TIERRAS OCIOSAS.

Si bien es verdad que la aplicación de la Ley de Tierras Ociosas, en general, es de interés público, si no está probado que la sociedad o el Estado sufran concreta y efectivamente un perjuicio con la suspensión que se otorgue contra la aplicación de dicha ley, de ejecutarse los actos reclamados, se sigan al quejoso, de modo indudable, daños y perjuicios, y los que pudieran originarse a terceros, son reparables mediante fianza, procede conceder la suspensión de este requisito.