INFORME PREVIO.

Si bien es verdad que el artículo 132 de la Ley de Amparo, impone a la autoridad responsable la obligación de informar concretamente, si son o no, ciertos los hechos que le atribuye al quejoso, para determinar la existencia del acto que de ella se reclama, esto no quiere decir que forzosamente debe contestar si o no, respecto a la certeza de los actos reclamados, sino que la propia disposición la autoriza para dar razones que estime pertinentes, a fin de saber no solamente que es cierto el acto reclamado o que no lo es, sino respecto a la procedencia o improcedencia de la suspensión.