SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA. EL ACUERDO NÚMERO 328, POR EL QUE SE MODIFICA EL DIVERSO 286, QUE REGULA LA EXPEDICIÓN DE CERTIFICADOS, CONSTANCIAS, DIPLOMAS O TÍTULOS A QUIENES ACREDITEN CONOCIMIENTOS TERMINALES QUE CORRESPONDAN A CIERTO NIVEL EDUCATIVO O GRADO ESCOLAR, ADQUIRIDOS EN FORMA AUTODIDACTA O A TRAVÉS DE LA EXPERIENCIA LABORAL, EN SU PUNTO 47.3, INCISO A), PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 30 DE JULIO DE 2003, NO VIOLA LA GARANTÍA DE IGUALDAD.

La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis de jurisprudencia 2a./J. 42/2010, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXI, abril de 2010, página 427, de rubro: "IGUALDAD. CRITERIOS QUE DEBEN OBSERVARSE EN EL CONTROL DE LA CONSTITUCIONALIDAD DE NORMAS QUE SE ESTIMAN VIOLATORIAS DE DICHA GARANTÍA.", determinó que debía considerarse que la posición constitucional del legislador no exige que toda diferenciación normativa esté amparada en criterios derivados del propio texto constitucional, sino que es suficiente que la finalidad perseguida sea constitucionalmente aceptable y la diferenciación cuestionada fuera adecuada para el logro del fin legítimo buscado. Acorde con lo anterior, la distinción contemplada en el punto 47.3, inciso a), del señalado acuerdo expedido por el titular de la Secretaría de Educación Pública, relativa a fijar la edad mínima de treinta años como uno de los requisitos para acceder al procedimiento de acreditación de conocimientos equivalentes a un nivel del tipo superior, tiene una finalidad constitucionalmente aceptable, pues como los niveles en que se divide el sistema educativo nacional en su modalidad escolarizada tienen especificadas su duración y las edades (de acuerdo al objetivo perseguido) a partir de las cuales el educando puede cursarlos, es claro que tal diferencia descansa sobre una base objetiva y razonable que es acorde con la finalidad perseguida por el propio acuerdo, esto es, con el nivel educativo que se pretende acreditar, el cual supone que la edad debe ser mayor a la que corresponde a la conclusión de los estudios superiores en una trayectoria académica normal, lo que evita que tales procedimientos se utilicen para evadir la educación escolarizada impartida por el Estado. Por tanto, dicha porción normativa no viola la garantía de igualdad establecida en el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

OCTAVO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.