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Modo: Corpus Pro

ADMINISTRACIONES LOCALES DE RECAUDACIÓN. TIENEN FACULTADES PARA DETERMINAR LA IMPROCEDENCIA DE LAS COMPENSACIONES REALIZADAS POR LOS CONTRIBUYENTES (REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO VIGENTE A PARTIR DEL 25 DE FEBRERO DE 1992).

Tipo de asunto: REVISIÓN ADMINISTRATIVA 15/97. · Registro digital (IUS): 4527
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ADMINISTRADOR LOCAL JURÍDICO DE INGRESOS DE MÉRIDA.
Localización: Novena Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, Diciembre de 1997, , Pág. 553.

REVISIÓN FISCAL 15/97. ADMINISTRADOR LOCAL JURÍDICO DE INGRESOS DE MÉRIDA.

CONSIDERANDO:

QUINTO.- Es sustancialmente fundado el único agravio que formula el administrador local jurídico de Ingresos de Mérida.

Antes de analizarlo habrá que señalar que Jorge Alberto González Cosío Lara promovió juicio de nulidad en contra de la resolución contenida en el oficio número 102-II-39-B, de fecha veintiuno de agosto de mil novecientos noventa y seis, emitida por el administrador local de Recaudación de Mérida, que declaró improcedente la compensación efectuada por el contribuyente por la cantidad de siete mil novecientos cincuenta y ocho pesos, moneda nacional, en el aviso que presentara el treinta de enero del mismo año, derivado de su saldo a favor en el impuesto al activo aplicado en el impuesto sobre la renta.

La autoridad administrativa determinó que la compensación de mérito era indebida en la cantidad de siete mil novecientos cincuenta y ocho pesos, porque existían varias diferencias en el importe de las cantidades determinadas, de modo que debían presentarse contribuciones complementarias modificando el saldo a cargo que correspondía, sin considerar el importe de la compensación rechazada. En la propia resolución impugnada de nulidad, la autoridad recaudadora formuló la liquidación respectiva, precisando los recargos y multas que debía pagar el contribuyente (fojas 23 a 26).

La Sala, en su resolución de veintiséis de mayo de mil novecientos noventa y siete, estimó que la Administración Local de Recaudación de Mérida, emisora de la resolución impugnada, carecía de competencia para determinar la improcedencia de la compensación realizada por el actor, en virtud de que el artículo 111, apartado A, fracciones XV y XVI, del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, vigente hasta el once de septiembre de mil novecientos noventa y seis, que es en el que se apoyó la autoridad emisora, no le otorga la facultad expresa a las Administraciones Locales de Recaudación para determinar la procedencia o improcedencia de las compensaciones efectuadas por los contribuyentes; lo que acontece, en cambio, con lo establecido en el artículo 95, apartado A, fracción XV, del citado Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en vigor, en el que se introdujo la facultad de determinar las cantidades compensadas indebidamente; de manera que al no tener dicha potestad, carecía de competencia para efectuar la determinación impugnada, lo que la llevó a decretar su nulidad.

En esta instancia revisora, la Administración Local de Recaudación expresa, en su único desacuerdo, que la conclusión de la Sala es contraria a lo establecido en el artículo 111, apartado A, fracciones XV y XVI, del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en virtud de que precisamente tal dispositivo le confería a la autoridad demandada la facultad de determinar el que las compensaciones no se ajustaban a lo establecido en la ley y, consecuentemente, la de determinar las diferencias correspondientes por el concepto de compensación indebidamente efectuada, así como la de proceder al cobro de tales cantidades y, en todo caso, imponer las multas que resultaren procedentes. Que esta competencia debía ser entendida, en el sentido de ejercitar las facultades relativas a la revisión de las compensaciones efectuadas, mediante la documentación presentada para establecer su procedencia o improcedencia, pues si se le otorga la facultad de cobrar las cantidades compensadas indebidamente y determinar las multas correspondientes, ello debe derivar, necesariamente, en que se establezca por la autoridad si la compensación fue indebidamente efectuada, mediante la determinación de su procedencia o improcedencia.

Se estima que lo anterior es sustancialmente fundado, en virtud de que, como expresa la recurrente, la Sala del conocimiento realizó una incorrecta aplicación del artículo 111, apartado A, fracciones XV y XVI, del reglamento interior que se ha venido invocando.

En efecto, la Sala consideró que el artículo aludido no otorga a la autoridad recaudadora la facultad de determinar la procedencia o improcedencia de las compensaciones efectuadas por el contribuyente, pues la potestad allí contenida se resume en "verificar aritméticamente el saldo a favor a compensar; cobrar las cantidades compensadas indebidamente y, en su caso, imponer las multas correspondientes." (fracción XV, apartado A del artículo 111 del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público).

Ahora bien, en contraste con lo que se consideró en la resolución, este tribunal estima que la autoridad recaudadora tiene facultades para haber emitido la resolución impugnada de nulidad, porque éstas se derivan del artículo 111 precitado.

Así es, la determinación de la oficina recaudadora, en la que concluyó improcedente la compensación efectuada por el contribuyente, constituye precisamente el ejercicio de las facultades que se consignan en la aludida fracción, en particular de los dos primeros enunciados: "verificar aritméticamente el saldo a favor a compensar" y "cobrar las cantidades compensadas indebidamente."

Lo anterior, si se tiene en cuenta que "verificar", en su acepción literal, significa "examinar o comprobar la verdad de una cosa"; "aritméticamente" implica "según las reglas de la aritmética", que es "la parte de las matemáticas que estudia la composición y descomposición de las cantidades representadas por números" y, por último, "cobrar" que quiere decir "percibir lo que a uno se debe. Recuperar ...". De manera que el proceder de la oficina recaudadora consistió (como se observa de la resolución titulada de nulidad), en comprobar, mediante el análisis de los documentos localizados en sus archivos, que la declaración del contribuyente en la que se autodeterminó un saldo a favor en la cantidad de diez mil quinientos treinta y cuatro pesos, en el impuesto al activo y que aplicó al impuesto sobre la renta, no contenía datos veraces aritméticamente, pues se advierte que después de establecer las cantidades relativas a sus ingresos acumulables, deducciones, pérdidas fiscales, pagos provisionales, etcétera, concluyó que existían diferencias entre la situación fiscal real y lo declarado por el contribuyente, precisando, por ello, los recargos y multas que debía pagar el mismo. Esto es, que si con base en lo anterior determinó la improcedencia de la compensación efectuada por el contribuyente, hizo un correcto uso de las facultades que el Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público le otorga en la aludida fracción; por lo que no existe razón jurídica para que la Sala del conocimiento haya decretado la nulidad de tal resolución.

No constituye obstáculo a lo anterior, el que la Sala haya expresado en su sentencia, que del análisis comparativo del artículo 111, apartado A, fracciones XV y XVI, del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público vigente hasta el once de septiembre de mil novecientos noventa y seis, y el artículo 95, apartado A, fracciones XV y XVI, del mismo ordenamiento actual, se observa que la Sala carecía de las facultades de "determinación" a que nos hemos venido refiriendo, en virtud de que en la fracción XV de esta última norma se establece, como facultad de la autoridad recaudadora, "verificar aritméticamente el saldo a favor a compensar, determinar y cobrar las cantidades compensadas indebidamente y, en su caso, imponer las multas correspondientes; así como efectuar la compensación de oficio a favor de los contribuyentes."; ya que como señala la recurrente, la introducción de tales facultades en el reglamento, lejos de demostrar la incompetencia de la misma para determinar la procedencia o no de las compensaciones propuestas, la confirma, pues sólo establece ampliamente, en forma expresa, la potestad que la propia norma hacía derivar de su texto.

Brinda apoyo al particular, la tesis XIV.2o. 19A de este Tribunal Colegiado, publicada en las páginas 711 y 712 del Tomo V del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, junio de mil novecientos noventa y siete, correspondiente a los Tribunales Colegiados de Circuito, que dice: "- El artículo 111, apartado A, fracción XV, del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, publicado en el Diario Oficial de la Federación del veinticinco de enero de mil novecientos noventa y tres, en lo conducente señala: 'A. Compete a las Administraciones Locales de Recaudación, ejercer las facultades siguientes: ... XV. Verificar aritméticamente el saldo a favor a compensar; cobrar las cantidades compensadas indebidamente y, en su caso, imponer las multas correspondientes.-. Del texto del precepto transcrito, claramente se desprende que confiere a las Administraciones Locales de Recaudación la facultad de admitir o rechazar las compensaciones efectuadas por los contribuyentes, dado que el vocablo 'verificar' significa probar que es verdadero algo que se dudaba, es decir, que la autoridad administrativa debe revisar desde una perspectiva matemática las operaciones realizadas por el causante, en el caso de presentar compensaciones cuyos saldos le favorezcan; de ahí que si dichas Administraciones Locales de Recaudación pueden verificar aritméticamente tales operaciones, es inconcuso que también tienen facultad para admitirlas o rechazarlas, esto es, para decidir si las compensaciones se apegan o no a la realidad, con base en el análisis aritmético que realicen; máxime que en ese entorno la propia norma hipotética determina categóricamente que dichas autoridades administrativas se encuentran facultadas 'para cobrar las cantidades compensadas indebidamente.'.".

No obstante lo anterior, por razones de técnica jurídica no es factible revocar el fallo que se revisa, teniendo en cuenta los motivos que se exponen a continuación.

En la parte final de la sentencia recurrida, la Sala considera que al resultar fundado el concepto de anulación que dio lugar a la declarativa de nulidad, era innecesario abordar el estudio de los restantes conceptos, en atención al principio de economía procesal; este órgano colegiado, sin embargo, al considerar que no fue apegada a derecho tal anulación del acto administrativo, estima necesario devolver los presentes autos a la Sala Regional Peninsular del Tribunal Fiscal de la Federación, con el propósito de que se ocupe de los conceptos de nulidad cuyo estudio omitió y que, con libertad jurisdiccional, resuelva lo que en derecho proceda, toda vez que los Tribunales Colegiados de Circuito, cuando fungen como órganos revisores en materia fiscal, no están facultados para avocarse directamente al análisis de los argumentos no estudiados por el órgano de jurisdicción natural, o sea, en ese supuesto no es aplicable el artículo 91, fracción I, de la Ley de Amparo. En ese contexto, lo que procede es declarar insubsistente la sentencia recurrida y ordenar la devolución de los presentes autos a la Sala de origen, a fin de que se analicen los conceptos de nulidad omitidos y se resuelva el asunto conforme a derecho.

Por lo expuesto, fundado, y con apoyo además en el artículo 104, fracción I-B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 37, fracción V, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se resuelve:

PRIMERO.- Ha sido procedente y fundado el presente recurso de revisión.

SEGUNDO.- Se declara insubsistente la sentencia recurrida y se ordena la devolución de los presentes autos a la Sala Regional Peninsular del Tribunal Fiscal de la Federación, para que analice los conceptos de nulidad cuyo estudio omitió.

Notifíquese como corresponda; anótese; con testimonio de esta resolución, devuélvanse los autos a su lugar de origen y, en su oportunidad, archívese el expediente.

Así lo resolvió el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Cuarto Circuito, por unanimidad de votos de los Magistrados Fernando Amorós Izaguirre, Pablo V. Monroy Gómez y Raquel Aldama Vega, siendo ponente el segundo de los nombrados, quienes firman con el secretario de Acuerdos que autoriza y da fe.

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/4527-5d0fcecb/administraciones-locales-de-recaudacion-tienen-facultades-para-determinar · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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