INSTITUCIONES DE CREDITO, DEBEN DAR FIANZA PARA LA SUSPENSION.

La fracción V del artículo 107 constitucional, que es el que establece la base para la fracción II del artículo 55 de la Ley de Amparo, determina que en los casos en que la suspensión pueda causar perjuicio a terceros, el quejoso deberá otorgar fianza. Ahora bien, la exigencia de este contrato de garantía, requiere la intervención en el negocio de una persona distinta del peticionario del amparo, para que otorgue la fianza; de manera que no basta, según el texto constitucional, que el quejoso sea solvente, sino que es preciso que una tercera persona ocurra al juicio a otorgar la garantía. Fundada en estos principios, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia, considera que el artículo 26 de la Ley de Instituciones de Crédito, es contrario a la Constitución, por lo que no debe aplicársele cuando a las instituciones de crédito se les conceda la suspensión, y para que ésta surta efecto, deben aquéllas otorgar fianza por cantidad limitada, a satisfacción del Juez de Distrito.