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Modo: Corpus Pro

LEGALIDAD TRIBUTARIA. EL EXAMEN DE ESTA GARANTÍA EN EL JUICIO DE AMPARO, ES PREVIO AL DE LAS DEMÁS DE JUSTICIA FISCAL. RENTA. EL ARTÍCULO 78-A DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, AL PERMITIR QUE UN ÓRGANO ADMINISTRATIVO, SEA QUIEN DETERMINE UNO DE LOS COMPONENTES DE LA BASE DEL IMPUESTO (CERTIFICADOS DE LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN), ES VIOLATORIO DEL PRINCIPIO DE LEGALIDAD TRIBUTARIA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 31, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. RENTA. EL ARTÍCULO 78-A DEL IMPUESTO RELATIVO VIOLA LA GARANTÍA DE LEGALIDAD TRIBUTARIA, AL REMITIR A LOS CERTIFICADOS DE LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN (CETES) PARA CALCULAR UN COMPONENTE DE LA BASE DEL TRIBUTO. AMPARO CONTRA LEYES. SUS EFECTOS SON LOS DE PROTEGER AL QUEJOSO CONTRA SU APLICACION PRESENTE Y FUTURA.

Tipo de asunto: AMPARO EN REVISIÓN 1897/95. · Registro digital (IUS): 5677
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: CALIXTO VILLAMAR JIMÉNEZ.
Localización: Novena Época. Pleno. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, Junio de 1999, , Pág. 420.

Nota: La siguiente ejecutoria aparece publicada bajo el rubro "RENTA, IMPUESTO SOBRE LA. EL ARTÍCULO 78-A DE LA LEY RELATIVA, AL PERMITIR QUE UN ÓRGANO ADMINISTRATIVO, EN LUGAR DEL LEGISLADOR, SEA QUIEN DETERMINE UNO DE LOS ELEMENTOS QUE INCIDEN DIRECTAMENTE EN LA DETERMINACIÓN DE LA BASE DEL IMPUESTO (CERTIFICADOS DE LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN), ES VIOLATORIO DEL PRINCIPIO DE LEGALIDAD TRIBUTARIA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 31, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.".

AMPARO EN REVISIÓN 1897/95. CALIXTO VILLAMAR JIMÉNEZ.

MINISTRO PONENTE: GUILLERMO I. ORTIZ MAYAGOITIA.

SECRETARIO: ARMANDO CORTÉS GALVÁN.

CONSIDERANDO:

QUINTO. El recurrente aduce, en la parte inicial de sus agravios, que contrariamente a lo sostenido por el Juez de Distrito, en su demanda de garantías expresó conceptos de violación en contra del contenido del artículo 78-A de la Ley del Impuesto sobre la Renta, por estimar que el impuesto que establece se aparta de los principios de equidad, proporcionalidad y legalidad, en cuanto considera como ingresos por servicios las cantidades resultantes de aplicar al importe de los préstamos obtenidos de su patrón una tasa equivalente a la diferencia entre la tasa pactada y la tasa promedio diaria de los Certificados de la Tesorería de la Federación colocados a noventa días correspondiente al mes inmediato anterior, sin que por ello fuera necesario plantear conceptos por vicios propios de la aprobación, expedición y refrendo del decreto que reformó tal precepto legal.

Es fundado este agravio, pues del resultando tercero de esta ejecutoria se desprende que efectivamente el quejoso expresó conceptos de violación dirigidos a cuestionar la constitucionalidad del artículo 78-A de la Ley del Impuesto sobre la Renta, consistentes en que contraría los principios de proporcionalidad, equidad y legalidad tributaria, por lo que debe estimarse satisfecho el requisito previsto en el artículo 116, fracción V, de la Ley de Amparo, por cuanto se estima que el quejoso, al impugnar el contenido de dicha norma, está cuestionando a la vez el decreto de reformas que la creó y todos los actos, entre ellos los de expedición y refrendo, que concurrieron al procedimiento legislativo que le dio vigencia.

En la parte restante de sus agravios, el inconforme argumenta que el Juez de Distrito debió tener por demostrado su interés jurídico para reclamar el mencionado precepto legal, pues si bien la mera emisión del oficio número 325-067-95 de la Administración General Jurídica de Ingresos del diez de febrero de mil novecientos noventa y cinco, no le irroga perjuicio, también lo es que tal perjuicio lo sufre con motivo de su manifestación de voluntad de acogerse a las modalidades previstas en dicho oficio, para evitar la aplicación inmediata y total del impuesto cuestionado, manifestación que entraña el primer acto de aplicación de la ley reclamada.

Agrega que debe considerarse aplicada la ley en su perjuicio, pues, dice, tan inconstitucional es la tasa prevista en el precepto impugnado como la del 14.62% por la cual optó, en tanto ambas suponen que se consideran como ingresos por servicios las diferencias que arroje la comparación de la tasa pactada en los préstamos y la de los Certificados de la Tesorería de la Federación o los valores a cargo del Gobierno Federal a que se refiere la ley.

También es fundado este agravio, atentas las siguientes razones:

Del capítulo de resultandos de esta ejecutoria se desprende que el quejoso reclamó en el juicio de amparo, el decreto de reformas a la Ley del Impuesto sobre la Renta, por cuya virtud se dispuso en el artículo 78-A lo siguiente:

"Artículo 78-A. Para los efectos de este capítulo se consideran ingresos en servicios por la prestación de un servicio personal subordinado, las cantidades que resultan de aplicar al importe de préstamos obtenidos una tasa equivalente a la diferencia entre la tasa pactada por dichos préstamos y la tasa promedio diaria de los Certificados de la Tesorería de la Federación, colocados a plazo de noventa días, en el mes inmediato anterior, o en su defecto, del valor a cargo del Gobierno Federal inscrito en el Registro Nacional de Valores e Intermediarios equiparable a los certificados mencionados, cuando esta última sea mayor.

"Los ingresos a que se refiere este artículo se consideran obtenidos mensualmente y se determinarán aplicando al total del préstamo disminuido con la parte que del mismo se haya reembolsado, la tasa que resulte conforme al párrafo anterior en la parte que corresponda al mes de que se trate."

Asimismo se aprecia que el quejoso no reclamó esta disposición por su sola entrada en vigor, sino con motivo del primer acto de aplicación, el cual afirma se produjo el treinta de marzo de mil novecientos noventa y cinco cuando se colocó en el supuesto de la norma, al acogerse al tratamiento dispuesto en el oficio número 325-067-95 del diez de febrero de mil novecientos noventa y cinco, girado por la Administración General Jurídica de Ingresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público al representante legal de la Asociación de Banqueros de México, Asociación Civil, así como de las circulares que las Direcciones Corporativa y Ejecutiva de la institución bancaria en que labora dirigieron a sus empleados, documentos que son del tenor siguiente:

"C. Alberto Navarro Rodríguez. Representante legal de la Asociación de Banqueros de México, A.C. Por escrito de fecha 20 de enero del presente año, el C. Alberto Navarro Rodríguez en representación de la Asociación de Banqueros de México, A.C., señala que los empleados bancarios tienen como prestación laboral, el obtener de las instituciones a las que prestan sus servicios, diversos préstamos o créditos con tasas fijas de interés, y que de conformidad con los contratos colectivos de trabajo que los bancos tienen celebrados con sus trabajadores, los descuentos que les pueden hacer a estos últimos, no serán en ningún caso, mayores al 30% de su sueldo o del 40% cuando tengan otorgado crédito hipotecario. Asimismo, manifiesta el promovente que de conformidad con el artículo 78-A de la Ley del Impuesto sobre la Renta, se consideran ingresos en servicios para los trabajadores, la diferencia entre las cantidades que resulten de aplicar a los créditos obtenidos por el trabajador, la tasa de interés pactada con el empleador y la tasa promedio diaria de los Certificados de la Tesorería de la Federación a plazo de noventa días, por lo que de conformidad con el incremento que la última tasa señalada ha tenido recientemente, los trabajadores bancarios han visto aumentados sus ingresos en servicios derivados de los préstamos o créditos que tienen con sus empleadores, lo cual implica un incremento en la cantidad que tiene que ser descontada por concepto de impuesto sobre la renta a su cargo, incremento que en algunos casos puede llegar a absorber la parte de sueldo que queda al trabajador después que el empleador le haga los descuentos por otros conceptos distintos al impuesto señalado, por lo que solicita se autorice temporalmente a las instituciones que integran la Asociación de Banqueros de México, A.C., que representa, para que calculen los ingresos en servicios de sus empleados que establece el referido artículo 78-A, considerando en lugar de la tasa promedio diaria de los Certificados de la Tesorería de la Federación colocados a noventa días, que estuvo vigente en el mes inmediato anterior a aquel que corresponda el ingreso, la tasa que los mismos valores tuvieron para el mes de diciembre de 1994. Esta Administración General Jurídica de Ingresos con fundamento en los artículos 63, fracción XIV del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 34 y 36 Bis del Código Fiscal de la Federación, procede a resolver la solicitud de autorización presentada por la Asociación de Banqueros de México, A.C., en los términos siguientes: Primero. Se autoriza a las instituciones de crédito integrantes de la asociación solicitante, para que durante el periodo comprendido entre el 1o. de febrero y el 31 de diciembre de 1995 puedan optar por determinar las retenciones del impuesto sobre la renta de sus empleados a los que tienen concedidos préstamos o créditos, calculando el ingreso en servicio que les corresponda a los créditos que les hubieran otorgado con anterioridad al 1o. de enero de 1995, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 78-A de la Ley del Impuesto sobre la Renta, aplicando la tasa promedio diaria de los Certificados de la Tesorería de la Federación, colocados a noventa días, que resulta del promedio de las colocaciones que de dichos valores se efectúo en cada uno de los meses comprendidos en el año de 1994, la cual es de 14.62, siempre que la institución de crédito que ejerza la opción prevista en este punto cumpla con los requisitos siguientes: I. Calcule en los términos del artículo 83, fracción II de la Ley del Impuesto sobre la Renta, el impuesto anual para el ejercicio de 1995, respecto de todos los empleados por los que hubiera ejercido la opción, aun en el supuesto de que dichas personas le comuniquen por escrito que presentarán declaración anual por dicho ejercicio, calculando el ingreso en servicio previsto en el artículo 78-A de la ley citada correspondiente a los créditos que les hubieran otorgado con anterioridad al 1o. de enero de 1995, aplicando la tasa promedio diaria de los Certificados de la Tesorería de la Federación colocados a noventa días, que resulte del promedio de las colocaciones que de dichos valores se efectúe en cada uno de los meses comprendidos en el periodo del 1o. de enero al 30 de noviembre de 1995. En el caso de que alguna de las personas por las que hubiera ejercido la opción, deje de prestarle servicios antes del 1o. de diciembre de 1995, deberá calcularle las retenciones del impuesto sobre la renta que le hubieran correspondido de no aplicarle la opción prevista en esta resolución, y de resultar mayor el impuesto sobre la renta que le hubiera correspondido, deberá efectuarle retención de la diferencia resultante y enterarla juntamente con el impuesto sobre la renta que le hubiera retenido en el mes en el que dejó de prestarle sus servicios. II. Obtenga compromiso por escrito de todos sus empleados por los que ejerza la opción, en el que aparezca la firma del empleado manifestando su conformidad para que el cálculo del impuesto sobre la renta a su cargo por el ejercicio de 1995, se le haga en los términos previstos en la fracción anterior de este punto, así como para que en los casos en que le presente aviso a la institución de que él va a presentar su declaración anual, la institución le efectúe de todas maneras el cálculo anual del ingreso en servicios previsto en el artículo 78-A de la Ley del Impuesto sobre la Renta, así como el cálculo anual del impuesto, considerando en el cálculo del impuesto, únicamente los ingresos previstos en el capítulo I del título IV de la citada ley, reteniéndole la diferencia de impuesto que resulte a su cargo en el citado capítulo I del título IV, y para que en el caso de que le deje de prestar servicios antes del 1o. de diciembre de 1995, le hagan el cálculo y retención previstos en la fracción anterior. III. Que en las constancias que en los términos del artículo 83, fracción III de la Ley del Impuesto sobre la Renta, proporcione por el año de 1995 a las personas por las cuales ejerza la opción prevista en esta resolución, les señale como ingresos en servicios previstos en el artículo 78-A de la ley citada correspondientes a los créditos que le hubieran sido otorgados con anterioridad al 1o. de enero de 1995, los que se obtengan de calcular dichos ingresos aplicando la tasa promedio diaria de los Certificados de la Tesorería de la Federación colocados a noventa días, que resulte del promedio de las colocaciones que de dichos valores se efectúe en cada uno de los meses comprendidos en el periodo del 1o. de enero al 30 de noviembre de 1995, y distinguiendo en el monto de las retenciones efectuadas, a aquellas por las cuales se hará el pago diferido en los términos del siguiente punto de esta resolución. Segundo. Se autoriza a las instituciones de crédito para que las diferencias del impuesto sobre la renta correspondiente al ejercicio de 1995, que en los términos de lo dispuesto por el punto primero de esta resolución, calculen a las personas por las que ejerzan la opción prevista en dicho punto, se puedan pagar en forma diferida hasta en 18 parcialidades mensuales, iguales y sucesivas, sin garantía de interés fiscal, siempre que se cumpla lo siguiente: I. Que el entero de todas las parcialidades lo haga la institución de crédito que hubiera determinado la diferencia de impuesto sobre la renta a cargo de sus empleados para lo cual la institución de que se trate, efectuará el entero de la primera parcialidad en el mes de enero de 1996, debiendo presentar ante la Administración Especial de Recaudación, dentro del mes siguiente a la fecha de pago de la primera parcialidad, escrito firmado por un representante legal de la institución en el que asuma la responsabilidad solidaria por el total de las diferencias de impuestos determinadas a cargo de las personas por las que ejercieron la opción prevista en el punto primero de esta resolución, así como por los accesorios que se originan por las mismas, señalando en dicho escrito el total del crédito cuyo pago se difiera y el número de parcialidades elegidas, acompañando al mismo copia de la declaración con la cual hayan efectuado el pago de la primera parcialidad y del documento con el cual acredita su representación legal. II. Que en el caso de que las personas por las cuales se obligan a efectuar el entero de las parcialidades en los términos de la fracción anterior de este punto, dejen de prestarle servicios a la institución antes de haber efectuado el pago de la totalidad del crédito fiscal por el cual se ejerció la opción de pago en parcialidades, el saldo del crédito aún no cubierto por esa persona, se entere dentro del mes siguiente a aquel en que el empleado dejó de prestarle servicios."

"Marzo de 1995. A todos los colaboradores de Banca Serfín, S.A. A partir de enero de 1992, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público decretó una tasa de impuesto para préstamos -prestación como empleado de Banca Serfín-, y esto se ha venido reflejando en tu recibo de nómina bajo el concepto de ‘ingresos por préstamos al personal’. Esta tasa se ha visto incrementada por la reciente alza de los Cetes. Por tal motivo, con fecha 10 de febrero del año en curso, la Secretaría de Hacienda en apoyo al empleado bancario ha resuelto la opción de fijar una tasa provisional menor a la vigente, esto hará que no se vean afectados tus ingresos durante el año de 1995, sin embargo, existirá un diferencial de tasas que se acumulará en un adeudo, el cual se te empezará a descontar a partir de enero de 1996 en 18 mensualidades. Nuestra dirección general, en beneficio de tus ingresos netos quincenales ha autorizado diversas opciones de reestructura de préstamos, para que acudas al área de Recursos Humanos, donde se te atenderá en forma particular."

"A todo el personal de Banca Serfín. Marzo 1995. Como es de su conocimiento, a partir del año de 1992 se aplicó el artículo 78-A de la Ley del Impuesto sobre la Renta, relativo al cálculo del impuesto sobre el concepto de ‘ingresos por servicios’, para los trabajadores que tengan préstamos como prestación y que consiste en considerar como ingreso afecto al impuesto, el monto resultante de la diferencia entre las tasas pactadas de los préstamos y el rendimiento promedio de los Cetes a un plazo de 90 días del mes anterior. Este diferencial se ha venido identificando en sus recibos de nómina, precisamente a partir de 1990 bajo el concepto de ‘ingreso por préstamos al personal’. Derivado de los recientes acontecimientos económicos, los rendimientos de los Cetes han estado a la alza, por lo que los ingresos por servicios de los trabajadores bancarios en general se han visto incrementados en forma importante. En consideración a lo anterior, la Asociación de Banqueros de México, procedió a efectuar consultas ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la que por conducto de la Administración General Jurídica de Ingresos, mediante oficio 325-067-95 del 10 de febrero de 1995 resolvió establecer una opción para las instituciones, consistente en un procedimiento que en síntesis dispone lo siguiente: 1. Para el personal con préstamos otorgados con anterioridad al 1o. de enero de 1995, se aplicará la tasa provisional del 14.62% anual para calcular al diferencial que se considera como ingreso por servicios, durante el periodo comprendido del 1o. de febrero al 31 de diciembre de 1995. Al cierre del ejercicio de 1995 se determinará la tasa promedio de referencia de los Cetes a 90 días vigentes durante dicho periodo, con las variaciones ocurridas con respecto a la tasa del 14.62% anual y al diferencial de tasas se le aplicará el impuesto correspondiente, el cual constituirá el adeudo a cubrir por el personal, con la facilidad de pagarlo en 18 parcialidades iguales y sucesivas mediante retención que le haga la propia institución, el entero de la primera parcialidad será en el mes de enero de 1996. Como puede observarse, la ventaja consiste en poder diferir el pago de impuestos hasta el mes de enero de 1996, mes en que empezarán los pagos parciales mensuales (18), dichas parcialidades causarán intereses, tasa de actualización y tasa de prórroga a partir del pago de la segunda parcialidad en el mes de febrero de 1996. Son condiciones para el ejercimiento de la opción, las siguientes: A) Que la institución efectúe ajuste anual de impuestos a todo el personal incluido en la opción, independientemente que decidieran o estuvieran obligados a presentar su declaración anual. B) Que a los trabajadores que causaren baja por cualquier motivo antes del 1o. de diciembre de 1995, les sea retenido el impuesto que debió aplicarse desde el mes de febrero de 1995. C) Que el personal otorgue su consentimiento por escrito para ser incluido en la opción. 2. Para todos aquellos trabajadores que por escrito manifestaron no incluirlos en esta opción o no se reciba respuesta a más tardar el 31 de marzo de 1995, para el cálculo del impuesto sobre ingresos por préstamos al personal, les serán aplicadas las tasas vigentes de Cetes a 90 días. 3. Para el personal que hubiere obtenido préstamos con posterioridad al 1o. de enero de 1995, no le será aplicada la opción establecida. La dirección general ha autorizado diversas opciones de reestructura de créditos, con el propósito de mejorar la liquidez mensual, las cuales serán revisadas en forma particular con las áreas de Recursos Humanos, para que el personal tenga información para una mejor toma de decisiones."

Para acreditar el acto de aplicación, el quejoso anexó a su demanda la copia al carbón de la documental que obra en papel membretado de la institución bancaria, sin fecha impresa, que a la letra dice:

"Dirección de Recursos Humanos. Estudio de ingresos por préstamos.

"Nombre del empleado: Villamar Jiménez Calixto

"Sueldo mensual: 11,000.00

"Compen. por antigüedad: 0.000

"B.E.C.: 2,300.00

Ver anexo

________________________________________________________________

Cálculo aproximado

Expresamente reconozco el contenido y alcance del artículo 78-A de la Ley del Impuesto sobre la Renta en vigor, relativo a la acumulación de las diferencias sobre la tasa de interés pactada y la de Cetes a un plazo de 90 días, a mis ingresos y a la consecuente retención y entero de los impuestos respectivos por la institución. Firma de conformidad (ilegible) 30- (ilegible) -95 (una leyenda anotada en letra manuscrita ilegible)."

El análisis de este documento, con arreglo a lo dispuesto en los artículos 202 y 203 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicable supletoriamente al caso según el numeral 2o. de la Ley de Amparo, conduce a la conclusión de que asiste razón al recurrente en cuanto afirma que en el caso se encuentra demostrada la existencia del acto de aplicación de la ley reclamada que lo habilita para acudir al juicio de amparo en reclamo de su inconstitucionalidad, dado que en términos del documento transcrito en último lugar, en el cual se acogió al tratamiento fiscal dispensado por el administrador general Jurídico de Ingresos de la Secretaría del ramo en favor de los empleados bancarios, se halla colocado en la hipótesis del artículo impugnado en calidad de contribuyente del impuesto por ingresos por la prestación de un servicio personal subordinado.

No es óbice para esta consideración, que por virtud de dicho acto, el quejoso obtenga un tratamiento preferencial en el pago del gravamen para que en el periodo comprendido del primero de febrero al treinta y uno de diciembre de mil novecientos noventa y cinco, calcule el impuesto considerando una tasa inferior a la prevista en la ley reclamada y entere las diferencias correspondientes en dieciocho mensualidades pagaderas a partir del primero de enero del año siguiente, toda vez que esta circunstancia no lo libera de la aplicación de la ley cuestionada, en tanto conserva su condición de contribuyente y por la sola realización del hecho imponible adquiere la obligación de realizar el pago del tributo aunque sea de manera parcial, durante el año de mil novecientos noventa y cinco, y diferida por lo que hace a las diferencias resultantes a su cargo.

En este sentido, debe entenderse satisfecha la condición de procedencia de la acción constitucional, pues está demostrada la aplicación de la ley reclamada en perjuicio del quejoso.

Al resultar fundado este agravio y suficiente para desvirtuar los motivos y fundamentos de la sentencia recurrida, lo procedente es analizar las proposiciones de sobreseimiento formuladas por el procurador fiscal de la Federación, en ausencia del titular del ramo y en nombre del presidente de la República (similares a las expresadas por el administrador general Jurídico de Ingresos), que no fueron examinadas por el a quo.

SEXTO. La autoridad responsable sostiene, en síntesis, que el juicio de amparo resulta improcedente, de acuerdo con las siguientes razones:

"1. Se actualizan las hipótesis del artículo 73, fracciones VI, XII y XVIII, de la Ley de Amparo, porque con la documental agregada a fojas veintiuno de autos, expedida por la Subdirección de Relaciones Laborales de la institución bancaria el día diez de abril de mil novecientos noventa y cinco, se demuestra que a la fecha de la promoción de la demanda aparecían registrados diversos saldos en las cuentas relativas a los préstamos obtenidos por el quejoso, de donde se desprende que el empleador debió retenerle el monto correspondiente al impuesto reclamado con anterioridad a la fecha en que, según el quejoso, se produjo el primer acto de aplicación; que, por tanto, debe estimarse que el quejoso consintió la ley, al no oponerse a las sucesivas retenciones del impuesto, y que la está impugnando de manera extemporánea con motivo de un acto de aplicación ulterior;

"1. Corrobora lo anterior la circunstancia de que, en términos del oficio exhibido por el quejoso, las reglas para el pago parcial del impuesto y el pago diferido de las diferencias del mismo sólo son aplicables a los préstamos contratados hasta el año de mil novecientos noventa y cuatro, de modo que los préstamos registrados a su cargo debieron ser autorizados con anterioridad a esa fecha, ya bajo el imperio de la ley cuestionada que en su redacción original entró en vigor en mil novecientos ochenta y cuatro y fue reformada siete años después;

"2. Opera la causal contemplada en el artículo 73, fracción V, de la Ley de Amparo, porque las pruebas exhibidas por el quejoso no son las idóneas para acreditar su interés jurídico, pues debió aportar al juicio la solicitud y aprobación del préstamo y el recibo de la primera retención para acreditar que se trata del primer acto de aplicación de la ley;

"3. La misma regla es aplicable tratándose del acto que se reclama consistente en el oficio número 325-067-95 dirigido por el administrador general jurídico de Ingresos a la Asociación de Banqueros, toda vez que el mismo no afecta el interés jurídico del quejoso, en tanto no le está dirigido en forma concreta y directa; además, se trataría de un acto derivado de otro consentido que fue la primera retención del tributo; y

"4. Las disposiciones transitorias del decreto cuestionado, que establecen un porcentaje de aplicación gradual de la tasa prevista en el artículo 78-A de la Ley de Impuesto sobre la Renta, fijando para el año de mil novecientos noventa y dos el 25% de la misma, para mil novecientos noventa y tres el 50%, para mil novecientos noventa y cuatro el 75% y para mil novecientos noventa y cinco el 100%, no afectan los intereses jurídicos del quejoso, porque con la aplicación del tratamiento especial dispuesto para los empleados bancarios, se le otorga el beneficio de que no pague el importe total de la retención de acuerdo con esas tasas."

No se actualizan las causas de improcedencia aducidas, según se expone a continuación:

Por lo que hace a la descrita en el numeral 1) de la relación que antecede, importa analizar la documental aportada por el quejoso con su demanda, que a la letra dice:

"México, D.F. 10 de abril de 1995. A quien corresponda: Por este conducto hacemos constar que el Lic. Calixto Villamar Jiménez, presta sus servicios en esta institución desde el 15 de enero de 1991. A la fecha, el Lic. Villamar Jiménez desempeña el puesto de gerente asesoría jurídica en la Dirección Jurídico Contencioso. Asimismo, a la fecha presenta los siguientes saldos de sus préstamos que le fueron otorgados por la institución:

Ver saldos

Se extiende la presente carta constancia, a petición del interesado para los efectos que estime pertinentes."

El análisis de este documento, en donde efectivamente se asienta que el día diez de abril de mil novecientos noventa y cinco (catorce días antes de la presentación de la demanda), existían saldos por préstamos otorgados al quejoso, no conduce, sin embargo, a estimar improcedente el juicio de garantías, pues dicho documento no constituye prueba fehaciente de que, con anterioridad a la promoción del juicio y fuera del plazo previsto en el artículo 21 de la Ley de Amparo, se hayan concretado en perjuicio del demandante uno o varios actos de aplicación de la ley cuestionada.

La anterior postura dimana de que en el instrumento en examen no se asentaron las fechas en que se concedieron al quejoso los préstamos relacionados, ni tampoco se hicieron constar datos o elementos que permitan afirmar, de manera indubitable, que se efectuaron las retenciones correspondientes con una anterioridad tal que haga improcedente el juicio por consentimiento de la ley y de su aplicación, ni siquiera considerando que los préstamos de que se trata, para quedar comprendidos en el régimen preferencial de pago del impuesto, debieron otorgarse con anterioridad al primero de enero de mil novecientos noventa y cinco, pues, como ya se dijo, no se sabe de una fecha exacta en que se haya realizado la retención, sobre todo si se atiende al criterio firme de este Alto Tribunal en el sentido de que las causas de improcedencia y sobreseimiento deben quedar plenamente demostradas y no decretarse con apoyo en inferencias o suposiciones, según se asienta en la jurisprudencia publicada con el número doscientos ochenta y cuatro de la compilación de mil novecientos noventa y cinco, Tomo VI, Materia Común, que dice:

"IMPROCEDENCIA DEL AMPARO. DEBE PROBARSE PLENAMENTE Y NO APOYARSE EN PRESUNCIONES. Las causales de improcedencia en el juicio constitucional deben estar plenamente demostradas y no inferirse a base de presunciones."

El mismo principio inspiran las tesis publicadas en la citada compilación, con los números cincuenta y nueve y sesenta y cinco que enseguida se reproducen:

"AMPARO NO EXTEMPORÁNEO. Si no hay datos que establezcan un punto de partida para contar el término dentro del cual debió reclamarse el acto, no puede afirmarse que la demanda de amparo sea extemporánea."

"AMPARO, TÉRMINO PARA LA INTERPOSICIÓN DEL, CUANDO EXISTE DUDA DE SU VENCIMIENTO. Cuando hubiere duda respecto de si ha transcurrido o no, el plazo para la interposición del amparo, debe admitirse y tramitarse la demanda respectiva."

Si en la especie no hay prueba precisa y concluyente de que en una fecha distinta a la señalada por el quejoso se produjo el primer acto de aplicación de la ley reclamada, fecha cierta a partir de la cual pueda efectuarse el cómputo para el ejercicio de la acción, resulta obligado concluir que no puede decretarse el sobreseimiento por los motivos aducidos, máxime que, ante la afirmación de la autoridad de que se reclama un acto ulterior de aplicación, correspondía a ella y no al quejoso rendir la prueba conducente a la demostración de tal hecho, de acuerdo con las reglas previstas en los artículos 81 y 82 de la Ley de Amparo.

Respecto de la proposición presentada en el inciso 2) de la relación precedente, debe decirse que tampoco asiste razón a la autoridad responsable, pues aun admitiendo que la constancia de retención pudo ser prueba idónea para acreditar el acto de aplicación de la ley, debe observarse, por una parte, que la aplicación de una norma tributaria no debe traducirse necesariamente en el pago del gravamen, sino que puede consistir en la realización de cualquier acto por cuya virtud el destinatario de la norma se coloque en su hipótesis, como aconteció en la especie, en que el quejoso se sujetó a los efectos de la ley a través de optar por un sistema de pago parcial y diferido; y, por otra parte, que de acuerdo con el sistema procesal imperante en nuestro derecho, la prueba de un hecho puede alcanzarse a través de cualquier medio que no sea contrario a la moral o ilícito, de modo que no cabe exigir al quejoso la exhibición precisamente de c

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/5677-42d81178/legalidad-tributaria-el-examen-de-esta-garantia-en · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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