido y no así sobre derechos derivados de controversia derivados de la conclusión de una relación laboral, ni sobre el reconocimiento, otorgamiento o pago de una pensión; por tanto elevó el asunto a conflicto competencial ante este Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Sur.
35. Así, ante la existencia de las posturas de incompetencia recíprocas, se configuró el conflicto competencial en sentido estricto. En este caso, como se advierte de la narrativa, fue el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Décimo Circuito, quien elevó los autos a este Pleno Regional para su resolución y el homólogo en materia administrativa quien previno del asunto y declinó la competencia en favor de aquél.
36. Bajo este orden de ideas, la competencia de este Pleno debe definirse a partir de los elementos siguientes:
37. Tribunal requirente, lo es el Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Circuito, órgano que previno en el conocimiento del asunto y declinó su competencia por razón de materia.
38. Tribunal requerido, esto es, el órgano que rechazó la competencia declinada fue el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Décimo Circuito. Al existir una postura de incompetencia recíproca, es aquí donde surge el conflicto competencial propiamente dicho.
39. De acuerdo con el contexto fáctico y normativo expuesto, se desprenden los elementos relevantes siguientes:
40. El presente conflicto competencial se suscitó entre tribunales colegiados de circuito pertenecientes a la misma región, a saber: “Centro-Sur”, toda vez que ambos órganos colegiados tienen residencia en el estado de Tabasco, que corresponde al Décimo Circuito,(12) sobre el cual ejercen jurisdicción tanto este Pleno Regional como el Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la misma región.
41. En esa medida, si el artículo 12, fracción I, del Acuerdo General 67/2022, del entonces Pleno del Consejo de la Judicatura Federal -que regula a los Plenos Regionales- dispone que los conflictos competenciales deben ser resueltos por el Pleno Regional con jurisdicción, por razón de materia, sobre el órgano requirente, y en el caso concreto, ese carácter lo tiene el Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Circuito, entonces dicha atribución recae en el Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Sur.
42. Determinación que se corrobora con lo dispuesto en el punto Tercero, fracción I, del Acuerdo General 2/2025 (12a.), del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dispone que los conflictos competenciales entre Tribunales Colegiados de una misma Región deben ser resueltos por el Pleno Regional con jurisdicción en dicho circuito, tomando como base la materia que el órgano requerido considere aplicable al asunto.
43. Luego, si el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Décimo Circuito, tiene el carácter de órgano requerido, toda vez que rechazó la competencia declinada al considerar que, por su naturaleza, el litigio corresponde a la materia administrativa; es inconcuso que la competencia para resolver el presente conflicto recae en el Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro–Sur, con residencia en la Ciudad de México, porque los tribunales contendientes pertenecen a la misma región y ese Pleno ejerce jurisdicción especializada sobre la materia administrativa, naturaleza que el órgano requerido asignó al asunto en cuestión.
44. Similares consideraciones a las apuntadas, sostuvo este Pleno Regional al resolver los diversos conflictos competenciales 24/2026, 39/2026 y 51/2026 en sesiones públicas ordinarias de quince de abril, tres de junio y veintiuno de agosto, todas de dos mil veintiséis, así como el diverso 56/2026 sesionado en este día.
45. No obsta a lo expuesto, el contenido de la jurisprudencia 2a./J. 85/2024 (11a.),(13) de la entonces Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la que se precisa qué órgano colegiado adquiere la calidad de requirente cuando, en un primer momento, un tribunal acepta en acuerdo de presidencia la competencia declinada en su favor y, posteriormente, actuando en pleno, la rechaza por considerar que un tercer órgano jurisdiccional es el competente; porque, como se advierte, regula una hipótesis procesal diversa y persigue una finalidad distinta a la que ahora se plantea.
46. En efecto, dicho criterio no es aplicable al caso, ya que el conflicto competencial 7/2024, resuelto por la Segunda Sala de la anterior integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dio origen al criterio en comento, se suscitó entre tres Tribunales Colegiados de Circuito de distinta materia que pertenecen a la misma región. Lo que actualiza un supuesto de conflicto diverso al que es materia de estudio, donde sólo participan dos órganos colegiados y por ende, resultan aplicables las reglas competenciales previstas en el numeral 12, fracción I, primera parte, del Acuerdo General 67/2022, del Pleno del entonces Consejo de la Judicatura Federal y punto tercero, fracción I, del diverso Acuerdo General 2/2025 (12a.), del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, antes referidos.
III. DECISIÓN
47. Por lo expuesto y fundado, se
R E S U E L V E:
PRIMERO. Este Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México, carece de competencia legal, por razón de la materia, para conocer del conflicto competencial objeto de este asunto.
SEGUNDO. Remítanse los autos al Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México, para que determine lo que en derecho proceda.
NOTIFÍQUESE; vía interconexión testimonio de esta resolución a los Tribunales Colegiados contendientes; háganse las anotaciones y digitalización correspondientes en el libro de control electrónico; y, en su oportunidad, archívese el expediente como asunto concluido, con la valoración respectiva.
ASÍ lo resolvió, el Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México, por unanimidad de votos de sus integrantes, la Magistrada Vanessa Heidi Nambo Huerta (Presidenta y Ponente); así como el Magistrado Rodolfo Alejandro Ramos Santillán, en unión del Secretario en funciones de Magistrado Alan Antonio Morán Herrera, de conformidad con el oficio SEADS/1994/2026, emitido por el Secretario Ejecutivo de la Comisión de Adscripción del Órgano de Administración Judicial, designado en sustitución temporal del Magistrado Antonio Salazar López.
Firman electrónicamente los Magistrados integrantes de este órgano jurisdiccional, junto con el Secretario en funciones de Magistrado y el secretario Steffano Rafaello López Medrano, que autoriza y da fe. Doy fe.
Conforme a lo previsto en los artículos los artículos 4, 12, 19 y 64, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; así como el numeral 52 del Acuerdo General del Pleno del Órgano de Administración Judicial que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el once de febrero de dos mil veintiséis, se hace constar que en esta versión pública se suprime toda aquella información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos.
________________
1. Al resolver el recurso de queja **********.
2. Al resolver el recurso de queja **********.
3. Al estimar actualizada la causa de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XII, con relación al 5, fracción I, 6, 107, fracción I, inciso g), de la Ley de Amparo, éste último interpretado a contrario sensu.
4. “Artículo 94. Se deposita el ejercicio del Poder Judicial de la Federación en una Suprema Corte de Justicia, en un Tribunal Electoral, en Plenos Regionales, en Tribunales Colegiados de Circuito, en Tribunales Colegiados de Apelación y en Juzgados de Distrito.
[...]
La competencia de la Suprema Corte, su funcionamiento en Pleno, la competencia de los Plenos Regionales, de los Tribunales de Circuito, de los Juzgados de Distrito y del Tribunal Electoral, así como las responsabilidades en que incurran las servidoras y los servidores públicos del Poder Judicial de la Federación, se regirán por lo que dispongan las leyes y los acuerdos generales correspondientes, de conformidad con las bases que esta Constitución establece.
[...]
Asimismo, mediante acuerdos generales establecerán Plenos Regionales, los cuales ejercerán jurisdicción sobre los circuitos que los propios acuerdos determinen. Las leyes establecerán su integración y funcionamiento.
[...]”
“Artículo 106. Corresponde al Poder Judicial de la Federación, en los términos de la ley respectiva, dirimir las controversias que, por razón de competencia, se susciten entre los Tribunales de la Federación, entre éstos y los de las entidades federativas o entre los de una entidad federativa y otra.”
5. “Artículo 46. [...]
Si éste acepta la competencia, se avocará al conocimiento; en caso contrario, dentro de los tres días siguientes comunicará su resolución al órgano que declinó la competencia y remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que dentro del plazo de ocho días resuelva lo que proceda.”
6. “Artículo 39. Con las salvedades a que se refiere el artículo 16 de esta Ley, son competentes los Plenos Regionales para:
[...]
IV. De los conflictos competenciales que se susciten entre órganos jurisdiccionales, y
[...]”
“Artículo 40. Cuando los conflictos competenciales a que se refiere la fracción IV del precepto anterior, se susciten entre órganos jurisdiccionales de una misma región, conocerá el Pleno Regional correspondiente. Cuando los órganos contendientes pertenezcan a distintas regiones, conocerá el Pleno Regional con jurisdicción sobre el órgano que previno.”
7. “TERCERO. Delegación de competencias a los Plenos Regionales. Se delega competencia a los Plenos Regionales del Poder Judicial de la Federación para conocer y resolver de los conflictos competenciales que, en términos del artículo 46 de la Ley de Amparo, se susciten entre los Tribunales Colegiados de Circuito, en los términos siguientes:
I. Cuando el conflicto se presente entre Tribunales Colegiados de Circuito de una misma Región, lo resolverá el Pleno Regional con jurisdicción sobre el Circuito en que se encuentren, atendiendo a la materia a la que el Tribunal requerido considere que corresponde el asunto, y [...]”
8. “Artículo 8. Circuitos que comprende la Región Centro-Sur. La Región Centro-Sur comprende los Circuitos Primero, respecto de las materias civil y de trabajo; Tercero; Sexto; Séptimo; Décimo; Décimo Primero; Décimo Tercero; Décimo Cuarto; Décimo Octavo; Vigésimo; Vigésimo Primero; Vigésimo Séptimo; Vigésimo Noveno; Trigésimo Primero y Trigésimo Segundo.”
“Artículo 12. Competencia en conflictos competenciales. Conforme a los artículos 42, fracción IV y 43 de la Ley Orgánica; 46 de la Ley de Amparo y demás normas aplicables, los Plenos Regionales tienen competencia para conocer de los conflictos competenciales que se susciten entre:
I. Tribunales Colegiados de Circuito que pertenezcan a la misma Región. En estos casos, conocerá el Pleno Regional con jurisdicción por materia sobre el tribunal requirente. Si éste tien
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/34314-7e0db637/conflicto-competencial-entre-tribunales-colegiados-de-circuito-el · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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