LIBERTAD PROVISIONAL BAJO CAUCIÓN. EL JUEZ DEL PROCESO DEBE FIJAR SU MONTO CON BASE EN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 20, APARTADO A, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 10/2005-PS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO, SEGUNDO, TERCERO, CUARTO Y QUINTO, TODOS DEL DÉCIMO SEXTO CIRCUITO.
CONSIDERANDO:
TERCERO. El Primer Tribunal Colegiado del Décimo Sexto Circuito al resolver el amparo en revisión penal 369/2003, recurrente ... por conducto del defensor público federal adscrito al Juzgado Primero de Distrito en el Estado, ... sostuvo:
"CUARTO. Son infundados los anteriores agravios. En un primer concepto de agravio el recurrente sostiene que contrario a lo estimado en la sentencia impugnada, la garantía fijada por el agente del Ministerio Público para que el indiciado gozara del beneficio de la libertad provisional bajo caución, nada tiene de ilegal o contraria a derecho, pues lo que el Juez responsable consideró en el acto reclamado, fue que dicha garantía era insuficiente. Previo a dar respuesta al anterior argumento, es pertinente señalar que en el fallo combatido, al abordar el estudio del segundo concepto de violación, el cual se analizó en primer término, se hizo una distinción entre lo que es, por un lado, la caución con la que se responderá por parte del indiciado, del cumplimiento de las obligaciones que se le imponen con motivo del proceso, y por otro, las garantías que, de resultar responsable del delito que se le atribuye, cubrirán el pago de la sanción pecuniaria correspondiente, que en el particular se concreta a la multa, pues la primera (caución) se establece con la finalidad de que el enjuiciado cumpla con sus obligaciones procesales y al fijarla deben tomarse en consideración las circunstancias que lo motiven a incumplir con sus deberes para con el proceso, en tanto que el monto de las segundas (garantías), se fija atendiendo a que las mismas sean suficientes para cumplir con la posible sanción pecuniaria que se imponga al acusado. Así, en cuanto a la garantía, y atendiendo a lo expuesto en el segundo concepto de violación (que fue en el sentido de que el Juez responsable, en la resolución reclamada, actuó fuera de sus facultades legales, porque conforme a los artículos 20, apartado A, fracción I, párrafo segundo, de la Constitución Federal, y 400 del Código Federal de Procedimientos Penales, sólo podía modificar la garantía en las circunstancias establecidas en el segundo de esos preceptos, el cual únicamente prevé la reducción del monto fijado para obtener el beneficio de la libertad provisional bajo caución, y a petición del procesado o su defensor, siendo improcedente su aumento oficiosamente por el Juez responsable), se dijo en la sentencia en revisión que si bien el referido artículo 400, prevé tanto los casos en que la ‘caución’ puede disminuirse y aquellos en que tal reducción opera para las ‘garantías’, sin embargo, no existe dispositivo legal que limite el aumento de las últimas, como así lo hizo, de oficio, el Juez responsable en la resolución reclamada. En cambio, el artículo 20, apartado A, fracción I, de la Constitución Federal, y la parte final del artículo 135 del Código Federal de Procedimientos Penales, facultan al Juez para modificar las garantías previamente fijadas por el Ministerio Público, cuando considere que la libertad se otorgó sin cumplir con los requisitos legales, modificación que, se entiende, puede ser tanto en el sentido de disminuir como de aumentar el importe correspondiente a la garantía, pues en esos dispositivos no se prevé que la facultad sea sólo para reducir el monto, de modo que si no hay distinción al respecto, no se debe distinguir. De las anteriores referencias se advierte que, contrario a lo que sostiene la parte inconforme, en la sentencia recurrida no se contiene consideración alguna mediante la cual el Juez de Distrito, emitiera apreciaciones sin sustento en torno a la legalidad o no de la garantía fijada por el agente del Ministerio Público en la etapa de averiguación previa, pues se concretó a señalar que conforme a lo dispuesto en los artículos 20, apartado A, fracción I, de la Constitución Federal, así como 135 y 400 del Código Federal de Procedimientos Penales, no sólo se permite la reducción en el monto de la garantía señalada para responder de la posible sanción pecuniaria que, en su caso, se llegue a imponer en sentencia, sino también el incremento de la misma. Si bien aparece que el resolutor de amparo señaló que el Juez del proceso está facultado para modificar las garantías inicialmente fijadas por el Ministerio Público, cuando considere que el beneficio de la libertad provisional bajo caución ‘se otorgó sin cumplir con los requisitos legales’, tal señalamiento en forma alguna implica que se estuviera calificando de ilegal el monto de la garantía fijada por el fiscal federal y que por ello fue correcto que el Juez responsable lo incrementara. Es así, porque el tema que analizó el Juez de Distrito, de acuerdo al planteamiento del segundo concepto de violación, no fue lo correcto o incorrecto de la decisión del Juez responsable de incrementar la cantidad fijada por el Ministerio Público para gozar del beneficio de la libertad provisional de tres mil a diez mil pesos, ya que ese aspecto lo estudió al dar respuesta al primero de los motivos de inconformidad constitucional, sino si estaba facultado por la ley para llevar a cabo dicho incremento cuando el monto de las garantías fuera insuficiente, y la referencia en mención se hizo como una situación hipotética que se presenta en aquellos casos en que el Juez analiza las condiciones bajo las cuales se concedió el beneficio, pudiendo aumentar o disminuir el importe de la cantidad fijada por el Ministerio Público. Con relación al análisis que el Juez de Distrito llevó a cabo del segundo concepto de violación, la parte recurrente aduce que si bien en la última frase del artículo 135 del Código Federal de Procedimientos Penales, se contiene la facultad del Juez responsable para modificar o incluso cancelar la garantía fijada por el Ministerio Público, esa posibilidad de modificación no implica su incremento, sino sólo la precisión de las cantidades que corresponden, ya de las obligaciones procesales, ya de la sanción pecuniaria que en su caso llegue a imponerse, cuando el Ministerio Público no lo haya hecho, lo cual carece de sustento jurídico. En efecto, en el caso, en la diligencia relativa a la declaración ministerial, verificada el quince de septiembre de dos mil tres (fojas 37 y 38), a petición del indiciado, el agente del Ministerio Público le concedió el beneficio de la libertad provisional bajo caución, fijándole la suma de tres mil pesos para tales efectos a cubrir en cualquiera de las formas establecidas por la ley, sin hacer la precisión de qué cantidad de esos tres mil pesos responderían de las obligaciones procesales del indiciado y cuál garantizaría el pago de la sanción pecuniaria. No obstante, contrario a lo que argumenta el ahora revisionista, la facultad del Juez responsable, derivada de lo dispuesto en la última parte del artículo 135 del Código Federal de Procedimientos Penales, para modificar la garantía fijada por el Ministerio Público al indiciado, en la etapa de averiguación previa, a fin de acceder al beneficio de la libertad provisional bajo caución, no se limitaba a la posibilidad de precisar las cantidades que, de los tres mil pesos, responderían de las obligaciones procesales y de la sanción. Esto es, como acertadamente lo apreció el resolutor de amparo, de lo dispuesto por el artículo 20, apartado A, fracción I, de la Constitución Federal, relacionado con el contenido del artículo 135, último párrafo, del Código Federal de Procedimientos Penales, se desprende una facultad para el Juez del proceso de modificar el monto de la garantía que en su momento hubiere determinado en averiguación previa el Ministerio Público, al establecerse en el último párrafo del segundo de dichos preceptos, en lo conducente, que ‘Consignado el caso, tal garantía (la fijada por el fiscal investigador) se considerará prorrogada tácitamente, hasta en tanto el Juez no decida su modificación o cancelación.’. Esa modificación, atendiendo a las condiciones objetivas y subjetivas existentes para la determinación de la garantía correspondiente, puede ser en el sentido de aumentar o disminuir el monto de la misma, pues la parte del artículo 135 transcrita, no hace distingo alguno, lo cual es comprensible si se tiene en cuenta que la garantía que señala el diverso numeral 399, fracción II, del código adjetivo penal mencionado, se determina en relación directa con la suma a que pueda ascender la sanción pecuniaria, pues debe ser suficiente para responder de ella. Incluso, la posibilidad de modificación del monto de la garantía no puede ser sólo para reducirla como lo pretende hacer notar el revisionista, ya que las condiciones que se toman en cuenta para fijarla, durante el desarrollo del proceso pueden ir variando en perjuicio o beneficio del reo, de modo que si tales condiciones cambian en una etapa posterior de la causa penal origen del acto reclamado, en beneficio del quejoso, ahora recurrente, podrá solicitar su reducción, pues esa posibilidad no escapó a las apreciaciones del resolutor de amparo. Si bien el artículo 400 del Código Federal de Procedimientos Penales, se refiere al supuesto de reducción, tanto de la caución que garantice el cumplimiento de las obligaciones que la ley establece a cargo del procesado en razón del proceso, como de la garantía de la sanción pecuniaria que en su caso pueda imponerse en sentencia, en ambos casos en la proporción que el Juez estime justa y equitativa y a petición del procesado o su defensor, con la precisión que en el caso de la segunda la cantidad correspondiente solamente se reducirá cuando se verifique la imposibilidad económica demostrada para otorgar la garantía señalada inicialmente, aun con pagos parciales. Sin embargo, esa disposición legal no implica para el Juez del proceso una limitante para aumentar el monto de la garantía cuando las condiciones para hacerlo, limitándolo a sólo reducirla y a petición de la parte interesada, pues, en cambio, está la prescripción contenida en el artículo 135 del código procesal penal federal, que permite al Juez, como rector del proceso, apreciar las condiciones imperantes y a partir de ellas ir graduando el monto de la garantía de la sanción pecuniaria. Esa posibilidad de aumento se vislumbró en la tesis CLXX/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 44 del Tomo XII, octubre de 2000, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que si bien se refiere al concepto de reparación del daño, es susceptible de invocarse en lo conducente a la multa, en cuanto a la interpretación que en dicha tesis se hace del artículo 20, fracción I, de la Constitución Federal, en la parte que se subraya, cuyo contenido es el siguiente: ‘REPARACIÓN DEL DAÑO. EL ARTÍCULO 400 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, NO VIOLA EL ARTÍCULO 20, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, POR EL HECHO DE SER OMISO EN CONTEMPLAR LA POSIBILIDAD DE REDUCIR LA GARANTÍA DE AQUÉLLA.’ (se transcribe). Por lo demás, las apreciaciones del inconforme en torno a que la cantidad de tres mil pesos que se exhibieron ante el agente del Ministerio Público, garantiza tanto las obligaciones procesales con novecientos ochenta y cinco pesos, como la multa con dos mil quince pesos, ya que la multa a imponer en sentencia es la mínima, por lo que el Juez responsable debió aplicar la primera regla del último párrafo del multicitado artículo 135, esto es, debió prorrogar tácitamente la garantía fijada en averiguación previa y únicamente modificarla para precisar las cantidades relativas a obligaciones procesales y multa mínima; no tienen sustento jurídico, toda vez que aparte de que ya se dejó precisado que la facultad que se concede al Juez para modificar la garantía de la sanción pecuniaria no se limita a hacer la precisión que refiere el recurrente, es el propio juzgador quien, analizando las circunstancias de orden personal del acusado y las que rodearon al evento delictivo, fija el monto de la garantía en uso de su arbitrio judicial, siempre y cuando funde y razone debidamente su determinación. Asimismo, la expresión ‘prorrogar tácitamente la garantía’, de acuerdo a la interpretación que le dio el resolutor de amparo al artículo 135 del Código Federal de Procedimientos Penales, no es un concepto sin sustento, si se tiene en cuenta para ello que correctamente se apreció que el Juez responsable en momento alguno revocó la garantía fijada por el Ministerio Público, que es a lo que ese precepto se refiere. El recurrente insiste en que el incremento de la garantía de la sanción pecuniaria y de la caución para cumplir con las obligaciones procesales no está reglamentado por la ley secundaria, de manera que una vez fijadas deben respetarse y prorrogarse mientras las circunstancias que sirvieron para ello no se modifiquen, atendiendo al criterio contenido en la tesis de rubro: ‘LIBERTAD PROVISIONAL BAJO CAUCIÓN. EL JUEZ CARECE DE FACULTADES LEGALES PARA MODIFICAR EL MONTO Y LA FORMA DE LA PRIMIGENIA GARANTÍA SEÑALADA PARA SU DISFRUTE, SI LAS CONDICIONES DE HECHO NO HAN CAMBIADO.’, siendo de señalarse al respecto que de la interpretación conjunta que se hace de los artículos 20, apartado A, fracción I, de la Constitución Federal, y 135, última parte, del Código Federal de Procedimientos Penales, se llega a la conclusión que, contrario a las aseveraciones del inconforme, la ley procesal penal federal, sí prevé la posibilidad de que en determinados casos el Juez pueda incrementar el importe de la garantía de la sanción pecuniaria y la caución que responde de las obligaciones procesales. Aunado a lo anterior, la modificación que llevó a cabo el Juez responsable de la caución y garantía exigible al reo para que goce del beneficio de la libertad provisional bajo caución, no fue en virtud de que las condiciones que apreció el agente del Ministerio Público para su otorgamiento hubieran variado, sino que el monto correspondiente era insuficiente, razón por la cual es inaplicable al caso el criterio de interpretación que invoca y transcribe el recurrente. En la última parte del primer agravio, el inconforme sostiene que aun aceptando que al Juez responsable le estuviera permitido modificar las garantías en los términos en que lo hizo, decisión que en todo caso debe estar fundada y motivada, de cualquier manera dicha modificación no debe ser arbitraria sin observar las formalidades del procedimiento para los incidentes no especificados a instancia de parte interesada en esa modificación, dando oportunidad a esta última de alegar y probar al respecto, sin que sirva de pretexto el interés público para que el juzgador incremente o disminuya de oficio las garantías, dado que esa facultad no la establece el citado artículo 135. Al respecto se establece que no queda duda de que el Juez del proceso estaba facultado legalmente para incrementar, de oficio, los montos de la caución y garantía a que con caracteres distintos se refirió el resolutor de amparo. Ahora, con esa forma de resolver no se dejó en imposibilidad de defenderse al acusado, como implícitamente lo apreció el juzgador de amparo, por no haberse tramitado un incidente innominado para llevar a cabo la modificación de mérito, con audiencia de aquél, si se tiene en cuenta que, en todo caso, el trámite de un incidente es en el supuesto de que el acusado sea quien solicita la reducción de la caución o garantía. Es también infundado el segundo agravio, íntimamente vinculado con el primero, en el que esencialmente aduce el recurrente que, atendiendo al principio de derecho que establece que lo que la ley no permite a la autoridad le está vedado hacerlo, fue incorrecto que en la sentencia recurrida se considerara que el Juez responsable estaba facultado para modificar el monto de las garantías, por no existir impedimento para hacerlo, dado que no existe dispositivo que se lo prohíba. Es así porque, como correctamente lo apreció el resolutor de amparo, ni el artículo 20, apartado A, fracción I, de la Constitución Federal, ni el Código Federal de Procedimientos Penales, en alguno de sus preceptos, prohíben al Juez modificar, de oficio, las garantías exigibles al acusado para acceder al beneficio de la libertad provisional bajo caución, ya sea para disminuirlas o para aumentarlas. Por el contrario, tal facultad está plenamente justificada por el artículo 135, último párrafo, del ordenamiento legal mencionado en último término, al prever que consignado el asunto al Juez del proceso, la garantía fijada por el Ministerio Público se considerará prorrogada tácitamente, hasta en tanto el Juez no decida su modificación o cancelación. Esa facultad de modificación tiene como sustento, en el caso particular de la garantía que responderá de la posible multa a imponer en sentencia, el hecho de que tal garantía debe ser suficiente para el pago de la sanción pecuniaria, y para su determinación se toman en consideración las condiciones existentes en el proceso, las cuales desde luego que conforme avance la secuela procesal pueden ir variando en perjuicio o beneficio del acusado, de manera que si al Juez responsable no le estaba vedada la posibilidad de incrementar el importe de las garantías relativas a la libertad provisional bajo caución, legalmente pudo hacerlo. Desde esa perspectiva, el criterio de interpretación contenido en la tesis que invoca y transcribe el revisionista, de rubro: ‘CONSTITUCIÓN, VIOLACIONES A LA. NO SON CONVALIDABLES BAJO NINGÚN SUPUESTO. El artículo 16 constitucional ordena que todos los actos dictados por las autoridades del país, se emitan dentro de los catálogos de atribuciones o facultades expresamente establecidos por la Constitución y las leyes.’, antes que dar sustento a sus pretensiones, sirve para corroborar las consideraciones que se llevan expuestas, en cuanto a que en el caso la actuación de la autoridad responsable se desarrolló dentro del marco legal. En el tercero de los agravios, se sostiene que la facultad del Juez responsable para modificar las garantías fijadas en la averiguación previa, sólo puede ejercerse cuando las condiciones que sirvieron de base para determinarlas varíen, además de que una vez fijada la garantía, ésta sólo podrá ser modificada hasta sentencia, acorde al grado de culpabilidad. Al respecto se establece que ese argumento es infundado, porque la razón fundamental que tomó en cuenta el Juez responsable, y así lo apreció el resolutor de amparo, fue que la garantía de tres mil pesos que fijó el agente del Ministerio Público de la Federación al indiciado, para gozar del beneficio de la libertad provisional bajo caución, era insuficiente, de acuerdo a las condiciones particulares del indiciado y las que rodearon a la ejecución de la conducta delictiva, las cuales no se advierte hubieran variado de la etapa de averiguación previa a la consignación al Juez, siendo procedente aumentarla, en los términos que aparecen consignados en el acta de la diligencia de declaración preparatoria. Por tanto, no fue el cambio de dichas condiciones lo que motivó a la autoridad responsable a incrementar el monto de las garantías, pues, se reitera, se advierte que las mismas no han variado sustancialmente, sino su insuficiencia. Tampoco es acertado jurídicamente que una vez fijadas las garantías, éstas únicamente pueden variarse hasta la sentencia que se dicte en la causa penal y conforme al grado de culpabilidad, porque en todo momento del proceso el Juez, de acuerdo a las circunstancias imperantes y que puedan afectar el rubro de la sanción pecuniaria, puede modificar dichas garantías, disminuyéndolas o aumentándolas. Por último, cabe indicar que no pasa inadvertido que en la sentencia recurrida se estimó fundado el primero de los conceptos de violación y con motivo de ello se concedió el amparo al quejoso, sin que éste exponga agravio alguno al respecto, ya que si bien señala que las garantías deben ser asequibles para el inculpado, siendo incorrecto, por tanto, fijar para tal efecto la sanción pecuniaria más alta y agrega que el amparo debió concedérsele liso y llano y no para efectos; sin embargo, las consideraciones fundamentales que llevaron al resolutor de amparo a amparar al quejoso para los efectos que precisó, no aparecen específicamente cuestionadas. No obstante, como el caso se ubica para su análisis en la hipótesis prevista en el artículo 76 bis, fracción II, de la Ley de Amparo, este Tribunal Colegiado considera que las razones que llevaron al resolutor de amparo a conceder el amparo al ahora recurrente son jurídicamente acertadas. Es así, porque, en efecto, aun cuando el Juez del proceso está facultado para aumentar de oficio el monto de la garantía que se exige para responder del pago de la sanción pecuniaria, el ejercicio de esa facultad no es arbitraria, sino sujeta a principios de justicia, que dado el momento procesal en que se encuentra la causa penal origen del acto reclamado, impiden establecer como monto a garantizar por concepto de sanción pecuniaria el límite máximo de la penalidad prevista por multa por el artículo 81 de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos (doscientos días multa), que según la operación del Juez responsable asciende a ocho mil sesenta pesos, que resulta de multiplicar los doscientos días multa por el salario mínimo vigente en el lugar de comisión del delito, que era de cuarenta pesos con treinta centavos. En esas condiciones, si al caso no es posible fijar como garantía el límite máximo de multa con que se sanciona el delito de portación de arma de fuego sin licencia, previsto por el artículo 81, en relación con el artículo 9o., fracción I, ambos de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, tomando en cuenta las circunstancias de orden personal del acusado y aquellas de índole objetivo que rodearon al evento delictivo a que se refirió el resolutor de amparo, fue correcto que el juzgador de amparo estableciera que la graduación del monto de la garantía de que se trata, queda al prudente arbitrio del Juez responsable, echando mano para tal efecto de las reglas previstas en los artículos 51 y 52 del Código Penal Federal, relativos a la aplicación de las sanciones, y partiendo de que los delitos se sancionan con un mínimo y un máximo de pena. Lo anterior tiene sustento en el hecho de que si la garantía debe ser suficiente para cubrir el monto de la sanción pecuniaria que en su caso llegue a imponerse en la sentencia, y esta última se determina de acuerdo al grado de culpabilidad del acusado, en lo cual tienen injerencia los aspectos contenidos en los referidos artículos 51 y 52, es factible atender a las mismas circunstancias para fijar el monto de la garantía, desde luego circunscribiéndolo a las condiciones existentes en la etapa en que se encuentra el proceso, las cuales pueden variar a futuro y no necesariamente coincidirán con las que prevalezcan al momento de dictar el fallo definitivo, consideraciones que, como lo apreció el resolutor de amparo, son aplicables también a la determinación del importe de la caución para obligar al acusado a cumplir con las obligaciones que le nacen con motivo del proceso. En las condiciones expuestas y al no advertirse motivo para suplir los agravios, en términos del artículo 76 bis, fracción II, de la Ley de Amparo, debe confirmarse la sentencia recurrida."
CUARTO. Por su parte, el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Sexto Circuito, al resolver el amparo en revisión penal 69/2004, promovido por ... sostuvo las siguientes consideraciones:
"CUARTO. Son sustancialmente fundados los anteriores agravios. En efecto, el artículo 20, apartado A, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone: ‘Artículo 20.’ (se transcribe). Por su parte, el artículo 400 del Código Federal de Procedimientos Penales, señala: ‘Artículo 400.’ (se transcribe). A su vez, el artículo 135 del código adjetivo invocado, prevé: ‘Artículo 135.’ (se transcribe). Así las cosas, la interpretación armónica de los preceptos transcritos, permite concluir que el Juez del proceso se encuentra legalmente facultado para modificar el monto de la caución fijada por el Ministerio Público, en la fase de averiguación previa, a fin de que el acusado pueda disfrutar del beneficio de la libertad provisional, así como para revocar dicho beneficio, cuando advierta que éste le fue concedido sin que se reunieran los requisitos legales, o bien, que el inculpado dejó de cumplir con las obligaciones procesales, establecidas a su cargo en la propia ley; pero que, por lo contrario, cuando no se está en presencia de tales hipótesis, es decir, cuando no han cambiado las condiciones que tomó en consideración el representante social para fijar la citada garantía, el Juez de la causa se encuentra obligado a considerarla prorrogada, tácitamente, de conformidad con el artículo 135, último párrafo, del Código Federal de Procedimientos Penales. Esto es, si bien es cierto que el Juez del proceso cuenta con facultades para modificar el monto de la caución fijada al inculpado, por el fiscal, en la fase de averiguación previa, a fin de que aquél pueda disfrutar del beneficio de la libertad provisional, dado que se trata de una facultad inherente a su arbitrio judicial, también es verdad que, de conformidad con los dispositivos legales invocados, tal facultad se encuentra condicionada a que se surta alguna de las hipótesis mencionadas anteriormente, o sea, a que el juzgador advierta que el citado beneficio le fue concedido sin que se reunieran los requisitos legales, o bien, que el inculpado dejó de cumplir con las obligaciones procesales que establece a su cargo la propia ley, pues de lo contrario, se encuentra constreñido a respetar el importe de la garantía fijada por el órgano investigador, considerándola tácitamente prorrogada, ya que el artículo 20 constitucional es tajante al establecer que la autoridad judicial podrá modificar el monto de la caución sólo en las circunstancias en que la ley lo determine. Máxime, si se toma en consideración que de los artículos 24, párrafo segundo, 16, párrafo primero, 19, párrafo primero, 21, párrafo primero y 102, apartado A, párrafo segundo, de la Constitución General de la República, se desprenden, por una parte, el principio del debido proceso legal, el cual implica que se reconozca al inculpado el derecho a la libertad, y que el Estado sólo podrá privarlo de ese derecho cuando, existiendo suficientes elementos incriminatorios y seguido un proceso penal en su contra, en el que se respeten las formalidades esenciales del procedimiento, las garantías de audiencia y la de ofrecer pruebas para desvirtuar la imputación correspondiente, el Juez pronuncie sentencia definitiva declarándolo culpable; y por otra, el principio acusatorio, de acuerdo con el cual, corresponde al Ministerio Público la función persecutoria de los delitos, así como la carga de aportar las pruebas que acrediten la existencia de éstos; cuyos principios, llevan implícito el diverso principio de presunción de inocencia, el cual se traduce en que el procesado no está obligado a demostrar la licitud de su conducta, cuando se le imputa la comisión de un delito, ya que el sistema previsto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos le reconoce, a priori, tal estado de inocencia, precisamente, porque de acuerdo con los dispositivos invocados, incumbe al Ministerio Público probar los elementos constitutivos del delito y la culpabilidad del acusado. Ello, porque con base en los citados principios constitucionales, se corrobora que, fuera de las hipótesis mencionadas, es decir, de cuando el beneficio de la libertad provisional se le concede al inculpado, sin que se reunieran los requisitos legales; de cuando el acusado deja de cumplir con las obligaciones procesales establecidas a su cargo en la propia ley; y, de cuando el inculpado simuló su insolvencia o, con posterioridad a la reducción de la garantía que inicialmente le fue señalada, recupera su capacidad económica para cubrir su monto; el Juez del proceso está obligado a respetar el importe de la caución fijada por el representante social, mientras no cambien las condiciones en que fue establecida, pudiendo modificarlo, únicamente, hasta que se pronuncia sentencia definitiva en la causa penal; de suerte que, si como aconteció en el caso, el fiscal fijó al ahora recurrente una caución por la cantidad de tres mil pesos, a fin de que pudiera gozar del beneficio de la libertad provisional y, por otro lado, en autos no se encuentra acreditado que hayan cambiado las condiciones en que fue establecida, ni que se haya actualizado alguna de las hipótesis señaladas anteriormente, el Juez responsable debió tener por prorrogada, tácitamente, la garantía en cuestión. Luego, no habiéndose actualizado ningún supuesto legal que facultara al Juez del proceso para incrementar el monto de la citada garantía, asiste razón al inconforme, cuando asevera que, por ese motivo, el Juez de Distrito debió concederle el amparo y la protección de la Justicia Federal contra el acuerdo reclamado, no por la violación de forma, para el efecto de que la responsable lo dejara insubsistente y dictara otro en el que, si consideraba insuficiente la cantidad fijada como caución, por el Ministerio Público, la incrementara, con base en los lineamientos establecidos en el fallo recurrido, es decir, tomando en consideración las circunstancias personales del inculpado, las exteriores de ejecución del delito, la gravedad de éste y el grado de culpabilidad del agente, de conformidad con los artículos 51 y 52 del Código Penal Federal, precisamente, por no haberse surtido ninguna hipótesis legal que justificara el aumento de la garantía establecida por el fiscal."
QUINTO. El Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Sexto Circuito, al resolver el amparo en revisión penal 94/2004, q
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/19086-8504b086/libertad-provisional-bajo-caucion-el-juez-del-proceso · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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