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Modo: Corpus Pro

FIANZAS OTORGADAS A FAVOR DE LA FEDERACIÓN PARA GARANTIZAR OBLIGACIONES FISCALES A CARGO DE TERCEROS. SIMILITUDES ENTRE CADUCIDAD Y PRESCRIPCIÓN.

Tipo de asunto: REVISIÓN ADMINISTRATIVA 2/98. · Registro digital (IUS): 4848
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ADMINISTRADOR LOCAL JURÍDICO DE INGRESOS DE MÉRIDA.
Localización: Novena Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, Mayo de 1998, , Pág. 921.

REVISIÓN FISCAL 2/98. ADMINISTRADOR LOCAL JURÍDICO DE INGRESOS DE MÉRIDA.

CONSIDERANDO:

QUINTO.-De los conceptos de agravio antes transcritos, se considera bastante y suficiente para revocar la sentencia recurrida el que se precisa con el ordinal primero, atentas las razones siguientes.

De la lectura integral de las constancias del juicio de nulidad de donde emana la sentencia impugnada; y en especial, el examen practicado a esa resolución definitiva de primer grado, se desprende que en el caso concreto la Sala Fiscal anuló el acto administrativo que la afianzadora actora impugnó en dicho enjuiciamiento, por estimar que en la especie operó la prescripción de las facultades de la autoridad hacendaria para realizar el cobro; es decir, se declara la nulidad del requerimiento de pago por operar la prescripción de las facultades de la exactora, señalando en ese contexto la Sala a quo, que el término de tres años a que refiere el artículo 120 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, había expirado ventajosamente, subrayando de manera enfática que en la especie no son aplicables las reglas que en materia de prescripción previene el Código Fiscal de la Federación, por cobrar aplicación en ese ámbito el dispositivo legal que antes se menciona. Cabe añadir, que en esa tesitura la aludida resolutora fiscal, textualmente indica, que si bien el artículo 95 de la invocada ley especial, ordena que tratándose de fianzas otorgadas a favor de la Federación para garantizar obligaciones fiscales a cargo de terceros, se debe estar a lo que dispone el Código Fiscal de la Federación, no debía perderse de vista que tal disposición sólo tiene relación con el hecho de que se haga efectiva la fianza, esto es, a la forma y modo en que el órgano de tributación debe hacer efectiva la fianza y no a la aplicación de reglas que conciernen a la prescripción, pues en esto último, es operante lo que establece la ley especial a través de su numeral 120.

La autoridad hacendaria no está de acuerdo con esta interpretación y para ello aduce, en síntesis, en el primero de sus agravios, que la Sala Regional que emitió la controvertida sentencia, inobserva que el artículo 95 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, implementa diversos métodos o sistemas para hacer efectivas las fianzas, distinguiendo las que se otorgan a favor de la Federación, del Distrito Federal, de los Estados y los Municipios y aquellas otras que se otorguen, siempre a favor de la Federación, pero a cargo de terceros; que cuanto se actualiza esta última hipótesis, es aplicable el Código Fiscal de la Federación, por disposición expresa del numeral ulteriormente citado, resultando en consecuencia aplicable analógicamente la tesis de jurisprudencia número 33/96, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada bajo el rubro de: "FIANZAS OTORGADAS EN FAVOR DE LA FEDERACIÓN PARA GARANTIZAR OBLIGACIONES FISCALES A CARGO DE TERCEROS, ES APLICABLE EL ARTÍCULO 120 DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS, EN CUANTO PREVÉ LA CADUCIDAD EN FAVOR DE LAS INSTITUCIONES GARANTES.".

Como se ve, la cuestión jurídica a resolver en esta instancia, consiste en dilucidar si en el caso de fianzas otorgadas a favor de la Federación, para garantizar obligaciones fiscales a cargo de terceros, resulta aplicable o no el término prescriptivo a que refiere el artículo 120 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, pues a ese respecto la resolutora de origen considera aplicable dicho precepto, lo que contrasta con la opinión de la autoridad recurrente, ya que ésta estima que en ese supuesto debe estarse a lo que prevé el Código Fiscal de la Federación.

Como quedó establecido al principio de este considerando, son fundadas las argumentaciones hechas valer en el primero de los agravios, si se toma en cuenta lo siguiente.

Es cierto que el artículo 95 de la pluricitada ley especial, de manera literal hace referencia a que las fianzas que se otorguen a favor de la Federación, para garantizar obligaciones fiscales a cargo de terceros, debe estarse a lo que dispone el Código Fiscal de la Federación; en otras palabras, en dicho ordenamiento el legislador implementa una salvedad o excepción para las fianzas de la naturaleza que menciona, remitiendo al ámbito del citado código tributario para efectos de los trámites y procedimientos correspondientes y que guarda relación directa con el cobro, esto es, con el hecho de hacer efectivas las fianzas a favor del beneficiario.

También debe ponerse de manifiesto que el criterio jurisprudencial, cuya aplicación analógica pretende la autoridad fiscalizadora, de manera categórica señala que la caducidad prevista en el artículo 120, del polinombrado ordenamiento especial, es inaplicable tratándose de fianzas otorgadas a favor de la Federación para garantizar obligaciones fiscales a favor de terceros, esto de conformidad al numeral 95 de la susodicha ley, que remite al Código Fiscal de la Federación, específicamente en lo que atañe al procedimiento que estatuye el artículo 143 del código que antes se nombra.

Ahora bien, aparentemente la jurisprudencia en cuestión no es aplicable al caso particular de que se trata, simplemente porque dicho criterio se sustenta en relación al tema de la caducidad y no propiamente al de la prescripción; empero, aunque textual y literalmente no se ajusta a las características de este evento, sin embargo, por motivos de carácter analógico sí es operante dicho criterio.

Se dice lo anterior, porque tanto la caducidad como la prescripción constituyen formas o modos de extinción de las obligaciones fiscales; la primera (caducidad) se genera cuando la exactora no determina dentro del término previamente fijado el crédito fiscal; y la segunda (prescripción) acontece cuando ya determinado el crédito no se realizan gestiones de cobro. De esto se sigue, que la prescripción en materia fiscal se interrumpe con cada diligencia o gestión de cobro que se le haga al sujeto pasivo de la relación tributaria; en cambio, la caducidad se traduce meramente en la omisión de la autoridad, quien durante el término o periodo que fija la ley, no establece o determina el crédito fiscal.

Con base en estas consideraciones, es válido jurídicamente sostener que la prescripción requiere de la existencia del crédito fiscal, de lo que no precisa la caducidad, pues ésta se produce por el simple transcurso del tiempo, sin que la autoridad determine el crédito, lo que responde obviamente a la garantía de seguridad jurídica que impera en nuestro orden constitucional, pues transcurrido el término específico previsto por la ley, los particulares tendrán la certeza de la extinción de las facultades de la autoridad para establecer el crédito.

No obstante estas diferencias, este tribunal revisor considera que ambas instituciones participan de un mismo atributo, que es la omisión de la autoridad, dado que en el caso de la caducidad se omite determinar el crédito, mientras que en el supuesto de la prescripción se omite gestionar el cobro; luego entonces, es patente que ambas figuras tienen como denominador común una actitud de carácter omisivo. En consecuencia, es inexacto lo que asevera la Sala Fiscal en el cuerpo del fallo recurrido, pues si bien es verdad que el artículo 95, de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, al remitir al Código Fiscal de la Federación, en el caso de fianzas otorgadas a favor de la Federación, para garantizar obligaciones fiscales a cargo de terceros, textualmente indica que dicha remisión es para el efecto de que se hagan efectivas dichas fianzas a favor del beneficiario, tal disposición no excluye y mucho menos nulifica la inaplicabilidad de las reglas que en materia de prescripción estatuye dicho código tributario, pues "hacer efectiva" la fianza, propiamente significa gestionar su cobro, o sea, efectuar las diligencias que tiendan a materializar el cobro de la misma.

Consecuentemente, si el numeral en comento, de manera categórica dispone que las fianzas de la naturaleza precisada, se harán efectivas en términos de los procedimientos previstos en el Código Fiscal de la Federación, es inconcuso que la prescripción de las facultades de la autoridad hacendaria, indefectiblemente se regirá por lo que expresamente ordena el Código Fiscal de la Federación, por tratarse de una cuestión que atañe directamente al cobro del importe de la fianza, cuyo procedimiento lo regula el aludido código impositivo; es decir, si el cobro de la fianza debe efectuarse dentro de los parámetros y procedimientos establecidos por el Código Fiscal de la Federación, es lógico y jurídico que la prescripción de dicho cobro (requerimiento de pago), también debe ventilarse en esa misma vía.

Una interpretación contraria resultaría ilógica, pues aunque se trata de una fianza, de ningún modo hay que olvidar, que por su naturaleza debe hacerse efectiva a la luz de los procedimientos instituidos por el Código Fiscal de la Federación, lo que evidencia la inaplicabilidad del artículo 120, de la ley especial. Y sería absurdo computar el término de la prescripción acorde a lo que estatuye el numeral en comento, pues aceptar tal posibilidad, sería tanto como someter el cobro de la fianza al imperio de procedimientos que no corresponden al que expresamente hace referencia la ley, para el caso de fianzas de esa índole. Por lo demás, si las gestiones de cobro de la fianza por disposición legal deben realizarse dentro de un procedimiento económico-coactivo que previene el Código Fiscal de la Federación, lógico y jurídico resulta concluir, que la prescripción está en relación directa con ese procedimiento y, por ello, la prescripción se sujeta a los requisitos y reglas que establece dicha codificación.

Ninguna importancia tiene para el caso, la cuestión que atañe a la reforma legislativa que experimentó el artículo 120 de la Ley de Instituciones de Fianzas, pues el criterio que se sostiene en esta resolución resulta aplicable tanto en el precepto derogado, como en el que actualmente se encuentra en vigor.

En ese orden de ideas, este Tribunal Colegiado considera que en el evento a estudio, no es aplicable el aludido dispositivo legal; y por las razones que se emiten con antelación, cobra aplicación analógica el criterio jurisprudencial que invoca la recurrente en su pliego en revisión, razón por la cual debe estimarse esencialmente fundado el primero de los agravios y, por ende, obvio es que en el caso no opera la causal de nulidad que menciona la Sala Fiscal para declarar procedente la acción ejercitada en el juicio natural; por lo tanto, debe estimarse, que en el caso no ha operado la prescripción que se aduce; y en ese sentido lo que procede aquí en la revisión, es dejar insubsistente la sentencia recurrida y, en consecuencia, se ordena la devolución de los presentes autos a la resolutora de primera instancia, a fin de que ésta, en lo que ve al tema de la prescripción, emita nuevo fallo, en los términos y con estricto apego a los lineamientos que se precisan en esta resolución; y estudie además los conceptos de nulidad que hizo valer la parte actora en su escrito de demanda.

Únicamente queda agregar, que siendo bastante y suficiente para su objetivo el primer agravio que formula la autoridad recurrente, se torna ocioso el estudio del segundo de los agravios.

Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 91 de la Ley de Amparo, 237 y 248 del Código Fiscal de la Federación, se resuelve:

PRIMERO.-Ha sido procedente y fundado el presente recurso de revisión.

SEGUNDO.-Se deja insubsistente la sentencia recurrida.

TERCERO.-Para los efectos que se precisan en la parte final del considerando cuarto de esta resolución, se ordena la devolución de los presentes autos a la Sala Regional Peninsular del Tribunal Fiscal de la Federación.

Notifíquese. Con testimonio de esta resolución devuélvanse los autos a su lugar de origen; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este tribunal y, en su oportunidad, archívese el toca.

Así, por unanimidad de votos, lo resolvió el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Cuarto Circuito, que integran los Magistrados Fernando Amorós Izaguirre, Pablo V. Monroy Gómez y Raquel Aldama Vega, siendo ponente el segundo de los nombrados.

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/4848-f9e68353/fianzas-otorgadas-a-favor-de-la-federacion-para · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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