CATEGORIA POLITICA.

El decreto que eleva la categoría política de un poblado y los actos de las autoridades para deslindar la parte de terreno que ha de constituir el fondo legal, no pueden considerarse que ocasionen, por sí mismos, perjuicio a los propietarios de las fincas, cuya categoría política se elevan, y siendo el elemento perjuicio, la ineludible base del juicio de garantías, mientras aquél no se compruebe, el amparo es improcedente contra la simple expedición del decreto y contra el deslinde relativo.