CESACIÓN DE EFECTOS EN EL JUICIO DE AMPARO. TRATÁNDOSE DE ACTOS OMISIVOS QUE INCIDEN EN DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES, SU ACTUALIZACIÓN EXIGE UN ANÁLISIS REFORZADO.

Hechos: Un padre promovió una controversia familiar para que se estableciera un régimen de visitas y convivencias con su hijo de corta edad. Ante la falta de pronunciamiento e instrumentación de dicho régimen, promovió amparo indirecto en el que reclamó diversas omisiones de las autoridades familiares.

Durante la tramitación del juicio de amparo, la autoridad familiar decretó un régimen provisional de convivencias supervisadas, ordenó la inscripción de las partes a un programa de revinculación familiar y fijó fecha para una entrevista diagnóstica.

El juzgado de distrito sobreseyó el juicio al considerar que habían cesado los efectos de las omisiones reclamadas.

Inconforme, el padre interpuso recurso de revisión, al sostener que la cesación no podía tenerse por actualizada porque todavía no había ocurrido materialmente la convivencia con su hijo.

Criterio jurídico: Para tener por actualizada la cesación de efectos respecto de actos omisivos que inciden en derechos de niñas, niños y adolescentes, el órgano de amparo debe realizar un análisis reforzado que verifique la idoneidad de la actuación posterior para hacer efectivo el derecho. Por ello, no basta la mera emisión formal de un acto, sino que debe constatarse que éste encauce materialmente el derecho mediante un mecanismo idóneo.

Justificación: Tratándose de actos omisivos, la cesación de efectos prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo se actualiza cuando la actuación posterior de la autoridad extingue la inactividad que constituía el acto reclamado. Sin embargo, cuando la omisión incide en derechos de niñas, niños y adolescentes, esa circunstancia no puede verificarse de manera puramente formal, sino a la luz de su interés superior.

Por ello, si la actuación posterior es aparente o insuficiente para encauzar el derecho, la omisión subsiste en lo esencial. En cambio, cuando la autoridad activa efectivamente el mecanismo idóneo para su protección, puede considerarse que la inactividad reclamada ha cesado. Para determinarlo, deben verificarse la idoneidad del mecanismo empleado, su efectividad y la correspondencia material entre la actuación realizada y la protección del derecho de la persona menor de edad.

La efectividad no necesariamente exige la consumación inmediata del resultado final. Cuando por la naturaleza del derecho o por la etapa de desarrollo de la persona menor de edad su protección requiera un proceso gradual, la falta de obtención instantánea del resultado no equivale a la subsistencia de la omisión, siempre que el mecanismo idóneo haya sido efectivamente activado, se encuentre en operación y encauce materialmente el derecho.

La comprobación de estas exigencias debe realizarse oficiosamente por el órgano de amparo, sin que baste el dicho de la autoridad responsable sobre el cumplimiento. Finalmente, el sobreseimiento por cesación de efectos no legitima una inactividad posterior, pues si el mecanismo activado deviene inoperante o se dilata de manera irrazonable, puede configurarse una nueva omisión y quedar expedita la vía de defensa correspondiente.

DÉCIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.