ACCIDENTES DEL TRABAJO.

La Constitución impone a todos los empresarios de industrias, sin distinción alguna, la obligación de indemnizar a sus obreros por los accidentes del trabajo, que tengan como consecuencia la muerte o la incapacidad permanente o temporal para trabajar; y como las leyes que reglamentan la Constitución, forzosamente tienen que apegarse de modo estricto al texto de la misma, y cuando no lo hacen así, deben considerarse como anticonstitucionales, y la ley local que restrinja los derechos de los obreros, consignados en la fracción XIV del artículo 123 constitucional, no debe ser aplicada por las Juntas de Conciliación y Arbitraje.