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Modo: Corpus Pro

JURISPRUDENCIA. AL RESULTAR OBLIGATORIA PARA LAS SALAS REGIONALES DEL TRIBUNAL FISCAL DE LA FEDERACIÓN, ÉSTAS DEBERÁN RESOLVER LA CUESTIÓN PLANTEADA SI SE APOYA EN TEMAS YA DEFINIDOS JURISPRUDENCIALMENTE.

Tipo de asunto: REVISIÓN ADMINISTRATIVA 62/2000. · Registro digital (IUS): 7354
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ADMINISTRADOR LOCAL JURÍDICO DE INGRESOS DE MÉRIDA.
Localización: Novena Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIV, Septiembre de 2001, , Pág. 1209.

REVISIÓN FISCAL 62/2000. ADMINISTRADOR LOCAL JURÍDICO DE INGRESOS DE MÉRIDA.

CONSIDERANDO:

QUINTO.-Son infundados los agravios que hace valer la autoridad recurrente.

En efecto, primeramente debe precisarse que en la demanda de nulidad se señalaron los hechos consistentes en que Edson Octavio Seefoo Fregoso, como empleado del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo, obtuvo un préstamo especial para el ahorro, por la cantidad de doscientos cincuenta y dos mil quinientos catorce pesos con ocho centavos, a una tasa anual del cinco por ciento; que su patrón, en base al artículo 78-A de la Ley del Impuesto sobre la Renta, efectúa una retención derivada de un ingreso en servicio por dicho préstamo; que en razón de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucional dicho precepto legal, planteó una consulta al administrador local jurídico de Ingresos de Chetumal, Quintana Roo, para que determinara que no debía aplicarse dicho precepto legal (fojas 2 y 3).

Ante tal planteamiento la aludida autoridad determinó, el diecisiete de diciembre de mil novecientos noventa y nueve, en el oficio 325-SAT-R7-L51-2385, que no era posible confirmar que el artículo 78-A de la Ley del Impuesto sobre la Renta, no debe ser aplicable a su esfera jurídica, al no ser materia de consulta para la autoridad fiscal confirmar la inconstitucionalidad de una norma (foja 38); por lo que Edson Octavio Seefoo Fregoso promovió el juicio de nulidad, origen de la sentencia recurrida, en la cual la Sala Regional Peninsular del Tribunal Fiscal de la Federación, actualmente Sala Regional Peninsular del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, concluyó que el actor probó su pretensión y, en consecuencia, determinó la nulidad de la resolución reclamada para el efecto de que la autoridad administrativa emitiera otra debidamente fundada y motivada, resolviendo que no debe aplicarse al actor el contenido del artículo 78-A de la Ley del Impuesto sobre la Renta, vigente hasta el año de mil novecientos noventa y nueve, para el pago de los impuestos que le correspondían, esto en acatamiento a las jurisprudencias publicadas con los números P./J. 79/99 y P./J. 78/99, en las páginas 48, 49, 50 y 51 del Tomo X, agosto de 1999, Pleno y Salas, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que respectiva y correlativamente dicen:

"RENTA. EL ARTÍCULO 78-A DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, AL PERMITIR QUE UN ÓRGANO ADMINISTRATIVO, SEA QUIEN DETERMINE UNO DE LOS COMPONENTES DE LA BASE DEL IMPUESTO (CERTIFICADOS DE LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN), ES VIOLATORIO DEL PRINCIPIO DE LEGALIDAD TRIBUTARIA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 31, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.-Del análisis de lo dispuesto por el artículo 78-A de la Ley del Impuesto sobre la Renta, en relación con las tesis de jurisprudencia del Tribunal Pleno de este Alto Tribunal, publicadas con los números 162 y 168 en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo I, Materia Constitucional, páginas 165 y 169, de rubros: ‘IMPUESTOS, ELEMENTOS ESENCIALES DE LOS. DEBEN ESTAR CONSIGNADOS EXPRESAMENTE EN LA LEY.’ e ‘IMPUESTOS, PRINCIPIO DE LEGALIDAD QUE EN MATERIA DE, CONSAGRA LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.’, respectivamente, se desprende que el precepto citado es contrario al principio de legalidad tributaria consagrado en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En efecto, la referida norma, al considerar como ingresos en servicios para quien presta un servicio personal subordinado, las cantidades que resulten de aplicar al importe de préstamos obtenidos de su patrón, una tasa equivalente a la diferencia entre la tasa pactada por dichos préstamos y la tasa promedio diaria de los Certificados de la Tesorería de la Federación, colocados a plazo de noventa días, en el mes inmediato anterior o, en su defecto, del valor a cargo del Gobierno Federal inscrito en el Registro Nacional de Valores e Intermediarios equiparable a los certificados mencionados, cuando esta última sea mayor, incluye, para fijar la base de dicha contribución, a dichos certificados como un componente que si bien es identificado por el legislador, en la ley no se encuentran previstas las reglas relativas al procedimiento para su determinación, sino que, en lugar de éstas, se permiten decisiones discrecionales a cargo de un órgano administrativo, como lo es la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, oyendo la opinión del Banco de México, procedimiento que genera incertidumbre al contribuyente sobre el monto respectivo, dada la especulación mercantil a que están sujetos los mencionados títulos de crédito."

"RENTA. EL ARTÍCULO 78-A DEL IMPUESTO RELATIVO VIOLA LA GARANTÍA DE LEGALIDAD TRIBUTARIA, AL REMITIR A LOS CERTIFICADOS DE LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN (CETES) PARA CALCULAR UN COMPONENTE DE LA BASE DEL TRIBUTO.-De lo establecido en el artículo 78-A de la Ley del Impuesto sobre la Renta, se advierte gravado el concepto ‘ingreso en servicio’ que constituye el ingreso derivado de las cantidades obtenidas por préstamos del patrón y acumulable a los demás del capítulo relativo a ingresos sobre el producto del trabajo, consistente en la diferencia entre la tasa pactada en el préstamo patronal y la tasa promedio diaria de los Certificados de la Tesorería de la Federación, colocados a plazo de noventa días o, en su defecto, del valor a cargo del Gobierno Federal inscrito en el Registro Nacional de Valores e Intermediarios, equiparable a dichos certificados, cuando esta tasa sea mayor. De lo anterior se sigue que los Cetes son un componente que incide de manera directa en el cálculo del monto de los ingresos en servicio que han de acumularse a los demás ingresos gravables del contribuyente y, por ende, en la determinación de la base del tributo, elemento respecto del que el legislador no determinó los componentes, bases, criterios o reglas a los que debe sujetarse su formulación, monto y rendimientos, ya que del artículo único, fracciones I y VII, del decreto emitido por el Congreso de la Unión, por el cual se autoriza al Ejecutivo Federal para emitir los Certificados de la Tesorería de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación del 8 de julio de 1993, se desprende que el valor y la determinación del rendimiento de tales certificados se encuentra a cargo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, sin sujeción a ningún parámetro legal, sólo a la simple opinión del Banco de México y atendiendo a la especulación comercial armonizada con las condiciones de los mercados crediticios, los proyectos de desarrollo con necesidades de financiamiento y la forma de propiciar un sano desarrollo del mercado de valores, lo que propicia la libre actuación de esa secretaría, sin que el contribuyente tenga la posibilidad de desvirtuar la forma de establecer dicho valor que, por tanto, no puede ser tomado en cuenta para determinar la base del tributo, dada la incertidumbre que genera el empleo de los elementos del mercado de dinero. Es importante señalar que si bien la Suprema Corte de Justicia ha admitido que el empleo de mecanismos flexibles para el establecimiento de los elementos de las contribuciones, no es por sí mismo violatorio del principio de legalidad, este criterio parte de la existencia de reglas previstas en la ley que permitan determinarlos, lo que no es posible admitir bajo la influencia de la especulación mercantil, como rectora de dicha fijación, pues atenta contra el principio de certidumbre jurídica que pretende resguardar la garantía de legalidad tributaria consagrada en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Federal, dado que esa especulación obedece a intereses particulares y variables. En consecuencia, el artículo 78-A reclamado, al permitir que un órgano administrativo, distinto del legislador, sea quien determine un dato para la estimación de la base del impuesto, como son los Cetes, quebranta el principio de legalidad tributaria."

Contra lo anterior, la autoridad recurrente aduce, en síntesis, que la Sala Fiscal aplicó indebidamente los artículos 238, fracción II y 239, fracción III, del Código Fiscal de la Federación; 78-A de la Ley del Impuesto sobre la Renta, relacionado con el 192 de la Ley de Amparo; 103, 105 y 107 de la Constitución General de la República, al declarar la nulidad de la resolución impugnada, apoyándose en que al haber sido declarado inconstitucional el artículo 78-A de la Ley del Impuesto sobre la Renta, la demandada debió estimar que no era aplicable al actor, por lo que olvidó que es un órgano de legalidad y la constitucionalidad de leyes y preceptos, se encuentra reservada a los tribunales del Poder Judicial de la Federación; que solamente debió resolver sobre el planteamiento de si era o no legal la resolución impugnada; que omitió la Sala precisar los razonamientos, causas particulares y especiales por las que deben aplicarse las jurisprudencias, que el gobernado debió acudir ante los tribunales federales a reclamar la inconstitucionalidad de la ley, ya que es competencia de éstos pronunciarse en ese aspecto, apoyándose la recurrente en el criterio de la Segunda Sala Regional Hidalgo-México del Tribunal Fiscal de la Federación en el juicio de nulidad 4476/99-06-02-3.

Los resumidos argumentos, como antes se señaló, son infundados, pues del análisis de la determinación impugnada, se advierte que la Sala Fiscal actuó ajustada a derecho al declarar la nulidad de la resolución reclamada, por derivar la misma de una consulta planteada a la autoridad fiscal en la que estimó, que no era posible confirmar lo que define el artículo 78-A de la Ley del Impuesto sobre la Renta, de que no debía aplicarse a la esfera jurídica del actor Edson Octavio Seefoo Fregoso, por violar el artículo 31, fracción IV, de la Constitución General de la República, por no resultar materia de consulta, mas a continuación agregó:

"Sin embargo, a manera de orientación se le comunica lo siguiente: De conformidad con el artículo 5o. del Código Fiscal de la Federación, las autoridades están obligadas a interpretar estrictamente los textos de las disposiciones fiscales que establezcan cargas a los particulares y excepciones a las mismas. Por ello, al determinarse el alcance de dichas disposiciones, no deben ampliarse los supuestos de la norma utilizando la analogía, bien sea la minoría, mayoría o igualdad de razón.-De acuerdo con el principio de aplicación estricta de la ley, los contribuyentes deben apegarse a la aplicación de la misma, sin distinción alguna para el cumplimiento de sus obligaciones. Así el artículo 78-A de la Ley del Impuesto sobre la Renta, establece el procedimiento para determinar los ingresos en servicios por la prestación de un servicio personal subordinado derivado de préstamos obtenidos.-Por ello, resulta que los contribuyentes deberán aplicar el procedimiento para acumular los ingresos en servicios por la prestación de un servicio personal subordinado derivados de préstamos otorgados por un patrón a los trabajadores, toda vez que las disposiciones fiscales que establezcan cargas a los particulares y las que señalen excepciones a las mismas son de aplicación estricta, de conformidad con el artículo 5o. del Código Fiscal de la Federación, por lo que no es posible confirmar el criterio que sustenta, en el sentido de que no debe cubrir el impuesto sobre la renta, en términos del artículo 78-A de la Ley del Impuesto sobre la Renta.-Lo anterior, toda vez que expresamente las disposiciones vertidas anteriormente, establecen el procedimiento para acumular los ingresos en servicios por la prestación de un servicio personal subordinado derivados de préstamos otorgados por un patrón a los trabajadores, conforme al contrato colectivo o condiciones generales de trabajo o préstamos hechos a empleados de confianza." (fojas 36 y 37).

De lo anterior se colige, que la autoridad fiscal tras considerar que no podía confirmar la inconstitucionalidad del mencionado precepto, concluyó que Edson Octavio Seefoo Fregoso, se hallaba en el supuesto del artículo 78-A de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

Es obvio, por tanto, que al desahogarse la consulta y concluir que el actor se encontraba dentro de la hipótesis legal en comento, constituía un acto de aplicación de la misma. Sirve de sustento a lo anterior en lo que aquí interesa, la jurisprudencia número 146, consultable en la página 182 del Tomo I, Materia Constitucional, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, la cual es del tenor literal siguiente:

"CONSULTA. EL DESAHOGO DE UNA, POR LAS ADMINISTRACIONES FISCALES FEDERALES CONSTITUYE ACTO DE APLICACIÓN DE LA LEY EN QUE SE FUNDA.-La fracción XIX del artículo 111 del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público otorga facultades a las Administraciones Fiscales Federales, para resolver las consultas que les formulen los particulares. Por consiguiente, el oficio por medio del cual la Administración Fiscal Federal, desahoga una consulta y concluye que el quejoso se encuentra dentro de la hipótesis legal que prevé el precepto impugnado en el juicio de amparo, constituye acto de aplicación de dicha norma. Luego entonces es suficiente la presentación del oficio que responde a la consulta para tener por acreditado el acto de aplicación y el interés jurídico para reclamar la resolución y la ley aplicada."

Esto es así, en virtud de que si bien los aspectos de constitucionalidad deben ser dirimidos y resueltos en la vía de amparo, lo cierto es que a la Sala nada le impide pronunciarse sobre la validez de un razonamiento específico, cuando tal planteamiento se apoya en jurisprudencia exactamente aplicable a la hipótesis concreta sometida a su consideración, más aún cuando, como en el caso, se le hizo valer como concepto de anulación. En efecto, a fojas ocho a diez del juicio de nulidad, se aprecia que el actor alegó, en lo conducente:

"A mayor abundamiento, según se mencionó en el escrito a través del cual se formuló la consulta resuelta en el oficio que ahora se combate, la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió que es inconstitucional el artículo 78-A de la Ley del Impuesto sobre la Renta, motivo por el cual no debe aplicarse al suscrito.-Al efecto, se transcribe la tesis (sic) sustentada, como se dijo, por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra dice: ‘RENTA EL ARTÍCULO 78-A DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, AL PERMITIR QUE UN ÓRGANO ADMINISTRATIVO, SEA QUIEN DETERMINE UNO DE LOS COMPONENTES DE LA BASE DEL IMPUESTO (CERTIFICADOS DE LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN) ES VIOLATORIO DEL PRINCIPIO DE LEGALIDAD TRIBUTARIA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 31, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. ...’.-En vista de lo anterior, la Sala determinará que por haber resuelto la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación que el artículo 78-A de la Ley del Impuesto sobre la Renta es inconstitucional, la resolución que se impugna es ilegal, porque dicho precepto no debe aplicarse al contribuyente demandante. ... En este orden de ideas, al no haber atendido la autoridad demandada el desarrollo de los planteamientos formulados en la consulta contenida en el escrito presentado el 13 de diciembre de 1999 y hacer caso omiso de la jurisprudencia de la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación, lo procedente es que esa H. Sala declare la nulidad de la resolución impugnada por no encontrarse debidamente fundada y motivada, para el efecto de que la autoridad resuelva que no debe aplicarse al suscrito el contenido del artículo 78-A de la Ley del Impuesto sobre la Renta.-Se invoca en apoyo de este concepto de impugnación la jurisprudencia 373, visible en la página 636 del tomo correspondiente a la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la compilación 1917-1985, que dice: ‘FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN.’ (se transcribe)."

De donde bien puede entenderse cumplida su función jurisdiccional al llevar el razonamiento propio del criterio invocado al caso a estudio, declarando así su nulidad, sin que ello pueda considerarse como un pronunciamiento de constitucionalidad, desprendiéndose con esa conducta que solamente observó el contenido del numeral 192 de la Ley de Amparo, que a la letra dice:

"Artículo 192. La jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia, funcionando en Pleno o en Salas, es obligatoria para éstas en tratándose de la que decrete el Pleno, y además para los Tribunales Unitarios y Colegiados de Circuito, los Juzgados de Distrito, los tribunales militares y judiciales del orden común de los Estados y del Distrito Federal, y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales. ..."

En ese contexto, la vigencia de esta disposición no puede quedar supeditada a la circunstancia de que de aplicar la jurisprudencia invadiría facultades que no le corresponden, toda vez que la Sala Regional Peninsular del Tribunal Fiscal de la Federación, como tribunal administrativo, se encuentra obligada a acatar la jurisprudencia de nuestro Máximo Tribunal. Por esto, de ninguna manera se estima que se hubiera pronunciado la Sala sobre la inconstitucionalidad de un precepto, labor ciertamente encomendada a los tribunales de amparo, sino solamente obedeció los lineamientos de la jurisprudencia, a más de que en el caso, se reitera, estaba obligada a ello porque se le hizo valer como concepto de anulación y para llegar a dicha consideración, implícitamente realizó el análisis correspondiente, en cuanto a que el caso a estudio se encontraba en dicha hipótesis, sin que sea necesario que precisara más razones al respecto.

Resulta aplicable en la especie la jurisprudencia visible con el número VIII.2o. J/29, en las páginas 810 y 811 del Tomo X, julio de 1999, Tribunales Colegiados de Circuito y Acuerdos, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice:

"TRIBUNAL FISCAL DE LA FEDERACIÓN. CASOS EN QUE POR EXCEPCIÓN PUEDE CONOCER DE LA CONSTITUCIONALIDAD DE LEYES O ACTOS ADMINISTRATIVOS.-Conforme al sistema de competencias que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en sus artículos 103, 104, fracción V, 105, fracciones I y II, y 107, fracciones VII, VIII y IX, es facultad reservada al Poder Judicial de la Federación, el análisis de la constitucionalidad o no de las disposiciones legales, así como hacer la interpretación directa de los preceptos constitucionales, lo que excluye a otros órganos jurisdiccionales de esa competencia, dentro de los que se encuentra el Tribunal Fiscal de la Federación, ya que éste sólo puede llegar a la conclusión de que determinado acto administrativo o fiscal es inconstitucional en los casos de excepción siguientes: a) que la interpretación constitucional de los preceptos impugnados haya sido establecida previamente por los tribunales de amparo en tesis jurisprudencial, en cuyo caso, conforme a lo dispuesto en los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, el Tribunal Fiscal está obligado a acatarla, pero tal cumplimiento no implica en modo alguno interpretación constitucional, ya que únicamente se trata de la aplicación de la jurisprudencia, pues no está determinando motu proprio el alcance del precepto legal que se tilda como contraventor de la Carta Magna, sino que únicamente cumple con la obligación de acatar la jurisprudencia, lo que deriva en un aspecto de legalidad; lo anterior, siempre y cuando el criterio de la jurisprudencia sea aplicable exactamente al caso de que se trata, sin requerir de mayor estudio o de la expresión de diversos argumentos que los contenidos en la tesis relativa, pues, en tal caso, ya se está frente al análisis constitucional de la ley o artículo, impugnados; y, b) cuando el análisis constitucional sea en relación a lo dispuesto por los artículos 14 y 16 constitucionales, pero únicamente refiriéndose a las violaciones procedimentales o formales, pues tal aspecto está permitido por el artículo 238, fracciones II y III, del Código Fiscal de la Federación, como una facultad ordinaria conferida al Tribunal Fiscal de la Federación con el propósito fundamental de controlar la legalidad de los actos administrativos."

Asimismo, es aplicable el criterio del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, que este tribunal comparte, consultable a foja 367 del Tomo X, octubre de 1992, Pleno, Salas y Tribunales Colegiados de Circuito, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, que dice:

"LEY DE AMPARO. CASO EN QUE LA SALA REGIONAL DEL TRIBUNAL FISCAL DE LA FEDERACIÓN ESTÁ OBLIGADA A OBSERVAR UNA JURISPRUDENCIA QUE DECLARÓ LA INCONSTITUCIONALIDAD DE UNA LEY, SIN QUE ELLO IMPLIQUE INVASIÓN A LA COMPETENCIA RESERVADA AL FUERO FEDERAL. APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 192 DE LA.-El artículo 192 de la Ley de Amparo, establece que la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es obligatoria para las Salas, los Tribunales Unitarios y Colegiados de Circuito, los Juzgados de Distrito, los tribunales militares y judiciales del orden común de los Estados y del Distrito Federal; tribunales administrativos y del trabajo, locales y federales. Por tanto, cuando el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en jurisprudencia ha resuelto que un precepto es inconstitucional, la Sala respectiva está obligada a resolver y declarar fundado, en su caso, el concepto de anulación que se haga valer al respecto, en debida observancia a lo dispuesto por el citado precepto, sin que, por ello, se estime que invade la competencia reservada al fuero federal, de conocer sobre inconstitucionalidad, pues lo único que estaría haciendo con dicha conducta, es acatar, como es su obligación, la jurisprudencia emitida por el más Alto Tribunal de la República."

Este propio tribunal también ha emitido tesis al respecto, publicada con el número XIV.1o.9 K, en la página 1417 del Tomo IX, marzo de 1999, Tribunales Colegiados de Circuito, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes:

"-Si bien los aspectos de constitucionalidad deben ser dirimidos y resueltos en la vía de amparo, lo cierto es que a la responsable nada le impide pronunciarse sobre la validez de un razonamiento específico, cuando tal planteamiento se apoya en una tesis de jurisprudencia exactamente aplicable a la hipótesis concreta sometida a su consideración, de donde sólo puede entenderse cumplida su función jurisdiccional al llevar al caso a estudio el razonamiento propio del criterio invocado declarando así su nulidad, sin que tal subsunción normativa pueda considerarse como un pronunciamiento de constitucionalidad; lejos de ello, tan sólo significaría que observó el contenido del numeral 192 de la Ley de Amparo. Por tanto, es claro que la vigencia de esta disposición no puede quedar supeditada a la consideración de la responsable de que aun y cuando cierto aspecto jurídico haya sido abordado por la jurisprudencia o incluso, declarada inconstitucional una disposición legal, decidiera no pronunciarse bajo la premisa de que al hacerlo invadiría facultades que le están vedadas; al contrario, su función jurisdiccional se reduce a declarar la nulidad del acto que fue combatido, simplemente con la aplicación del criterio jurisprudencial al asunto sometido a su decisión, esto es, sin evasivas de la litis resolverá la cuestión efectivamente planteada mediante la comprobación de que el tema ya definido por la jurisprudencia, coincide o no con el punto en controversia, tarea que de ninguna manera significa asumir directamente el conocimiento de apreciar la constitucionalidad de un acto concreto, pues sobre ese tema no emitirá opinión alguna."

Esta tesis ha servido de sustento a este tribunal para resolver las revisiones fiscales números 57/2000, 59/2000 y 58/2000, en las sesiones de veintiuno de mayo, seis y veinte de junio de dos mil uno, respectivamente.

Consecuentemente, lo que procede es declarar infundado el recurso de revisión fiscal y confirmar la sentencia recurrida.

Por lo expuesto y fundado, con apoyo además, en los artículos 237, 238 y 239 del Código Fiscal de la Federación, se resuelve:

PRIMERO.-Ha sido procedente pero infundado, el recurso de revisión fiscal interpuesto por el administrador local jurídico de Ingresos de Mérida.

SEGUNDO.-Se confirma la sentencia dictada por la Sala Regional Peninsular del Tribunal Fiscal de la Federación, el trece de octubre de dos mil, en el juicio de nulidad 1065/00-10-01-5.

Notifíquese como corresponda; anótese, con testimonio de esta resolución, devuélvanse los autos al lugar de su origen y, en su oportunidad, archívese el toca.

Así lo resolvió el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Cuarto Circuito, por unanimidad de votos de los ciudadanos Magistrados Fernando Amorós Izaguirre como presidente, Gabriel Alfonso Ayala Quiñones y el licenciado Germán Escalante Aguilar, secretario en funciones de Magistrado, siendo ponente el último de los nombrados.

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/7354-f8055886/jurisprudencia-al-resultar-obligatoria-para-las-salas-regionales · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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