INSTITUCIONES DE BENEFICENCIA PRIVADA.

Contra la disposición administrativa, que ordene que los establecimientos sostenidos por una institución de beneficencia privada y destinados a servicios públicos, pasen a depender directamente del gobierno, procede conceder la suspensión sin requisito alguno, pues de llevarse adelante el acto, se causarían perjuicios de difícil reparación a la institución quejosa, sin que sea obstáculo el argumento de que no se priva de la posesión de los edificios respectivos a la interesada, porque éstos pasen a depender del gobierno.