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Modo: Corpus Pro

AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 2866/2013. **********. 29 DE ABRIL DE 2014. UNANIMIDAD DE ONCE VOTOS. PONENTE: ARTURO ZALDÍVAR LELO DE LARREA. SECRETARIA: ROSALÍA ARGUMOSA LÓPEZ.

Tipo de asunto: AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 2866/2013. · Registro digital (IUS): 80102
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: **********.
Localización: Décima Época. Pleno. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 10, Septiembre de 2014, Versión electrónica, Pág. 1.

México, Distrito Federal. México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al veintinueve de abril de dos mil catorce.

V I S T O S; y

R E S U L T A N D O:

PRIMERO. Por escrito recibido el veintidós de abril de dos mil trece, en el Primer Tribunal Unitario del Vigésimo Circuito, ********** por su propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de la sentencia de veintidós de julio de dos mil cuatro, pronunciada por el Primer Tribunal Unitario del Vigésimo Circuito dentro del toca penal **********, mediante la cual se confirmó en todos sus puntos la sentencia dictada por el Juez Segundo de Distrito en el Estado de Chiapas, en el expediente penal **********, en la cual se le consideró penalmente responsable del delito de portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea; así como su ejecución(1).

SEGUNDO. La parte quejosa invocó como derechos fundamentales violados en su perjuicio, los reconocidos en los artículos 1°, 14, 16, 19, 103 fracción I y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 1,2 y 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. El quejoso expresó, en síntesis, los siguientes conceptos de violación(2):

- PRIMER CONCEPTO DE VIOLACIÓN: La autoridad responsable soslaya que al tratarse de una sentencia definitiva debe precisar con exactitud los elementos objetivos o externos que constituyen la materialidad del delito así como los elementos subjetivos y los normativos del tipo penal en cuestión.

- SEGUNDO CONCEPTO DE VIOLACIÓN: La resolución recurrida adolece de la fundamentación y motivación, puesto que la Ad quem incurre en una inadecuada valoración de las pruebas.

- TERCER CONCEPTO DE VIOLACIÓN: No se hace razonamiento alguno para justificar porque al individualizarse la pena no se impuso la mínima, debiéndose además haber otorgado los beneficios de la sustitución de la pena de prisión y de condena condicional.

TERCERO. Por razón de turno correspondió conocer del juicio de amparo el cual se registró con el número 383/2013 al Cuarto Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito; cuyo Presidente, mediante acuerdo de dos de mayo de dos mil trece determinó reservarse proveer respecto de la admisión de la demanda de amparo, hasta en tanto la autoridad responsable no remitiera la causa penal **********(3).

En cumplimiento de dicho acuerdo, el Primer Tribunal Unitario del Vigésimo Circuito remitió la causa penal en cuestión el veintinueve de mayo de dos mil trece(4), por lo que el treinta y uno de mayo de dos mil trece admitió la demanda de garantías(5). Seguidos los trámites correspondientes, el cuatro de julio de dos mil trece dicho órgano colegiado dictó sentencia en la que determinó sobreseer el juicio de amparo de acuerdo a las siguientes consideraciones(6):

- Se estima que el presente juicio de amparo resulta improcedente, por surtirse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV de la Ley de Amparo,(7) en razón de que la demanda de garantías que nos ocupa, no se promovió dentro del término que específicamente señala el artículo 17, fracción II de la invocada ley.(8)

- En el presente caso el plazo para la promoción de la demanda de garantías transcurrió del veinticuatro de julio de dos mil cuatro al veintitrés de julio de dos mil doce, toda vez que la sentencia combatida fue notificada al quejoso el veintitrés de julio de dos mil cuatro.

- En consecuencia, la causal de improcedencia invocada se ve materializada, habida cuenta que la demanda de garantías fue promovida fuera del término de ocho años que prevé la fracción II del artículo 17 de la nueva Ley de Amparo, ya que ésta fue recibida hasta el veintidós de abril de dos mil trece, transcurriendo en exceso dicho término; por lo que, debe entenderse como tácitamente consentido el acto señalado como reclamado.

- Por consiguiente, si está demostrado que la demanda de amparo relativa, se presentó fuera del término establecido por el artículo 17 de la ley de la materia y, que por tal motivo se actualiza el supuesto contenido en la fracción XVI del artículo 61 de la propia legislación, atinente al consentimiento de los actos; lo procedente será sobreseer en el presente juicio de garantías.

CUARTO. Inconforme con la resolución anterior, la parte quejosa interpuso recurso de revisión mediante escrito presentado el diecinueve de agosto de dos mil trece ante el Cuarto Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, en el cual expresa los siguientes agravios(9):

- La determinación de sobreseer en el juicio de amparo viola los derechos humanos del quejoso toda vez que el artículo 1° con relación con el 133 constitucionales, estatuyen para todos los impartidores de justicia la estricta observancia de los derechos humanos, poseyendo como herramienta un control difuso de constitucionalidad o de convencionalidad.

- Por lo tanto, los artículos 62 y 61 fracción XIV de la Ley de Amparo vigente debieron inaplicarse en atención a lo dispuesto en los artículos 1 y 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 2, 3 y 5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. En consecuencia de ello la ley aplicable al caso resulta la vigente en la época que acaeció el acto reclamado.

- El artículo tercero transitorio de la Ley de Amparo actualmente vigente,(10) contraviene el artículo 14 constitucional, toda vez que posee ciertos vacíos legales, que permiten una interpretación extensiva y lesiva para los derechos humanos como en el asunto que nos ocupa. En el caso la autoridad responsable se basó en dicho artículo para considerar que el juicio de garantías era extemporáneo, haciendo ilusorio su derecho a la tutela judicial efectiva.

El Presidente del Cuarto Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, en acuerdo del veinte de agosto de dos mil trece, ordenó remitir los autos a este Alto Tribunal, a efecto de que éste resolviera lo que en derecho procediera(11).

El Presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en proveído de veintiséis de agosto de dos mil trece, ordenó formar y registrar el expediente bajo el número A.D.R. 2866/2013, admitió el recurso de revisión, ordenó turnar el expediente para su estudio al Ministro Aturo Zaldívar Lelo de Larrea y remitió los autos a la Primera Sala, para que su Presidente dictara el acuerdo de radicación respectivo(12).

Por auto de cinco de septiembre de dos mil trece el Presidente de la Primera Sala tuvo por recibidos los autos, determinó que dicha Sala se avocaría al conocimiento del asunto y envió los autos a la Ponencia del Ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea a efecto de que formulara el proyecto de resolución respectivo(13).

En sesión de seis de noviembre de dos mil trece, se discutió el proyecto puesto en consideración de la Primera Sala por el Ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. En dicha sesión a petición del Ministro Ponente se retiró el asunto(14).

Posteriormente en sesión privada del veinte de enero de dos mil catorce, el Tribunal Pleno determinó que resultaba necesario ejercer su competencia originaria para conocer del presente asunto(15).

En consecuencia, el veinticuatro de enero de dos mil catorce, el Presidente de la Primera Sala acordó solicitar al Subsecretario General de Acuerdos de este Alto Tribunal, girara instrucciones a fin de que se diera de baja el presente asunto de la Primera Sala y causara alta en el Pleno(16).

Así, el veintiocho de enero de dos mil catorce, el Presidente de este Alto Tribunal ordenó se devolvieran los autos al Ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea para que formulara el proyecto respectivo y diera cuenta con él al Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación(17).

Finalmente, el Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación en su sesión del veintinueve de abril de dos mil catorce, determinó que el engrose del asunto estuviera a cargo de la Ministra Olga Sánchez Cordero de García Villegas.

C O N S I D E R A N D O:

PRIMERO. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver el presente recurso de revisión, en términos de lo dispuesto por los artículos 107, fracción IX de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 83 de la Ley de Amparo; 21, fracción III, inciso a) de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y en relación con el punto segundo del Acuerdo General número 5/2001, emitido por el Tribunal Pleno de este Alto Tribunal, de veintiuno de junio de dos mil uno, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día veintinueve del mismo mes y año, en virtud de haberse interpuesto en contra de una sentencia dictada por un Tribunal Colegiado de Circuito.

SEGUNDO. El recurso de revisión es oportuno de conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, ya que la sentencia recurrida se notificó por lista a la parte ahora recurrente el viernes diecinueve de julio de dos mil trece(18), la cual surtió efectos el lunes veintidós de julio siguiente; por tanto el plazo de diez días para la interposición del recurso transcurrió del martes veintitrés de julio al veinte de agosto de dos mil trece, descontándose los días veintisiete y veintiocho de julio, diecisiete y dieciocho de agosto de dos mil trece por ser sábado y domingo y en consecuencia, inhábiles de conformidad con los artículos 19 de la Ley de Amparo y 163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como los días primero a quince de agosto de dos mil trece por corresponder al periodo vacacional del Cuarto Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito. Por tanto, si el recurso fue interpuesto el diecinueve de agosto de dos mil trece, es claro que el mismo resulta oportuno(19).

TERCERO. Procedencia del recurso. Si bien es cierto que para que la revisión del amparo directo sea procedente es necesario que en la demanda se haya planteado la inconstitucionalidad de una norma general o la interpretación directa de un precepto de la Constitución o de los derechos humanos establecidos en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, y en la sentencia se hubiera omitido su estudio o en ella se contenga alguno de esos pronunciamientos; se debe tomar en cuenta que el Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver el Recurso de Reclamación 130/2011,(20) determinó que el recurso de revisión es excepcionalmente procedente contra las sentencias dictadas en amparo directo cuando en el recurso se impugne la constitucionalidad de algún artículo de la Ley de Amparo. En dicho precedente el Pleno también estableció que para admitir la procedencia excepcional del recurso de revisión en amparo directo, se deben actualizar los siguientes supuestos:

a) La emisión de autos o resoluciones concretas de los órganos que conozcan del juicio de amparo;

b) La impugnación de normas de la Ley de Amparo cuya aplicación se actualice efectivamente dentro de los asuntos de la competencia de los órganos jurisdiccionales que conocen del juicio de amparo, y que trasciendan al sentido de la decisión adoptada; y

c) La existencia de un recurso procedente contra el acto de aplicación de las normas de la Ley de Amparo tildadas de inconstitucionales, en el cual pueda analizarse tanto la legalidad de su acto de aplicación, como la regularidad constitucional de esas normas, en su caso.

Bajo estas consideraciones, es procedente el presente amparo directo en revisión ya que el caso reúne los tres requisitos básicos para que proceda su análisis como son:

1) Se trata de una sentencia dictada por el Cuarto Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito dentro de los autos del amparo directo 383/2012;

2) La sentencia recurrida actualizó efectivamente el contenido del artículo Tercero Transitorio de la Ley de Amparo ya que con base en él y los artículos Primero y Quinto Transitorios, no se aplicó la Ley de Amparo abrogada sino que con base en el artículo 17 fracción II de la Ley de Amparo vigente se estimó que el recurso era inoportuno y que por lo tanto debía sobreseerse en el juicio de amparo directo lo cual es competencia de los Tribunales Colegiados de Circuito;

3) Contra sentencias de los Tribunales Colegiados procede el presente recurso, de acuerdo al artículo 107, fracción IX de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 81, fracción II de la Ley de Amparo, el cual cumple con los requisitos de importancia y trascendencia ya que se estudia la constitucionalidad del artículo 17 fracción II de la Ley de Amparo actualmente vigente, así como su impacto en el plazo de prescripción de los amparos presentados en contra de sentencias definitivas condenatorias en un proceso penal.

Cabe aclarar que este Alto Tribunal sostiene que en este caso excepcionalmente procede el recurso de revisión ya que el control constitucional de la Ley de Amparo es fundamental para nuestro ordenamiento jurídico, al tratarse de la norma procesal de aplicación de la Constitución como norma sustantiva, otorgándole eficacia directa, permitiendo la actualización constante de la regularidad del ordenamiento jurídico; y al no haber previsto el legislador algún medio procesal para realizar dicho control, la alternativa menos gravosa, desde un punto de vista de política judicial, es aceptar que la revisión sea el medio para la impugnación de artículos específicos de la Ley de Amparo que hayan sido aplicados por el juzgador en la sentencia recurrida.

No pasa inadvertido a este Tribunal Pleno, que la opción mencionada podría propiciar que se hiciera un uso inadecuado de este medio de defensa, sin embargo pareciera que, como toda nueva opción de control, el uso indiscriminado del mismo se daría solamente hasta que esta Suprema Corte estableciera los criterios base para la interpretación de la Ley de Amparo y desarrollara jurisprudencialmente criterios de procedencia relacionados con las impugnaciones en cada caso concreto, acotando de esta manera el mal uso del recurso no con la finalidad legítima de protección constitucional, sino con el interés de retrasar u obstaculizar el desarrollo correcto de la justicia.

CUARTO. Estudio de fondo. Los conceptos de agravio hechos valer por el quejoso **********, devienen esencialmente fundados, mismos que al ser suplidos en su deficiencia conforme lo dispuesto en el artículo 79, fracción III, de la Ley de Amparo vigente, resultan aptos y suficientes para REVOCAR la sentencia constitucional recurrida.

Primeramente, es importante destacar que en torno al presente tópico jurídico -determinación de la normativa que rige la oportunidad para promover el juicio de amparo directo, en el que se impugna una sentencia definitiva privativa de la libertad personal dictada con anterioridad a la entrada en vigor de la nueva Ley de Amparo y, en su caso, a partir de qué momento se computa el plazo para su promoción- ya fue materia de análisis por parte del Tribunal en Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver un paradigmático precedente, que lo fue la CONTRADICCIÓN DE TESIS 366/2013, que fuera presentada bajo la ponencia de la Señora Ministra Olga Sánchez Cordero De García Villegas, y resuelta por mayoría de votos en sesión de veintinueve de abril de dos mil catorce.(21)

Por ende, para efectos de dar una cabal y congruente solución jurídica al presente recurso de AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN, serán retomadas las principales argumentaciones jurídicas que fueron esgrimidas por el Tribunal en Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación en el precedente de referencia.

Así las cosas, conviene transcribir en primer término los artículos 17, 18, primero, segundo, tercero, así como los artículos TERCERO y QUINTO TRANSITORIOS, todos de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece -con base en los cuales, el Tribunal colegiado sustentó su sentencia recurrida- los cuales disponen lo siguiente:

"Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo:

I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días;

II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años;

III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados;

IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo.

Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor.

PRIMERO. La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO. Se abroga la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de enero de 1936, y se derogan todas las disposiciones que se opongan a lo previsto en la presente Ley.

TERCERO. Los juicios de amparo iniciados con anterioridad a la entrada en vigor de la presente Ley, continuarán tramitándose hasta su resolución final conforme a las disposiciones aplicables vigentes a su inicio, salvo lo que se refiere a las disposiciones relativas al sobreseimiento por inactividad procesal y caducidad de la instancia, así como al cumplimiento y ejecución de las sentencias de amparo.

QUINTO. Los actos a los que se refiere la fracción III del artículo 17 de esta Ley que se hubieren dictado o emitido con anterioridad a la entrada en vigor de la misma podrán impugnarse mediante el juicio de amparo dentro de los siete años siguientes a la entrada en vigor de la presente Ley.

Los actos que se hubieren dictado o emitido con anterioridad a la presente Ley y que a su entrada en vigor no hubiere vencido el plazo para la presentación de la demanda de amparo conforme a la ley que se abroga en virtud del presente decreto, les serán aplicables los plazos de la presente Ley contados a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación del acto o resolución que se reclame o a aquél que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del mismo o de su ejecución".

De lo previsto en los citados numerales, en el precedente a que se ha hecho referencia (C.T. 366/2013), el Pleno de este Alto Tribunal concluyó lo siguiente:

(I). Al día siguiente de la publicación en el Diario Oficial de la Federación de la referida Ley de Amparo -lo que tuvo lugar el dos de abril del año dos mil trece- la anterior legislación de la materia quedó abrogada, con las salvedades indicadas en los transitorios Cuarto y Décimo, párrafos primero y segundo; y como regla general, únicamente es aplicable para los juicios de amparo iniciados con anterioridad al tres de abril de dos mil trece.

Por ende, si los juicios de amparo inician con motivo de la presentación de la demanda respectiva -atendiendo al principio jurisprudencial que se ha establecido sobre cuando inicia un juicio, incorporado en el artículo 170, fracción I, párrafo último, de la Ley de Amparo- lo previsto en la citada regulación transitoria permite sostener que el legislador ordinario determinó que el plazo para la promoción de las demandas de amparo que se promuevan a partir del tres de abril del año dos mil trece, se debe regir por lo establecido en este nuevo ordenamiento.

(II). En términos de la nueva Ley de Amparo, el plazo para promover el juicio de amparo en contra de una sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal que imponga pena de prisión, será de hasta ocho años, por lo que si la legislación abrogada ya no es aplicable para los juicios iniciados a partir del tres de abril del año dos mil trece, desde la óptica del nuevo sistema establecido por el legislador ordinario, la única norma que debe regir el plazo para la promoción de esos juicios de amparo es el referido artículo 17, fracción II.

(III). En el artículo QUINTO transitorio de la Ley de Amparo vigente se establecen dos reglas sobre la forma de computar los nuevos plazos para promover el juicio protector de derechos humanos respecto de actos que se hubieren dictado o emitido con anterioridad a la entrada en vigor de ese ordenamiento, a saber:

- (III. A) En el caso de actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, podrán impugnarse mediante el juicio de amparo dentro de los siete años siguientes a la entrada en vigor de la presente Ley, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados.

- (III. B) En el caso de actos respecto de los cuales a la entrada en vigor de la nueva ley no hubiere vencido el plazo para la presentación de la demanda de amparo conforme a la ley que se abroga, les serán aplicables los plazos de la nueva Ley contados a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación del acto o resolución que se reclame o a aquél que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del mismo o de su ejecución, siendo de especial relevancia acudir a la interpretación conforme y pro persona del párrafo segundo del referido artículo quinto transitorio, tomando en cuenta el contexto normativo en el que se insertó, para advertir, como más adelante se precisa, que su finalidad fue favorecer a los quejosos ante la inicial propuesta legislativa de incrementar los plazos para promover la demanda de amparo.

Ahora bien, en otro orden de ideas y derivado del análisis del proceso legislativo que culminó con la reforma a la citada Ley de Amparo (Exposiciones de Motivos), el Tribunal Pleno arribó a las siguientes conclusiones:

A). El párrafo segundo del artículo QUINTO transitorio de la Ley de Amparo, interpretado conforme al principio de irretroactividad y de la manera que favorezca más a los accionantes del amparo, tuvo como única finalidad que en el supuesto de que se incrementara el plazo para promover la demanda de amparo para impugnar determinados actos -como originalmente se proponía en la respectiva exposición de motivos, tratándose del plazo general de quince a treinta días y el aplicable para impugnar leyes con motivo de su entrada en vigor, de treinta a cuarenta y cinco días- estos nuevos plazos también beneficiaran a los quejosos que promovieran la demanda respecto de actos dictados antes de la entrada en vigor de la nueva Ley de Amparo, en relación con los cuales en ese momento no hubiere vencido el plazo previsto en los artículos 21 y 22 de la legislación abrogada, siendo lógico que a pesar de ese beneficio el plazo correspondiente se computara a partir de la fecha indicada en el primero de estos numerales.

Por ende, el párrafo en comento, de ninguna manera implica que en el nuevo sistema legal se pretenda establecer que en el cómputo de los plazos previstos en el artículo 17 de la Ley de Amparo se tomaran en cuenta días transcurridos antes de su entrada en vigor con el objeto de afectar la situación jurídica de los quejosos, lo que sería notoriamente violatorio del principio de irretroactividad de la ley establecido en el párrafo primero del artículo 14 constitucional.

B). El párrafo segundo del artículo QUINTO transitorio, NO es aplicable al cómputo del plazo para la impugnación de actos respecto de los cuales en la anterior Ley de Amparo no existía un plazo para su promoción, ya que la regla respectiva es aplicable únicamente a la impugnación de actos respecto de los cuales a la entrada en vigor de la nueva Ley de Amparo no había vencido el plazo previsto en la abrogada ley; y,

C). Al regular el sistema transitorio de aplicación del plazo de ocho años para promover la demanda de amparo directo en contra de sentencias definitivas condenatorias dictadas en un proceso penal, que impongan pena de prisión, en ningún momento el nuevo sistema normativo se estableció con el objeto de que dicho plazo se computara considerando días transcurridos antes de la entrada en vigor de la nueva Ley de Amparo; por el contrario, existen elementos hermenéuticos suficientes para concluir que su intención fue que el plazo correspondiente se computara a partir de la entrada en vigor de la nueva ley.

Con base en las consideraciones citadas ut supra, el Tribunal Pleno concluyó que el párrafo segundo del artículo QUINTO TRANSITORIO de la Nueva Ley de Amparo, no era aplicable para el cómputo de la presentación de la demanda de amparo en contra de sentencias definitivas condenatorias dictadas en un proceso penal, que impongan pena de prisión dictadas con anterioridad a la entrada en vigor de la nueva Ley de Amparo, esto, de manera contraria a lo sostenido por el Cuarto Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito cuyo fallo constitucional es ahora materia de revisión.

Una vez determinado que la regulación aplicable para determinar la oportunidad de una demanda de amparo directo promovida a partir del tres de abril de dos mil trece contra actos dictados antes de su entrada en vigor, necesariamente es la prevista en ese nuevo ordenamiento, al haberse abrogado la anterior Ley de Amparo y determinarse en el artículo tercero transitorio que lo previsto en ésta sólo sería aplicable a los juicios iniciados previamente, el Tribunal en Pleno al resolver la CONTRADICCIÓN DE TESIS 366/2013, concluyó que el plazo en comento, se rige por lo establecido en el artículo 17, fracción II, de ese instrumento normativo sin menoscabo de que, atendiendo a la interpretación conforme al principio de irretroactividad y a la que más favorezca a las personas, el cómputo de dicho plazo debe iniciarse a partir de la fecha de entrada en vigor de la nueva legislación (y no así en la fecha de notificación del acto reclamado, como lo determinó el A quo recurrido).

En efecto, -se dijo- que si bien el artículo 18 de la Ley de Amparo establece los supuestos a partir de los cuales se iniciará el cómputo de los plazos previstos en las fracciones I a III del diverso 17 de ese ordenamiento, lo cierto es que tratándose de sentencias condenatorias que impongan pena de prisión dictadas antes de la entrada en vigor de esa Ley, impugnadas en amparo directo a partir de su vigencia, el cómputo del plazo respectivo debe iniciarse con base en supuestos acontecidos durante la vigencia de ésta, por lo que si éstos se suscitaron previamente, y la regulación del plazo correspondiente sólo es aplicable a partir de la entrada en vigor del ordenamiento que lo establece, aquél no podrá computarse considerando días transcurridos antes de su vigencia, toda vez que dicho proceder resultaría notoriamente retroactivo.

En ese orden de ideas, este Tribunal Pleno determinó que al tenor de los artículos 17, fracción II y TRANSITORIOS PRIMERO, SEGUNDO, TERCERO Y QUINTO de la Ley de Amparo vigente, interpretado este último conforme al principio de irretroactividad y favoreciendo la protección más amplia a las personas cuya esfera jurídica trasciende -sentenciados y víctimas- el plazo legal para promover una demanda de amparo directo durante la vigencia de esa Ley para impugnar una sentencia condenatoria que impone pena de prisión, dictada antes del tres de abril de dos mil trece, es el de ocho años computado a partir de esta fecha, sin que dicha determinación se hubiera estimado violatoria de los principios de irretroactividad, de progresividad, ni al derecho de acceso efectivo a la justicia.

Sobre este último punto, el Tribunal Pleno en el precedente in examine, determinó que la inexistencia de un plazo en la anterior legislación de amparo para promover la demanda respectiva contra sentencias condenatorias que imponen pena de prisión dictadas bajo la vigencia de esa normativa, NO incorporó en la esfera jurídica del sentenciado el derecho a que hacia el futuro, no se estableciera un plazo para controvertir mediante ese juicio constitucional los referidos fallos.

Esto es, -se sostuvo- que si bien la regulación que confería a los sentenciados la posibilidad de acudir al juicio de amparo para impugnar en cualquier tiempo una sentencia condenatoria que impusiera pena de prisión se sustentó en elevados fines constitucionales (como lo es la tutela del derecho humano a la libertad deambulatoria), de ello no se sigue que el legislador ordinario se encuentre impedido de manera absoluta para modificar la regulación aplicable y establecer un plazo para que los actos respectivos sean impugnables en el juicio de amparo, aun cuando estos últimos se hubieren emitido al tenor de la legislación que permitía su impugnación en cualquier tiempo, ya que la ausencia del referido plazo al momento del dictado de la respectiva sentencia condenatoria, no le generó al afectado por ésta el derecho a que indefinidamente pueda acudir al juicio de amparo

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/80102-81876a2d/amparo-directo-en-revision-2866-2013-29-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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