ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO. EL NUMERAL 60 DE LA LEY RELATIVA NO TRANSGREDE EL ARTÍCULO 22 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.

La inhabilitación temporal para participar en procedimientos de contratación o celebrar contratos con entidades públicas, al licitante o proveedor que se ubique en alguno de los cuatro supuestos que relaciona, prevista en el artículo 60 de la Ley relativa no constituye una pena inusitada y trascendental. Lo anterior es así, toda vez que aquélla se encuentra reconocida como sanción en el derecho positivo de nuestro país y persigue un fin del Estado en su función punitiva, consistente en sancionar con la no contratación, es decir inhabilitando, de manera temporal, a licitantes o proveedores por haber incurrido en las conductas precisadas en la norma, entre otras, por proporcionar información falsa o actúen con dolo o mala fe en algún procedimiento de contratación, en la celebración del contrato o durante su vigencia; sanción que, como se dijo, de ninguna manera resulta inusitada. Del mismo modo, la sanción tampoco es trascendental, toda vez que está dirigida exclusivamente a licitadores o proveedores que incurran en las conductas previstas en ese precepto, imputables únicamente a ellos, es decir, ya a la persona física o ya a la moral que previo contrato con el Estado deje de cumplir con sus obligaciones pactadas o incurra en conductas contrarias a la buena fe.