GARANTIA DE MOTIVACION. SU CUMPLIMIENTO EN LAS ORDENES DE VISITA.
REVISION FISCAL 584/92. SUBPROCURADOR FISCAL FEDERAL DE LO CONTENCIOSO, EN REPRESENTACION DEL SECRETARIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO Y AUTORIDADES DEMANDADAS. (MIGUEL ICAZA ARTIGAS).
CONSIDERANDO:
PRIMERO.- Este Tribunal Colegiado tiene competencia legal para decidir el presente negocio con apego a lo que establecen los artículos 104, fracción I-B, de la Constitución Federal y 44, fracción V, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.
SEGUNDO.- La sentencia recurrida se apoya en las siguientes consideraciones: "PRIMERO.- Esta Sala se avoca en primer término, al análisis de la objeción hecha valer por la autoridad demandada en contra del auto de 6 de noviembre de 1991 dictado por el Magistrado instructor, en el cual admitió la prueba pericial contable, aduciendo que indebidamente se admitió dicha prueba pues no tienen relación con lo expuesto en la demanda, pues es innecesaria la intervención de un perito contable ya que se trata de un problema jurídico que corresponde resolver a este tribunal con base en la interpretación de los preceptos legales aplicables. Esta Sala estima infundada la objeción que hace valer la demandada en virtud de que el auto del Magistrado instructor de 6 de febrero de 1991, por el cual admitió la demanda y las pruebas documentales y pericial ofrecidas por la actora, se encuentra ajustado a derecho, en virtud de que en términos del artículo 230 del Código Fiscal de la Federación en los juicios que se tramiten en este tribunal, serán admisibles toda clase de pruebas excepto la confesión de las autoridades mediante absolución de posiciones. En la especie la prueba pericial contable ofrecida por la actora, se admitió con fundamento en dicho precepto quedando a esta Sala, la valoración y análisis de la prueba en cuestión, así como la idoneidad de la misma, en cuyo momento procesal oportuno, es decir al emitir el fallo correspondiente, se verá sobre la eficacia probatoria o no de dicha prueba en términos del artículo 234, fracción II, del Código Fiscal de la Federación que señala que el valor de la prueba pericial y testimonial, así como el de las demás pruebas, quedará a la prudente apreciación de la Sala; por ello, y al no ser fundada la objeción hecha valer por la demandada, esta Sala estima confirmar el auto admisorio de 6 de noviembre de 1991 que tuvo por admitida entre otras, la prueba pericial contable ofrecida por la actora. Acto seguido, se procede al análisis de los conceptos de anulación manifestados por la actora en su demanda. SEGUNDO.- Aduce la actora, que debe declararse la nulidad de la resolución impugnada, por derivar de una orden de visita domiciliaria que no está fundada ni motivada legalmente, ya que no expresa legalmente el propósito de que se trata. En efecto en la orden de visita que le fue girada a su representada, se señala genéricamente que el objeto de la revisión es la de los impuestos federales principales, formales o accesorios, sin que precise qué obligaciones fiscales son susceptibles de verificación, es decir no señala si se trata de impuesto sobre la renta, impuesto sobre productos del trabajo, impuesto al valor agregado pues lo señala en forma genérica. Que por ello, la orden de visita domiciliaria y la resolución combatida por provenir de ésta, deben ser anuladas en virtud de que la orden de visita no se emitió conforme a derecho al carecer de la adecuada motivación y fundamentación que exigen los artículos 14 y 16 constitucionales y por violación directa del artículo 38 fracción III del Código Fiscal vigente. Al contestar la demanda la autoridad demandada sostiene que la orden de auditoría se encuentra fundada y motivada pues en el documento que la contiene se señala el objeto de la misma, consistente en la verificación del cumplimiento de las obligaciones fiscales principales formales y accesorias y que todo contribuyente conoce y de los que deba responder en forma directa, solidaria y objetiva. A juicio de esta Sala es fundado el agravio hecho valer por la actora en virtud de que la orden de visita número 1018 de 4 de julio de 1989 no cumple con el requisito establecido por la fracción III del artículo 38 del Código Fiscal de la Federación en relación con los artículos 14 y 16 constitucionales. El artículo 38 fracción III del código de la materia, establece que los actos administrativos deberán estar fundados y motivados y expresar la resolución, objeto o propósito de que se trate. En la especie, en la orden de visita mencionada, que dio origen a la resolución impugnada determinando un crédito fiscal precisado en el resultando primero de este fallo, se advierte que en la misma se señaló lo siguiente: `Para tal efecto se servirán ustedes proporcionar a los CC. C.P. Alfredo Eyssautier García, L.C. Higinio Barrón Rangel, C.P. Gpe. Noemí Mendoza Romero, C.P. Ma. del Rosario Uriza Castelán, C.P. Jorge Trejo Saldaña, C. Juan del Moral, al servicio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, quiénes podrán actuar conjuntamente o separadamente, todos los libros principales, auxiliares, registro, documentos correspondencia y demás efectos contables que estimen necesarios; permitirles el acceso a sus oficinas, locales, instalaciones, fábricas, bodegas y/o cajas de valores, suministrarles todos los datos e informaciones que soliciten, con el objeto de que verifiquen el cumplimiento de las obligaciones fiscales principales, formales y/o accesorios, por impuestos y derechos federales de los cuales deban ustedes responder en forma directa o solidaria. De la transcripción anterior obtenida de la orden de visita número 1018 expediente I.M. Z0645/89 de 4 de julio de 1989, se advierte que no se precisó de manera clara y por su nombre los impuestos de cuyo cumplimiento la autoridad fiscal pretende cerciorarse, ya que contiene en forma genérica e imprecisa, que el objeto de la visita lo es el que se verificara el cumplimiento de las obligaciones fiscales principales, formales y/o accesorias, por impuestos y derechos federales de los cuales deban ustedes responder en forma directa o solidaria, lo cual no es sino una generalización de las facultades revisoras de las autoridades fiscales que no satisface a plenitud la garantía de legalidad que consagra el artículo 16 constitucional, en virtud de la cual en toda orden de visita, que sólo la autoridad judicial podrá expedir y que será escrita, se expresará el lugar que ha de inspeccionarse, la persona o personas que hayan de aprehenderse y los objetos que se buscan a lo que únicamente debe limitarse la diligencia, levantándose al concluirla una acta circunstanciada, en presencia de dos testigos propuestos por el ocupante del lugar cateado, o en su ausencia o negativa, por la autoridad que practique la diligencia. En tal virtud, y al ser fundado el agravio en estudio lo procedente es que los suscritos Magistrados resuelvan declarar la nulidad de la resolución impugnada, por provenir de una orden de visita viciada de ilegalidad. Sirve de aplicación a lo anterior la jurisprudencia sustentada por el Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, publicado en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del mes de diciembre de 1990, que dice lo siguiente: `ORDENES DE VISITA. DEBEN PRECISAR CLARAMENTE SU OBJETO.- (La Transcribe)'.- Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 236, 237, 238, fracción II, y 239, fracción III, del Código Fiscal de la Federación, se resuelve: UNICO.- Se declara la nulidad de la resolución impugnada, misma que quedó precisada en el resultando primero de esta sentencia, por provenir de un acto viciado de origen. NOTIFIQUESE ..."
TERCERO.- La recurrente hace valer los siguientes agravios: "Violación a lo dispuesto por los artículos 38, fracción III, y 43 del Código Fiscal de la Federación, en tanto que contrariamente a lo sostenido por la responsable, la orden de visita domiciliaria sí señala el objeto de la misma, no existiendo precepto legal alguno que obligue a señalar en forma específica cada una de las contribuciones que se habrán de revisar. Se sostiene en el reverso de la hoja No. 3 de la sentencia que se recurre, lo siguiente: `De la transcripción anterior obtenida de la orden de visita Núm. 1015 expediente I.M. ZO645/89 de 4 de julio de 1989 se advierte que no se precisó de manera clara y por su nombre los impuestos de cuyo cumplimiento la autoridad fiscal pretende cerciorarse, ya que contiene en forma genérica e imprecisa, que el objeto de la visita lo es el que se verificará el cumplimiento de las obligaciones fiscales principales, formales y/o accesorias, por impuestos y derechos federales, de los cuales deben ustedes responder en forma directa o solidaria, lo cual no es sino una generalización de las facultades revisoras de las autoridades fiscales que no satisfacen a plenitud la garantía de legalidad que consagra el artículo 16 constitucional, en virtud de la cual en toda orden de visita, que sólo la autoridad judicial podrá expedir y que será escrita, se expresará el lugar que ha de inspeccionarse, la persona o personas que hayan de aprehenderse y los objetos que se buscan a lo que únicamente debe limitarse la diligencia, levantándose al concluirla una acta circunstanciada, en presencia de dos testigos propuestos por el ocupante del lugar cateado, o en su ausencia o negativa, por la autoridad que practica la diligencia. En tal virtud, y al ser fundado el agravio en estudio lo procedente es que los suscritos Magistrados resuelvan declarar la nulidad de la resolución impugnada, por provenir de una orden de visita viciada de legalidad.'. El criterio anterior, no se encuentra ajustado a derecho, en tanto que la orden de auditoría I.M. ZO645/89 de 4 de julio de 1989 señala que la visita tendrá por objeto que se verifique el cumplimiento de las obligaciones principales, formales y/o accesorias, por impuestos y derechos federales de los cuales debe responder en forma directa, solidaria u objetiva. En efecto la sentencia que se recurre, causa el agravio que se hace valer, ya que con los elementos antes enumerados, se salvaguarda la seguridad jurídica del visitado y se concretiza el objeto de la visita domiciliaria. Es indiscutible que hay certeza plena respecto del objeto de la visita cuando en la orden se menciona que ésta tiene por objeto que se verifique el cumplimiento de: a). Obligaciones principales fiscales, formales y/o accesorias. b). Por impuestos y derechos federales. c). Por los cuales deba responder en forma directa, solidaria, u objetiva el sujeto pasivo. De lo anterior se desprende que contrariamente a lo sostenido por la responsable, que la autoridad no incurre en manifestaciones genéricas, ya que con los elementos antes enumerados es evidente que la orden especificó el objeto de la visita, con lo que se salvaguarda la seguridad jurídica del causante. Para evidenciar el criterio ilegal de la responsable al señalar que la autoridad incurrió en generalidades para establecer el objeto de la visita domiciliaria, basta aludir a la definición del término, que consiste en el fin o intento, esto es, el objeto que se debe entender como la finalidad que persigue la orden de auditoría, en el caso el fin de ésta fue la de revisar el cumplimiento de las obligaciones fiscales, formales y/o accesorias federales de los cuales deba responder en forma directa, solidaria u objetiva el sujeto pasivo, tal y como se precisó en dicha orden, con lo que queda de manifiesto que la autoridad fiscal precisa el objeto de la misma. En tal virtud, con la determinación del objeto que se expresa en la orden, es incuestionable que el contribuyente no quede en estado de indefensión, en virtud de que sabe con toda claridad los límites de la revisión que se le va a practicar, puesto que conoce cuáles son las obligaciones fiscales que debe cumplir. Consecuentemente, es ilegal que la responsable pretenda limitar las facultades de comprobación al exigir que en forma pormenorizada se precisen las obligaciones que se van a revisar, requisitos que exceden de los establecidos en la ley, ya que, se insiste, con los elementos contenidos en la orden que nos ocupa, se identifica con precisión y claridad, cuál era el objeto de la visita, teniendo pleno conocimiento del mismo la contribuyente, en los términos precisados en párrafos precedentes. Ciertamente, la responsable pretende el detalle de las obligaciones que se van a revisar, cuando es indudable que tal y como se redactó en la orden de visita, el contribuyente conoció perfectamente cuál era su objeto. El detalle y el exceso de formalismo que pretende la responsable no debe impedir el ejercicio de una obligación tan importante como lo es la fiscalización sobre todo en una época en que el gobierno federal, como una de sus principales medidas, pretende evitar el cumplimiento de las obligaciones fiscales y la revisión de las contribuciones para lo cual guarda un importante lugar, las visitas domiciliarias. Se hace notar a ese H. cuerpo colegiado, que de confirmar el criterio ilegal de la responsable, se harían nugatorias las facultades de comprobación y se llegaría a una época en que imperaría el formalismo y el detalle sobre lo razonable. De lo expuesto, es claro que la responsable está violando los preceptos invocados como infringidos, ya que es indudable que cualquier contribuyente que reciba una orden en los términos redactados en la orden de auditoría que nos ocupa, conoce cuál es la finalidad de la visita y que no se le coloca en ningún estado de indefensión. Por otra parte, debe tenerse en consideración que si bien tanto el artículo 16 constitucional como el 38, fracción III, del Código Fiscal de la Federación contempla la garantía de seguridad jurídica en favor del gobernado, que en el presente caso, consisten en que la diligencia que se le va a practicar se concrete el objeto que señala en el mandamiento escrito, es de indicar que en la orden en comento, no se infringe tal garantía. En apoyo a lo expresado con antelación, es necesario mencionar que en la orden referida se respeta fielmente tal garantía, en tanto que desde el momento en que se entregó ésta, quien la recibe tiene conocimiento pleno de la visita domiciliaria que se le va a practicar, abarcará la revisión de sus obligaciones fiscales principales, y/o formales accesorias por impuestos y derechos federales de las cuales deba responder en forma directa, solidaria y objetiva. Además en la especie, el contribuyente visitado en ningún momento fue objeto de revisión de obligaciones fiscales de las que no se hubiere facultado a los auditores para ello, ni de las obligaciones fiscales respecto de los impuestos de los cuales no deba responder, quedando de esta manera inviolada la garantía de seguridad jurídica. El artículo 38, fracción III, del Código Fiscal, establece que las visitas domiciliarias se practicarán por mandamiento escrito, en el que se exprese el objeto o propósito, esto es, un requisito que considera al mandamiento genérico. Un mandamiento genérico significa, que tratándose de una auditoría, ésta tiene por objeto la revisión de todas las obligaciones fiscales a cargo del contribuyente visitado, lo que implica que la autoridad podrá revisar indistintamente cualquiera de las obligaciones fiscales del sujeto pasivo, o bien, su totalidad; por lo que la exigencia de la responsable que en la orden referida, se precisen los objetos que se busca, está infringiendo los preceptos legales invocados como violados. Lo anterior debe entenderse así, ya que el visitado conforme al artículo 45 primer párrafo del código en mención, se encuentra obligado a proporcionar al personal auditor desde el momento del inicio de la diligencia y hasta su terminación, todos sus libros, registros y demás documentación necesaria, a fin de que se examine el cumplimiento de sus obligaciones fiscales. Así, el objetivo de la autoridad revisora es verificar el universo de las obligaciones del sujeto pasivo, ya que no tendría sentido para efectos impositivos la práctica de una visita domiciliaria, para la comprobación de un solo gravamen. Por tal razón, la orden de auditoría está enfocada a la revisión de todas las obligaciones tributarias del contribuyente, por lo que los dispositivos legales citados, no le imponen a la fiscalizadora la obligación de citar en la orden correspondiente, la materia o impuesto en una forma específica, como erróneamente lo pretende la responsable en el fallo que se recurre. A este respecto, resulta aplicable el criterio sostenido por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, que aparece visible en la Revista No. 7 del Tribunal Fiscal de la Federación, Tercera Epoca, Año I, de julio de 1988, que a la letra expresa: `ORDEN DE VISITA. EN TODA ORDEN DE VISITA DEBE EXPRESARSE EL OBJETO DE LA DILIGENCIA. COMO SE SATISFACE ESTE REQUISITO. (La transcribe y señala datos para su localización.)'. El mismo criterio continúa siendo sostenido por el Segundo Tribunal Colegiado del Primer Circuito, al resolver el 1o. de octubre de 1991, la R.F. 822/91, relativo al recurso de revisión interpuesto por el primer subprocurador fiscal, en contra de la sentencia dictada en el juicio de nulidad 2251/90, presentado por PERFORADORA DE ENERGETICOS, S.A. DE C.V., por la Sala Superior del Tribunal Fiscal de la Federación, que en su parte conducente dice: `Lo es el primero, porque contra la opinión de la Sala Superior respaldada con la jurisprudencia de otro Tribunal de Circuito, este órgano Colegiado, considera que para satisfacer el requisito previsto en el artículo 38 fracción III del Código Fiscal de la Federación, relativo a la mención del objeto o propósito de la resolución notificada, que en el caso sería la orden de visita, no es necesario que se especifiquen las obligaciones fiscales a investigar, sino que basta que se mencione en términos generales como a su vez lo son las facultades de fiscalización de que goza la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de conformidad con el artículo 42 del Código Fiscal de la Federación. El propósito perseguido por el precepto legal necesitó en primer término, es que la persona notificada esté en aptitud de verificar si quiénes pretenden cumplir la resolución la están respetando o no; de ahí que esta finalidad se cumple, cuando a través de una orden de auditoría se autoriza a los auditores en términos generales a revisar las obligaciones fiscales; el contribuyente, por ejemplo, podría reprocharles la fiscalización de otro tipo de deberes. No se comparte la tesis jurisprudencial que en dicho sentido ha publicado el Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, por las razones apuntadas y además, porque dicha tesis, al exigir a la autoridad que precise los impuestos específicos a averiguar, está de hecho limitando las facultades de fiscalización, que como ya se dijo, son amplísimas. Si en defensa de dicha tesis se dijera que no pretende limitar la conducta de la autoridad hacendaria, el criterio seguiría siendo poco convincente, porque en esa tesitura, carecería de sentido exigir a la autoridad detallar una por una las diversas obligaciones fiscales a revisar, si está legalmente facultada para verificarlas en su totalidad.' Por otra parte, se señala como domicilio para oír y recibir notificaciones el de la Subprocuraduría Fiscal Federal de lo Contencioso, ubicada en el Edificio No. 5, Segundo Piso de Palacio Nacional, C.P. 06066, Ciudad."
CUARTO.- Es necesario, en primer término, establecer la procedencia del recurso que nos ocupa.
Al respecto, el recurrente expresó: "Es procedente el recurso ya que la cuantía del asunto es de $260'721,523.97, y por tanto excede de 3500 veces el salario mínimo general diario del área geográfica correspondiente al Distrito Federal, vigente en la fecha de emisión de la sentencia que se recurre, cumpliéndose con ello el requisito previsto en el primer párrafo del artículo 248 del Código Fiscal de la Federación vigente."
Asiste la razón al recurrente, de manera que es el caso de proceder al estudio del fondo del asunto, en virtud de que, efectivamente, la cuantía del asunto es superior a la exigida por el código tributario, en la fracción ya especificada.
QUINTO.- Son infundados los agravios hechos valer por la recurrente.
La Sala responsable declaró la nulidad de la resolución impugnada, en virtud de que la orden de visita emitida por la autoridad es genérica, por no cumplir con los requisitos establecidos por los artículos 38, fracción III, del Código Fiscal de la Federación y 16 de la Constitución General de la República, desde el momento en que se señala en el texto mismo del documento que se examina, que el objeto es la verificación del cumplimiento de las obligaciones fiscales principales, formales y/o accesorias, por impuestos y derechos federales de los cuales deba responder el visitado, en forma directa, solidaria u objetiva, lo cual significa que no se precisa claramente el objeto de la orden de visita domiciliaria, sino lo que se hace es una generalización de las facultades revisoras de las autoridades fiscales, que no satisface a plenitud la garantía de legalidad que consagra el invocado precepto constitucional, toda vez que con ello no se satisface la exigencia de precisar el objeto de la visita domiciliaria, sobre todo de señalar los impuestos federales en forma limitativa que se van a revisar.
La autoridad recurrente considera que la orden de auditoría se encuentra ajustada a derecho, ya que tiene por objeto que se verifique el cumplimiento de las obligaciones principales, formales y/o accesorias por impuestos y derechos federales de los cuales debe responder en forma directa, solidaria u objetiva el visitado.
Asimismo, considera que la sentencia que se recurre le causa el agravio que hace valer, ya que con los elementos antes enumerados se salvaguarda la seguridad jurídica del visitado y se concretiza el objeto de la visita domiciliaria.
También invoca criterios sostenidos por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en el sentido de que toda auditoría está enfocada a la revisión de todas las obligaciones tributarias del contribuyente y, por lo mismo, los dispositivos legales antes mencionados no le imponen a la fiscalizadora la obligación de citar en la orden correspondiente la materia o impuesto en una forma específica.
Ahora bien, como ya se dijo, resulta infundado el agravio hecho valer por la recurrente, ya que, en efecto, la orden de visita es genérica, pues señala el impuesto o los impuestos a verificar y, en términos del artículo 16 constitucional, toda visita domiciliaria debe contener entre otros elementos en la orden respectiva el impuesto a revisar.
Ello es así, puesto que conforme al artículo 38, fracción III del Código Fiscal de la Federación, en relación con el 16 constitucional, las autoridades fiscales están facultadas para practicar visitas domiciliarias con base en mandamientos escritos de autoridad competente, en los que debe expresarse entre otros, las obligaciones fiscales que vayan a verificarse.
Es de hacerse notar que el artículo 16 de la Constitución Federal, otorga facultad a la autoridad administrativa para practicar visitas domiciliarias, sujetándose a las leyes respectivas y a las formalidades prescritas para los cateos, que pueden resumirse en los siguientes puntos: 1. Constar en mandamiento escrito; 2. Ser emitida por autoridad competente; 3. Expresar el nombre de la persona o negocio respecto del cual se ordena la visita y el lugar que debe inspeccionarse; 4. El objeto que se persigue con la visita; y 5. Reunir los demás requisitos que fijen las leyes de la materia; de lo que se sigue que, en la especie, la autoridad administrativa no cumple con lo anterior, puesto que no se enuncia ni se especifican con su nombre todas y cada una de las obligaciones fiscales que debían ser objeto de la revisión, pues únicamente se indica en la orden de visita domiciliaria correspondiente que el objeto de la misma es que se verifique el cumplimiento de las obligaciones fiscales principales, formales y/o accesorias, por impuestos y derechos federales; pero es menester que la autoridad, como ya se dijo, precise tales obligaciones fiscales en forma particular y no de manera general, puesto que de esa forma se deja en estado de incertidumbre al sujeto pasivo visitado.
Tal criterio ha sido sustentado por este Cuarto Tribunal Colegiado al resolver el amparo en revisión R.A. 1884/86, visible a fojas 164, Tercera Parte, del Informe de Labores de mil novecientos ochenta y siete que a la letra dice: "GARANTIA DE MOTIVACION. SU CUMPLIMIENTO EN LAS ORDENES DE VISITA.- Considerando que la garantía de motivación se cumple si se hace señalamiento preciso de las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas de la emisión del acto, resulta que la autoridad administrativa que emita una orden de visita dará cumplimiento a la garantía referida, si formula una explicación de su objeto, cuáles documentos serán motivo de la visita, los períodos temporales dentro de los cuales se pretenda constar si éste dio o no cumplimiento a sus obligaciones, esto para dar oportunidad al contribuyente de preparar su defensa, con lo que evidentemente, si la autoridad emisora de la orden de visita únicamente invoca los preceptos legales aplicables al caso sólo cumplimenta la garantía de fundamentación, pero no sucede así con la de motivación, las que deben darse conjuntamente en el acto de molestia, pues con faltar una de ellas generará la inconstitucionalidad del acto".
Idéntico criterio sustentó ese tribunal el resolver los amparos D.A. 1894/89, promovido por Válvulas y Conexiones Orly, S.A. de C.V., en sesión de primero de febrero de mil novecientos noventa, D.A. 414/90, promovido por David Zaga Vaca, en sesión de siete de junio de mil novecientos noventa y R.F. 234/92, promovido por el Primer Subprocurador Fiscal de la Federación, resuelto el veintiuno de mayo de mil novecientos noventa y dos.
En relación a los criterios a que hace mención la recurrente, este tribunal no los comparte, por lo anteriormente expuesto.
En este orden de ideas resulta infundado al agravio hecho valer por la recurrente.
Por lo expuesto y fundado, se resuelve:
UNICO.- Es procedente pero infundado el recurso de revisión fiscal interpuesto por el Subprocurador Fiscal Federal de la Contencioso, en representación del Secretario de Hacienda y Crédito Público y de las autoridades demandadas, en contra de la sentencia de veintinueve de noviembre de mil novecientos noventa y uno, dictada por la Quinta Sala Regional Metropolitana del Tribunal Fiscal de la Federación en el juicio fiscal 1039/91.
Notifíquese; con testimonio de esta resolución devuélvanse los autos a la Sala de su procedencia y, en su oportunidad archívese el presente toca.
Así, por unanimidad de votos de los señores Magistrados, David Delgadillo Guerrero (presidente), Hilario Bárcenas Chávez, con el secretario de este tribunal Jacinto Figueroa Salmorán, en funciones de Magistrado accidental en los términos del artículo 42 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, lo resolvió este Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa, siendo relator el primero de los nombrados.
Firman los CC. Magistrados con el secretario de Acuerdos que autoriza y da fe.
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/704-1ed86292/garantia-de-motivacion-su-cumplimiento-en-las-ordenes · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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