REMOCION DE FUNCIONARIOS.

Contra la remoción de funcionarios públicos procede conceder la suspensión, porque con la ejecución del acto se ocasionarían a los quejosos perjuicios difíciles de reparar, privándolos de sus empleos, emolumentos y honores, ya que no tienen aquéllos el carácter de vitalicios, y, además, porque desaparecería la materia del amparo, porque al resolverse éste en sentido favorable, acaso sería imposible restituir a los quejosos en el goce de la garantía violada, por haber expirado el período de su encargo; sobre todo si no se ha impugnado la personalidad ni el carácter legal con que los quejosos desempeñan las funciones públicas.