JUNTAS DE CONCILIACION Y ARBITRAJE.

Están facultadas para conocer de las reclamaciones de los obreros en caso de que el patrono los separe injustificadamente del trabajo, y para resolver cualesquiera otras diferencias que surjan entre aquéllos y éste, pues el artículo 123 constitucional no hace distinción acerca de los conflictos en que dichas autoridades deban intervenir, y manda que si el patrono se negare a someter sus diferencias al arbitraje, o a aceptar el laudo pronunciado por la Junta, se dará por terminado el contrato de trabajo y quedará obligado a indemnizar al obrero, con el importe de tres meses de salario.