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Modo: Corpus Pro

COMPETENCIA POR MATERIA PARA CONOCER DEL AMPARO DIRECTO PROMOVIDO CONTRA UN LAUDO DEL TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFÓN DEL ESTADO DE JALISCO QUE RESUELVE UNA CONTROVERSIA ENTRE EL INSTITUTO DE PENSIONES DE ESA ENTIDAD FEDERATIVA Y SUS PERSONAS AFILIADAS. CORRESPONDE AL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO EN MATERIA DE TRABAJO.

Tipo de asunto: CONFLICTO COMPETENCIAL 17/2026. · Registro digital (IUS): 34053
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2026-06-12
Promovente: SUSCITADO ENTRE EL SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO Y EL QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA, AMBOS DEL TERCER CIRCUITO.
Localización: Duodécima Época. Plenos Regionales. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 10, Junio de 2026, Tomo II, Volumen 2, Pág.985.

CONFLICTO COMPETENCIAL 17/2026. SUSCITADO ENTRE EL SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO Y EL QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA, AMBOS DEL TERCER CIRCUITO. 25 DE MARZO DE 2026. TRES VOTOS DE LAS PERSONAS MAGISTRADAS VANESSA HEIDI NAMBO HUERTA, RODOLFO ALEJANDRO RAMOS SANTILLÁN Y ANTONIO SALAZAR LÓPEZ. PONENTE: VANESSA HEIDI NAMBO HUERTA. SECRETARIO: VÍCTOR RAÚL CAMACHO SEGURA.

Ciudad de México. El Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México, en sesión pública ordinaria correspondiente al veinticinco de marzo de dos mil veintiséis, emite la siguiente:

SENTENCIA

Que resuelve el conflicto competencial 17/2026, suscitado entre el Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo(1) y el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa,(2) ambos del Tercer Circuito, con residencia en Zapopan, Jalisco.

I. ANTECEDENTES

1. Trámite de la demanda de amparo directo. El Ayuntamiento Constitucional de Zapopan, Jalisco, a través de su Sindico Municipal, presentó demanda de amparo directo contra el laudo de seis de agosto de dos mil veinticuatro, emitido en los autos del expediente ***********, del índice del Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco.

2. Registro de la demanda de amparo. De dicha demanda correspondió conocer al Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, que por auto de presidencia de veintiuno de noviembre de dos mil veinticuatro, la admitió y registró bajo el consecutivo 775/2024;(3) y en sesión ordinaria de veintiséis de junio de dos mil veinticinco, declaró carecer de competencia legal, por razón de materia, para resolver el asunto y ordenó remitir los autos a la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia Administrativa del Tercer Circuito.

3. Rechazo de competencia. Por cuestión de turno, correspondió conocer del asunto al Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, que por acuerdo de presidencia de cuatro de agosto de dos mil veinticinco, aceptó la competencia declinada y se avocó al conocimiento del asunto, registrándolo con el número 264/2025;(4) y, en sentencia dictada en sesión ordinaria virtual de diez de marzo de dos mil veintiséis, declaró carecer de competencia legal para conocer del asunto; y ordenó remitirlo a este Pleno Regional, para efecto de que decidiera la pretendida contienda competencial entre los Tribunales Colegiados de Circuito en conflicto.

4. Trámite ante este Pleno Regional. Por acuerdo de presidencia de dieciocho de marzo de dos mil veintiséis, se tuvieron por recibidas de manera electrónica las constancias que originaron el conflicto competencial 17/2026; se admitió a trámite y, se turnó a la ponencia de la Magistrada Vanessa Heidi Nambo Huerta, para la elaboración del proyecto de resolución correspondiente. Asimismo, se estableció que dicho asunto se encontraba debidamente integrado, por lo cual, en el proveído de referencia se confirmó el turno.

II. COMPETENCIA

5. Este Pleno Regional es competente para conocer y resolver el presente asunto, con fundamento en los artículos 94, párrafos quinto y séptimo, y 106 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 46, párrafo tercero, de la Ley de Amparo; 39, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; Punto Tercero, fracción I,(5) del Acuerdo General 2/2025 (12a.) del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el que se precisan los asuntos de su competencia y los que delega a otros órganos jurisdiccionales federales; así como en el artículo 8° del Acuerdo General 67/2022, que reglamenta la competencia, integración, organización y funcionamiento de los Plenos Regionales, y en los artículos 1°, fracción I, inciso 1, y 2° del Acuerdo General 108/2022, relativo a la creación, denominación e inicio de funciones de los Plenos Regionales de las Regiones Centro-Norte y Centro-Sur, su competencia, jurisdicción territorial y domicilio, reformado por el diverso Acuerdo General 38/2023, todos ellos emitidos por el entonces Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.(6)

6. Cabe precisar que los acuerdos generales del Pleno del entonces Consejo de la Judicatura Federal, continúan vigentes en todo lo que no se oponga a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, hasta en tanto el Órgano de Administración Judicial y el Tribunal de Disciplina Judicial emitan sus propios acuerdos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo Décimo Noveno transitorio de la citada legislación orgánica, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veinte de diciembre de dos mil veinticuatro.

7. Con base en el marco jurídico expuesto, este Pleno Regional es competente por razón de materia para resolver el conflicto competencial planteado, pues si bien se suscitó entre Tribunales Colegiados de Circuito de la misma Región Centro-Sur, aunque de distinta especialización (Trabajo y Administrativa), lo cierto es que el órgano requerido -Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito-, no aceptó la competencia que le fue declinada al estimar que la naturaleza del acto reclamado es esencialmente laboral, circunstancia por la cual consideró que corresponde a este Pleno Regional dilucidar la competencia en el caso concreto.

8. No se soslaya el contenido de la jurisprudencia 2a./J. 85/2024 (11a.),(7) de la entonces Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la que se precisa qué órgano colegiado adquiere la calidad de requirente cuando, en un primer momento, un tribunal acepta en acuerdo de presidencia la competencia declinada en su favor y, posteriormente, actuando en pleno, la rechaza por considerar que un tercer órgano jurisdiccional es el competente; porque, como se advierte, regula una hipótesis procesal diversa y persigue una finalidad distinta a la que ahora se plantea.

III. RAZONAMIENTOS DE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS CONTENDIENTES

9. A. El Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, estimó carecer de competencia legal por razón de materia para conocer del amparo directo 775/2024, de su índice, por las siguientes razones:

10. Consideró que la naturaleza de la acción es administrativa, pues del juicio de origen desprendió que la parte actora cuenta con una pensión jubilatoria que le fue otorgada como policía adscrito a la Comisaría General de Seguridad Pública del Ayuntamiento de Zapopan, reclamando de la patronal el pago correcto de aportaciones ante el Instituto de Pensiones del Estado, considerando el salario real que percibió en activo, integrado con las diversas compensaciones que recibió durante el último año de labores, y como consecuencia, del organismo de seguridad social solicita la debida cuantificación de esa pensión.

11. Es decir, el Tribunal Colegiado estimó que no se trata de un simple conflicto de seguridad social entre un afiliado y el instituto de pensiones sino que se relaciona con la prestación de servicios del actor, al tratarse del salario que percibió en activo y del cual aduce, no se reportó en su integridad ante el aludido organismo estatal.

12. En esas condiciones, apuntó que para determinar la competencia por materia tratándose de órganos jurisdiccionales especializados, debe atenderse al tipo de acto reclamado y su correspondiente materia, así como de la autoridad responsable, como lo establece la jurisprudencia 2a./J. 24/2009,(8) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: “COMPETENCIA POR MATERIA DE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ESPECIALIZADOS. DEBE DETERMINARSE ATENDIENDO A LA NATURALEZA DEL ACTO RECLAMADO Y DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE, Y NO A LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS FORMULADOS.”

13. Destacó que en ese mismo sentido, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que la competencia por materia o especialización entre diferentes órganos jurisdiccionales, debe resolverse atendiendo a la naturaleza de la acción, lo cual regularmente puede determinarse mediante el análisis cuidadoso de las prestaciones reclamadas, de los hechos narrados, de las pruebas aportadas y de los preceptos legales en que se apoye la demanda, cuando se cuenta con este último dato. Conclusión que apoyó en la jurisprudencia P./J. 83/98,(9) del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de epígrafe: “COMPETENCIA POR MATERIA. SE DEBE DETERMINAR TOMANDO EN CUENTA LA NATURALEZA DE LA ACCIÓN Y NO LA RELACIÓN JURÍDICA SUSTANCIAL ENTRE LAS PARTES.”

14. En el caso, indicó que para dilucidar la naturaleza material del conflicto que surge cuando un policía que goza de una pensión jubilatoria, demanda de la patronal el pago correcto de aportaciones ante el organismo de seguridad social, conforme al salario real integrado con todas las percepciones que recibió ordinariamente como empleado en activo durante el último año de labores, y como consecuencia, del citado organismo la debida cuantificación de esa pensión, que se ventiló ante el Tribunal de Arbitraje y Escalafón, deben tenerse en cuenta las siguientes premisas normativas:

15. a) De acuerdo con el artículo 123, apartado B, fracción XIII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de instituciones policiales, se regirán por sus propias leyes; además, indicó que la Segunda Sala ha sostenido de forma reiterada que las relaciones existentes entre el Estado y los sujetos de dicha fracción son de naturaleza administrativa, sin que puedan considerarse trabajadores al servicio del Estado, como lo dispone las jurisprudencias: 2a./J. 8/2013 (10a.),(10) 2a./J. 99/2008(11) y P./J. 24/95(12) cuyos rubros son, respectivamente: “AGENTES DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES DE TABASCO. SU RELACIÓN JURÍDICA CON EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS ES DE NATURALEZA ADMINISTRATIVA.”; “AGENTES DE SEÑALAMIENTOS ADSCRITOS A LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRÁNSITO Y VIALIDAD DEL MUNICIPIO DE COLIMA. SU RELACIÓN JURÍDICA CON ESA DEPENDENCIA ES DE NATURALEZA ADMINISTRATIVA, Y DE LOS CONFLICTOS SURGIDOS CON MOTIVO DE AQUÉLLA DEBE CONOCER EL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE LA ENTIDAD.” y “POLICIAS MUNICIPALES Y JUDICIALES AL SERVICIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO Y DE SUS MUNICIPIOS. SU RELACIÓN JURÍDICA ES DE NATURALEZA ADMINISTRATIVA.”.

16. b) Se ha establecido jurisprudencialmente, que a los miembros policiales no les corresponden los mismos derechos que a cualquier trabajador, dado el régimen especial que para ellos contempla la Constitución, y en este régimen no puede reclamarse la posible afectación a derechos de carácter laboral, como se dispuso en la jurisprudencia 1a./J. 106/2010, de rubro: “POLICÍA FEDERAL MINISTERIAL. SUS AGENTES PERTENECEN CONSTITUCIONALMENTE A UN RÉGIMEN ESPECIAL DONDE NO PUEDE RECLAMARSE LA POSIBLE AFECTACIÓN A DERECHOS LABORALES COMO EL DE ESTABILIDAD EN EL EMPLEO O CARGO O INMUTABILIDAD DE LAS CONDICIONES DE PERMANENCIA”.

17. c) En concordancia a esos postulados, destacó que la Constitución General de la República obliga a las autoridades de los Estados y Municipios a que instrumenten sistemas complementarios de seguridad social para las corporaciones policiales, sus familiares y dependientes, pues para éstos no es aplicable el derecho contemplado para los trabajadores al servicio del Estado.

18. En concreto, precisó que las instituciones de Seguridad Pública del Estado de Jalisco regulan el régimen de seguridad social de sus miembros, en el Título Cuarto, Capítulo II, Sección Quinta de la Ley del Sistema de Seguridad Pública para el Estado de Jalisco, para lo cual, transcribió el artículo 53(13) de dicha legislación.

19. Así, indicó que la Ley de Seguridad Pública mencionada instrumenta el sistema de seguridad social para los elementos policiales, y en materia de pensiones y jubilación deberán estar afiliados al Instituto de Pensiones del Estado.

20. d) Destacó que la Ley del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco, dispone que las controversias entre el Instituto y sus afiliados, pensionados y beneficiarios, deberán resolverse ante el Tribunal de Arbitraje y Escalafón, de acuerdo al artículo 5.(14)

21. Por otra parte, aunque el Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco es, en principio, un órgano de índole laboral, consideró que su competencia también está delimitada por otras leyes, lo que ha dado margen a que no siempre dirima controversias burocráticas sino también algunas de orden administrativo, cuya pauta la proporciona la fracción I, del artículo 114(15) de la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios, cuyo precepto incluso transcribió.

22. Así, destacó que este último elemento ha permitido que en ocasiones, el referido Tribunal de Arbitraje y Escalafón, siendo formalmente un tribunal de trabajo, también pueda desplegar una competencia dual o híbrida, como es el caso en que determinadas leyes le confieran la potestad de juzgar sobre acciones, situaciones o relaciones en que subyace una potestad pública o relación administrativa, dando lugar a que pueda situarse como un órgano jurisdiccional formalmente laboral pero materialmente administrativo.

23. Luego, el propio Tribunal Colegiado, siguiendo las directrices trazadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación a través de las jurisprudencias 2a./J. 24/2009, P./J. 83/98, 2a./J. 8/2013 (10a.), 2a./J. 31/2019 (10a.) y 1a./J. 106/2010, estimó que cuando el Tribunal de Arbitraje y Escalafón dirime controversias, debe tenerse en cuenta la naturaleza de la acción ejercida por la parte actora para determinar la competencia para conocer del juicio de amparo directo y en caso de que sea de naturaleza administrativa, la competencia será para los Tribunales Colegiados en esa materia, porque el órgano jurisdiccional de origen tiene competencia dual, según lo contempla la fracción I, del artículo 114 de la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios.

24. Sobre el tema, consideró ilustrativa la jurisprudencia 2a./J. 243/2007,(16) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de título: “SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO DE JALISCO. LA COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO CONTRA RESOLUCIONES EMITIDAS POR EL TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFÓN DE DICHA ENTIDAD, AL RESOLVER EL RECURSO PREVISTO EN LA LEY DE RESPONSABILIDADES RELATIVA, CORRESPONDE A UN TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA.”

25. Lo anterior lo estimó útil para corroborar que no siempre el Tribunal de Arbitraje y Escalafón despliega una jurisdicción estrictamente laboral; sino también, es susceptible que las demás leyes que delimitan su competencia, le confieran la aptitud legal de juzgar reclamos o situaciones de otra naturaleza, entre ellas, la administrativa.

26. A partir de lo anterior, afirmó que uno de los casos que son diversos a los conflictos individuales (de naturaleza laboral burocrática) y que también puede resolver el citado Tribunal, son los conflictos entre los integrantes de las instituciones policíacas, la patronal y el Instituto de pensiones, por aplicación del artículo 5 de la Ley del Instituto de Pensiones del Estado.

27. Lo anterior, en cuanto consideró que dicha ley le confiere la potestad de juzgar sobre acciones, situaciones o relaciones en que subyace una potestad pública o relación administrativa, como sucede cuando se reclama el pago correcto de aportaciones, que un agente de seguridad pública jubilado reclama de su patrón y con base en ello, solicita del organismo de seguridad social la debida cuantificación de esa pensión.

28. Tal aseveración la advirtió con mayor explicación, en la tesis aislada del Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, de rubro: “INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO. CARECE DE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO EN SU CARÁCTER DE AUTORIDAD DEMANDADA, CONTRA EL FALLO QUE DICTÓ EL TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFÓN DE LA ENTIDAD EN EL QUE SE CONTROVIRTIERON TEMAS VINCULADOS CON LA RELACIÓN QUE GUARDA CON LOS PENSIONADOS AFILIADOS A ÉL.”(17)

29. De esa manera, estableció que, en lo que respecta a la naturaleza material de la pensión por jubilación y su debida cuantificación, la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha pronunciado en dos sentidos, el primero considera la naturaleza de esa pensión como laboral por ser un derecho extralegal de los trabajadores; sin embargo, también considera que es administrativa, con base en una serie de tesis jurisprudenciales que son orientadoras al respecto.

30. Incluso, a guisa de ejemplo precisó que, las pensiones tienen naturaleza administrativa, ya sea que concedan, nieguen, revoquen, suspendan, modifiquen o las reduzcan, constituyendo actos de autoridad impugnables a través del juicio contencioso administrativo, previamente al amparo, salvo que se actualice alguna excepción al principio de definitividad, según los siguientes criterios jurisprudenciales 2a./J. 153/2009,(18) 2a./J. 3/2010(19) y 2a./J. 111/2005,(20) de rubros: “PENSIONES DEL ISSSTE. ES COMPETENTE EL JUEZ DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA PARA CONOCER DEL JUICIO DE GARANTÍAS EN QUE SE RECLAMA SU INDEBIDA CUANTIFICACIÓN”, “PENSIONES DEL ISSSTELEÓN. EL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN ES COMPETENTE PARA CONOCER DEL JUICIO EN EL QUE SE RECLAMA SU INDEBIDA CUANTIFICACIÓN” e “INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO. LAS RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS DICTADAS POR AQUÉL O POR SUS ÓRGANOS DEPENDIENTES, QUE CONCEDAN, NIEGUEN, REVOQUEN, SUSPENDAN, MODIFIQUEN O REDUZCAN LAS PENSIONES, SON ACTOS DE AUTORIDAD IMPUGNABLES A TRAVÉS DEL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, PREVIAMENTE AL AMPARO, SALVO QUE SE ACTUALICE ALGUNA EXCEPCIÓN AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD”.

31. Conforme a tales criterios, concluyó que si bien las pensiones por jubilación tienen origen en la relación de trabajo establecida entre el empleado y el patrón; sin embargo, también consideró que la correspondiente a un agente de policía deriva de la prestación de servicios de índole administrativo, y la posterior que surge con el Instituto de Pensiones del Estado, no puede considerarse de una naturaleza distinta, máxime, que la acción principal y de la que depende el reajuste de la pensión, es el pago correcto de aportaciones conforme al salario integrado que percibió el accionante como empleado activo durante el último año de servicios, estipendio que invariablemente deriva de esa relación administrativa.

32. Entonces, estimó que la acción se reduce al derecho salarial de un miembro de seguridad pública cuando está activo, para efecto de su integración para el pago de aportaciones ante el instituto de pensiones, y así obtener la debida cuantificación de la pensión jubilatoria otorgada.

33. En apoyo de lo anterior, citó la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVI, Julio de 2007, página 343, de epígrafe: “PENSIÓN Y JUBILACIÓN. LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA DICTADA POR EL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, EN LA CUAL SE FIJA INCORRECTAMENTE AQUÉLLA O EL SALARIO BASE PARA CALCULARLA, PODRÁ IMPUGNARSE EN CUALQUIER TIEMPO EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.”, de cuyas consideraciones constató que, el tema de pensiones jubilatorias y su debida cuantificación no es exclusivo de la materia laboral y por lo mismo debe analizarse el caso concreto para determinar si el estudio del asunto corresponde a un Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo o a otro Administrativo.

34. En ese sentido, reiteró que la naturaleza del acto regularmente puede determinarse mediante el análisis cuidadoso del mismo, de las prestaciones involucradas, de los hechos narrados, pruebas aportadas y normatividad aplicable. 35. De esa manera, destacó que el reclamo del actor, si bien lo efectuó en su carácter de afiliado al Instituto de Pensiones del Estado (una vez que se le otorgó su pensión por jubilación), del que exige el reajuste en la cuantificación correspondiente, esa acción secundaria, depende de la principal que es, el pago correcto de la patronal de las aportaciones que reporta ante ese organismo, conforme al salario integrado que percibió como agente policial activo durante el último año de labores, lo que, en opinión del Tribunal Colegiado en contienda, deriva de una relación netamente administrativa de conformidad con el artículo 123, apartado B, fracción XIII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

36. Elementos por los cuales consideró que la controversia no es de naturaleza laboral, debido a que el actor reclama el pago correcto de una prestación que percibió como empleado activo de seguridad pública, cuya relación con el Estado es de naturaleza administrativa.

37. Conclusión que alcanzó con mayor razón, al tener en cuenta que la intervención del Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado, se originó debido a la competencia que ostenta en términos del artículo 5 de la Ley del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco, para dirimir conflictos entre afiliados y el Instituto de Pensiones del Estado; pero sin perder de vista la dualidad competencial que aquél ostenta, y que la decisión contenida en el laudo se sustenta esencialmente en el artículo 28, fracción X, de la Ley del Sistema de Seguridad Pública para el Estado, en el Reglamento Interno de la Comisaría General de Seguridad Pública de Zapopan y en la Ley del Instituto de Pensiones, en donde se condena a integrar en el salario que percibió el actor en activo, diversos conceptos para el pago correcto de las aportaciones ante el organismo de seguridad social, y como consecuencia, una vez efectuado ese pago, también se condena al reajuste de la pensión jubilatoria. Además, de que en el amparo que se insta en su contra, se cuestiona la constitucionalidad del precitado artículo 28, en cuanto a los conceptos que deben integrar el salario que perciben los agentes de policía en activo.

38. Por lo tanto, consideró que esa resolución impugnada escapa de la naturaleza laboral al trastocar los derechos que derivan de la prestación de servicios de un miembro de una institución de seguridad pública, por lo que el Tribunal Colegiado concluyó carecer de competencia legal por razón de la materia, al ser de índole administrativo, y su análisis corresponde a un órgano especializado en esa materia.

39. En apoyo de su determinación citó la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XX, Julio de 2004, página 428, de rubro: “SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO. DE LOS CONFLICTOS SUSCITADOS CON MOTIVO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SUS AGENTES CORRESPONDE CONOCER, POR AFINIDAD, AL TRIBUNAL DE LO ADMINISTRATIVO.”

40. Además, indicó que no inadvertía la ejecutoria emitida en el conflicto competencial 13/2022, que obra en los autos de origen, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia del Trabajo de este Circuito, en donde se resolvió que era competente para conocer del juicio el Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado; sin embargo, apuntó que el citado tribunal no despliega una jurisdicción estrictamente laboral, sino también, la ley le confiere la aptitud legal de juzgar reclamos o situaciones de naturaleza administrativa, de esa forma, consideró que lo resuelto en ese conflicto competencial no incidía.

41. De igual forma, estimó que no era obstáculo, la tesis aislada de este Pleno Regional en Materia Penal y de Trabajo de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México, de rubro: “COMPETENCIA POR MATERIA PARA CONOCER DEL AMPARO DIRECTO PROMOVIDO CONTRA UN LAUDO DEL TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFÓN DEL ESTADO DE JALISCO QUE RESUELVE UNA CONTROVERSIA ENTRE EL INSTITUTO DE PENSIONES DE ESA ENTIDAD FEDERATIVA Y UNO DE SUS AFILIADOS. CORRESPONDE AL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO EN MATERIA DE TRABAJO”, pues estimó que ésta es inaplicable al caso, ya que de su contenido se advierte que se refiere a la calificación que hace el instituto de pensiones en términos de la Ley para los Servidores Públicos del Estado y sus Municipios, de una pensión de invalidez reclamada por un miembro de una institución de seguridad pública; pero, en el caso, consideró que se deben definir los conceptos que integran el salario (conforme a la Ley del Sistema de Seguridad Pública para el Estado) que percibió en activo durante el último año de labores un agente de policía, para el pago de las aportaciones de seguridad social, y de ser incorrecto el reportado, reajustar la cuantificación de la pensión jubilatoria a que tiene derecho.

42. Esto es, para poder discernir lo relativo al reajuste de la pensión por jubilación, es indispensable el pronunciamiento sobre la integración del salario de los agentes en activo para efecto de las aportaciones ante el instituto de pensiones.

43. Por todo lo anterior declaró su legal incompetencia y con base en el artículo 46 de la Ley de Amparo, remitió los autos a la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia Administrativa de este Tercer Circuito para que, por su conducto, se entregaran al órgano que por turno correspondiera.

44. B. El Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito (Amparo Directo 264/2025), en la sentencia no aceptó la competencia declinada, bajo las consideraciones siguientes.

45. Indicó que en términos del segundo párrafo del artículo 46 de la Ley de Amparo, estimó que es legalmente incompetente, por razón de la materia, para conocer de ese asunto, toda vez que los actos reclamados en el juicio de amparo son de naturaleza laboral, por lo que corresponde conocer del mismo a un Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo de este Tercer Circuito.

46. Al respecto, citó el contenido de los artículos 35 y 36, ambos de la vigente Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación,(21) los cuales prevén lo relativo a la competencia de los Tribunales Colegiados de Circuito, de los que desprendió que la competencia por materia se otorga a los Tribunales Colegiados de Circuito mediante el establecimiento de determinada especialización, dando así origen a la existencia de tribunales especializados. A cada uno de ellos corresponde conocer de los asuntos relacionados con la materia de su especialidad.

47. De igual modo, citó el artículo 46 de la Ley de Amparo(22) del cual advirtió que cuando un Tribunal Colegiado de Circuito conozca de un juicio de amparo o recurso o de cualquier otro asunto en materia de amparo, y estime que, con arreglo a la ley, no es competente, lo declarará así y remitirá los autos al Tribunal Colegiado de Circuito que, en su concepto, lo sea, en caso contrario, comunicará la resolución al órgano que declinó la competencia y enviará los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que resuelva lo que proceda.

48. Al respecto, indicó que, a efecto de determinar la competencia por materia, debe atenderse a la naturaleza del acto reclamado y de la autoridad responsable, y no a los conceptos de violación o agravios expresados por la parte quejosa o recurrente, pues éstos no constituyen un criterio que determine a quién compete conocer del asunto.

49. Destacó que en esos términos se pronunció la entonces Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 24/2009,(23) de rubro: “COMPETENCIA POR MATERIA DE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ESPECIALIZADOS. DEBE DETERMINARSE ATENDIENDO A LA NATURALEZA DEL ACTO RECLAMADO Y DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE, Y NO A LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS FORMULADOS.”

50. De esa manera, destacó los antecedentes que dieron lugar al juicio de amparo, de los que desprendió que el actor (policía jubilado) promovió juicio laboral en su carácter de afiliado al Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco, en el que reclamó como prestación principal el “reajuste a la pensión por jubilación que me es entregada desde el 01 de diciembre del año 2021”, así como la omisión de enterar al instituto las aportaciones o cotizaciones debidamente integradas.

51. En ese orden de ideas, advirtió que en la demanda de amparo se reclama el laudo definitivo de seis de agosto de dos mil veinticuatro emitido por el Pleno del Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco, en el expediente ***********, en el que se condenó parcialmente al Instituto de Pensiones del Estado y al Ayuntamiento del Municipio de Zapopan, ambos del Estado de Jalisco, a pagar a favor de la parte actora las aportaciones integradas con los conceptos de quinquenio, ayuda para transporte y ayuda para despensa, al ser consideradas como parte del salario, así como a reajustar su pensión por jubilación (sic).

52. Destacó que en el referido laudo, el Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco fijó su competencia citando el artículo 114 de la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios.

53. Precisó además que, el artículo 5 de la Ley del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco establece que las controversias entre el Instituto de Pensiones y sus afiliados serán resueltas por el Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco, es decir, un tribunal local con competencia en materia laboral.

54. Por tanto, sostuvo que en los casos como el que se analiza, la competencia se fija en atención a la naturaleza intrínseca del acto que se combate y a la especialidad de la autoridad que lo resolvió.

55. En las relatadas condiciones, consideró que como la parte quejosa promovió el juicio de amparo directo en contra del laudo definitivo de seis de agosto de dos mil veinticuatro dictado por el Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jali

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/34053-309c8b6d/competencia-por-materia-para-conocer-del-amparo-directo · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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