NACIONALIZACION DE BIENES.

La fracción II del artículo 27 constitucional exige, para que pueda decretarse la nacionalización de los bienes, que pertenezcan o sean poseídos o administrados por las asociaciones religiosas llamadas iglesias, que exista una prueba capaz de acreditar, lógica y jurídicamente, de un modo pleno, los extremos de la acción respectiva; el aludido precepto, al declarar que es bastante para que prospere la demanda, la prueba de presunciones, persiguió como objeto, dejar establecido, una vez por todas, que la administración y posesión de los bienes de la iglesia, por parte de dichas instituciones religiosas, y el derecho de propiedad que a las mismas corresponde sobre bienes raíces y capitales impuestos sobre ellos, puedan ser probados aun por medio de presunciones, sin que, en ningún caso, deba exigirse por los tribunales, el uso de algún medio demostrativo que para casos similares se requiera, con arreglo a las leyes secundarias; pero la calificación que de las pruebas presuntivas se haya hecho en primera instancia, debe ser examinada al revisarse la sentencia, a efecto de determinar si se observaron, o no, las reglas jurídicas que, con arreglo a la ley, deben tener como norma los juzgadores, para apreciar el valor de la prueba presuntiva.