JUNTAS DE CONCILIACION Y ARBITRAJE.

La Constitución establece el arbitraje obligatorio confirmándose esta tesis por la sanción que contiene la fracción XXI del artículo 123 de la Constitución, y que estriba en que se dará por concluido el contrato de trabajo, si el capitalista o el obrero se niegan a someter sus diferencias al arbitraje o a aceptar el laudo pronunciado por las Junta, aparte de que, si es el patrono, debe indemnizar, además, al obrero u obreros, con el importe de tres meses de salario.