ARTICULO 27 CONSTITUCIONAL.

Este precepto establece que los pueblos, rancherías y comunidades que carezcan de tierras y aguas, o no las tengan en cantidad suficiente para las necesidades de su población, tendrán derecho a que se les dote de ellas, tomándolas, de las propiedades inmediatas respetando siempre la pequeña propiedad; y la ley de 6 de enero de 1915, que tiene el carácter de constitucional, establece que el fin de dotar a los pueblos, rancherías, etcétera, es mejorar la situación social y económica de sus habitantes dándoles tierras en cantidad suficiente para que satisfagan sus necesidades. Del imperativo de esas disposiciones se desprende que el presidente de la República tiene facultad, y al mismo tiempo la obligación de conceder a los pueblos los ejidos que sean necesarios y que basten para las necesidades de las personas que los forman.