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Modo: Corpus Pro

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL EN CONTRA DE UNA RESOLUCIÓN DICTADA EN ACATAMIENTO DE UNA EJECUTORIA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. SON INOPERANTES LOS CONCEPTOS DE INVALIDEZ QUE VERSEN SOBRE EL EXCESO O DEFECTO EN EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA O SOBRE CUESTIONES QUE CONSTITUYAN COSA JUZGADA. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ES PROCEDENTE EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN DICTADA EN ACATAMIENTO DE UNA EJECUTORIA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN EN EL ASPECTO EN QUE SE DEVOLVIÓ PLENITUD DE JURISDICCIÓN A LA AUTORIDAD DEMANDADA.

Tipo de asunto: CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 13/2000. · Registro digital (IUS): 6763
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEMIXCO, MORELOS.
Localización: Novena Época. Pleno. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XII, Noviembre de 2000, , Pág. 469.

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 13/2000. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEMIXCO, MORELOS.

MINISTRO PONENTE: MARIANO AZUELA GÜITRÓN.

SECRETARIA: MARÍA ESTELA FERRER MAC GREGOR POISOT.

México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día dieciocho de septiembre del año dos mil.

VISTOS; y

RESULTANDO:

PRIMERO. Por escrito presentado el trece de marzo de dos mil, ante la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Antonio Domínguez Jarillo, en su carácter de presidente municipal del Ayuntamiento del Municipio de Temixco, Morelos, promovió demanda en la vía de controversia constitucional en contra del Congreso y del gobernador del Estado de Morelos, por los actos que a continuación se indican:

"A) Del C. Gobernador del Estado de Morelos se demanda la invalidez de sus actos, consistentes en: la promulgación y publicación del Decreto No. 946, en el Periódico Oficial del Gobierno de Morelos No. 4030 de fecha 2 de febrero del presente año, que es exactamente igual al Decreto No. 92 invalidado por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. B) Del C. Gobernador del Estado de Morelos se demanda la invalidez del acto consistente en poner en vigencia el Decreto No. 946 no obstante de que el proyecto no había quedado firme todavía, por la posibilidad de la interposición del recurso de queja de la actora ante el Máximo Tribunal de la nación. C) Del C. Gobernador del Estado de Morelos sustituto y actual, se demanda la invalidez del acto consistente en consentir tácitamente la iniciativa de decreto presentada por el exgobernador constitucional, por escrito de fecha 12 de diciembre de 1996, ante el Congreso del Estado, y su omisión en opinar en relación a dicha iniciativa, y que contiene mediciones inciertas e inexactas del territorio que se pretende anexar a Cuernavaca. D) Del Congreso del Estado de Morelos, se demanda la invalidez del proceso legislativo consistente en examinar, discutir y aprobar la iniciativa de decreto que le fue presentada por el Ejecutivo Estatal de fecha 12 de diciembre de 1996, por el que se reconoce la jurisdicción del Municipio de Cuernavaca en territorio reconocido al Municipio de Temixco, Morelos, aprobándolo bajo el Decreto Número 946, cuya superficie se indica en el mismo, y que aquí se reproduce íntegramente para evitar repeticiones innecesarias, expedido el 31 de enero del año 2000, aprobándolo exactamente igual al Decreto No. 92 que fue declarado invalidado."

SEGUNDO. En la demanda se señalaron como antecedentes del caso los siguientes:

"1. El Municipio de Temixco, Morelos, fue creado por Decreto Ley No. 66 publicado en el Periódico Oficial No. 497 del Estado de Morelos, de fecha 5 de marzo de 1933; geográficamente se encuentra situado al sur de Cuernavaca, hoy, ambos Municipios se han constituido en zona conurbada. El Municipio de Temixco, al principio se fundó en los poblados de Tetlama, Cuentepec, Acatlipa, Temixco, Pueblo Viejo, Alta Palmira (puente), y de estos dos últimos poblados se crearon las colonias en conflicto, siendo éstas, la Lázaro Cárdenas del Río con sus dos ampliaciones (El Polvorín y Los Guayabos), Mina Cinco, Los Pilares, Loma Bonita, La Parota, Adolfo López Mateos con sus ampliaciones y Las Palmas con sus ampliaciones, territorio que ha poseído Temixco desde tiempo inmemorial junto con su Hacienda de Temixco, asentada esta misma en el centro de la población del mismo nombre. 2. Para llegar a ser lo que hoy es el Municipio de Temixco, desde el punto de vista de su forma y extensión geográfica, han sido muy importantes los decretos que se han venido publicando a partir de 1933, decretos gubernamentales que le han reconocido al Municipio, algunas colonias, poblados o fraccionamientos, pero sobre todo, ha sido muy importante la costumbre. Aun cuando no se ha hecho una delimitación apropiada, todos los habitantes sabemos a ciencia cierta cuál es el territorio de Temixco y el de Cuernavaca. 3. Es el caso de que, con fecha 12 de diciembre de 1996, el gobernador del Estado de Morelos, Gral. Jorge Carrillo Olea envió al Congreso Local, una iniciativa de decreto por el cual se reconoce la jurisdicción de Cuernavaca, Morelos, en áreas geográficas que desde el tiempo inmemorial, se han reconocido tanto legalmente como por la costumbre, al Municipio de Temixco; en dicha iniciativa, se sometió a la consideración de la Legislatura Local, para que se reconocieran a favor de Cuernavaca las siguientes superficies: 134,562.00 metros cuadrados; 520,724.00 metros cuadrados; 47,830.00 metros cuadrados; 381,770.00 metros cuadrados; 1,081,507.00 metros cuadrados y 290,233.00 metros cuadrados. Antes de presentar esta iniciativa, el Ejecutivo Estatal realizó varias actividades, de medición, etc., enviando técnicos al Municipio de Temixco, sin la consulta del Ayuntamiento que ahora represento. 4. Recibida la iniciativa por el Congreso Local, éste la aprobó, contraviniendo el artículo 44 de la Constitución Local del Estado de Morelos, al haberse abstenido de efectuar una auténtica votación nominal. Con fecha 3 de septiembre de 1997, el Ejecutivo del Estado promulgó y publicó dicho decreto, con el número 92, en el Periódico Oficial No. 3876 del Gobierno del Estado de Morelos. El procedimiento de aprobación, desde la llegada de la iniciativa, hasta su publicación, duró aproximadamente nueve meses y, por lo tanto, también se contravino el artículo 32 de la citada Constitución Local, porque si la iniciativa la presentó el Ejecutivo del Estado de Morelos el 12 de diciembre de 1996 al Congreso Local, la misma debió de haber sido analizada en el segundo periodo de sesiones del año de 1997, el cual inició el 5 de noviembre y concluyó el 5 de enero de 1998. Al haber sido publicada y promulgada el 3 de septiembre de 1997 significa que fue analizada la iniciativa, en el primer periodo de sesiones, el cual inició el 17 de abril y terminó el 30 de agosto (de 1997). Dicho Congreso Local no podía legalmente examinar, discutir y aprobar tal iniciativa en mención, en el primer periodo de sesiones, porque éste está exclusivamente dedicado al proceso legislativo de la cuenta pública del año anterior de los Municipios. 5. Con fecha 16 de octubre de 1997, el suscrito actor, presentó ante la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, un escrito a nombre del Municipio de Temixco, planteando controversia constitucional en contra del Congreso y gobernador de Morelos, demandando la invalidez del Decreto No. 92, publicado en el Periódico Oficial No. 3876 del Gobierno de Morelos del 3 de septiembre de 1997, así como la invalidez de la promulgación y publicación, radicándose el juicio de controversia constitucional No. 31/97 y siguiéndose la secuela del mismo se dictó sentencia el 9 de agosto de 1999, habiéndose resuelto que es procedente la controversia, que el actor probó su acción, declarando la invalidez de los actos atribuidos a los demandados. 6. El 26 de enero del año en curso, el Congreso Local emitió nueva resolución en cumplimiento a la ejecutoria 31/97 mencionada, enviándola al Ejecutivo Estatal, para su promulgación y publicación. El gobernador del Estado demandado publicó y promulgó dicho decreto en mención, en el Periódico Oficial No. 4030 de fecha 2 de febrero del presente año, bajo el número novecientos cuarenta y seis, y sin que la resolución del Congreso del Estado estuviera firme. 7. En este proceso legislativo que motiva esta demanda de controversia constitucional, no hubo apego a derecho, ya que al haberse decretado la invalidez del anterior Decreto No. 92, por resolución emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, necesariamente tendría que haberse efectuado el procedimiento desde el principio, consistente en que, el Ejecutivo Estatal debió enviar nueva iniciativa de decreto al Congreso Local para su examen, discusión y aprobación; sin embargo, como no fue así se contravino el artículo 42 de la Constitución Política Local, que establece, que el derecho de iniciar leyes y decretos, corresponde entre otros, al gobernador del Estado, y no a un exgobernador. Nuevamente se desacató el contenido del artículo 44 de la Constitución Local, toda vez que la votación para aprobar el mencionado decreto que motiva esta demanda, no fue por votación nominal sino global o plurinominal. No se cumplieron tampoco con los calendarios que se señalan para los periodos ordinarios de sesiones, ya que ahora el decreto se aprobó en el segundo periodo anual de sesiones, que debió empezar el 5 de noviembre de 1999 y terminar el 31 de enero del 2000, no obstante que al ser invalidado el decreto conforme al artículo 51 constitucional local no puede volverse a presentar en las sesiones del año 2000, no obstante que la Suprema Corte de Justicia de la Nación dio a los demandados un plazo para el cumplimiento de la ejecutoria antes mencionada, por lo que el Congreso del Estado debió informar que estaba en vías de cumplimiento hasta el año 2001, por imposibilidad jurídica, atendiendo el precepto en mención, que clara y textualmente establece que: todo proyecto de ley o decreto que fuese desechado por el Congreso no podrá volver a presentarse en las sesiones del año. 8. No hubo apego a derecho en los actos que se atribuyen al Congreso Local y gobernador demandados, porque no se aplicó con exactitud lo preceptuado en los artículos 7o. y 12 de la Ley Orgánica Municipal en vigor del Estado de Morelos, los que en esencia establecen, en cuanto atañe a este asunto, que las cuestiones que se susciten sobre los límites intermunicipales, serán resueltas por la Legislatura del Estado, con audiencia de los Ayuntamientos afectados y la opinión del Ejecutivo Estatal. En el presente caso, el gobernador demandado omitió dar su opinión respecto a dicho conflicto de los límites territoriales, en el lugar y momento preciso, que debió ser en el proceso legislativo, de examen, discusión y aprobación y no antes ni después, ya que el orden cronológico que señala el citado artículo 7o. señala que primeramente deben ser oídos los Ayuntamientos municipales y enseguida el Ejecutivo emitirá su opinión al respecto. Se aplicó inexactamente la ley, porque debió tomarse en cuenta que entre los Municipios de Temixco y Cuernavaca, no ha habido diferencias, ni conflictos entre sí, puesto que no existe antecedente alguno, que hubiese sido sometido a los tribunales, jamás ha habido entre ambos Municipios una contienda de carácter jurídico, político o social, y si esto es incorrecto, emplazo a los demandados para que demuestren lo contrario. Si existiera acaso alguna diferencia, ésta ha venido resolviéndose a través del sentido común, y por los usos y costumbres del lugar, pero, cualquier diferencia no ha tenido jamás el carácter de contencioso. Ahora bien, cuando no existiere el carácter de contencioso, la Legislatura Local nada tiene que hacer, para resolver un conflicto inexistente. Y en esas condiciones, se debió aplicar únicamente el artículo 12 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, que señala en su primer párrafo que: ‘Las diferencias que se susciten entre los Municipios, siempre que no tengan carácter contencioso, serán subsanadas en la vía administrativa por el gobernador del Estado.’. El conflicto ha sido creado al legislarse, promulgarse y publicarse primeramente el Decreto No. 92, que fue invalidado por sentencia ejecutoria de la Corte, y ahora por el nuevo Decreto No. 946, y el conflicto contencioso, lo es con los Poderes Legislativo y Ejecutivo Estatal, mas no así con Cuernavaca. Esto se demuestra con la documentación insignificante que los Ayuntamientos de ambos Municipios presentaron al Congreso del Estado, en el que no se demostró carácter contencioso. El conflicto existe ahora, pero con los demandados que han obrado con arbitrariedad, sin causa alguna que motive y que justifique la legitimidad de dicho decreto y que han actuado contraviniendo las leyes. 9. Asimismo, el Congreso Local demandado emitió su resolución cuya invalidez se demanda, con pruebas insuficientes, en tanto que las existentes fueron valoradas indebidamente, y sin fundamento ni motivación. Las pruebas ofrecidas por el Ayuntamiento de Cuernavaca, y que el Congreso Local demandado transcritas (sic) en su nueva resolución son las siguientes: A) Plano de las delimitaciones de las zonas en conflicto elaborado por la Dirección de Desarrollo Urbano, Obras y Servicios Públicos del Ayuntamiento de Cuernavaca. B) Oficio número 001/97 de fecha 26 de junio de 1997, expedido por la Dirección de Conurbación del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, en donde se informa al presidente municipal de Cuernavaca, Mor., los servicios prestados por el Ayuntamiento de Cuernavaca (sic) Morelos, a las zonas territoriales en conflicto, entre los que se encuentran: seguridad pública y tránsito, alumbrado público, agua potable, así como información que los habitantes de esas zonas pagan sus contribuciones al Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos (sic). C) Escrito de fecha 25 de junio de 1997, en donde consta (sic) los límites hasta donde el Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, presta servicios municipales, suscrito por el C. Alberto Gutiérrez del Castillo. D) Informe de fecha 25 de junio de 1997, suscrito por el director del Sistema de Agua Potable y Saneamiento de Cuernavaca, Morelos, mediante el cual informa al presidente municipal de Cuernavaca, Morelos, (sic) la situación de abastecimiento de las colonias limítrofes entre Cuernavaca y Temixco, Morelos (sic). E) Plano de ubicación de las zonas limítrofes en conflicto (?). 10. De la valoración de las pruebas. El Congreso del Estado demandado al emitir la nueva resolución o decreto, en relación a la valoración de pruebas del Municipio de Cuernavaca, dijo textualmente: ‘Con ellas el Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, con ello (sic) no se acredita que las zonas en conflicto pertenezcan al Municipio de Cuernavaca, Morelos, (sic) además como antes se mencionó los Ayuntamientos (sic) carecen de atribuciones para determinar los límites territoriales del Municipio que representan; sin embargo, no obstante la incertidumbre jurídica que guardan las zonas en conflicto, el Ayuntamiento de Cuernavaca ha cumplido con su obligación de prestar servicios municipales a la población que habita en esas zonas, observando con ello lo establecido por el artículo 115 de la Constitución Federal (sic) con relación al artículo 115 de la Constitución Local.’. Como puede apreciarse, el mismo Congreso Local demandado, expresa en la nueva resolución que las pruebas de Cuernavaca son insuficientes, pues se considera que con ellas no se acredita que las zonas en conflicto pertenezcan a dicho Municipio. En consecuencia, dicho Congreso del Estado debió proceder a declarar improcedente la iniciativa del gobernador, por no acreditarse el derecho de Cuernavaca a ejercer jurisdicción sobre la zona o territorio que forma parte de Temixco, el no haberlo hecho así, agravia al Municipio que represento, ya que es indebido aprobar esa iniciativa por el débil criterio de que Cuernavaca ha cumplido con su ‘obligación’ de prestar servicios a esas zonas, sin que dicho Congreso del Estado explique, de dónde nace esa obligación; como carece de fundamentación y motivación el expresar que el Ayuntamiento de Cuernavaca observa lo establecido por el artículo 115 constitucional, lo cual agravia a mi representado. A mayor abundamiento, el Congreso Local expresa que los Ayuntamientos carecen de atribuciones para determinar los límites territoriales del Municipio que representan, lo cual es inexacto y carece de fundamentación. Nos agravia el haber valorado las pruebas por la mayoría de votos, pero sin sustento jurídico. Nos agravia también la omisión del Congreso Local para proveer sobre otras probanzas, como se mencionó en la ejecutoria que se viene mencionando de la controversia constitucional No. 31/97. 11. El Decreto No. 946 nuevamente emitido publicado en el Periódico Oficial No. 4030 de fecha 2 de febrero del 2000 es igual el Decreto No. 92 invalidado."

TERCERO. El Ayuntamiento actor señaló con el carácter de tercero interesado al Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, e invocó como violados los artículos 14, 16 y 115 de la Constitución General de la República, con base en los siguientes conceptos de violación:

"El Congreso Local demandado, declaró abrogado el Decreto No. 92 publicado en el Periódico Oficial No. 3876 del Gobierno del Estado de Morelos de fecha 3 de septiembre de 1997, en cumplimiento, según lo dice dicha autoridad, a la ejecutoria de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la controversia constitucional 31/97. Cabe hacer notar, en primer término, que la ejecutoria pronunciada en la controversia No. 31/97 no indica que el Congreso Local demandado deba abrogar el Decreto No. 92, sino que propiamente se declaró la invalidez de los actos atribuidos a la legislatura y gobernador de Morelos, para los efectos señalados en el último considerando de la misma; al haberse declarado la invalidez de tales actos, es inexacto que el Congreso Local demandado abrogue dicho decreto, por lo que maneja un lenguaje inapropiado. Ahora bien, en el último considerando de la ejecutoria pronunciada por el más Alto Tribunal de la nación, en el expediente 31/97, se consideró lo siguiente: ‘Corolario de todo lo expuesto en el presente considerando es declarar fundado el concepto de invalidez hecho valer por el Ayuntamiento actor, debiendo, en consecuencia, con fundamento en el artículo 41, fracción IV, de la ley de la materia, declarar la invalidez del Decreto Número Noventa y Dos, publicado en el Periódico Oficial de la entidad el tres de septiembre de mil novecientos noventa y siete, para el efecto que dicha autoridad dentro de un plazo de treinta días hábiles contados a partir de que quede legalmente notificada de la presente sentencia, emita una nueva resolución al conflicto de límites territoriales entre los Municipios de Temixco y Cuernavaca, en la que, de manera fundada y motivada, examine integralmente el material probatorio aportado a dicho procedimiento, e incluso el que oficiosamente pudiera recabar para mejor proveer, o a través de la ponderación de hechos notorios o circunstancias particulares del caso, en ejercicio de las facultades que en materia de solución de conflictos de carácter territorial entre Municipios, le confieren los artículos 124 de la Constitución Federal, 40, fracciones II y XLIX, de la Constitución del Estado de Morelos, 7o. y 12, segundo párrafo, de la Ley Orgánica Municipal de dicha entidad, y emita la resolución que en derecho corresponda, con el fin de dar jurídica y políticamente, la mejor solución al conflicto limítrofe que dio origen a la presente controversia.’. Ahora bien, de conformidad con el artículo 41 fracción IV de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 Constitucional, a que se refiere el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la resolución antes indicada, se declaró la invalidez de los actos del Congreso y gobernador de Morelos. Dicho precepto establece entre otras cosas lo siguiente: Fracción ‘IV. ... Cuando la sentencia declare la invalidez de una norma general, sus efectos deberán extenderse a todas aquellas normas cuya validez dependa de la propia norma invalidada.’. En aquel asunto concreto, los efectos de invalidez de los actos atribuidos a la legislatura y gobernador consistente en: A) De parte del gobernador, la presentación al Congreso del Estado de la iniciativa de decreto respecto a los límites territoriales de Cuernavaca y Temixco; B) Respecto del Congreso Local, sus actos consistieron en el examen, discusión y aprobación de dicha iniciativa de decreto; y C) Nuevamente del gobernador, sus actos se hicieron consistir en la promulgación y publicación del Decreto Número 92. Por lógica, los efectos de la sentencia de la controversia constitucional 31/97, deben extenderse a todas aquellas normas cuya validez dependa de la norma invalidada, esto es, se invalidan las normas cuya validez dependen del Decreto No. 92. El Congreso Estatal ahora demandado, al emitir su nueva resolución que motiva esta demanda de controversia constitucional, desatendió el contenido de la ejecutoria del juicio 31/97, y desacató los artículos 41, fracción IV de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 Constitucional, y desacató también el contenido de los artículos 46 y 47 de dicha ley, ya que debió declarar sin efecto legal alguno el escrito del gobernador por medio del cual se presentó la iniciativa de decreto para modificar los territorios de Temixco y Cuernavaca. El gobernador, por su parte estaba obligado a declarar sin efecto, la iniciativa de decreto presentada al Congreso Local por escrito de fecha 12 de diciembre de 1996, ya que sus actos se declararon inválidos. Los errores del Congreso del Estado y del gobernador de Morelos se hacen consistir, en que: dicha legislatura ‘abrogó’ el Decreto No. 92, dejando subsistentes contra la ley, los demás actos que fueron motivo de aquella controversia constitucional No. 31/97. En este orden de ideas, el Congreso Local dictó la nueva resolución y aprobó el proyecto de división territorial que se viene mencionando no obstante que la iniciativa de decreto también estaba invalidada por lo que en este caso, el gobernador del Estado omitió presentar al Congreso Estatal una nueva iniciativa distinta a la invalidada; el Congreso Local omitió en este nuevo proceso legislativo llamar a los Ayuntamientos de Cuernavaca y Temixco; se omitió también la opinión del gobernador del Estado; se omitió abrir un periodo probatorio, para que los Ayuntamientos en mención ofrecieran las probanzas que a su parte corresponden y se consideraron ilegalmente las del proyecto anterior invalidado y se pronunció resolución aprobando el Decreto No. 946 exactamente igual al 92 que estaba invalidado. Lo invalidado no puede aprobarse de nuevo, por lo que se violaron los artículos 7o. y 12 de la Ley Orgánica Municipal de Morelos en vigor. Además de lo anterior, se desatendió que en el presente asunto no existe contienda ni ha existido entre los Municipios de Cuernavaca y Temixco, ya que a lo más que se ha llegado, son a pequeñas diferencias por la prestación de servicios municipales y por lo tanto, este asunto podría haberse arreglado de manera simplemente administrativa ante el gobernador del Estado, como lo establece el artículo 12 primer párrafo de la Ley Orgánica Municipal de Morelos en vigor. Las pruebas que invoca el Congreso del Estado en su nueva resolución, tanto ofrecidas por Temixco, por Cuernavaca y por el propio Ejecutivo Estatal no se desprende la existencia de una contienda entre ambos Municipios que hubiese sido llevada a los tribunales. Tampoco existe prueba alguna de que, entre ambos Municipios existan las vías de hechos para apoderarse de territorios de uno y otro, ni existen conflictos políticos, sociales ni jurídicos, entre ambos. El problema existe ahora, por los actos arbitrarios e inconstitucionales del gobernador y del Congreso Local, que privan a Temixco de su territorio sin haber sido escuchado ni vencido dentro del proceso sumario a que se refieren los artículos 7o. y 12 de la Ley Orgánica Municipal. Es fuente también del concepto de invalidez, el Decreto Número Novecientos Cuarenta y Seis publicado en el Periódico Oficial No. 4030 de fecha 2 de febrero del presente año, toda vez, que en el Congreso Local independientemente de haber considerado que las pruebas ofrecidas tanto por los Ayuntamientos de Temixco y Cuernavaca, son ineficaces, también considera que las probanzas ofrecidas por este último Ayuntamiento mencionado, ‘no se acredita que las zonas en conflicto permanezcan (sic) al Municipio de Cuernavaca’, y a pesar de este reconocimiento, emitió su nueva resolución, aprobando el proyecto de iniciativa, el cual ordena enviarlo al Ejecutivo del Estado para su promulgación y publicación a sabiendas de que previamente a ello, debió haber informado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, respecto al cumplimiento que hubiese dado dentro del término de 30 días hábiles a la ejecutoria del expediente 31/97, y a su vez el gobernador infringió la ley, al promulgar y publicar dicho decreto de inmediato, lo que sucedió el 2 de febrero del presente año, iniciando la vigencia del decreto, sin siquiera esperar a que el decreto aprobado por el Congreso del Estado de Morelos, quedara firme, ya que no debe olvidarse que una vez que se diera vista a mi representado, el Municipio de Temixco, éste tenía todavía la facultad de interponer los recursos que señala la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 Constitucional, en sus artículos 51, 55 y relativos, por ende, la violación se hace consistir en que se inició la vigencia del decreto, sin esperar a que quedara firme, tan es así que por diversos escritos, el suscrito actor ha promovido el recurso de queja. Abundando más en las violaciones cometidas por el Congreso Local, sin fundamento ni motivación, considero que las pruebas aportadas por el gobernador del Estado, son aptas para aprobar la iniciativa, sin haberse percatado, que el gobernador carece de facultades para ofrecer pruebas y menos con la tendencia previamente deliberada de favorecer a Cuernavaca, esto es, ya con la intención implícita y de antemano en las propias pruebas para que Cuernavaca ejerza jurisdicción de las zonas limítrofes materia de esta controversia. El Ejecutivo Estatal carece de facultades para favorecer a un Municipio en perjuicio de otro, en este caso el de Temixco, sin haberlo escuchado previamente. En las facultades que concede al gobernador del Estado de Morelos el artículo 70 de la Constitución Política de esta entidad federativa, no se contempla la consistente en que puede ofrecer pruebas a favor de un Municipio en perjuicio de otro por la parcialidad que ello implica ni se desprende de los artículos 7o. y 12 de la Ley Orgánica Municipal, que pueda ofrecer prueba alguna, ya que tan sólo puede emitir su opinión, la cual por cierto, no existe. Además de lo anterior, las probanzas ofrecidas por el gobernador morelense, fueron valoradas indebidamente por el Congreso del Estado, ya que ninguna de ellas tiene alcance probatorio pleno para acreditar que la zona limítrofe materia de esta controversia pertenezca a Cuernavaca, o hubiese pertenecido a dicho Municipio, o bien, tenga algún derecho que sea suficiente para que se le anexe. La cuestión debatida por el Congreso Local, en el sentido de que Cuernavaca ha prestado servicios municipales a la zona, no es legal ni suficiente para que se le anexe tal territorio, ni es apta tal documentación, para tener por demostrado con tales medios que pertenece a dicho Municipio. Las pruebas ofrecidas por el gobernador estatal y que en el Decreto Número 946 se señalan con los números 1, 2, 3, relativas al ejido de Chipitlán y su ampliación, no es prueba suficiente para acreditar que esa zona pertenezca a Cuernavaca, ya que las ampliaciones o dotaciones de ejidos, de carácter obviamente agrario, no cambian la naturaleza de los Municipios; la prueba ofrecida con el número 4, relativa a un oficio de fecha 15 de marzo de 1968, firmada por un presidente municipal de Cuernavaca, dada su unilateralidad no es suficiente para considerarse siquiera como probanza, mucho menos se le puede conceder valor probatorio alguno; la señalada con el número 5, al igual que las primeras se refiere al ejido de Chipitlán, la cual es insuficiente; la marcada con el número 6, consiste en un oficio firmado por el C. Javier Atrisco Meneses, secretario del comisariado ejidal de Chipitlán, de fecha 14 de febrero de 1995, en la que se pide que la colonia ‘Adolfo López Mateos’ de Temixco, pertenezca a Cuernavaca es irrelevante, y no puede considerarse como prueba que acredite que dicha colonia pertenezca a Cuernavaca, por ser una simple solicitud que ni siquiera está firmada por el presidente y tesorero y consejo de vigilancia de dicho comisariado ejidal; la señalada con el No. 7, consistente en constancias de residencia expedidas por Cuernavaca a favor de algunos ciudadanos, carece de relevancia, además de ser unilateral; las señaladas con los números 8 y 9, consistentes en solicitudes para que El Polvorín pertenezca a Cuernavaca, es irrelevante, y son además unilaterales e insuficientes para acreditar el derecho de Cuernavaca. Asimismo, los planos exhibidos por el gobernador del Estado y marcados en el decreto con los números 1, 2, 3, 4, son irrelevantes y carecen de eficacia probatoria para acreditar el derecho de Cuernavaca para que se le anexe o reconozcan a su favor las zonas limítrofes materia de esta demanda, por lo que, desde ahora, impugno y objeto para todos los efectos legales a que hubiere lugar, todas y cada una de las documentaciones (sic) ofrecidas por el gobernador estatal, por ser pruebas unilaterales, sin alcance probatorio alguno, y sin el valor que se les pretende dar o que le dio el Congreso Local, así como por ser inapropiadas para el fin que pretenden darle. Asimismo, el Congreso Local omite, expresar en qué ley se fundó para considerar que tales probanzas tienen valor y alcance probatorio, lo cual agravia a mi representada, en cambio las valorizó por mayoría de votos, lo cual es indebido. Es fuente del concepto de invalidez, el examen, la discusión y aprobación del proyecto del decreto en que incidió el Congreso Local, respecto de una iniciativa de decreto que le fuera enviada por el entonces gobernador Gral. Jorge Carrillo Olea, aceptada tácitamente por el actual gobernador sustituto Jorge Morales Barud, y que además, tales actos fueron declarados inválidos por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y es fuente también, el haber emitido, promulgado y publicado por parte de los demandados, el Decreto Núm

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/6763-6229cb5f/controversia-constitucional-en-contra-de-una-resolucion-dictada · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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