CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL. CONTRA LAS RESOLUCIONES QUE PRONUNCIE EN LOS PROCEDIMIENTOS EN QUE SE APLIQUEN SANCIONES ADMINISTRATIVAS A LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE TRIBUNALES DE CIRCUITO Y JUZGADOS DE DISTRITO, CON EXCEPCIÓN DE SUS TITULARES, ES PROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO.
AMPARO EN REVISIÓN 3263/97. MARIBEL GARCÍA GARCÍA.
MINISTRO ENCARGADO DEL ENGROSE: HUMBERTO ROMÁN PALACIOS.
SECRETARIO: GUILLERMO CAMPOS OSORIO.
México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día once de agosto de mil novecientos noventa y ocho.
VISTOS; Y
RESULTANDO
PRIMERO. Por escrito presentado el tres de junio de mil novecientos noventa y siete en la Oficialía de Partes Común a los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, Maribel García García, demandó el amparo y protección de la Justicia Federal, respecto de las autoridades y por los actos que a continuación se transcriben:
"Autoridades responsables: A) Como autoridad ordenadora: El Pleno de la Judicatura Federal (sic). B) Como autoridad ejecutora: director general de Recursos Humanos del Consejo de la Judicatura Federal. Actos reclamados. A) De la autoridad ordenadora se reclama la resolución pronunciada el día veintidós de enero de mil novecientos noventa y siete, en el expediente de denuncia número 10/96, mediante la cual se me pretende imponer ilegalmente una sanción administrativa consistente en la destitución del cargo de secretaria de Tribunal que desempañaba en el Primer Tribunal Unitario del Primer Circuito. B) De la autoridad ejecutora, se reclama la ejecución que pretenda dar al fallo que se combate."
SEGUNDO. La parte quejosa estimó violadas en su perjuicio las garantías consagradas en los artículos 14 y 16 constitucionales, narró los antecedentes del caso y expresó los conceptos de violación que estimó pertinentes, los que no se transcriben por no ser necesarios para informar este fallo.
No obstante lo anterior, se estima conveniente reproducir el capítulo que la quejosa denominó Procedencia del amparo, ya que contiene diversas consideraciones que revisten peculiar importancia, para emitir la resolución correspondiente:
"Procedencia de la demanda. El presente juicio de garantías resulta procedente en forma incuestionable, en virtud de que con independencia de que el artículo 122 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, señale que las decisiones dictadas por el Consejo de la Judicatura Federal, serán definitivas e inatacables, tal disposición no debe interpretarse como una prohibición para que los empleados del Poder Judicial de la Federación que no seamos Jueces y Magistrados, podamos acudir al juicio de garantías para que sean revisados los actos de autoridad que transgredan nuestras garantías individuales. Se sostiene lo anterior en virtud de que al prevalecer criterio diferente, sería tanto como dejar al arbitrio del Consejo de la Judicatura Federal, quien tiene la calidad de Juez y parte, la imposición de sanciones, sin que las personas sujetas al procedimiento administrativo tengan la más mínima posibilidad de inconformarse, por tanto, en una sana interpretación, lo dispuesto por el artículo 122 de la citada Ley Orgánica del Poder Judicial Federal, incuestionable que se refiere a la irrecurribilidad de las decisiones que tome dicho Consejo, pero sólo en sede administrativa, ya que de lo contrario se deja sin posibilidad de revisión actos trascendentales de un órgano que emite resoluciones materialmente administrativas, lo cual resulta violatorio de las garantías de igualdad, de seguridad jurídica y de debido proceso legal. Siendo de señalarse que incluso una resolución como de la que se trata, transgrede lo dispuesto por el artículo 13 constitucional, que textualmente señala: ‘Nadie puede ser juzgado por leyes privativas ni por tribunales especiales ...’. Asimismo se menciona que el artículo 100 constitucional, mismo que rige al 122 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en ninguno de sus párrafos contempla la destitución de los que no somos Jueces ni Magistrados. Nada más alejado del espíritu del Constituyente de 1917, que pretender aplicar las leyes privativas, sin dar oportunidad al gobernado de recurrirlas mediante el juicio de garantías, pues precisamente esta injusticia es el origen del movimiento revolucionario, por lo que resulta innegable que pretender interpretar el mencionado artículo 122 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación en el sentido de dejar a los empleados que no somos Jueces ni Magistrados, sin recurso alguno, nos dejaría en total estado de indefensión, resultando contradictorio con el espíritu del Constituyente que nos otorga el derecho inalienable de igualdad ante la ley, plasmado en el artículo 1o. constitucional, pues estimar lo contrario, sería pretender de un plumazo terminar con dicho espíritu de ese Constituyente y de la Honorable Suprema Corte de Justicia de la Nación como fiel guardián de nuestra Carta Magna, por lo que al interpretar el citado dispositivo de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, como un artículo que privilegia a Jueces y Magistrados, sería tanto como aceptar una franca violación a los derechos de la mayoría de la población del Poder Judicial de la Federación integrada, precisamente, por los secretarios y actuarios, perdiendo así con ello lo más elemental del espíritu de las leyes, la salvaguarda de los intereses de la sociedad en la cual debe privilegiarse a las mayorías por encima de las minorías, regresándose así a la época de la colonización, en la que privaba este criterio para la emisión de ordenanzas y decretos. Por las razones antes apuntadas se afirma que el presente juicio de garantías, incuestionablemente resulta procedente en su admisión, trámite y resolución."
TERCERO. Por razón de turno, de la referida demanda correspondió conocer al Juez Octavo de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, quien la desechó mediante el acuerdo de cuatro de junio de mil novecientos noventa y siete que a continuación se reproduce:
"Vista; la demanda de amparo y copias promovida por Maribel García García, por su propio derecho, contra de actos del ‘Pleno de la Judicatura Federal’ y otra autoridad. Al tener en consideración que dicha promovente señala como autoridad responsable ordenadora al ‘Pleno de la Judicatura Federal’, emisora del acto reclamado de donde derivan sus conceptos de violación, en la resolución que pronunció, según menciona la quejosa, el veintidós de enero del presente año, en el expediente de denuncia 10/96, por la cual se le destituyó como secretaria del Primer Tribunal Unitario del Primer Circuito del Poder Judicial de la Federación, por tanto, se estima que la demanda de amparo resulta improcedente y debe desecharse en atención al artículo 100, párrafo octavo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que prevé: ‘Art. 100. La administración, vigilancia y disciplina del Poder Judicial de la Federación, con excepción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estarán a cargo del Consejo de la Judicatura Federal, en los términos que, conforme a las bases que señala esta Constitución, establezcan las leyes ... las decisiones del Consejo serán definitivas e inatacables, salvo las que se refieran a la designación, adscripción y remoción de Magistrados y Jueces, las cuales podrán ser revisadas por la Suprema Corte de Justicia, únicamente para verificar que hayan sido adoptadas conforme a las reglas que establezca la ley orgánica respectiva ...’. De esta manera, y en contra de las manifestaciones que hace la quejosa al respecto, al no estar contemplado el acto reclamado en los casos de excepción a que se refiere el precepto constitucional en cita, que en el caso se traduce en su destitución del puesto que ocupaba como secretaria de tribunal de base, adscrita al Primer Tribunal Unitario del Primer Circuito, resulta notoriamente improcedente la demanda de amparo promovida por Maribel García García, por su propio derecho, contra actos del ‘Pleno de la Judicatura Federal’ y otra autoridad, ante el motivo manifiesto de improcedencia; por lo que con fundamento en el artículo 145 de la Ley de Amparo, en relación con el 100, párrafos primero y octavo de la Constitución General de la República y 122 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se desecha por notoriamente improcedente la demanda de amparo de que se trata. También informa a la determinación anterior el criterio sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver por unanimidad de votos, el amparo en revisión número 2592/96, con fecha veintisiete de septiembre de mil novecientos noventa y seis, promovido por Vicente Ángel González, en que se confirma el acuerdo que desecha la demanda de amparo por los motivos aquí señalados. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que se indica en la demanda de garantías citada. Finalmente, fórmese el cuadernillo auxiliar número 215/97 y háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno."
CUARTO. Inconforme con la anterior resolución, la quejosa interpuso recurso de revisión, mediante escrito presentado el veintitrés de junio de mil novecientos noventa y siete; por acuerdo de veinticuatro del mismo mes y año, el Juez del conocimiento ordenó remitir los autos al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa, en turno, del Primer Circuito, para la resolución del referido medio de impugnación.
QUINTO. Del referido recurso correspondió conocer al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, cuyo presidente lo admitió por acuerdo de cuatro de julio de mil novecientos noventa y siete; posteriormente, mediante resolución de diecisiete de octubre del mismo año, los integrantes de dicho tribunal determinaron remitir los autos a esta Suprema Corte, solicitando se ejerciera la facultad de atracción para conocer de la revisión interpuesta por la quejosa. Dicha resolución es del tenor siguiente:
"ÚNICO. Resulta innecesario transcribir el auto impugnado y los agravios formulados para combatirlo, dado que este tribunal considera pertinente solicitar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que ejerza su facultad de atracción respecto del conocimiento del presente recurso de revisión. En el caso a estudio, el auto que se recurre fue dictado por un Juez de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, en el que desecha por notoriamente improcedente la demanda de amparo. Conforme a lo dispuesto en el segundo párrafo del inciso b), de la fracción VIII, del artículo 107 constitucional, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a petición fundada del correspondiente Tribunal Colegiado de Circuito, podrá conocer de los amparos en revisión que por sus características especiales así lo ameriten. En el escrito de agravios, la parte quejosa recurrente expone que el artículo 122 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en el que se apoya el Juez a quo para desechar su demanda de amparo, ‘... es un dispositivo que pugna con el artículo 1o. constitucional ...’. Aun cuando, en principio, no corresponde a la Suprema Corte de Justicia de la Nación conocer del presente recurso de revisión, este Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, considera que el asunto reviste características especiales, porque los Tribunales Colegiados de Circuito están encargados, por regla general, del control de la legalidad y no de la constitucionalidad de la legislación ordinaria que se invoca en la resolución, materia del recurso de revisión, como se plantea en el presente caso y, además, este cuerpo colegiado no se encuentra en la posibilidad de analizar la inconstitucionalidad del artículo 122 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación que se plantea en el escrito de agravios, situación especial que motiva que se solicite a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que ejerza la facultad de atracción. Sirve de apoyo a esta determinación, el artículo 84, fracción III, de la Ley de Amparo y la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación número P. CVI/97, publicada en las páginas 158 y 159, del Tomo V, junio de mil novecientos noventa y siete, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de texto siguiente: ‘FACULTAD DE ATRACCIÓN PARA CONOCER DE UN RECURSO DE REVISIÓN EN CUYOS AGRAVIOS SE PLANTEA LA INCONSTITUCIONALIDAD DE UN PRECEPTO DE LA LEY DE AMPARO. En tal hipótesis puede llevarse a cabo el ejercicio de la facultad de atracción, pues el recurso de revisión reviste características especiales que no se dan en todos los asuntos, toda vez que al hacerse el planteamiento de inconstitucionalidad de un precepto de la Ley de Amparo, en vía de agravios, que se aplicó al recurrente al desecharse, por notoriamente improcedente, su demanda de amparo, el Tribunal Colegiado de Circuito tendría que pronunciarse, primero, respecto de si es posible o válido hacer este tipo de planteamientos y, de decidirlo positivamente, tendría que realizar el examen de los argumentos que se exponen en el agravio de mérito. En estas condiciones, de no ejercerse la facultad de atracción, se dejaría de examinar una cuestión de especial entidad jurídica, como lo es la posibilidad de introducir, en los recursos de revisión, planteamientos de inconstitucionalidad de preceptos de la Ley de Amparo que se hayan aplicado en perjuicio de las partes por el a quo en la primera instancia de un juicio constitucional, lo que únicamente puede realizar este Alto Tribunal como supremo intérprete de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dado que a los Tribunales Colegiados de Circuito sólo se les ha encomendado, por regla general, el control de la legalidad.’. Por lo expuesto, fundado y con apoyo, además, en los artículos 76 al 79, 184, 192, 193, y demás relativos de la Ley de Amparo, se resuelve: ÚNICO. Remítanse los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para lo que tenga a bien decidir."
SEXTO. Recibidos los autos en este Alto Tribunal, su presidente, mediante acuerdo del catorce de noviembre de mil novecientos noventa y siete, ordenó admitir el recurso de revisión de que se trata registrándolo con el toca 3263/97, asimismo, ordenó notificar la radicación al procurador general de la República.
Por acuerdo de seis de enero de mil novecientos noventa y ocho, se turnaron los autos al Ministro ponente Guillermo I. Ortiz Mayagoitia, para su estudio y proyecto de resolución.
SÉPTIMO. En sesión plenaria celebrada el veintinueve de junio del año en curso, se acordó el aplazamiento del asunto, para el efecto de solicitar la copia de la resolución del Consejo de la Judicatura Federal que fue motivo de impugnación como acto reclamado.
OCTAVO. Como consecuencia de lo anterior, el proyecto propuesto por el Ministro ponente, se volvió a analizar en sesión celebrada el cuatro de agosto del citado año, en la que, sometido a votación, por unanimidad de votos se aprobó el resolutivo primero y ante el empate de cinco votos en relación con los restantes resolutivos, se determinó que el asunto se resolviera en otra sesión.
NOVENO. El diez de agosto del referido año, se analizó el planteamiento de impedimento formulado por el señor Ministro presidente José Vicente Aguinaco Alemán y, por unanimidad de diez votos, se declaró fundado y legal tal impedimento.
DÉCIMO. En sesión celebrada el diez de agosto del año en curso, se analizaron las restantes consideraciones y resolutivos del proyecto presentado por el Ministro ponente y se determinó su resolución, para la sesión del once siguiente se procedió a la votación correspondiente a las consideraciones y puntos resolutivos segundo y tercero, en los términos del presente fallo.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es competente para resolver si ejerce o no la facultad de atracción, respecto del recurso de revisión deducido del cuaderno auxiliar de amparo 215/97, del índice del Juzgado Octavo de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, formado con motivo de la demanda de amparo promovida por Maribel García García, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 84, fracción III, de la Ley de Amparo, en relación con el 11, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.
SEGUNDO. Previo al estudio de la cuestión central que constituye el tema materia del presente expediente, es oportuno dejar precisado que, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción VIII constitucional; 84, fracción III y 182, de la Ley de Amparo, son dos las vías por las cuales la Suprema Corte de Justicia de la Nación puede ejercer la facultad de atracción; una es de oficio y la otra, a petición fundada del Tribunal Colegiado de Circuito que conozca del asunto, o del procurador general de la República, excluyendo de manera deliberada a las partes a que se refiere el artículo 5o. del precitado cuerpo de leyes.
En este contexto, es dable sostener que la solicitud de que se ejerza la facultad de atracción proviene de parte legítima, pues se formuló por los Magistrados integrantes del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito.
TERCERO. Igualmente, debe atenderse el análisis de las razones que justifican la petición que de que se ejerza la facultad de atracción formulada por el referido Tribunal Colegiado y que somete a consideración de este Tribunal Pleno, conviene determinar si se está en el caso de ejercerla respecto del recurso de revisión que se interpone en contra del auto de fecha cuatro de junio de mil novecientos noventa y siete, por el que el Juez Octavo de Distrito en Materia Administrativa del Distrito Federal, desechó la demanda promovida por la ahora recurrente Maribel García García, contra actos del Consejo de la Judicatura Federal y otra autoridad.
Antes de indicar las razones que justifican la procedencia de la facultad de atracción, deben puntualizarse, de manera breve, cuáles son los antecedentes de tal facultad; surge, por una parte, como una atenuación a las medidas adoptadas para abatir y superar el gravísimo problema del rezago, impidiendo que ingrese a la Suprema Corte un número de asuntos superior al que puede desahogar en los términos que actualmente precisa el artículo 17 de la Constitución, a saber, de manera pronta, completa e imparcial, así como para lograr el mejoramiento del sistema de impartición de justicia, mediante la restricción del conocimiento de este Alto Tribunal, de asuntos en los que no fueran planteadas cuestiones estrictamente de constitucionalidad, tratando con ello de permitir a la Corte dedicar mayor tiempo a la atención de los asuntos jurisdiccionales de su competencia que naturalmente le corresponden.
Por otra parte, obedece a que los asuntos que reúnan características de importancia excepcional, lo que sólo podrá determinarse por la propia Suprema Corte, en cada caso, puedan ser conocidos por ella. La actual facultad de atracción tiene antecedentes diversos que, en algunos casos radicaron, como hoy, en la posibilidad de conocer o de dejar de conocer de asuntos de los que, concurrentemente, podían conocer los Tribunales Colegiados de Circuito o, incluso, como ocurrió con la revisión fiscal en contra de sentencias de tribunales administrativos, de considerar improcedente el recurso cuando no reunía los requisitos rigurosos que señalaba la ley.
Esos sistemas permitieron que la Suprema Corte, al ir aplicando las disposiciones genéricas relativas, fuera sustentando criterios que, en la actualidad, resultan ilustrativos para fijar el alcance y las características de la facultad de atracción, dadas las semejanzas que tiene con aquellos mecanismos. Conviene destacar, igualmente, que tanto el Poder Reformador de la Constitución como el legislador ordinario, han preferido recurrir a esos sistemas que adoptar la fórmula más sencilla, pero de más graves consecuencias, a saber, limitar el acceso al juicio de amparo, lo que, obviamente, supone condiciones difíciles de lograr y que, por lo pronto, conforme al criterio adoptado por esos recursos legislativos, no se han llegado a alcanzar.
Así, la tendencia del Constituyente Permanente y los cuerpos legislativos, a través de las diversas reformas constitucionales y legales, ha sido la de ampliar cada vez más la facultad inicialmente llamada discrecional, hasta llegar a la actual facultad denominada de atracción.
En efecto, mediante las diversas reformas constitucionales y legales se ha pretendido establecer una serie de directrices lo suficientemente genéricas, para que sea la propia Suprema Corte la que discrecionalmente pondere si determinados amparos directos o amparos en revisión que, debido precisamente a la restricción de su ámbito competencial, en principio podrían escapar de su conocimiento, por su interés y trascendencia se apartan de los demás asuntos de su género, haciendo patente la conveniencia de que, mediante el ejercicio de la facultad conferida, asuma su conocimiento, objetivo encomiable que se ha perseguido desde las reformas practicadas en el año mil novecientos sesenta y ocho, hasta llegar a las vigentes.
Idénticas consideraciones a las expuestas en este considerando, se externaron en la ejecutoria de fecha veintiocho de octubre de mil novecientos noventa y seis, emitida por este Tribunal Pleno, al resolver el expediente varios 631/96, relativo a la solicitud de ejercicio de la facultad de atracción solicitada por Manuel Camacho Solís.
CUARTO. Precisados los antecedentes de la facultad de atracción, procede exponer los motivos que justifican su ejercicio en el presente asunto promovido por Maribel García García, en atención al particular tipo de amparo en revisión de que se trata, originado por el desechamiento de la demanda de garantías, resulta necesario destacar que el penúltimo párrafo de la fracción VIII del artículo 107 constitucional; la fracción III del artículo 84 de la Ley de Amparo; y, el artículo 10 fracción II, inciso b), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, deben interpretarse armónicamente, tomando en cuenta las consideraciones hasta aquí expuestas.
En el primero de tales preceptos, se dispone lo siguiente:
"Artículo 107. Todas las controversias de que habla el artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo con las bases siguientes: ... VIII. Contra las sentencias que pronuncien en amparo los Jueces de Distrito o los Tribunales Unitarios de Circuito, procede revisión. De ella conocerá la Suprema Corte de Justicia: a) Cuando habiéndose impugnado en la demanda de amparo, por estimarlos directamente violatorios de esta Constitución, leyes federales o locales, tratados internacionales, reglamentos expedidos por el presidente de la República de acuerdo con la fracción I del artículo 89 de esta Constitución y reglamentos de leyes locales expedidos por los gobernadores de los Estados, o por el Jefe del Distrito Federal, subsista en el recurso el problema de constitucionalidad; b) Cuando se trate de los casos comprendidos en las fracciones II y III del artículo 103 de esta Constitución. La Suprema Corte de Justicia de oficio o a petición fundada del correspondiente Tribunal Colegiado de Circuito, o del procurador general de la República, podrá conocer de los amparos en revisión que por su interés y trascendencia así lo ameriten. En los casos no previstos en los párrafos anteriores, conocerán de la revisión los Tribunales Colegiados de Circuito y sus sentencias no admitirán recurso alguno."
En el segundo de los preceptos indicados, se establece lo siguiente:
"Artículo 84. Es competente la Suprema Corte de Justicia para conocer del recurso de revisión, en los casos siguientes: ... III. Cuando la Suprema Corte de Justicia estime que un amparo en revisión, por sus características especiales, debe ser resuelto por ella, conocerá del mismo, bien sea procediendo al efecto de oficio o a petición fundada del correspondiente Tribunal Colegiado de Circuito o del procurador general de la República, aplicándose en lo conducente lo dispuesto por el artículo 182 de esta ley. Si la Suprema Corte de Justicia considera que el amparo cuyo conocimiento por ella hubiere propuesto el Tribunal Colegiado de Circuito o el procurador general de la República, no reviste características especiales para que se avoque a conocerlo, resolverá que sea el correspondiente Tribunal Colegiado el que lo conozca."
El último de los preceptos mencionados establece lo siguiente:
"Artículo 10. La Suprema Corte de Justicia conocerá funcionando en Pleno: ... II. Del recurso de revisión contra sentencias pronunciadas en la audiencia constitucional por los Jueces de Distrito o los Tribunales Unitarios de Circuito, en los siguientes casos: ... b) Cuando se ejercite la facultad de atracción contenida en el segundo párrafo del inciso b) de la fracción VIII del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para conocer de un amparo en revisión que por su interés y trascendencia así lo amerite."
Como se advierte, tanto el primer párrafo de la fracción VIII del artículo 107 constitucional, como el primero de la fracción II del artículo 10 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se refieren al recurso de revisión contra sentencias pronunciadas en amparo por los Jueces de Distrito y, no obstante que sus respectivos incisos a) y b) se relacionan con el mismo tema, la facultad de atracción otorgada a la Suprema Corte debe entenderse referida a los amparos en revisión, en general, que por su interés y trascendencia así lo ameriten, no sólo a aquellos que se originen contra sentencias dictadas en amparo por los Jueces de Distrito, habida cuenta que tanto en las iniciativas como en los dictámenes de los proyectos de reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y a la Ley de Amparo, que han quedado mencionados, invariablemente se habló de los amparos en revisión, y en ningún momento se restringió, exclusivamente, a los amparos en revisión interpuestos contra sentencias dictadas en la audiencia constitucional por los Jueces de Distrito.
Por consiguiente, debe inferirse que también se encuentra referida a los recursos de revisión motivados por el auto desechatorio de una demanda de garantías; toda vez que de lo expresado en las iniciativas y dictámenes mencionados, para justificar las reformas aludidas, se desprende que la facultad de atracción debe ejercerse siempre que se trate de asuntos de interés, importancia, de especial entidad, de particular trascendencia para la vida jurídica de la nación, entre otras expresiones utilizadas, lo que constituye el espíritu de las reformas apuntadas, que va más allá de un simple matiz técnico, que lleve a distinguir entre amparos en revisión contra sentencias definitivas dictadas por los Jueces de Distrito y amparos en revisión contra las resoluciones que desechan la demanda de garantías, porque es lógico que esas características especiales, a las que se refiere el texto reformado del artículo 107 constitucional, no dependen de la naturaleza procesal de la resolución recurrida, esto es, si se trata de una sentencia o de un auto, sino de la naturaleza misma de la materia del amparo en cuestión. Tampoco puede hacerse esa determinación por las causas que lo conduzcan a la instancia de revisión, sino por la importancia intrínseca del asunto, lo cual debe ser el factor determinante para, en su caso, ejercer la facultad de atracción solicitada.
Lo anterior se corrobora, si tomamos en cuenta que la adición al artículo 84 de la Ley de Amparo, que dio origen a su texto actual, no fue en su fracción I, relativa a los amparos en revisión contra sentencias dictadas en la audiencia constitucional por los Jueces de Distrito, sino que se creó una nueva fracción, la III, desligada de las dos que la preceden, relativa a la facultad de atracción de la Suprema Corte en amparos en revisión, entendidos éstos como género y no como una especie determinada, con el único requisito de que se distingan de cualquier otro asunto de su tipo, exclusivamente por sus características de interés y trascendencia, nada más. Debe interpretarse que el legislador ordinario, de acuerdo con todo el proceso legislativo, lo que buscó fue ajustarse a lo dispuesto en el texto constitucional y no entrar en contradicción con el mismo.
Precisado lo anterior, debe concluirse que compete a la Suprema Corte, funcionando en Pleno, conocer de los amparos en revisión, lato sensu, como lo es el originado con motivo del desechamiento de la demanda de garantías efectuado por un Juez de Distrito, cuando por su interés y trascendencia así lo amerite.
Similares consideraciones a las expuestas en este considerando, se externaron en la ejecutoria de fecha veintiocho de octubre de mil novecientos noventa y seis, emitida por este Tribunal Pleno, al resolver el expediente varios 631/96, relativo a la solicitud de ejercicio de la facultad de atracción solicitada por Manuel Camacho Solís.
Es aplicable a este considerando la tesis siguiente:
"ATRACCIÓN, FACULTAD DE. SU EJERCICIO PROCEDE RESPECTO DE RECURSOS DE REVISIÓN INTERPUESTOS EN CONTRA DE AUTOS POR LOS QUE SE DESECHA UNA DEMANDA. El examen de los antecedentes legislativos de la facultad de atracción conferida a la Suprema Corte de Justicia, revela que con relación a los amparos en revisión fue abierta a la generalidad de éstos, sin restricción alguna, por lo que deben considerarse comprendidos dentro de esa gama a los recursos de revisión interpuestos en contra de autos en los que se desecha una demanda de garantías, con el único requisito de que se distingan de cualquier otro asunto de su tipo por sus características de interés y trascendencia." (Novena Época. Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo: IV, diciembre de 1996. Tesis: P. CL/96. Página: 109).
QUINTO. U
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/5336-482bca1a/consejo-de-la-judicatura-federal-contra-las-resoluciones · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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