JUNTAS DE CONCILIACION Y ARBITRAJE.

La constitución ordena que el patrono pague al obrero con quien ha surgido el conflicto, el importe de tres meses de salario si el primero se niega a someter sus diferencias al arbitraje o a aceptar la resolución pronunciada por la Junta; y no es obstáculo para que se decrete ese pago, el que antes se haya dictado otro laudo, tendiente a solucionar el conflicto, si tal laudo no dio fin al contrato de trabajo.