VISITA DOMICILIARIA. LOS AUDITORES ESTÁN FACULTADOS PARA ANALIZAR Y VALORAR LOS DOCUMENTOS Y PRUEBAS OFRECIDAS POR EL VISITADO PARA DESVIRTUAR LOS HECHOS U OMISIONES CONSIGNADOS EN LA ÚLTIMA ACTA PARCIAL, CONFORME AL ARTÍCULO 46, FRACCIONES I Y IV, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, VIGENTE A PARTIR DEL PRIMERO DE ENERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA.
REVISIÓN FISCAL 41/2000. ADMINISTRADOR LOCAL JURÍDICO DE INGRESOS DE MÉRIDA Y OTRAS.
CONSIDERANDO:
QUINTO.-Son esencialmente fundados los agravios vertidos por la autoridad fiscal recurrente, según pasa a demostrarse.
En efecto, a partir de las reformas al artículo 46 del Código Fiscal de la Federación que entraron en vigor el día primero de enero de mil novecientos noventa, mediante las cuales se modificaron sus fracciones I y IV y se adicionó la fracción VII, los visitadores se encuentran facultados para determinar en el acta final de visita o en documento por separado, las consecuencias legales de los hechos u omisiones que hubieren conocido durante el transcurso de la visita.
La afirmación anterior la constata la jurisprudencia número 2a./J. 24/96, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 316, Tomo III, junio de 1996, del Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, que dice: "VISITA DOMICILIARIA. LAS REFORMAS A LOS ARTÍCULOS 46, FRACCIÓN I, ÚLTIMO PÁRRAFO Y 54, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, VIGENTES A PARTIR DEL UNO DE ENERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA, NO MODIFICARON LA NATURALEZA JURÍDICA DEL ACTA FINAL EN LA QUE LOS AUDITORES DETERMINAN PRESUNTAS CONSECUENCIAS LEGALES DE LOS HECHOS U OMISIONES QUE HUBIEREN CONOCIDO EN EL TRANSCURSO DE AQUÉLLA, COMO ES LA DE NO SER UN ACTO DEFINITIVO QUE PUEDA IMPUGNARSE MEDIANTE EL JUICIO DE NULIDAD ANTE EL TRIBUNAL FISCAL DE LA FEDERACIÓN.-Esta Segunda Sala emitió la jurisprudencia 16/96, en la que determinó que no constituye un acto definitivo para efectos de la procedencia del juicio de nulidad, el ejercicio de la facultad que a los visitadores otorga el artículo 46, fracciones I, IV y VII, del Código Fiscal de la Federación, en vigor a partir del uno de enero de mil novecientos noventa, para determinar en el acta final de visita o en documento por separado, las consecuencias legales de los hechos u omisiones que hubieren conocido durante el transcurso de la auditoría. Tal criterio patentiza la naturaleza jurídica del acto en cuestión, que no se ve modificada por las reformas que, paralelamente, se efectuaron a los artículos 46, fracción I, último párrafo y 54, de la invocada legislación tributaria, también vigentes desde el uno de enero de mil novecientos noventa, que suprimieron la expresión de que las opiniones de los visitadores no constituían resolución fiscal, así como la instancia de inconformidad en contra de la relativa actuación de los auditores. Este aserto dimana de que la mencionada acta final de visita domiciliaria sigue siendo el acto que concluye la actuación de los visitadores, pero que no pone fin al procedimiento de fiscalización correspondiente, el que debe terminar con una resolución en la que la autoridad competente califique el resultado de la visita que se contiene en el acta final y, con base en esto, determine en su caso, la liquidación correspondiente, sin que obste que del artículo 23, fracciones I, IV y X, último párrafo, de la Ley Orgánica del Tribunal Fiscal de la Federación, se desprenda que el juicio de nulidad procede en contra de resoluciones que determinan una obligación fiscal, la fijen en cantidad líquida o den las bases para su liquidación, o bien, que causen un agravio en materia fiscal al afectado, y que en contra de ellas no proceda recurso administrativo, o cuyo agotamiento sea optativo, en virtud de que debe entenderse que tal disposición se refiere a resoluciones que concluyen un procedimiento en forma definitiva, no a aquellas que determinan probables omisiones de obligaciones tributarias, a pesar de que establezcan consecuencias legales, como en este último supuesto acontece con el acta final de auditoría, que está sujeta a una calificación de la autoridad competente, la que bien puede o no considerarla para motivar la liquidación que, en su caso, proceda. Es corolario de lo anterior, que en contra del resultado del acta final de visita de auditoría, es improcedente el juicio de nulidad ante el Tribunal Fiscal de la Federación, porque dada su naturaleza presuntiva, no es un acto definitivo ni tampoco una resolución fiscal."; así como la parte de la ejecutoria que dio lugar a la jurisprudencia número 2a./J. 16/96, Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 170, Tomo III, abril de 1996, del Semanario Judicial de la Federación, con el rubro: "VISITA DOMICILIARIA, EL ACTA FINAL O EL DOCUMENTO EN EL QUE LOS VISITADORES DETERMINAN LAS PROBABLES CONSECUENCIAS LEGALES DE LOS HECHOS U OMISIONES QUE HUBIEREN CONOCIDO DURANTE EL TRANSCURSO DE AQUÉLLA, NO CONSTITUYE UNA RESOLUCIÓN FISCAL DEFINITIVA Y EN SU CONTRA NO PROCEDE JUICIO DE NULIDAD ANTE EL TRIBUNAL FISCAL DE LA FEDERACIÓN."; que en lo que interesa, dice: "Lo anteriormente expuesto lleva a concluir que conforme a las disposiciones legales transcritas, los visitadores tienen ahora la facultad de determinar en el acta final de visita o en documento por separado, las consecuencias legales de los hechos u omisiones que encuentren durante la visita; además de que, al haberse suprimido, en el decreto de reformas antes mencionado, la instancia de inconformidad contra las actas de visita domiciliaria que preveía el artículo 54 del Código Fiscal de la Federación, corresponde ahora a los visitadores conocer, de acuerdo con lo establecido en la fracción IV del artículo 46 del ordenamiento legal invocado, de la solicitud que formule el visitado para desvirtuar o depurar los hechos u omisiones asentados en las actas, resolviendo lo conducente, ya sea en el acta final o en documento por separado.-Ahora bien, el establecimiento de las facultades anteriormente relatadas, no implica que los visitadores tengan la atribución de liquidar las contribuciones, supuestamente omitidas, encontradas durante la visita, pues aun cuando sus observaciones pueden llegar a determinar la situación fiscal del visitado, precisando las obligaciones omitidas por éste, se requiere de una resolución en la que se creen derechos a favor del fisco y obligaciones y responsabilidades para el particular, para que se dé lugar al nacimiento del crédito, resolución que no corresponde emitir a los visitadores, según se ha visto de las disposiciones contenidas tanto en el Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, como en el propio Código Fiscal de la Federación.-En efecto, si bien en el acta final de visita los referidos auditores establecen las supuestas omisiones de contribuciones encontradas durante el desarrollo de la visita, o bien, determinan la situación fiscal del visitado en relación a las distintas contribuciones omitidas, resolviendo inclusive la instancia presentada por el visitado para desvirtuar los hechos u omisiones asentados en las actas respectivas, dicho acto administrativo se encuentra sujeto a la decisión de la autoridad competente, la que deberá emitir la resolución en la que exista una aplicación de las leyes fiscales al caso concreto, que determine y señale en cantidad líquida las obligaciones a cargo del particular y, en su caso, las sanciones correspondientes.".
De todo lo anterior se concluye que en la especie, como lo afirma el inconforme, y contrariamente a lo resuelto por la Sala demandada, los visitadores sí se encuentran facultados no sólo para llevar a cabo la verificación de la documentación contable del contribuyente y consignar los hechos y omisiones que al efecto se detecten, sino también la diversa de analizar y valorar los documentos y pruebas (que el actor en el juicio de nulidad llama incorrectamente inconformidad), que para desvirtuar los hechos y omisiones consignadas en el acta última parcial, presente el contribuyente visitado dentro del procedimiento fiscalizador y dentro del plazo establecido en la fracción IV del artículo 46 del Código Fiscal de la Federación, levantando el acta final respectiva, haciendo las precisiones debidamente circunstanciadas del resultado de tal análisis a efecto de que una vez concluido el procedimiento respectivo sea el titular de la dependencia que los designa, quien determina las consecuencias legales de tales hechos y omisiones, por medio de la resolución correspondiente, autoridad esta que no estará obligada a realizar la determinación respectiva en los mismos términos que la hubieran hecho los auditores, sino en sentido diverso, pues de no ser así, los auditores visitadores no podrían cumplir con su obligación de determinar las probables consecuencias legales de los hechos y omisiones referidos, toda vez que los documentos y pruebas aportadas, versan precisamente sobre esos hechos y omisiones, pretendiendo desvirtuarlos; luego entonces, si conforme a las fracciones I y IV, segundo párrafo, del artículo 46 citado, los visitadores están facultados para determinar en el acta final de visita o en documento por separado, las consecuencias legales de los hechos y omisiones conocidos durante el transcurso de la misma, es incuestionable que tienen facultad legal para analizar y valorar las pruebas y documentos aportados por el contribuyente, en los veinte días que deben transcurrir entre la última acta parcial y el acta final de la visita, toda vez que se dijo, dichos documentos y pruebas versan sobre los hechos y omisiones detectados durante la visita, pretendiendo desvirtuarlos, sin que esto implique que los visitadores sean los que determinan en definitiva la situación jurídica del sujeto visitado, debido a que como ya se dijo en párrafos precedentes, será el titular de la dependencia que los designó quien determina las consecuencias legales de tales hechos y omisiones, en la resolución correspondiente.
Como consecuencia de lo anteriormente expuesto, y como señala la recurrente, la Sala Regional Peninsular del Tribunal Fiscal de la Federación, en la sentencia recurrida de fecha tres de agosto del año dos mil, emitida en el expediente administrativo número 98/00-10-01-4, relativo al juicio de nulidad promovido por Silvia Romero Nieto, por su propio derecho, en contra de la resolución contenida en el oficio número 324-SAT-R7-L50-2-13397, de fecha trece de octubre del año próximo pasado, emitida por el administrador local de Auditoría Fiscal Número 50 de Cancún, en el que se determinan diversos créditos fiscales en cantidad total de quinientos setenta y seis mil doscientos ochenta pesos con ochenta y dos centavos, por conceptos de impuesto sobre la renta de las personas físicas, recargos y multas; aplicó inexactamente, en perjuicio de la autoridad demandada en el juicio de nulidad, y en cuya representación recurre el administrador local de Auditoría Fiscal de esta ciudad de Mérida, los numerales 236, 237, 238, fracción I y 239, fracción II, en relación con los diversos 43, 45 y 46, fracción IV, todos del Código Fiscal de la Federación, al concluir en forma indebida que los auditores que llevaron a cabo la revisión, derivada de la orden de visita domiciliaria número RIF730072/98, contenida en el oficio número 324-SAT-R7-L50-1-07464, de fecha siete de octubre de mil novecientos noventa y ocho, carecen de competencia para analizar y resolver la inconformidad presentada por el visitado en el procedimiento de auditoría fiscal, así como para valorar las pruebas en términos del párrafo segundo, fracción IV del artículo 46 del Código Fiscal de la Federación, para desvirtuar los hechos y omisiones consignados en la última acta parcial levantada con motivo de la visita domiciliaria, y en consecuencia declaró la nulidad de la resolución contenida en el oficio número 324-SAT-R7-L50-2-13397, de fecha trece de octubre del año próximo pasado, emitida por el administrador local de Auditoría Fiscal Número 50 de Cancún, en donde se le determinan diversos créditos fiscales en cantidad total de quinientos setenta y seis mil doscientos ochenta pesos con ochenta y dos centavos, por conceptos de impuesto sobre la renta de las personas físicas, recargos y multas.
Luego entonces, al considerar lo contrario la Sala Fiscal y declarar la nulidad de la liquidación controvertida, su actuar se torna ilegal, lo que impone revocar la resolución impugnada para que la Sala Regional Peninsular del Tribunal Fiscal de la Federación emita una nueva, partiendo de la consideración de que el artículo 46, fracciones I y IV, segundo párrafo, del Código Fiscal de la Federación, sí faculta a los auditores visitadores para analizar y valorar los documentos y pruebas aportados por el contribuyente, en los veinte días que deben transcurrir entre la última acta parcial y el acta final de la visita, para desvirtuar los hechos u omisiones que los auditores hubieren conocido durante el transcurso de la visita, declare infundado el quinto concepto de impugnación, y se ocupe de los restantes conceptos de anulación vertidos por la parte actora en el juicio de que se trata, resolviendo lo que en derecho corresponda.
Apoya lo expuesto en el criterio sostenido por este tribunal en la tesis número XIV.2o.47 A, que aparece publicada en la página 1246, Tomo XII, agosto de 2000, materia administrativa, Tribunales Colegiados de Circuito, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que es del tenor literal siguiente: "VISITA DOMICILIARIA. LOS AUDITORES ESTÁN FACULTADOS PARA ANALIZAR Y VALORAR LOS DOCUMENTOS Y PRUEBAS OFRECIDOS POR EL VISITADO PARA DESVIRTUAR LOS HECHOS U OMISIONES CONSIGNADAS EN LA ÚLTIMA ACTA PARCIAL, CONFORME AL ARTÍCULO 46 FRACCIONES I Y IV, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, VIGENTE A PARTIR DEL PRIMERO DE ENERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA.-Conforme al artículo 46, fracciones I y IV segundo párrafo, del Código Fiscal de la Federación vigente a partir del primero de enero de mil novecientos noventa, los auditores están facultados para determinar en el acta final de visita o en documento por separado, las consecuencias legales de los hechos u omisiones conocidos durante el transcurso de la misma; de donde se sigue que tales funcionarios se encuentran facultados para analizar y valorar las pruebas y documentos aportados por el contribuyente para desvirtuar los hechos u omisiones consignados en la última acta parcial, haciendo las precisiones debidamente circunstanciadas del resultado de tal análisis, sin perjuicio de que una vez concluido el procedimiento respectivo sea la autoridad fiscal competente la que determine las consecuencias legales de tales hechos u omisiones, por medio de la resolución correspondiente, la que no estará obligada a realizar la determinación respectiva en los mismos términos que la hubieran hecho los auditores, pues de no ser así, éstos no podrían cumplir con su obligación de determinar las probables consecuencias legales de los hechos u omisiones referidos, toda vez que los documentos y pruebas referidas versan precisamente sobre esos hechos u omisiones, pretendiendo desvirtuarlos.".
Asimismo, lo expuesto en la tesis de jurisprudencia número I.2o.A. J/12, del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 694, del Tomo II, Segunda Parte-2, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, que dice: "TRIBUNAL FISCAL DE LA FEDERACIÓN, SENTENCIAS DEL. REENVÍO EN CASO DE QUE NO SE OCUPEN DE TODOS Y CADA UNO DE LOS DIVERSOS CONCEPTOS DE NULIDAD ADUCIDOS.-De conformidad con el dictamen aprobado por la Cámara de Diputados en sesión de fecha 26 de diciembre de 1987, previo a la expedición del decreto que reforma, adiciona y deroga disposiciones del Código Fiscal de la Federación, de la Ley Orgánica del Tribunal Fiscal de la Federación y de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha 5 de enero de 1988, el párrafo segundo con el que se adicionó el artículo 237 del primero de esos ordenamientos, por el que se obligó a las Salas Regionales de dicho tribunal a resolver todos y cada uno de los diversos conceptos de nulidad que se hagan valer por omisión de formalidades o por violaciones de procedimiento, no obstante que consideren fundado alguno de ellos, tuvo la finalidad de evitar el reenvío ‘que es causa de retardo injustificado en la resolución de los asuntos y que implicaría labor injustificada para la Justicia Federal’, lo cual revela, sin lugar a dudas, la voluntad del legislador de que los Tribunales Colegiados de Circuito no resuelvan de manera directa argumentos de defensa planteados en las demandas de anulación, sino que, únicamente se ocupen de ellos después de que la Sala Fiscal se haya pronunciado, bien en la revisión promovida por las autoridades demandadas, o bien en el juicio de amparo que instaure el gobernado.".
En este estado de cosas, al considerarse fundado uno de los conceptos de agravio de la recurrente, que condujo a revocar la sentencia impugnada, deviene innecesario el análisis de los restantes motivos de queja.
Por lo expuesto y con fundamento en el artículo 248 del Código Fiscal de la Federación, en relación con el diverso 37, fracción V, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y 104, fracción I-B, de la Constitución General de la República, se resuelve:
PRIMERO.-Se declara fundado el recurso.
SEGUNDO.-Se revoca la sentencia impugnada.
TERCERO.-Para los efectos que se precisan en la parte final del considerando quinto de esta ejecutoria, devuélvanse los autos a la Sala Regional Peninsular del Tribunal Fiscal de la Federación.
Notifíquese, anótese, con testimonio de esta resolución devuélvanse los autos a su lugar de origen y en su oportunidad, archívese el toca.
Así, por unanimidad de votos, lo resolvió el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Cuarto Circuito, integrado por los Magistrados Paulino López Millán, Luisa García Romero y José de Jesús González Ruiz, siendo ponente el tercero de los nombrados.
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/7033-f7f33bff/visita-domiciliaria-los-auditores-estan-facultados-para-analizar · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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