MENORES, PROTECCION DE LOS.

Si la resolución reclamada en amparo resuelve que un menor debe ser entregado para su traslado a determinado lugar en que se le imparta atención médica, tales razones no son bastantes para estimar que la suspensión es improcedente, en cuanto se trata de privar a la madre quejosa de la posesión de dicho menor, pues en el caso no se ha designado quien debe ser excluido de la patria potestad del mismo; en esa virtud, teniendo tanto el padre como la madre incólumes sus derechos en éste aspecto, si lo que en el caso se pretende es buscar la salud del menor, esto puede lograrse si el padre ministra las cosas necesarias para el traslado de aquél y de su madre, sin necesidad de privar a ésta del derecho que tiene de dar personalmente al hijo los cuidados que requiere, en cualquier lugar que fije el tercer perjudicado, y en éste concepto, la suspensión no contraviene disposición alguna de orden público ni afecta el interés general, que descansa principalmente en la protección y cuidado que debe impartirse a los menores; pero como el beneficio pudiera ocasionar daños o perjuicios al tercer perjudicado, la quejosa está obligada a constituir fianza, en los términos que previene el artículo 125 de la Ley de Amparo.