CONCLUSIONES DEL MINISTERIO PUBLICO.

Al ministerio público corresponde exclusivamente el ejercicio de la acción penal, y a los tribunales la función exclusiva de aplicar las penas, y si los jueces se limitaron a aplicar las penas que solicitara el ministerio público, abdicaría de su facultad de juzgar y dejarían de ser ellos quienes aplicaran las penas, que deben ser impuestas deliberadamente y conscientemente y no de un modo automático, como resultaría si, por el simple pedimento del representante social, el Juez estuviera obligado a decretar la pena solicitada.