INTERVENTOR.

Con la remoción del interventor que no rinde cuentas y la designación que hace la autoridad judicial para sustituirlo, no se afectan los intereses jurídicos del acreedor que nombró al primero, porque el nuevo interventor, lo mismo que el anterior, tiene obligación de vigilar las operaciones de la negociación intervenida, y de recaudar los fondos necesarios para cubrir el crédito cuyo pago exige quien lo nombró.