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Modo: Corpus Pro

EXTRADICIÓN. CONCLUIDA UNA DE LAS TRES FASES PROCEDIMENTALES EN QUE SE DIVIDE EL PROCEDIMIENTO EXTRADITORIO, LAS VIOLACIONES COMETIDAS EN ELLA QUEDAN CONSUMADAS IRREPARABLEMENTE POR CESACIÓN DE EFECTOS. EXTRADICIÓN INTERNACIONAL. EL ARTÍCULO 18 DE LA LEY RELATIVA NO ES VIOLATORIO DE LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 16, 19 Y 20 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. EXTRADICIÓN INTERNACIONAL. EL ARTÍCULO 18 DE LA LEY RELATIVA NO ES VIOLATORIO DE LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 16, 19 Y 20 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. TRATADO DE EXTRADICIÓN INTERNACIONAL CELEBRADO ENTRE MÉXICO Y ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA EL CUATRO DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO. NO ES INCONSTITUCIONAL POR LA CIRCUNSTANCIA DE QUE EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA NO LO HAYA SUSCRITO PERSONALMENTE, SI INSTRUYÓ AL SECRETARIO DE RELACIONES EXTERIORES PARA SU NEGOCIACIÓN, Y LUEGO LO RATIFICÓ PERSONALMENTE.

Tipo de asunto: AMPARO EN REVISIÓN 2830/97. · Registro digital (IUS): 4868
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: JORGE ANDRÉS GARZA GARCÍA.
Localización: Novena Época. Pleno. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, Mayo de 1998, , Pág. 71.

Nota: El Tribunal Pleno, en acta de fecha 24 de febrero de 1998, ordenó la publicación de la presente ejecutoria.

AMPARO EN REVISIÓN 2830/97. JORGE ANDRÉS GARZA GARCÍA.

México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día veinticuatro de febrero de mil novecientos noventa y ocho.

VISTOS; y,

RESULTANDO:

PRIMERO. Mediante escrito presentado el veinticuatro de mayo de mil novecientos noventa y seis en la Oficialía de Partes Común del Juzgado de Distrito en Materia Penal en el Distrito Federal, Jorge Andrés Garza García, por su propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de las autoridades y por los actos que se indican a continuación:

"Autoridades responsables: tienen tal carácter, como expedidora: El H. Congreso de la Unión; como sancionadora: El C. presidente de la República; como ordenadora: El C. Juez 3o. de Distrito en Materia Penal en el D.F., y como cumplimentadoras: Los CC. Srio. de Relaciones Exteriores, procurador general de la República y C. director general de la Policía Judicial Federal, todas con residencia en esta capital.

"Acto reclamado: del H. Congreso de la Unión, demando: La expedición de la Ley de Extradición Internacional, publicada en el Diario Oficial de 29 de diciembre de 1975. Del C. presidente de la República, reclamo: la sanción, promulgación y publicación de la citada Ley de Extradición Internacional; del mismo presidente de la República y del C. Srio. de Relaciones Exteriores de nuestro país, demando: el Tratado de Extradición de México con los Estados Unidos de Norteamérica en vigor, y su promulgación y publicación correspondiente; del C. Srio. de Relaciones Exteriores de nuestro país, reclamo además, la firma y expedición del Tratado de Extradición con los Estados Unidos de Norteamérica en vigor, y su promulgación y publicación correspondiente; del C. Srio. de Relaciones Exteriores, demando así también: la cumplimentación de la Ley de Extradición Internacional y del tratado de extradición celebrado entre México y los Estados Unidos de Norteamérica, y la orden o mandato de mi extradición y mi traslado de este país a los Estados Unidos de Norteamérica. Del C. Juez 3o. de Distrito en Materia Penal en el D.F., reclamo: el mandato de detención y extradición y traslado del lugar donde me encuentro, a los Estados Unidos de Norteamérica, o a otro lugar distinto. Del C. procurador general de la República y C. director de la Policía Judicial Federal, demando: La ejecución del mandato de mi extradición. De todas las autoridades, reclamo: las consecuencias directas o indirectas que se deriven o puedan derivarse de dicho acto."

SEGUNDO. La parte quejosa expresó como antecedentes de los actos reclamados, los siguientes:

"El día 9 de enero del presente año, fui detenido en la ciudad de Monterrey, N.L., donde tengo mi domicilio, trasladándoseme al Reclusorio Preventivo Sur de esta capital. Ahí se me hizo saber que me encontraba detenido por un mandato de extradición por orden del Juzgado 10o. de Distrito en Materia Penal en el Distrito Federal y que dicho mandato provenía de una autoridad de los Estados Unidos de Norteamérica.

"Al transcurrir 60 días y en virtud de no haberse recibido ningún mandato formal de extradición, según se me informó, fui liberado por orden de dicho Juzgado 10o.

"El día 17 de este mes, se me detuvo de nuevo en mi domicilio en la Cd. de Monterrey, N.L. y se me trasladó al Reclusorio Preventivo Oriente de esta capital, pero ahora a disposición del Juzgado 3o. de Distrito en Materia Penal en el D.F. (o sea, de otra autoridad), donde se me hizo saber que por los mismos hechos, me encuentro de nuevo sujeto a un mandato de extradición y que consecuentemente seré enviado a los Estados Unidos de Norteamérica.

"En virtud de que los actos son inconstitucionales, es por lo que me veo precisado a promover la presente demanda de garantías."

TERCERO. La parte quejosa formuló los siguientes conceptos de violación:

"Es de explorado derecho que todo acto de autoridad debe de ceñirse a la disposición de los artículos 14, 16 y 20 de nuestra Carta Magna, que contiene las garantías de fundamentación, de audiencia, de defensa, y en términos generales, de legalidad.

"En el caso, la Ley de Extradición, en todos los preceptos que se contienen en la misma, como así también el Tratado México-Estados Unidos de Norteamérica, vulneran las garantías contenidas en los artículos 14, 16, 20 y el propio 119 de la Carta Magna, por cuanto a que permiten que a una persona pueda privársele de su libertad, sin audiencia, sin juicio, sin que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento, sin derecho a pruebas, ni derecho a su defensa.

"Esencialmente, es inconstitucional el Tratado de Extradición México-Estados Unidos, pues como ya se ha sostenido en otros casos, no fue celebrado por el presidente de la República, único a quien compete tal acto.

"El Juzgado 2o. de Distrito de Nuevo León, en el amparo 882/94, ha sostenido el criterio de conceder la protección de la Justicia Federal, por considerar que el convenio México-Estados Unidos es violatorio de los artículos 14 y 16 constitucionales, ya que está firmado únicamente por el Ministro de Relaciones Exteriores de México y el Secretario de Estado de los Estados Unidos de Norteamérica.

"Ahora bien: de conformidad con lo dispuesto en el artículo 89, fracc. X de la Constitución Política Mexicana, el único autorizado para celebrar este convenio, es el presidente de la República, y no el ministro de Relaciones, ni ningún otro funcionario. Consecuentemente y dado que la Constitución es la Ley Suprema aun cuando el Senado hubiera aprobado el referido convenio ello no le da la legitimidad necesaria que establece la Constitución General de la República ya que es el presidente quien en forma personalísima deberá de celebrar dicho convenio.

"También se concede el amparo, por motivo de que el artículo 119 constitucional, dispone: ‘que la detención que se mande por motivo de la extradición, no podrá exceder de 60 días’ y resulta que, en el caso, al autorizarse el término de 60 días por detención provisional del artículo 18, el cual se prolonga por diversos tiempos posteriores establecidos en los artículos 19, 21, 22, 24, 25, 28, 30, 33 y relativos de la Ley de Extradición, lapsos y términos, más allá de los 60 días que establece taxativamente el artículo 119 de la Constitución General de la República, es por lo que se transgrede tanto dicho precepto (119), como las garantías de los artículos 14, 16 y 20 de la Carta Magna. Se expresa en el fallo de amparo del Juzgado Primero de Distrito de Nuevo León, que la detención más allá de ese término de 60 días, es ilegal, máxime cuando las detenciones en México no pueden exceder de plazos más o menos razonables, como el de 48 horas a que se refiere el artículo 16; el de 36 horas del artículo 21; el de 72 horas del artículo 19, todos de la Constitución General de la República, etc.

"La detención, misma que se llama ‘provisional’, no tiene tal carácter, por lo extenso del término y lo ilegal, pues se lleva a cabo con la simple petición del Estado solicitante, sin que existan pruebas para justificar el cuerpo del delito ni la indiciaria responsabilidad ni la tipicidad como en este caso en que el Juez de la causa se basa en declaraciones espurias y pruebas recibidas sin mi audiencia y sin mi intervención, lo que es insuficiente para colmar la exigencia de fundamentación de los artículos 14, 16 y 20 de la Carta Magna.

"La disposición del artículo 17 de la Ley de Extradición, es inconstitucional, por virtud de que permite la privación de la libertad, sin justificación material, ni jurídica, incurriendo en igual vicio el artículo 18 de la referida ley.

"El artículo 21 al disponer que se podrá llevar a cabo el secuestro de papeles, dinero y otros objetos, incurre en confiscación de bienes, con transgresión del artículo 22, de la Carta Magna, por cuanto a que no se especifican concretamente los objetos del referido aseguramiento.

"El artículo 23, es inconstitucional, pues establece que el Juez de Distrito es ‘irrecusable’ y que ‘tampoco serán admisibles cuestiones de competencia’. Inclusive resulta contradictorio con el artículo 22 de la Ley de Extradición, en el que se establece que la competencia corresponderá al Juez de Distrito donde se encuentre el reclamado, por lo que entonces se establece así, un principio de competencia que genera un derecho, lo cual se le desconoce en el artículo 23 que se impugna.

"El artículo 25, es igualmente ilegal, pues concede tan sólo tres días para oponer excepciones, como si se tratara de un juicio ejecutivo mercantil o civil, y no de la libertad, y además, vulnera el derecho de defensa, puesto que únicamente son oponibles las que se refieren a que la petición no se ajuste a la Ley de Extradición y la de que sea distinta persona de aquella cuya extradición se pide, sin tener oportunidad de cualquier otra defensa, lo que es contrario al contenido de los artículos 14, 16 y 20 de nuestra Carta Magna, que establecen la necesidad de amplitud de defensa y de pruebas, mismas (estas últimas) que quedan constreñidas a desahogarse únicamente en un plazo fijo de veinte días, para probar las limitadas excepciones, todo lo cual es ilegal.

"Los artículos 29 y 30, son inconstitucionales, por cuanto a que nadie puede ser privado de su libertad, sino por un Juez, y en el caso, se concede esta facultad a la Secretaría de Relaciones Exteriores, autoridad que no tiene los caracteres jurisdiccionales ni penales.

"Así también, el artículo 33 es ilegal, ya que coarta el derecho de defenderse mediante los recursos comunes, y los sujeta tan solo al juicio de amparo sin que previamente pueda hacerse uso de los recursos ordinarios, por lo que el procedimiento así establecido, es inconstitucional y violatorio de las garantías de los artículos 14, 16 y 20 de la Carta Magna.

"En términos generales, la Ley de Extradición Internacional y el Convenio de Extradición México-Estados Unidos vulnera el contenido de los artículos 14, 16 y 20 de la Constitución General de la República.

"El Tratado de Extradición Internacional, es contrario a la Carta Magna al basarse en una ley también inconstitucional y sostener absurdos, como la detención por sesenta días y prorrogarlo con plazos y términos posteriores, vulnerando el artículo 119 de la Carta Magna y privándose de libertad, sin fundamento legal, sin motivación y sin juicio previo.

"Todas las autoridades, al cumplimentar tanto la ley, como el Tratado de Extradición Internacional, actúan en ilegalidad al referir sus actos con un fundamento de normas inconstitucionales, y muy principalmente porque la orden de detención y la extradición, se basa en un procedimiento inconstitucional.

"Ad cautelam, el mandato de extradición es inconstitucional por virtud de que han transcurrido 60 días desde mi detención y me encontraba en plena libertad, por lo que no se me puede juzgar por los mismos hechos, de conformidad con el artículo 35 de la Ley de Extradición en vigor. Un día más de detención, pasados los 60 largos días, es inconstitucional. El nuevo mandato es presentado hasta el día 14 de marzo de este año, ante otro Juzgado de Distrito, fuera del plazo de 60 días.

"Tampoco es lícito alegar que el mandato de extradición formal no se presentó ante el Juzgado 10o. de Distrito en Materia Penal de esta capital por razones que ahora argumentan, a las que soy completamente ajeno, pues la ley no exime a las autoridades de su exacto cumplimiento, por lo cual no se me puede detener ni privar de mi libertad un día más, con ningún pretexto, pues por eso se les da un término más que suficiente para que cumplan con el deber de presentación del mandato formal ya mencionado.

"Este solo hecho que violenta la norma, tanto del artículo 35 de la Ley de Extradición Internacional, como del artículo 119 constitucional, lo que por sí solo, bastaría para que se me otorgue el amparo y protección de la Justicia Federal, pues la ley no puede quedar al arbitrio de las autoridades.

"Ad cautelam: Así también el mandato de extradición no cumple con los requisitos del artículo 16 de la Ley de Extradición Internacional, ni con las exigencias de los artículos 3, 10, 13 y relativos del tratado de extradición, pues no se acompañan las pruebas necesarias para fundar y motivar la detención, ni el enjuiciamiento del procesado; así todas y cada una de las exigencias del artículo 10o. de dicho tratado. El párrafo 4o. del art. 11 del tratado de extradición, es inconstitucional, pues dispone que aunque transcurra el plazo de detención provisional, podrá procederse a la extradición si se presentare la solicitud con los documentos necesarios, contrariándose lo que establece el artículo 35 de la Ley de Extradición Internacional que expresamente prohíbe la extradición en tal caso, y al propio art. 119 constitucional que prohíbe toda privación de libertad más allá de 60 días.

"En virtud de lo anterior, se transgreden en mi perjuicio los artículos 14, 16, 20 y 22 de la Carta Magna, pues se me priva de mi libertad, bienes, derechos y posesiones, sin juicio en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y sin mandato escrito de autoridad competente que lo funde y motive en su forma legal."

CUARTO. El Juez Primero de Distrito en Materia Penal en el Distrito Federal, al que por razón de turno correspondió el conocimiento del asunto, admitió a trámite la demanda de garantías registrándola con el número 485/96; y previos los trámites de ley, dictó resolución con fecha veintiuno de octubre de mil novecientos noventa y seis, en la que decretó el sobreseimiento integral en el juicio de garantías.

QUINTO. Inconformes con la anterior resolución, el quejoso Jorge Andrés Garza García, el subprocurador de Averiguaciones Previas, en representación del procurador general de la República y el director general de Planeación y Operación de la Policía Judicial Federal, en representación del director general de la propia Policía Judicial Federal, interpusieron sendos recursos de revisión en su contra ante el propio Juez de Distrito del conocimiento, el que por tal motivo ordenó remitir los autos y los escritos de expresión de agravios a este Alto Tribunal.

SEXTO. Recibidos los autos en esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, su presidente, mediante proveído de fecha cuatro de diciembre de mil novecientos noventa y seis, admitió a trámite los recursos hechos valer y ordenó notificar a las autoridades responsables y al procurador general de la República a efecto de que manifestaran lo que a su interés conviniera.

SÉPTIMO. Mediante resolución de fecha veintinueve de mayo de mil novecientos noventa y siete, la Segunda Sala de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, resolvió lo siguiente:

"PRIMERO. Se revoca la sentencia recurrida.

"SEGUNDO. Se ordena reponer el procedimiento del juicio de amparo número 485/96 del índice del Juzgado Primero de Distrito en Materia Penal del Primer Circuito, con residencia en el Distrito Federal, promovido por Jorge Andrés Garza García, para los efectos precisados en la parte final del considerando quinto de esta ejecutoria."

OCTAVO. Una vez repuesto el procedimiento ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia Penal en el Distrito Federal, habiendo emplazado a la Cámara de Senadores a juicio, el Juez Federal dictó nueva resolución, con fecha catorce de julio de mil novecientos noventa y siete, al tenor de los siguientes puntos resolutivos:

"PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de garantías número 485/96, promovido por Jorge Andrés Garza García, contra los actos que reclama de las autoridades mencionadas en el resultando primero de esta sentencia y por las razones expuestas en el contexto de esta resolución.

"SEGUNDO. Una vez que la presente resolución, cause ejecutoria, gírese atento oficio al tesorero de la Federación, a efecto de que haga efectiva la multa impuesta a las autoridades procurador general de la República y director general de la Policía Judicial Federal, por haber sido omisos en rendir su correspondiente informe con justificación, pese a encontrarse debida y oportunamente notificados para tal efecto, y hecho que sea lo anterior, lo comunique a este tribunal."

Las consideraciones en que se sustenta la resolución supracitada son las siguientes:

"II. La señora Juez Tercero de Distrito en Materia Penal en el Distrito Federal, al rendir su correspondiente informe con justificación, negó uno de los actos que se le reclama, consistente en: ‘El mandato de detención y mi extradición y traslado del lugar donde me encuentro, a los Estados Unidos de Norteamérica, o a otro lugar distinto.’; sin que la parte quejosa haya desvirtuado de manera alguna el sentido negativo de dicho informe, en cuanto a la orden de mandato de extradición referido; además de que no pasa desapercibido para esta potestad constitucional, el hecho de que dicho acto reclamado consiste en la extradición del quejoso a otro lugar del que ahora se encuentra detenido, se debe tener por inexistente, ya que éste, además de haber sido negado por la Juez Federal, no se encuentra dentro de las facultades que la Ley de Extradición Internacional, otorga a esa autoridad judicial, pues como lo señala el artículo 27 de la citada ley, el Juez atendiendo a los datos de la petición formal de extradición, emitirá dentro de los cinco días siguientes una opinión jurídica respecto de lo actuado y probado ante él, lo cual hará del conocimiento del secretario de Relaciones Exteriores; de lo que se desprende que el acto que el quejoso reclama a la autoridad responsable no está contemplado por la legislación respectiva, por lo cual dicho acto reclamado es inexistente al no tener sustento jurídico, hecho por el cual se debe sobreseer el amparo que se intenta contra dichos actos; por lo tanto, lo procedente en este caso es sobreseer en el presente juicio de garantías, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 74, fracción IV de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis jurisprudencial número 1002, visible en la página 1621 de la Segunda Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1988, que a la letra dice: ‘INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES.’-(Se transcribe).

"III. La propia Juez Tercero de Distrito en Materia Penal en el Distrito Federal, reconoce la existencia del diverso acto que se le reclama, consistente en la orden de detención provisional con los efectos de extradición, por parte del gobierno de los Estados Unidos de América, lo que se corrobora con la copia certificada del expediente 2/96, que se instruye en dicho Juzgado Federal, en contra del aquí quejoso Jorge Andrés Garza García, documentales que revisten eficacia probatoria plena, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 130 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo.

"IV. El presidente de la República y el secretario de Relaciones Exteriores, al rendir sus correspondientes informes con justificación, reconocen la existencia de los actos que se les reclaman, consistentes en la sanción, promulgación y publicación de la Ley de Extradición Internacional; el Tratado de Extradición celebrado entre el gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y los Estados Unidos de Norteamérica en vigor; su promulgación y publicación correspondiente y la firma del citado tratado de extradición, lo que se corrobora con la documentación aportada por dichas responsables en apoyo a sus informes, de donde emanan los actos reclamados, así como las documentales exhibidas por la parte quejosa, como prueba de su parte; mismas probanzas que revisten el carácter de prueba plena de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo.

"V. Por su parte la autoridad responsable como lo es la Cámara de Senadores, al rendir su informe justificado, manifestó ser ciertos los actos que se le reclaman consistentes en la aprobación, promulgación y expedición del tratado internacional, suscrito por los Estados Unidos Mexicanos y los Estados Unidos de América.

"VI. Las autoridades Congreso de la Unión, procurador general de la República y director general de la Policía Judicial Federal, no rindieron sus informes con justificación, pese a encontrarse debida y oportunamente notificados para tal efecto, según constancia que obra en autos, por lo que con fundamento en lo dispuesto en el artículo 149, párrafo tercero de la Ley de Amparo, se presumen ciertos los actos que se les reclaman.

"VII. Por otro lado, debe analizarse de oficio una causal de improcedencia que se advierte y que establece el artículo 73 de la Ley de Amparo, por así disponerlo el último párrafo de dicho precepto y atento a la jurisprudencia número 940, visible en la página 1538 de la Segunda Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1988, que a la letra dice: ‘IMPROCEDENCIA.’. (Se transcribe).

"En efecto, por razón de método debe decirse que el catorce de octubre de mil novecientos noventa y seis, el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión privada, aprobó la jurisprudencia número 57/1996, visible en la página 72, del Semanario Judicial de la Federación del mes de octubre de mil novecientos noventa y seis, Tomo IV, Pleno, Salas y Tribunales Colegiados de Circuito, que a la letra dice: ‘ORDEN DE APREHENSIÓN, EL AMPARO EN SU CONTRA ES IMPROCEDENTE CUANDO YA SE DICTÓ FORMAL PRISIÓN Y LUEGO SE RECLAMA AQUÉLLA EN FORMA AISLADA.’. (Se transcribe).

"El artículo 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, dispone que el juicio de garantías es improcedente, en los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la ley.

"En efecto, respecto del acto de aplicación que se reclama del órgano jurisdiccional federal, en su carácter de ordenador y por virtud del cual se aduce, como consecuencia una aplicación de la Ley de Extradición Internacional del país y el Tratado de Extradición celebrado entre México y los Estados Unidos de América y que se describe por el propio amparista, mismos que se tildan de inconstitucionales, debe decirse en principio, que el quejoso reclama de la Juez Tercero de Distrito en Materia Penal en el Distrito Federal, el mandato u orden de detención dictada en su contra, que lo fue el catorce de marzo de mil novecientos noventa y seis, acto este, que dio origen a la situación actual que prevalece en relación con el aquí inconforme amparista; esto es, que se encuentra privado de su libertad para el procedimiento de extradición y la opinión jurídica que debe emitir la Juez responsable dentro del mismo; advirtiéndose además, que en diverso acuerdo del diecinueve de mayo de mil novecientos noventa y seis, se tuvo por cumplida la citada orden de aprehensión con fines de extradición, quedándose el aquí quejoso formalmente preso, y además con fundamento en lo dispuesto por el artículo 50, fracción II de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y 25 de la Ley de Extradición Internacional, se acordó que se le hiciera comparecer ante la responsable a fin de enterarlo del contenido de la orden formal, así como de las propias constancias que se acompañan a la solicitud para que manifestara lo que a su derecho conviniese; y en diverso proveído de la misma fecha, en efecto, se le hizo saber el contenido de la citada orden formal con fines de extradición, así como de todos y cada uno de los documentos que se acompañaron a la solicitud de extradición, y abierta la diligencia con apoyo en los artículos 24 y 25 de la Ley de Extradición Internacional, se le exhortó al extranjero, aquí quejoso, para que manifestara su nombre y éste solicitó de la titular del juzgado responsable el diferimiento de la audiencia por las razones que aparecen en la misma, fijando el día veinte de mayo del citado año; apareciendo que en esa fecha se continuó con la diligencia y al final de la misma se le acordó e hizo saber, entre otras cosas, que de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 25 de la Ley de Extradición Internacional, contaba con tres días para oponer las excepciones que a su derecho conviniera.

"También se desprende del cuaderno de amparo respectivo que la Juez de Distrito responsable, mediante acuerdo de tres de junio de mil novecientos noventa y seis, estimó que era el caso de suspender según dijo, la resolución de opinión jurídica de extradición, razonando que al estarse tramitando el presente juicio de garantías 485/96-III, promovido por el aquí quejoso, en el cual se señalaron como garantías infringidas las contenidas en los artículo 14, 16, 20 y 22 de la Constitución Federal, ya que se actualizaba la hipótesis a que se refiere el segundo párrafo de la fracción X del artículo 73 de la Ley de Amparo.

"Ahora bien, de las preinsertas consideraciones, se desprende que el amparista expresamente reclama la orden o mandato de detención, que lo fue de fecha catorce de marzo de mil novecientos noventa y seis, para efectos de la tramitación del procedimiento de extradición, empero, no así la diversa determinación jurisdiccional de diecinueve de mayo de mil novecientos noventa y seis, que propiamente fue la que, con base en las pruebas aportadas en la solicitud formal de extradición, decretó su formal detención para efecto del procedimiento de extradición.

"Ello significa, que si el quejoso reclama sustancialmente la orden o mandato de detención que ya fue consumado irreparablemente, al ser aprehendido, mas no así la diversa determinación que actualmente y de manera propia le pudiese irrogar violación de garantías en su perjuicio y que sustituyó legalmente a aquélla, es decir, el acuerdo que tuvo por cumplida la orden de detención y sujeto al aquí quejoso al procedimiento especial mencionado, por ello, se estima que en el caso se actualiza la causal de improcedencia que se cita, habida cuenta que la orden o mandato de detención reclamado guardan plena autonomía jurídica e independencia del diverso acuerdo que propiamente decretó su formal detención, porque incluso se rigen por disposiciones legales diversas, esto es, dicho en otros términos, mientras que la orden de detención para efectos de extradición se rige por los artículos 2o., 5o., 26, 29, 22, 23, 24 y 29 de la Ley de Extradición Internacional, como aparece del propio mandato de detención; en cambio el auto por virtud del cual propiamente se tuvo por cumplida aquélla, de diecinueve de mayo de mil novecientos noventa y seis, y que sujetó al procedimiento de extradición se rige por los numerales 24 y 25 de la Ley de Extradición Internacional y 5o., fracción II de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, como se asentó en tal determinación.

"En ese orden de ideas, si en la especie el acto reclamado emana de un procedimiento especial regido por disposiciones de la Ley de Extradición Internacional, por así disponerlo expresamente el artículo 1o., de la ley internacional en cita, y en su caso, del Tratado de Extradición celebrado entre los Estados Unidos Mexicanos y los Estados Unidos de América, es inconcuso que no obstante que además en la demanda de garantías el quejoso reclamara violación a los artículos 14, 16, 20 y 22 de la Constitución Federal, es pertinente apuntar que el criterio de este resolutor, no se están en la hipótesis normativa a que se refiere el artículo 73, fracción X, párrafo segundo de la Ley de Amparo, habida cuenta, que la detención del solicitado en extradición y aquí quejoso, lo es sólo para el efecto de emitirse una opinión jurídica, por cierto no vinculatoria legalmente, por la Juez Federal responsable, dentro del procedimiento especial para la extradición empero, dada su regulación y naturaleza legal, el cual no concluirá con sentencia alguna.

"En conclusión, por las razones antes asentadas se estima que en el caso se actualiza la causal de improcedencia a que se refiere la fracción XVIII, del artículo 73 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, toda vez que, al cumplimentarse la orden de detención (dictada el catorce de marzo de mil novecientos noventa y seis), que es el acto reclamado y al ser sustituido por éste por el diverso mandamiento jurisdiccional de diecinueve de mayo de mil novecientos noventa y seis, que actualmente mantiene al aquí quejoso privado de su libertad, y sin que expresamente se hubiese reclamado éste, en la demanda de garantías, no obstante al promoverse la misma ya se había emitido aquel mandamiento, pues, se reitera que la demanda de amparo, se presentó el veinticuatro de mayo de mil novecientos noventa y seis y el acto que decretó la formal detención para el procedimiento de extradicional, lo fue de fecha diecinueve del mismo mes y año, ello pone en evidencia la citada causal de improcedencia.

"Al respecto, es de aplicarse, por identidad jurídica, lo sostenido en la mencionada tesis jurisprudencial número 57/1996, sustentada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya que si bien ésta se refiere a órdenes de aprehensión, empero, tales mandamientos se equiparan al mandato de detención con fines de extradición internacional que libró la responsable con fecha catorce de marzo de mil novecientos noventa y seis y que constituye aquí el acto reclamado, ello, con independencia de que la propia responsable se refiere a la expresión ‘se decreta la detención con fines de extradición internacional’, pues lo cierto es que técnica y legalmente constituye una orden de aprehensión, detención o captura para efectos de extradición y en esas circunstancias si el presente juicio de amparo se promovió después de dictado el diverso proveído de diecinueve de mayo del año en curso, por el que se tuvo por cumplimentada la orden detención antes referida, sin que el auto citado en ú

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/4868-2c2b71eb/extradicion-concluida-una-de-las-tres-fases-procedimentales · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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