AGUAS.

La dotación de aguas a los pueblos, lo mismo que la de tierras, deberán llevarse a cabo de acuerdo con los preceptos de la ley de 6 de enero de 1915, que tiene el carácter de constitucional; es decir, las solicitudes respectivas, deberán ser presentadas a los gobernadores de los Estados, que resolverán provisionalmente, oyendo el parecer de las Comisiones Agrarias Locales, y éstas elevarán los expedientes a la Comisión Nacional Agraria, con cuyo dictamen resolverá en definitiva el presidente de la República.